Reporte Católico Laico

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19 de abril de 1810: La Revolución de Caracas

19 de abril de 1810: La Revolución de Caracas

A continuación y para quienes puedan prescindir del libro-en-mano, les facilitamos el texto completo de esta obra  escrita por Allan Brewer – Carías y Enrique Viloria, con prólogo de Guillermo Morón y texto de contraportada de Laura Febres . El tema es el 19 de abril y viene a tono, no sólo con la fecha, sino con la circunstancia del país. El «día de la revelación de la conciencia nacional», según Cristóbal Mendoza.

Esperamos lo disfruten .-

Cortesía de Enrique Viloria ⇓⇓⇓               

 

 

 

      LA REVOLUCIÓN DE CARACAS DE 1810

                                   

 

                                        ISBN 978-84-95850-29-4

 

 

 

 

                                               Caracas, 2010

 

 El 19 de abril fue el día de la revelación de la conciencia nacional,

el de la cristalización definitiva del sentimiento de Patria,

el del triunfo de la ideología revolucionaria. Desde entonces quedó

fijado en los cielos de América, como un sol, el nombre de Venezuela,

alumbrando con el fuego de su ejemplo, los nuevos caminos del Continente.

Cristóbal Mendoza.

 

CONTENIDO

 

PRÓLOGO: Guillermo Morón

 

Introducción

 

  1. Las Indias: Patrimonio Real

 

  1. La Crisis de España

 

  • Antecedentes de la Revolución de Caracas de 1810

 

  1. Antecedentes nacionales del 19 de abril de 1810
  1. La Conspiración de la Casa de Misericordia
  2. La Conjuración de los Mantuanos
  3. Las cartas de Francisco de Miranda
  4. Los alzamientos en contra de la Compañía Guipuzcoana

 

  1. Antecedentes políticos e ideológicos de la Revolución de Caracas de 1810
  1. La Revolución Norteamericana y la Declaración de Derechos de Virginia (1776)
  2. La Revolución Francesa y la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano (1789)
  3. El constitucionalismo norteamericano y las Enmiendas a la Constitución de los Estados Unidos de América (1789–1791)

 

  1. Las desventuras del Precursor Francisco de Miranda y su labor de promoción de la Independencia

 

  1. Características de la Revolución de Caracas de 1810

 

  1. Civilista
  2. Religiosa
  3. Antifrancesa
  4. Pro Fernando VII
  5. Mantuana
  6. Caraqueña con vocación nacional
  7. Venezolana con vocación internacional
  8. Revolucionaria en lo político
  9. Liberal en lo económico
  10. Creadora de un nuevo orden jurídico
  11. Independentista en sus resultas

 

A manera de conclusión

 

Acta del 19 de abril de 1810

 

Bibliografía Básica

 

PRÓLOGO

 

Para comprender adecuadamente lo sucedido el 19 de abril de 1810 en la ya entonces antigua ciudad de Caracas es necesario leer con calma el acta que se levantó en un muy claro castellano, el idioma común del pueblo llano y de los notables que ejercían el poder en el Cabildo y Ayuntamiento y en la Milicia de blancos criollos, así como en todos los espacios públicos y privados. Los “Godos” no eran Vicente Emparan (Presidente de la Real Audiencia, Gobernador de la Provincia de Venezuela Capital Caracas, Capitán General de todas las Provincias, Presidente del Cabildo llamado en ese momento Muy Ilustre Ayuntamiento) y los pocos peninsulares con o sin cargos públicos, sino  todos los miembros de ese cuerpo y las familias tradicionales incluidos los Bolívar desde el siglo XVI, hacendados unos, rentistas otros, comerciantes también, pero no pulperos, y contrabandistas bien organizados y protegidos como el papá de Simón Bolívar. Godos se llamó a los notables en Caracas y en Carora hasta el siglo XX, ya por perezosa tradición. Hace rato que dejaron de ser godos y también notables.

 

Los párrafos esenciales del Acta del 19 de Abril de 1810 señalan claramente el objeto de la reunión, lo que verdaderamente ocurrió, quienes se reunieron y la decisión tomada. Objeto de la reunión “en esta Sala Capitular” de los “señores que abajo firmarán y son de los que componen este Muy Ilustre Ayuntamiento con el motivo de la función Eclesiástica del día de hoy Jueves Santo, y principalmente con el de atender a la salud pública de este Pueblo que se halla en total orfandad, no sólo por el cautiverio del Señor Don Fernando Séptimo, sino también por haberse disuelto la Junta que suplía su ausencia en todo lo tocante a la seguridad y defensa de sus dominios invadidos por el Emperador de los Franceses, y demás urgencias de primera necesidad, a consecuencia de la ocupación casi total y los Reinos y Provincias de España, de donde ha resultado la dispersión de todos o casi todos los que componían la expresada Junta y, por consiguiente,  el cese de sus funciones”. Se produjo un vacío de Poder. Había que llenar ese vacío.

 

Para ocuparse de la salud pública se reúne el Ayuntamiento como era de uso y costumbre en todas y cada una de las ciudades fundadas desde el siglo XVI en las Provincias organizadas con el título de Gobernaciones y Capitanías Generales: Margarita, Trinidad, Guayana, Nueva Andalucía (Cumaná), Venezuela, La Grita-Mérida-Maracaibo y Barinas tardíamente en 1786. En muy diversas oportunidades ese cuerpo municipal denominado Cabildo y Ayuntamiento desde cada fundación de ciudad (Coro, El Tocuyo, Barquisimeto, Carora, Valencia, Caracas; Nueva Cádiz en Cubagua, La Asunción, San José de Oruña en la Trinidad, Cumaná, Barcelona, Trujillo, Mérida, San Cristóbal, Barinas, las principales) se reunió para ocuparse de los asuntos públicos, de la salud pública, república, de la ciudad, de la Provincia o, en general, del Estado (España o los Reinos de las Indias). El Poder es el Estado de Derecho Monárquico: El Rey, el Consejo Real, el Consejo de Indias, la Real Audiencia (en las Gobernaciones que conformarán a Venezuela, Santo Domingo, Santa Fe de Bogotá y, desde 1786, Caracas, Gobernador y Capitán General en cada Provincia hasta 1777 cuando la jurisdicción militar queda en las manos del de Caracas y se convierten en Comandantes los provinciales), el Gobernador y Capitán General hasta 1777, el Cabildo y Ayuntamiento. Esa organización político administrativa se fundamenta en una Ley de Leyes (hoy se llama Constitución) que data del siglo XIII, las muy famosas, conocidas y utilizadas en Venezuela antes y después del 5 de julio de 1811 Siete Partidas del Rey Don Alfonso X El Sabio (1221-1284) que lo fue de Castilla y León; pero ese Estado de Derecho Monárquico tiene, en los Reinos de las Indias, La Española (Santo Domingo, hoy República Dominicana y Haití) desde México a Chile y Argentina, un cuerpo de Leyes específicas, que van aplicándose paso a paso hasta constituir las Leyes de Indias (primera edición impresa en cuatro tomos, 1681, edición de extensa circulación en Venezuela).

