Reporte Católico Laico

/

Tras 1 mes de operaciones en el exilio “TSJ legítimo” urge respaldo de la AN

Tras 1 mes de operaciones en el exilio “TSJ legítimo” urge respaldo de la AN

Sus magistrados se encuentran regados en cuatro países: Estados Unidos, Chile, Colombia y Panamá, bajo la figura de “asilo político”, mientras esperan se apruebe su alojamiento formal en la nación del norte. Desde entonces han mantenido una agenda polémica no exenta de críticas que muestran algunos de sus actos como insuficientemente efectivos.

 Carlos Zapata/RCL

Caracas.- Hoy 13 de noviembre cumplen su primer mes, luego que la Asamblea Nacional realizara un complejo trabajo de selección y designación que tuvo su culmen principal en el Salón de las Américas de la Organización de los Estados Americanos (OEA), donde fueron juramentados en un hecho histórico que fue posible gracias a la intervención del secretario general del organismo hemisférico, Luis Almagro.

Conocido como “Supremo legítimo” y con cuenta en Twitter bajo el usuario¨: “@Tsj_Legitimo”, el organismo se diferencia del que opera en la capital venezolana, cuyos magistrados fueron nombrados de manera exprés y sin los debidos requerimientos constitucionales.

En conversación con Efe en Washington, el presidente del Supremo en el exilio, Miguel Ángel Martín, uno de los tres magistrados que residen en la capital, detalla que hay cuatro magistrados con asilo político en Panamá, ocho en Colombia y seis en Chile. Los demás iniciaron el proceso de petición de asilo y permanecen en Chicago, mientras el resto se encuentra en Miami.

El Parlamento designó en julio de este año a 33 magistrados para el TSJ, con la idea de que reemplazaran a los 33 jueces en ejercicio, tras denunciar tanto su parcialidad política oficialista como demostrar graves vicios en su nombramiento y una serie de irregularidades que habrían hecho de su designación algo legalmente inexistente.

La diputada tachirense Sonia Medina es abogada y forma parte de la comisión de política exterior; así como del equipo que condenó la “designación exprés” de magistrados del TSJ: una herramienta clave en el gobierno de Nicolás Maduro, porque fue la que desincorporó a tres parlamentarios y declaró el desacato de la AN, excusa que le ha servido para imponer decisiones consideradas “dictatoriales” por la Iglesia.

La parlamentaria integró el equipo que encontró las irregularidades en la designación y lideró el proceso de juramentación en la OEA, adonde acudió con el también diputado Armando Armas, algunos concejales y el secretario del organismo, Luis Almagro.

En conversación con Reporte Católico Laico, Medina cuestionó que algunas de las actuaciones de sus colegas de la AN se vean continuamente desconectadas de la realidad criolla. En el más reciente orden del día, “lo único importante a discutir era el rechazo al levantamiento de la inmunidad parlamentaria de Freddy Guevara, quien fue recibido como huésped por la embajada de Chile”.

A quienes le reclaman que no se encuentre en Venezuela sino en Estados Unidos, les responde que está allá precisamente “por ser coherente con la lucha que emprendimos para designar a un  TSJ juramentado en la OEA”. Y lamentó que “ni siquiera las decisiones que tomó ese órgano se estén llevando a debate para respaldarlas desde la Asamblea Nacional”.

Posición similar fijó el director ejecutivo del Foro Penal Venezolano, el abogado especialista en derechos humanos, Alfredo Romero, quien en diálogo con Reporte Católico Laico consideró que “el pueblo entero está esperando reacciones de la AN que impliquen conectarse con la realidad de la gente”.

Agregó que el respaldo al TSJ es importante, pero advirtió: “Qué peso podemos darle al organismo legítimo, si la institución que fue la que lo nombró (AN) no le da su valor real”. En este aspecto, dijo el especialista en leyes que “necesitamos un camino a los efectos legales para poder conducirnos, porque aún hoy está un poco dudoso”.

Sostiene Romero que “no se trata solo de hablar y de acudir a un acto. Sino de aplicar una serie de herramientas legales, como aprobar un acuerdo en el cual se respalde de forma oficial al organismo (TSJ) o emitir un decreto donde se establezcan sus funciones” ante las particularidades que obligaron su excepcional funcionamiento.

 

Perseguidos por “traición a la patria”

Mientras, los jueces designados por la oposición han sido acusados de “traición a la patria” y llevan varios meses perseguidos por el gobierno de Nicolás Maduro y dependiendo del refugio en embajadas o incluso del exilio, algunas veces en naciones con medidas cautelares en Venezuela.

“Hemos sido elegidos por 12 años, teníamos dos opciones: o nos quedábamos individualmente en el exilio o cumplíamos nuestro deber, e inmediatamente decidimos integrar cada una de las Salas del Supremo”, indicó Martín a la agencia EFE.

“¿Tú crees que nosotros estamos contentos de estar trabajando de esta manera? Nosotros queremos estar donde debemos estar, pero como fuimos expulsados de Venezuela, estamos haciendo lo que nos toca hacer, con todas las dificultades “, agregó.

La lucha de Poderes no se detiene, con choques que acumulan un pulso cada vez más tenso entre el gobierno nacional y las instituciones que se han ido configurando con respaldo internacional: desde el pasado 21 de julio año, la Asamblea Nacional juramentó a los nuevos magistrados, entre principales y suplentes.

Pero apenas un día después, Ángel Zerpa fue apresado arbitrariamente, y los demás fueron perseguidos por el SEBIN tras recibir amenazas de juicio militar. Les congelaron las cuentas y bloquearan sus propiedades, por lo que se vieron obligados a abandonar el país.

Una de las aliadas del organismo, que se tenido que operar en tan excepcionales circunstancias es la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, quien les ha consignado recursos de nulidad y amparos cautelares, como el intentado contra el decreto del Arco Minero.

A principios de mes, en una reunión conjunta realizada en Bogotá con seis magistrados venezolanos y transmitida vía skype a sus pares que se encuentran en los Estados Unidos, Ortega afirmó que los “esfuerzos deben ir enmarcados en lograr recuperar la democracia del país”.

Aunque la funcionaria también sufre de cuestionamientos sobre su cargo, al haberse nombrado un Fiscal en el país para reemplazarla, lo cierto es que organismos internacionales de mucho peso le siguen girando invitaciones a su persona y no a los designados por el gobierno de Maduro. De hecho, hace menos de 72 horas Ortega Díaz participó en la Cumbre de Juezas y Fiscales sobre la Trata de Personas y el Crimen Organizado que desarrolló nada menos que la Santa Sede.

En el foro, la máxima representante del poder penal venezolano pidió solidaridad con el país que busca su libertad y rogó a Dios que le conceda justicia a la nación sudamericana.