Reporte Católico Laico

/

“Sanciones de Europa son espaldarazo a los derechos humanos en Venezuela”

“Sanciones de Europa son espaldarazo a los derechos humanos en Venezuela”

 Carlos Zapata, de Reporte Católico Laico, conversó con José Vicente Haro sobre el alcance de las medidas de la Unión Europea hacia Venezuela.-

La Unión Europea no permitirá que desde sus países se envíen armas para la represión a Venezuela. Ni siquiera podrán hacer uso de sus espacios aéreos, terrestres o marítimos, lo que afectará de manera directa a un aliado estratégico del gobierno de Maduro como Rusia

 Caracas.- Políticamente se está creando una conciencia mundial de que “el suministrar armamento a Venezuela es cooperar con la violación sistemática de los derechos humanos del pueblo venezolano”. Lo sostiene el experto en Derecho Constitucional y catedrático José Vicente Haro, en análisis exclusivo con Reporte Católico Laico.

En opinión del también defensor de derechos humanos, las medidas adoptadas este miércoles por los países de la Unión Europea (UE) son significativas no sólo por las sanciones contra la represión en Venezuela, sino porque ocurren tras una serie de esfuerzos de largo plazo que han superado todas las etapas diplomáticas para lograr una salida pacífica y consensuada en el país.

Sostiene que representan un punto de inflexión en cuanto a presión internacional contra el gobierno de Nicolás Maduro, y sugiere un panorama particularmente distinto, con fuerte incidencia y repercusión política.

Las sanciones consisten en un embargo de armas y un veto a las exportaciones de equipos que puedan ser utilizados para la represión interna o para vigilar comunicaciones electrónicas. Pero además incluyen la base legal para que la UE establezca una lista de los considerados responsables de la situación del país, a quienes les congelarán sus bienes tras prohibirles el ingreso a territorio comunitario.

Aunque los ministros de Exteriores comunitarios todavía tendrán que dar su visto bueno en Consejo del lunes al acuerdo político logrado este miércoles 8 de noviembre, la aprobación unánime por parte de los embajadores de los Veintiocho sería claro indicio de que las medidas son un hecho.

Haro recuerda que estas medidas, como el impedimento de venta y envío a Venezuela de armas usadas para el control de orden público representan “el culmen de unas relaciones entre la UE y el régimen venezolano después de un largo recorrido en el que de alguna manera comenzó haciendo unos buenos oficios, coadyuvando en el año 2016 con la mesa de diálogo que transitó luego por caminos previos al establecimiento de sanciones como las que ahora aprueban”.

“Si bien la gente está enfocada en las medidas y el pronunciamiento de los 28 países, no se puede olvidar que antes de llegar a este punto se recorrieron las vías más sencillas que impone el derecho internacional público y la diplomacia internacional, que era precisamente llamar al diálogo, al entendimiento y a la concertación. De hecho, desde la UE se ofreció todo para la mediación a través de instituciones y países”, explicó.

La gravedad, insiste Haro, tiene que ver con la “ruptura y quebrantamiento del orden constitucional, y no solamente por la instalación de una Asamblea Constituyente fraudulenta e ilegítima, sino por el establecimiento de un régimen que en conjunto con decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha violado la Constitución hasta dejar en evidencia una sistemática violación de los derechos humanos”.

En lo que respecta a las consecuencias y el impacto directo de las medidas, explica Haro que son muy importantes desde el punto de vista legal, político e internacional: “Cuando hay sanciones a altos funcionarios que ejercen cargos públicos en Venezuela, una cosa es la persona y otra es el cargo que ostentan, pero en este caso los cargos son de gran relevancia dentro del Estado, lo que va a poner una sombra o cuestionamiento sobre decisiones que se tomen comprometiendo el patrimonio venezolano, suscribiendo un contrato de interés nacional, de empréstito público, de crédito público, o de endeudamiento a nivel internacional con un tercer Estado”.

El especialista advierte que la Unión Europea podrá intervenir “vetando a la empresa o al Estado que sirva de vehículo para ese tipo de tratados. Además, le va a restar legitimidad desde el punto de vista legal a los funcionarios que intenten negociaciones”.

En términos de credibilidad y confianza, se encuentran en una situación en la que “no van a poder emitir una ‘clean legal opinión’; es decir, una opinión legal limpia, la cual certifica que usted está suscribiendo un contrato libre de riesgos, y va a poder ser ejecutado en todas y cada una de sus partes”.

Esto implica que se corren graves riesgos, porque las empresas que decidan contratar con el estado venezolano, y sean de origen europeo o vayan a suministrar bienes y deban transitar por el espacio europeo van a ser objeto de restricciones, pudiendo perder su capital a partir de una medida cautelar, una congelación o incluso un embargo preventivo.

 

Ninguna empresa europea podrá vender armas de represión a gobierno de Maduro

Existe una prohibición que legalmente impide que una empresa europea pueda suscribir, ejecutar o dar cumplimiento a un contrato en el que se venda o envíe “cualquier tipo de arma, incluso las que usualmente se utilizan para el control del orden público y de seguridad ciudadana”, explica Haro.

Y la razón tiene un peso tanto legal como político, pues implica que “ya la Unión Europea ha podido identificar -y así ha sido denunciado reiteradamente también ante la ONU y la CIDH- cómo las armas previstas para el control ordinario de las manifestaciones para la seguridad ciudadana son utilizadas (en Venezuela) con una metodología que ha causado la muerte de personas”.

En este aspecto, señala José Vicente Haro que las medidas impedirán “todo tipo de contrato hasta de armamento ligero; porque si la empresa lo ejecuta, ese contrato estaría sujeto a nulidad. Y aún en caso de que lo hagan, la empresa tendrá sanciones y la mercancía podrá ser objeto de comiso o incautación en cualquiera de los espacios aéreos, marítimos o terrestres de la Unión Europea”.

El impacto es mayor si se considera que incluso los aliados políticos estratégicos de Venezuela tampoco podrán hacer este tipo de envíos, si para hacerlo transitan por alguno de los países de la Unión. Un caso emblemático es Rusia y algunos países del este de Europa, que no forman parte de la Unión, “pero que han servido de aliados al régimen de Nicolás Maduro”.

“Además, tendrá  una incidencia política a escala internacional, porque políticamente se está creando una conciencia de que el suministrar armamento a Venezuela es cooperar con la violación sistemática de los Derechos Humanos al pueblo venezolano”.