 

El Acta recoge el asunto principal a discutirse: “…la salud pública de este pueblo que se halla en total orfandad”. Las noticias navegan desde Cádiz hasta La Guaira y cabalgan desde La Guaira a Caracas. Y esas noticias son muy malas: en Rey Fernando VII, legítimo sucesor de la Corona, cabeza del Estado, salió de Madrid el 10 de abril de 1808; Carlos IV caotiza al Gobierno al asumir el mando impuesto por Murat, un general que activa el caos: el 5 de mayo de ese fatal año Carlos IV transfiere la Corona a Napoleón quien lo pensiona como a un soldado que se retira; el 8 de mayo quien renuncia es Fernando VII y el pueblo se queda huérfano en Madrid y en Caracas. El poderoso Emperador Napoleón nombra Rey de España (con toda su estructura americana) a su hermano José Bonaparte apellidado Pepe Botella por la voz del pueblo. Desde el 10 de abril de 1808 hasta 1814 España está en guerra contra los invasores franceses, una guerra de Independencia. Esas son las malas noticias que ponen en alerta a Caracas y a las Provincias. Ni las Juntas Provinciales en ausencia del Rey, ni la Constitución española de 1812, ni las Regencias servirán para detener los sucesos del 19 de abril de 1810 en Caracas y sus consecuencias inmediatas.

 

También tiene como asunto principal a tratar aquel Cabildo abierto, pues acepta a personajes que no forman parte del cuerpo, “erigen en el seno mismo de estos países un sistema de gobierno que supla las enunciadas faltas, ejerciendo los derechos de la soberanía que por el mismo hecho ha recaído en el pueblo, conforme a los mismos principios de la sabia Constitución primitiva de España, y a las máximas que ha enseñado y publicado en innumerables papeles la Junta Suprema extinguida”. La Constitución primitiva está en la tradición de los Fueros, en las Leyes e instrumentos del Estado de Derecho que se aplicaron a los Reinos que se organizaron a lo largo de los siglos antes y después de la unificación que comienza con el largo proceso de la Reconquista, la lucha contra los árabes, la presencia de los Trastámara  con los Reyes Católicos, la reunificación que llevan a cabo los Austria desde el Emperador de Alemania y Rey de Castilla,  el pueblo de Fuenteovejuna, la doctrina que exponen Juan de Mariana (1536-1623) y Francisco Suárez (1548-1617), los dos sabios, estudiosos, jesuitas. Sostienen la teoría sobre la presencia del pueblo, depositario de la soberanía que la entrega Dios, el pueblo la presta al Rey para que ejerza justicia en forma ordenada, equitativa, igual para todos. Juan de Mariana publicó siete ensayos; uno se titula Del Rey y de la Institución Real, publicado en 1598 y en 1640. Sostiene que el Rey no puede convertirse en tirano: “El rey ejerce con singular templanza el poder que ha recibido de sus súbditos, no es gravoso, no es molesto sino para esos informes malvados que conspiran temerariamente contra las fortunas y la vida de sus semejantes” (Capítulo V, Diferencia entre el Rey y el tirano). Si el Rey se convierte en tirano es lícito matarlo, un solo súbdito o juntos en rebelión: “Es ya pues innegable que puede apelarse a la fuerza de las armas para matar al tirano, bien se le acomete en su palacio, bien se entable una lucha formal y se esté a los trances de la guerra” (Capítulo VII: Si es lícito envenenar a un tirano). El poder de la república, del pueblo, es mayor que el del Rey: “… el poder real, si es legítimo, ha sido creado por consentimiento de los ciudadanos y solo por este medio pudieron ser colocados los primeros hombres en la cumbre de los negocios públicos, ha de ser limitada desde un principio por leyes y estatutos, a fin de que no se exceda en perjuicio de sus súbditos y degenere al fin en tiranía” (Capitulo VIII: ¿Es mayor el poder del Rey, o el de la república?).

 

Se llevó a cabo una primera reunión del Ayuntamiento con sus miembros naturales, bajo la presidencia de Emparan. En la plaza “una gran porción” del vecindario caraqueño “levantó el grito aclamando con su acostumbrada fidelidad al Señor Don Fernando Séptimo y a la Soberanía interina del mismo pueblo”. Ninguna revolución. Ese vecindario no estaba formado por los cuarenta mil habitantes de la ciudad, la mayoría “pardos” y analfabetas porque los esclavos negros ni los pocos indios que quedaron por ahí no formaban parte “del mismo pueblo”. Las conferencias no resolvieron los puntos propuestos. El Cuerpo, con Emparan a la cabeza, se encamina a cumplir con la “función Eclesiástica del día”, Jueves Santo en la Catedral que está enfrente. “…marchaba el Cuerpo Capitular a la Iglesia Metropolitana” cuando “habiéndose aumentado los gritos y aclamaciones” el Cuerpo Capitular “tubo por conveniente y necesario retroceder a la Sala del Ayuntamiento para tratar de nuevo sobre la seguridad y tranquilidad pública”. Si se trata de un cabildo abierto, como era de uso y costumbre, y lo fue en otras oportunidades incluso cuando se fundaba una ciudad (ocurrió en Cumaná), pueden incorporarse otros notables que tengan, naturalmente, la calidad necesaria en una sociedad donde las clases están bien determinadas. ¿Quién nombró a los Diputados externos al Cuerpo? No fue el pueblo. El acta fue redactada cuidadosamente: “y entonces (reunido de nuevo el Cuerpo Capitular), aumentándose la congregación popular y sus clamores por lo que mas le importaba, nombró para que representasen sus derechos y en calidad de Diputados…”. Es el Ayuntamiento quien los selecciona, quien los nombra, no el pueblo cuyo número no se ve en el cuadro de Juan Lovera ni hay fuente que lo indique. Seguramente la mayoría estaba en la Catedral, sobre todo las mujeres mantuanas que tenían sus lugares señalados, con sus esclavas, y de pie, en el atrio, el pueblo católico que no tenía voz ni voto. Los Diputados que se incorporan forman parte de los notables: Don José Cortés de Madariaga, Canónigo de Merced “de la mencionada Iglesia”, la Catedral, la Iglesia Metropolitana; el Presbítero Don Francisco José de Rivas; Don José Félix Sosa y Don Juan Germán Roscio, el Don señala su categoría social, aunque ya se había ganado la posibilidad de ese tratamiento para los pardos con las llamadas Gracias al Sacar, mediante un determinado pago, como ocurría con los títulos de nobleza (los Marqueses) que no lo lograron los Bolívar que lo intentaron afanosamente. También estuvieron presentes Don Vicente Basadre, Intendente de Ejército y Real Hacienda, y el Señor Brigadier Don Agustín García, Comandante Subinspector del Cuerpo de Artillería “de esta Provincia”,  la de Venezuela, porque el Capitán General de todas era Emparan; en las demás Provincias el Gobernador era Comandante para la jurisdicción militar, dependían de Emparan, políticamente, en su condición de Presidente de la Real Audiencia.

 

No señala el Acta los pormenores de las cuestiones tratadas, pero quedó expresa mención de lo principal, “tratar de nuevo sobre la seguridad y tranquilidad pública”. Primero habló el Presidente, Emparan; luego Madariaga (“el Diputado primero en el orden con que quedan nominados”), “alegando los fundamentos y razones del caso”. Y escuetamente el resultado de las reuniones: “…en cuya inteligencia dijo entre otras cosas el Señor Presidente, que no quería ningún mando”, es decir, claramente renunció a todos sus cargos y, por supuesto, se le aceptó la renuncia. No aparece el dedo de Madariaga. Recoge el Acta con toda precisión y claridad: “y saliendo ambos al balcón notificaron al pueblo su deliberación”. No se le consulta al soberano porque ya estaba representado en el organismo tradicional de su soberanía desde el siglo XVI: el Cabildo y Ayuntamiento. Desde las Siete Partidas hasta las Leyes de Indias funciona el Estado de Derecho Monárquico que no termina el 19 de abril de 1810 sino con la declaración de Independencia el 5 de julio de 1811 y más explícitamente con la primera Constitución republicana sancionada por el Congreso en Caracas el 21 de diciembre de 1811, una Constitución federal que no le gustó a Simón Bolívar.

 

No hubo una destitución, sólo una reunión. El Presidente del Cabildo (todo Gobernador y Capitán  General de Provincia lo era en la capital donde residía), Presidente de la Real Audiencia (Venezuela perteneció a la jurisdicción de la de Santo Domingo durante los siglos XVI, XVII y parte del XVIII, a la del Virreinato de Santa Fe en dos períodos cortos del XVIII y, desde 1786 hasta la batalla de Carabobo, 1821, a la de Caracas cuando se extingue), Gobernador de la Provincia de Venezuela (desde el Cabo de la Vela al río Unare, límite con la Provincia de Cumana), todo el Occidente con el Alto Orinoco, los bancos de Casanare, el Valle de Upar y la Guajira entera, Caracas, Caraballeda, La Victoria y todo el Valle con San Mateo, el Pao, Valencia y Puerto Cabello, San Felipe, Barquisimeto con Acarigua y Ospino, Coro, El Tocuyo, Quibor y su valle, Carora, Carache y Trujillo con sus pueblos, aldeas y campos) y Capitán General de todas las Provincias, dos millones de Km2 y un millón de habitantes mencionados por Alejandro de Humboldt en 1804. Inmenso poder en 1810 que no pudo sostener. En el Cabildo se encuentran dos militares de alto rango, el Brigadier Comandante del Cuerpo de Artillería de toda la Provincia, segundo de Emparan, y el Intendente del Ejército y de la Real Hacienda que maneja el presupuesto. Pero el movimiento es civil, los poderosos mantuanos de Caracas que forman el Cabildo, gobiernan la economía, la sociedad, la historia de tres siglos. Don Vicente Emparan renunció al Poder y la renuncia le fue aceptada. El primer golpe de estado que transforma al Estado de Derecho Monárquico en Estado de Derecho Republicano. Pero la guerra empieza en 1810, con la expedición armada enviada por la Junta Suprema de gobierno que sustituye a la Conservadora de los Derechos de Fernando VII hasta 1823 con la batalla del Lago de Maracaibo. Bolívar es guerrero, sigue hasta la muerte cuando se apaga su vida y se hace aguas la República de Colombia inventada por Francisco de Miranda y decretada por Bolívar espada en mano.

 

El Cabildo del 19 de abril de 1810 asume todo el Poder. Ya estaba contemplado en la Ley. Cuando falta el gobernador ese cuerpo, en todas las ciudades de la Provincia, lo asumen a plenitud mientras llega uno nuevo. En este caso se produce una revolución. Se rompe con el Gobierno de España porque no existe. La soberanía regresa al pueblo. El Cabildo representa al pueblo. Madariaga sólo al Clero: “fueron nombrados por el pueblo y son el teniente de caballería don Gabriel de Ponte, don José Félix Rivas y el Teniente retirado don Francisco Xavier de Ustáriz, bien entendido que los dos primeros obtuvieron su nombramiento por el gremio de pardos, con la calidad de suplir el uno las ausencias del otro sin necesidad de su simultánea concurrencia”. No es que los pardos, la mayoría de la población, van a cogerse el gobierno ni a la sociedad que seguirá en manos de los godos llamados “blancos de la plaza, mantuanos y nobles todavía y por ahora”.

 

Antes de firmar el Acta, encabezada con rúbrica por Emparan, se redacta una rectificación, una corrección: “En este estado, notándose la equivocación padecida en quanto a los diputados nombrados por el gremio de pardos, se advierte ser sólo el expresado don José Félix Rivas”. Y una coletilla de la mayor importancia: “toda la tropa de actual servicio tenga pret y sueldo doble”. Porque sin los militares no hay golpe de estado. Pret: la ración o el salario del soldado, sueldo al oficial.

 

Esa Acta histórica – que cumple 200 años el 19 de abril del 2010 sin pena ni gloria – fue firmada por 35 hombres, pues las mujeres no se metían en política pero podían dominarlos con otros ardides, María Antonia Bolívar, hermana, Manuelita Sáenz, concubina, Joseph Cortes, el Madariaga, “como diputado del clero y del pueblo”, Doctor Francisco José Ribas, “como diputado del clero”, doctor Juan Germán Roscio, “como diputado del pueblo”, doctor Félix Sosa “como diputado del pueblo”, José Félix Rivas y Francisco Xavier Ustriz por el “gremio de pardos”.

 

A la luz de los hechos y las razones, saludo con beneplácito este importante libro de dos autores amigos: los doctores Allan R. Brewer – Carías y Enrique Viloria Vera, quienes con buena letra y conocimiento cabal del tema, aportan nuevas luces sobre este hecho histórico fundamental para la construcción de la  venezolanidad.

 

Guillermo Morón

Decano de la Academia Nacional  de la Historia. Honorario de la

                                         Academia Venezolana de la Lengua, correspondiente de la Real

                                         Española.  Emérito de la Universidad Simón Bolívar.    

 

 

 Introducción

 

                                                             El 19 de abril de 1810 es la época más célebre

                                                                          en la historia de la Provincia de Venezuela, y

                                                                          para los anales del Nuevo Mundo. Sean para

                                                                          siempre loados los varones ilustres que tan

                                                                          santa e inmortal obra ejecutaron, y que sus

                                                                          nombres vivan en los siglos venideros hasta

                                                                          la más remota posteridad.

                                                                                                                   Francisco de Miranda

 

 

El presente libro –  colección de ensayos – es una nueva contribución al estudio y análisis de los hechos  acontecidos en Caracas el 19 de abril de 1810.

 

En la ocasión del Bicentenario de esa trascendental fecha, hemos realizado un doble acercamiento conceptual que privilegia tanto una visión sincrónica como otra holística de La Revolución de Caracas de 1810. En lo concerniente a las citas y referencias, los autores han decidido configurarlas de acuerdo con su propio estilo de escritura dentro de una metódica postmoderna, y no con un  estricto y uniforme criterio metodológico más propio de tesis doctorales. Es así que en los textos de Brewer-Carías se han conservado las notas al pie de páginas, donde se hace referencia a la bibliografía específica; siendo la “Bibliografía Básica” que se incluye al final, la referida a los textos elaborados por Viloria Vera.

 

Los autores aspiran a que este texto contribuya a una mejor comprensión de esta gesta plural que abrió los caminos a la Independencia de Venezuela, para que hoy los venezolanos tengamos una Patria que mostrar, preservar y mejorar.

 

      Enrique Viloria Vera / Allan R. Brewer – Carías

 

 

  1. LAS INDIAS: Patrimonio Real

Desde el momento mismo del descubrimiento de las Indias, de la futura América, se planteó en Europa una preocupación fundamental en relación con la fundamentación jurídica, el justo titulo, que sustentase el dominio por parte de España y de los Reyes Católicos de la conquista y posterior colonización de los nuevos territorios de ultramar.

En este sentido, los historiadores de la España colonial reconocen que:

«…el problema de los títulos que justificarán la dominación española en Indias, confundido parcialmente con el de la condición de los indígenas y la licitud de las encomiendas, devino el tema central de aquellas Juntas consultivas para las Indias celebradas bajo la inspiración soberana a lo largo de la primera mitad del siglo XVI, aparte de la elaboración doctrinal que numerosos autores, teólogos y juristas formularon con carácter privado, o con cierta relación con los aludidos debates.” (Diccionario de Historia de España. Tomo 3. 1969).

En un primer momento, se consideró suficiente recurrir al titulo romanista del propio descubrimiento, basado en un texto de las Siete Partidas de Alfonso X, El Sabio, que permitía sujetar las tierras descubiertas al señorío de Castilla; además las tierras descubiertas por Colón se encontraban fuera de la zona reservada a Portugal de acuerdo con el Tratado de Alcazovas.

Sin embargo, en virtud de que muchos de los territorios descubiertos estaban poblados, en la corte se arguyó que este titulo romanista no era suficiente ni totalmente aplicable al caso de las recién descubiertas Indias. Estas argumentaciones, unidas a la rivalidad marítima entre España y Portugal, y una posible amenaza de guerra entre ambas naciones por los nuevos territorios del Poniente Atlántico, obligaron a los Reyes Católicos a recurrir a la autoridad temporal del Papa, bajo el concepto medieval del dominus orbis, a fin de que éste les permitiera disponer a su albedrío de los territorios en manos de infieles, idólatras y paganos, y transferirlos, en plena soberanía, a un dignatario cristiano para evangelizarlas.

Teniendo en cuenta estos criterios, el 3 de mayo de 1493, Rodrigo Borgia, el Papa Alejandro VI, promulgó la bula Inter Cetera – que junto con otras cuatro bulas del mismo pasaron a ser conocidas como las  Bulas Alejandrinas – en la que otorgaba a los reyes de Castilla y a sus sucesores el señorío sobre las tierras e islas descubiertas, es decir, que la titularidad sobre las Indias recayó sobre los reyes como personas y no sobre sus coronas. Esta titularidad de los Reyes Católicos sobre las Indias, hace que la Reina Isabel la Católica, en su testamento fechado en 1507, declare:

“El reino de Granada y las tierras y las islas y tierra firme del mar Océano, descubiertas o por descubrir, ganadas o por ganar, han de quedar incorporadas a sus reinos de Castilla y León; pero manda que se pague a su marido Fernando la mitad de lo que rentaren. Era, ni más ni menos, un legado voluntario, y se refería no a la mitad de las tierras, sino a la mitad de sus rentas, y no de todas las islas y tierras de Indias, sino de las que en ese momento de hacerse el legado estuviesen descubiertas y ganadas. Sin embargo, Don Fernando, en más de una ocasión, habló como de cosa suya la mitad de las Indias.”  (Aguado Bleye, 1969, 322)

Sin embargo, la línea que fija la bula papal es poco precisa: a 100 leguas de las Azores y de Cabo Verde, a Occidente de ella, lo que se descubriese para España, a Oriente para Portugal. El rey de Portugal Juan II no acepta este arbitraje geográfico de su Santidad y envía a sus embajadores reclamando un nuevo acuerdo. Como resultado de la ardua y compleja negociación se suscribe el Tratado de Tordesillas de junio de 1494, según el cual se fija el nuevo límite a 370 leguas de Cabo Verde y se acuerda que también pertenecerá a España todo lo ya descubierto a 250 leguas de dicha demarcación. Los efectos de este pacto han sido objeto de consideraciones disímiles, de opiniones a favor y en contra, sin embargo, como bien lo señala Juan Pérez de Tudela y Bueso, en la Colección Documental del Descubrimiento:

«…la concordia de Tordesillas fue cardinal en sus efectos. Para comprenderlos mejor en su totalidad bastaría con suprimir imaginativamente aquel acuerdo: ni Castilla ni Portugal hubieran podido sin él dar continuidad coherente a sus respectivas empresas ultramarinas, embargadas por una rivalidad vieja que ahora se hubiese agigantado. El monopolio sobre un marco geográfico era una condición de lógica instrumental para la colonización moderna (como ya lo había sido en la antigua), y el convenio de 1494 se apresuró a comprenderlo.” (Pérez de Tudela y Bueso.1992, CXCV).

De esta forma, a pesar de la alteración del ámbito geográfico de actuación de uno y otro imperio allende los mares, en el Poniente Atlántico, permaneció sin cambios, inalterable, la titularidad de la propiedad de América española en cabeza  de los Reyes Católicos y sus sucesores. Eduardo Casanova lo ilustra muy bien, cuando, en su novela En los Tiempos de Bolívar, asevera para justificar y entender mejor la Guerra de Independencia de América del Imperio Español:

«no hay rey en España, y se trata de que el vínculo de América no es con el Estado, sino con la persona del Rey, de manera que se ha roto y ha surgido el derecho de gobernarse por sí solos para los americanos.”

Los protagonistas de la Revolución de Caracas de 1810 tienen plena conciencia de este vínculo y de su vigencia. En efecto, en carta enviada el 1o de junio de 1810 por la Junta Suprema de Caracas a las autoridades de la ciudad de Coro, reacias a apoyar el movimiento libertario, se arguye sin más:

“Caracas jura y protesta no someterse a otra potestad que no sea dimanada del Monarca reconocido y de las leyes que ha jurado guardar como superiores a todo lo demás. De la Península vinieron las cédulas y órdenes con que el Consejo supremo de estos dominios y el ministerio de gracia y justicia, nos impusieron el precepto de reconocer al intruso Gobierno Francés; pero chocando con nuestras leyes un precepto tan exótico, rehusamos su obediencia y cumplimiento: jamás incurrirá Caracas en el absurdo que incurre el Cabildo de Coro, suponiendo y afirmando que el Poder Legislativo y ejecutivo de las naciones en una cosa inherente y apegada a los suelos, las plantas y los árboles; absurdo diametralmente opuesto al derecho natural y de gentes, repugnante y ofensivo a la bula de Alejandro VI y a la ley 1, tít. 1, lib. 3 de las recopiladas para estos dominios; porque ni el diploma pontificio, ni el texto real, concedieron su dominación a la Península, ni a la España, ni a los Napoleones, ni a los individuos llamados Regencia, sino únicamente a los Reyes Católicos, Don Fernando y Doña Isabel, y a sus legítimos herederos y sucesores”.

Más evidente no pudo ser la conciencia caraqueña del vínculo con el Rey de España, con su Rey.

  1.     La Crisis de España[1]

La razón principal que como detonante originó el proceso de independencia en las provincias de Venezuela fue, sin duda, la crisis política de la Corona Española, de lo que se da exhaustiva cuenta en los documentos más importantes que se elaboraron en Venezuela en 1811, fundamentalmente por el Supremo Congreso de Venezuela. Es así, por ejemplo, que en el Acta de la Independencia de 5 de julio de 1811[2] se declara, que ella fue producto de la “plena y absoluta posesión” de los derechos de “las provincias unidas de Caracas, Cumaná, Barinas, Margarita, Barcelona, Mérida y Trujillo, que forman la Confederación Americana de Venezuela en el Continente Meridional, reunidos en Congreso,” que recobraron:

 

“justa y legítimamente desde el 19 de abril de 1810, en consecuencia de la jornada de Bayona y la ocupación del Trono español por la conquista y sucesión de otra nueva dinastía constituida sin nuestro consentimiento.”

Y en la misma Acta de la Independencia se afirmó que:

 

“Las cesiones y abdicaciones de Bayona; las jornadas de El Escorial y de Aranjuez, y las órdenes del lugarteniente Duque de Berg, a la América, debieron poner en uso los derechos que hasta entonces habían sacrificado los americanos a la unidad e integridad de la nación española.”

Por tanto, la historia política de Venezuela como nación independiente,[3] al igual que en general, la historia política de la América Hispana independiente efectivamente comenzó hace doscientos años, el 19 de abril de 1810, cuando el Cabildo de Caracas se transformó en la Suprema Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII en las Provincias de Venezuela, desconociendo la autoridad del Consejo de Regencia, aun cuando reconociendo la autoridad del Rey entonces depuesto, y en todo caso asumiendo el gobierno de la Provincia.[4] Esto ocurría sólo seis meses después de que se hubiera dictado el reglamento para la elección de los constituyentes de las Cortes de Cádiz (6 de octubre de 1809) pero cinco meses antes de la instalación de las mismas el 24 de septiembre de 1810. Con el golpe de Estado que se había dado, se inició un proceso constituyente que concluyó con la sanción de la Constitución Federal para los Estados de Venezuela del 21 de diciembre de 1811,[5]  dictada también, tres meses antes de la sanción de la Constitución de Cádiz el 18 de marzo de 1812.

 

Lo que aparentemente era el inicio de una reacción local de una entidad municipal de una de las provincias españolas en América, contra la invasión napoleónica en la península ibérica, rápidamente se transformó en la primera expresión exitosa de independencia respecto de España, lo cual días después (27 de abril de 1810) se ordenaría fuese informado a todos los Ayuntamientos de América, invitándolos a participar en “el gran trabajo de la Confederación Hispanoamericana.”[6]

 

En ese proceso, sin duda, la situación política de la Corona Española  a comienzos del siglo XIX, así como la lucha por la independencia desarrollada en la propia Península española contra los franceses, fueron determinantes. Como se dijo en las “Observaciones Preliminares” al libro publicado en Londres en 1812 con todos los documentos fundamentales de la independencia de Venezuela[7] (en adelante Observaciones Preliminares), no se necesitaban pruebas:

 

“para conocer con evidencia, que las ideas que se esparcieron en las colonias sobre la desesperada situación de la España a la entrada de los franceses en la Andalucía, y el temor de ser arrastrados a caer en manos de los usurpadores, fueron las causas principales de la resolución tomada por los Americanos de no confiar mas tiempo su seguridad á la administración de los Europeos, y de poner sus negocios al cuidado de Juntas ó Asambleas Provinciales, formadas al ejemplo y por los mismos medios que las de España.”

Debe recordarse, en efecto, que a comienzos del Siglo XIX, en Francia, la Revolución ya había concluido después del Terror, y la República había sido eclipsada y secuestrada por un régimen autoritario que en 1802 había hecho de Napoleón Cónsul vitalicio, en 1804 lo había proclamado Emperador, por supuesto, también vitalicio conforme al principio hereditario, y que en 1808 había suprimido a la propia República. Toda Europa estaba amenazada y buena parte de ella había sido ocupada o sometida por el Emperador, quien conducía un Estado en guerra. España, fronteriza, no escapó a las garras de Napoleón y al juego de su diplomacia continental[8]. En esta forma, como consecuencia del Tratado de Fontainebleau del 27 de octubre de 1807 suscrito entre representantes de la Corona española y del Imperio napoleónico, ambos Estados se habían acordado el reparto de Portugal, cuyos príncipes habían huido a América, previéndose incluso el otorgamiento a título hereditario del territorio del Algarve a Manuel Godoy, Ministro favorito de Carlos IV. En una cláusula secreta del Tratado se disponía la invasión de Portugal por las tropas napoleónicas a través de España.

 

Pero la verdad es que las tropas napoleónicas ya se encontraban en España y habían atravesado la frontera portuguesa diez días antes de la firma del Tratado, lo que implicó que para marzo de 1808, más de 100.000 hombres de los ejércitos napoleónicos ya se encontraban en España. El Rey Carlos IV habría conocido de la conjura de su hijo para arrebatarle el Trono y apresar a Godoy, y supuestamente lo habría perdonado. Por otra parte, desde febrero de 1808 ya había un regente en Portugal (Junot), que actuaba en nombre del Embajador, con lo que el Tratado de Fontainebleau y el reparto de Portugal había quedado invalidado. Napoleón, primero apostó a que la familia real española hubiera podido seguir el ejemplo de la de Portugal[9] y huyera a Cádiz y de allí a América; pero luego cambió de parecer, e impuso como condición para el reparto del centro del Reino portugués a España, la entrega a Francia de todo el territorio de España al norte del Ebro, incluyendo los Pirineos.

 

La presencia de las tropas francesas en España y la concentración de las españolas en Aranjuez, originaron toda suerte de rumores, incluso, la posible huída del Monarca hacia Andalucía y América, lo que se había descartado. Sin embargo, tales rumores tuvieron que ser aclarados por el Monarca manifestando en proclama a los españoles, que la concentración de tropas en Aranjuez no tenía que defender a su persona ni acompañarle a un viaje “que la malicia os ha hecho suponer como preciso”. La concentración de tropas en Aranjuez, sin embargo, lo cierto es que era parte de una conspiración en marcha contra el gobierno de Godoy, que tenía como protagonistas, entre otros, al mismo Príncipe de Asturias, Fernando (futuro Fernando VII), quien buscaba también la abdicación de su padre Carlos IV, con la complacencia de los agentes franceses y la ayuda del odio popular que se había generado contra Godoy, por la ocupación francesa del reino.

 

En la noche del 18 de marzo de 1808 estalló el motín de Aranjuez[10], revuelta popular que condujo a la aprehensión de Godoy y el destrozo de sus dependencias por la turba y en fin, a la abdicación de Carlos IV en su hijo Fernando tal y como fue anunciada el 19 de marzo de 1808, como parte de las intrigas de este. En la misma noche, Carlos IV ya hablaba con sus criados de que no había abdicado, y a los dos días, el 21 de marzo de 1808 se arrepintió de su abdicación, aclarando en un manifiesto lo siguiente:

 

“Protesto y declaro que todo lo manifestado en mi decreto del 19 de marzo abdicando la Corona en mi hijo, fue forzado, por precaverse mayores males, y la efusión de sangre de mis queridos vasallos, y por tanto, de ningún valor”.

 

También escribió a Napoleón, aclarándole la situación, diciéndole:

“Yo no cedí a favor de mi hijo. Lo hice por la fuerza de las circunstancias, cuando el estruendo de las armas y los clamores de la guarnición sublevada me hacían reconocer la necesidad de escoger la vida o la muerte, pues esta última habría sido seguida por la de la reina”.

A pesar de estas manifestaciones, Carlos IV no solo jamás recuperaría la Corona, sino que los tres días Fernando VII entraría triunfante en Madrid, iniciando un corto reinado de días, en el cual, mediante uno de sus primeros decretos, ordenaba la requisa de los bienes de Godoy contra los cuales se volcó la saña popular en todo el territorio del Reino. Pero a las pocas horas de la entrada del nuevo Rey, en Madrid también había llegado a la ciudad, 23 de marzo de 1808, el general Joaquín Murat, Capitán general de las tropas francesas en España, quien ordenó salvar a Godoy de un seguro linchamiento al que se lo pretendía dejar someter. Murat, además, materialmente desconoció la presencia misma del nuevo Rey en la ciudad que ya estaba ocupada por los franceses.

Por orden de Murat, además, el anterior monarca Carlos IV y su familia, el 9 de abril de 1808 fueron trasladados a El Escorial para luego ir a Bayona el 30 de abril de 1808 donde los esperaba Napoleón. A Bayona ya había llegado Fernando VII el 20 de abril, y el mismo Godoy lo hizo el 26 de abril de 1808. Todos habían recurrido al Emperador en busca de apoyo y reconocimiento, con lo cual éste había quedado convertido en el árbitro de la crisis política de la Monarquía española.

 

Estando el reino en sus manos, decidió apropiárselo: primero el 5 de mayo de 1808 obtuvo una nueva abdicación de Carlos IV, esta vez, en el mismo Napoleón; segundo, al día siguiente, el 6 de mayo de 1808, hizo que Fernando VII abdicara de la Corona en su padre Carlos IV,[11] sin informarle lo que ya este había hecho; y tercero, unos días después, el 10 de mayo de 1808, la firma de los Tratados de Bayona mediante los cuales Carlos IV y Fernando VII cedieron solemnemente todos sus derechos al Trono de España e Indias al Emperador Napoleón[12] “como el único que, en el Estado a que han llegado las cosas, puede restablecer el orden” a cambio de asilo, pensiones y propiedades en territorio francés[13]. Desde el 25 de mayo de 1808, además, Napoleón también había nombrado a Joachim Murat, Gran Duque de Berg y de Cléves, como Lugarteniente general del Reyno,[14] y manifestaba a los españoles:

“Vuestra Monarquía es vieja: mi misión se dirige a renovarla: mejorará vuestras instituciones; y os haré gozar de los beneficios de una reforma, sin que experimentéis quebrantos, desórdenes ni convulsiones”. Prometía, además, “una Constitución que concilie la santa y saludable autoridad del soberano con las libertades y el privilegio del Pueblo”[15].

El hermano del Emperador, José Bonaparte, a su vez, fue instalado en Madrid como Rey de España, guardándose las formas políticas mediante el otorgamiento de un Estatuto constitucional, conocido como la Constitución de Bayona de julio 1808, la cual sin embargo, no dio estabilidad institucional alguna al Reino, pues antes de su otorgamiento, en el mes de mayo de 1808, ya España había iniciado su guerra de Independencia contra Francia, en la cual los Ayuntamientos tuvieron un papel protagónico al asumir la representación popular por fuerza de las iniciativas populares[16]. El fáctico secuestro de los Monarcas españoles en territorio francés, en efecto había provocado una rebelión popular que estalló en Madrid el 2 de mayo de 1808, que originaron sangrientos hechos por la represión desatada por la guarnición francesa.[17]  El Emperador juró vengar a los muertos franceses, y sin duda, el apoderamiento del reino de España fue parte de esa venganza; pero los muertos españoles por los trágicos fusilamientos del 3 de mayo, fue el pueblo español el que los vengó, al propagarse la rebelión por toda España, con el común denominador de la reacción contra las tropas francesas. Por ello, a medida que se generalizó el alzamiento, en las villas y ciudades, se fueron constituyendo Juntas de Armamento y Defensa, que asumieron el poder popular, integradas por los notables de cada lugar, y encargadas de la suprema dirección de los asuntos locales y de sostener y organizar la resistencia frente a los franceses, iniciándose la guerra de independencia.

 

Esas Juntas, aun cuando constituidas por individuos nombrados por aclamación popular, tuvieron como programa común la defensa de la Monarquía simbolizada en la persona de Fernando VII, por lo que siempre obraron en nombre del Rey. Sin embargo, con ello puede decirse que se produjo una revolución política, al sustituirse el sistema absolutista de gobierno por un sistema municipal, popular y democrático, completamente autónomo[18]. La organización de tal gobierno provocó la estructuración de Juntas Municipales las cuales a la vez concurrieron, mediante delegados, a la formación de las Juntas Provinciales, las cuales representaron a los Municipios agrupados en un determinado territorio.

 

De todo lo antes dicho, por tanto, era claro que la crisis política de España, que precedió el proceso de independencia, había sido, sin duda, una de las causas principales de la misma. Ello se afirmó y argumentó extensamente en el “Manifiesto que hace al mundo la Confederación de Venezuela en la América meridional de las razones en que se ha fundado su absoluta independencia de España, y de cualquiera otra denominación extranjera” de 30 de julio de 1811[19] (en adelante Manifiesto), al señalar que cuando “Caracas supo las escandalosas escenas de El Escorial y Aranjuez,” ya “presentía cuáles eran sus derechos y el estado en que los ponían aquellos grandes sucesos;” y que si bien “todos conocen el suceso del Escorial en 1807,” sin embargo, “quizá habrá quien ignore los efectos naturales de semejante suceso.” Por ello, en el Manifiesto se hizo el siguiente resumen de los aspectos más relevantes del mismo, con la debida aclaratoria, sin embargo, de que no era el ánimo del Congreso “entrar a averiguar el origen de la discordia introducida en la casa y familia de Carlos IV;” que se atribuían “recíprocamente la Inglaterra y la Francia, y ambos gobiernos tienen acusadores y defensores.” Incluso, en el Manifiesto se hacía referencia a que tampoco era el propósito hacer referencia al “casamiento ajustado entre Fernando y la entenada de Bonaparte, la paz de Tilsit, las conferencias de Erfuhrt, el tratado secreto de S. Cloud y la emigración de la casa de Braganza al Brasil.”

En cambio, lo que se consideró “cierto y lo propio” de los venezolanos, fue que “por la jornada del Escorial quedó Fernando VII declarado traidor contra su padre Carlos IV.” Sobre ello, se afirmó en el Manifiesto:

“Cien plumas y cien prensas publicaron a un tiempo por ambos mundos su perfidia y el perdón que a sus ruegos le concedió su padre; pero este perdón como atributo de la soberanía y de la autoridad paterna relevó al hijo únicamente de la pena corporal; el Rey, su padre, no tuvo facultad para dispensarle la infamia y la inhabilidad que las leyes constitucionales de España imponen al traidor, no sólo para obtener la dignidad real, pero ni aun el último de los cargos y empleos civiles. Fernando no pudo ser jamás Rey de España ni de las Indias.”

El recuento de los sucesos posteriores se hizo de la siguiente manera:

“A esta condición quedó reducido el heredero de la Corona, hasta el mes de marzo de 1808 que, hallándose la Corte en Aranjuez, se redujo por los parciales de Fernando a insurrección y motín el proyecto frustrado en El Escorial. La exasperación pública contra el ministerio de “Godoy sirvió de pretexto a la facción de Femando para convertir indirectamente en provecho de la nación lo que se calculó, tal vez, bajo otros designios. El haber usado de la fuerza contra su padre, el no haberse valido de la súplica y el convencimiento, el haber amotinado el pueblo, el haberlo reunido al frente del palacio para sorprenderlo, arrastrar al ministro y forzar al Rey a abdicar la Corona, lejos de darle derecho a ella, no hizo más que aumentar su crimen, agravar su traición y consumar su inhabilidad para subir a un trono desocupado por la violencia, la perfidia y las facciones. Carlos IV, ultrajado, desobedecido y amenazado con la fuerza, no tuvo otro partido favorable a su decoro y su venganza que emigrar a Francia para implorar la protección de Bonaparte a favor de su dignidad real ofendida. Bajo la nulidad de la renuncia de Aranjuez, se juntan en Bayona todos los Borbones, atraídos contra la voluntad de los pueblos a cuya salud prefirieron sus resentimientos particulares; aprovechóse de ellos el Emperador de los franceses, y cuando tuvo bajo sus armas y su influjo a toda la familia de Femando, con varios próceres españoles y suplentes por diputados en Cortes, hizo que aquél restituyese la Corona a su padre y que éste la renunciase en el Emperador, para trasladarla en seguida a su hermano José Bonaparte” (Manifiesto).

Todo esto –se afirma en el Manifiesto de 1811- se ignoraba o se sabía “muy por encima” en Venezuela, “cuando llegaron a Caracas los emisarios del nuevo Rey,” sosteniendo que “la inocencia de Fernando, en contraposición de la insolencia y despotismo del favorito Godoy,” había sido  “el móvil de su conducta, y la norma de las autoridades vacilantes el 15 de julio de 1808;” de manera que ante “la alternativa de entregarse a una potencia extraña o de ser fiel a un Rey que aparecía desgraciado y perseguido,” el Congreso General afirmó que:

“triunfó la ignorancia de los sucesos del verdadero interés de la Patria y fue reconocido Fernando, creyendo que mantenida por este medio la unidad de la nación, se salvaría de la opresión que la amenazaba y se rescataría un Rey de cuyas virtudes, sabiduría y derechos estábamos falsamente preocupados” (Manifiesto).

El resultado fue que:

“Fernando, inhábil para obtener la corona, imposibilitado de ceñirla, anunciado ya sin derechos a la sucesión por los próceres de España, incapaz de gobernar la América y bajo las cadenas y el influjo de una potencia enemiga, se volvió desde entonces, por una ilusión, un príncipe legítimo, pero desgraciado, se fingió un deber el reconocerlo, se volvieron sus herederos y apoderados cuantos tuvieron audacia para decirlo, y aprovechando la innata fidelidad de los españoles de ambos mundos empezaron a tiranizarlos nuevamente los intrusos gobiernos que se apropiaron la soberanía del pueblo a nombre de un Rey quimérico, y hasta la junta Mercantil de Cádiz quiso ejercer dominio sobre la América” (Manifiesto).

El tema también fue objeto de consideraciones en el Acta de Independencia, donde se observó que:

“Cuantos Borbones concurrieron a las inválidas estipulaciones de Bayona, abandonando el territorio español, contra la voluntad de los pueblos, faltaron, despreciaron y hollaron el deber sagrado que contrajeron con los españoles de ambos mundos, cuando, con su sangre y sus tesoros, los colocaron en el Trono a despecho de la casa de Austria; por esta conducta quedaron inhábiles e incapaces de gobernar a un pueblo libre, a quien entregaron como un rebaño de esclavos.

Los intrusos gobiernos que se abrogaron la representación nacional aprovecharon pérfidamente las disposiciones que la buena fe, la distancia, la opresión y la ignorancia daban a los americanos contra la nueva dinastía que se introdujo en España por la fuerza; y contra sus mismos principios, sostuvieron entre nosotros la ilusión a favor de Fernando, para devorarnos y vejarnos impunemente cuando más nos prometían la libertad, la igualdad y la fraternidad, en discursos pomposos y frases estudiadas, para encubrir el lazo de una representación amañada, inútil y degradante.

Luego que se disolvieron, sustituyeron y destruyeron entre sí las varias formas de gobierno de España, y que la ley imperiosa de la necesidad dictó a Venezuela el conservarse a sí misma para ventilar y conservar los derechos de su Rey y ofrecer un asilo a sus hermanos de Europa contra los males que les amenazaban, se desconoció toda su anterior conducta, se variaron los principios, y se llamó insurrección, perfidia e ingratitud, a lo mismo que sirvió de norma a los gobiernos de España, porque ya se les cerraba la puerta al monopolio de administración que querían perpetuara nombré de un Rey imaginario.”

Estas ideas se retomaron en las Observaciones Preliminares al libro londinense, aún cuando con otro lenguaje, insistiendo en que “reforma ha sido el grito general,” considerando que en Europa, se habían “visto naciones enteras combatir animosamente por extirpación de abusos envejecidos” de manera que “aquellos mismos que más acostumbrados estaban á arrastrar las cadenas del despotismo, se han acordado de sus derechos largo tiempo olvidados, y se han reconocido todavía hombres;” de manera que no podía esperarse que la America Española:

“cuyos habitantes habían sido tanto tiempo hollados y esclavizados, y donde mas que en otra parte alguna era indispensable una reforma, fuese la única que permaneciese tranquila, la única que resignada con su triste destino viese indolentemente, que quando los Gobiernos de la Peninsula se ocupaban en mejorar la condición del Español Europeo, á ella sola se cerraba toda perspectiva de mejor suerte.”

Al contrario, la América española también había sentido el “choque eléctrico” de los contrastes de manera que “penetrados los Americanos de la justicia de sus demandas,” comenzaron a reclamarlas, particularmente frente a la “doble opresión de la Corona y del monopolio” y las “gravosas é irracionales restricciones que agobiaban a todas las clases, y sofocaban en ellas toda especie de actividad y de industria,” con “leyes, extraviadas de su benéfico objeto, que no servían ya para el castigo del culpable, ni para la protección del inocente.” En esa situación, se argumentaba en dichas Observaciones Preliminares, lo que se veían a cada paso eran “actos de la mas bárbara arbitrariedad” careciendo los “nativos de una equitativa participación en los empleos de confianza ó de lucro,” prevaleciendo un sistema de gobierno ignominioso “contrario á los mas esenciales derechos del genero humano, y opuesto á los dictados de la justicia y de la razón.” En una palabra, concluía las Observaciones Preliminares, la condición de los americanos no podía considerarse sino como la de un “oscuro” “vasallaje feudal de la España.” En las Provincias, por otra parte, existían “vacíos  inmensos en todos los ramos de industria, ocasionados “por la grosera ignorancia de los mas comunes inventos,” sometidas como estaban a “un sistema de monopolio, dictado por el injusto principio de preferencia á los pocos, y tan hostil á la fecundidad de las artes,” denunciándose en particular que en la Provincia de Caracas no se permitió “ensenar matemáticas, tener imprenta, escuela de pilotaje, ni clase de derecho público, ni se toleró que hubiese Universidad en Mérida;” (OP) todo lo cual no podía “contradecirse por los mal descarados panegiristas del poder arbitrario, ni paliarse por las especiosas producciones de las prensas de Cádiz, empeñadas en probar las ventajas de la dependencia y del monopolio.”

 

En fin, se argumentó en las Observaciones Preliminares que no se podía pretender que sólo a las provincias de las Américas se les negasen sus derechos, y el poder “velar sobre su integridad,” se les exigiera “que para la distribución de justicia” tuvieran que “atravesar un océano de dos mil leguas,” y que en “momentos tan críticos como el actual, subsistan desnudos de todas las atribuciones de los seres políticos, y dependan de otra nación, que un enemigo poderoso amenaza aniquilar;” y que quedasen “como una nave sin timón,” expuestos “a los rudos embates dé la mas furiosa tempestad política, y prontas a ser la presa de la primera nación ambiciosa que tenga bastante fuerza para apoderarse de ellas.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Antecedentes de la Revolución de Caracas de 1810

Con toda propiedad los analistas de lo acontecido el 19 de abril en 1810 en Caracas señalan que no fue un hecho aislado carente de pasado. En efecto,  Brewer – Carías en ponencia presentada en la Universidad MonteÁvila en ocasión de la Clausura de las Jornadas de Derecho Público, poniendo  el énfasis en los procesos constituyentes americanos, precisa, como lo hemos visto supra in extenso:

“El proceso constituyente del Estado Venezolano, sin duda, se inició con todo ese movimiento, el cual, por supuesto, no estalló por generación espontánea, pudiendo ubicarse su génesis inmediata en los sucesos acaecidos en el mismo Cabildo de Caracas, dos años antes, en 1808, cuando allí se recibieron las noticias sobre la abdicación primero de Carlos IV y luego de Fernando VII, quienes en definitiva cedieron a Napoleón todos sus derechos al Trono de España e Indias, reconociéndolo en los Tratados de Bayona de mayo de 1808, “como el único que en el estado en el que han llegado las cosas”, podía restablecer el orden; y todo ello a cambio de asilo, pensiones y propiedades en territorio francés (…) Ese hecho, con las vicisitudes derivadas, por ejemplo la renuncia de Carlos IV al trono, que luego pretendió desconocer, tuvo grandes repercusiones tanto en la Península como en los territorios  americanos.”

Dando por bueno lo expresado supra, vamos a complementar los variados antecedentes que tanto a nivel nacional, español e iberoamericano tuvieron los sucesos del 19 de abril de 1810 en Caracas.

  1. Antecedentes nacionales de la Revolución de Caracas de 1810

Ningún hecho histórico cae en parapente, en paracaídas: todos ellos a pesar de ser aquí y ahora, tienen un allá y entonces; el 19 de abril de 1810 no escapa a esta certidumbre; antecedentes inmediatos en  Venezuela y remotos más allá de sus fronteras contribuyen a darle calor y color a la gesta revolucionaria venezolana del 19 de abril de 1810.

En este sentido, Luis Villalba Villalba en palabras pronunciadas en 1972 en la Sociedad Bolivariana con motivo del 19 de abril de 1810 señalaba:

“…no debe echarse en saco roto que ese 19 de abril no es sino el eco de la sublevación de negros y mestizos en Coro de 1795; de la conjuración de Gual y España – padres de la democracia venezolana – en 1977; de los alzamientos de Andresote en Yaracuy y de Pirela y Suárez en Maracaibo, de la trama concertada en la casa de veraneo de los Bolívar a orillas del Guaire, en julio de 1808, de las expediciones de Miranda en 1806, pero sobre todo de aquel 19 de abril de 1749 en que Juan Francisco de León , el Capitán poblador de Panaquire, se llega a las puertas mismas de Caracas con el grito de Patria en los labios acaudillando la primera revolución contra el monopolio de la Guipuzcoana.”

  1. La Conspiración de la Casa de Misericordia

Los mantuanos caraqueños, conocidos también como pelucones, seguían con profundo interés los acontecimientos políticos y militares que se sucedían en la lejana España. Absolutamente convencidos de la necesidad de crear una Junta en Caracas, tal como ya lo habían intentado un par de años atrás, y ante las penosas noticias que llegaban desde la Metrópoli se reunieron en varias oportunidades, a fines de marzo y comienzos de abril de 1810,  en la casa de Misericordia con el fin de conspirar contra el régimen prevaleciente.

Esta breve y previsible Conspiración de la Casa de Misericordia, como la conoce la historia nacional, se desarrolló de la siguiente manera:

“Desde diciembre de 1809 circulaban en Caracas rumores de que España había sido enteramente dominada por los franceses, que se intensificaron durante los meses siguientes. Aunque la resistencia contra los franceses no cesó, éstos lograron apoderarse de Sevilla en enero de 1810, con lo cual la Junta Suprema se desbandó y fue sustituida por un Consejo de Regencia cuya sede estaba en Cádiz. En marzo, estas noticias empezaron a difundirse en Caracas, aunque no de un modo oficial, lo cual aumentó la incertidumbre. El 2 de abril fue delatada a las autoridades la conspiración de la Casa de Misericordia (por el sector donde se reunían los conjurados), pero el Gobernador y Capitán General Vicente de Emparan y Orbe se limitó a confinar en sus haciendas a varios de los que aparecían complicados, entre éstos los hermanos Juan Vicente y Simón Bolívar. El día 7 Emparan dio un manifiesto en el cual intentaba desvanecer las  “… especies muy funestas sobre la suerte de la Metrópoli…” que corrían en Caracas, afirmando que no había pasado nada, aunque reconocía que desde hace 2 meses no había recibido ninguna noticia de España”. (Diccionario de Historia de Venezuela, 1997, Tomo 3, 909).

Vicente Basadre, Intendente de Ejército y Real Hacienda, comenta así los acontecimientos en carta dirigida a sus superiores en España:

“En primero de abril , me declaró – Emparan – que aquella noche habíamos escapado milagrosamente, él, yo, su asesor, y subinspector de Artillería, respecto a que, tenían resuelto asesinarnos aquella noche, una porción de jóvenes libertinos, y muchos militares criollos; lo que no se verificó por los accidentes imprevistos que ocurren a los malvados. Inmediatamente se propuso Emparan separar de Caracas varios jóvenes militares criollos, y creo, también había un europeo, destinándolos a Margarita, Cumaná, Guayana, Barinas, y Puerto Cabello…”

  1. La Conjuración de los Mantuanos

En 1808, el 14 de julio, arribó a La Guaira el bergantín Serpent al mando de Paul de Lamanon, quien tenía como cometido – por instrucciones de Víctor Hugues desde la Guayana Francesa –  informar a las autoridades de Caracas de los acontecimientos acaecidos en España, por los que José Bonaparte, el hermano de Napoleón – el célebre Pepe Botella – había sido  designado como nuevo Rey de España. El 15, Lamanon arriba a Caracas para entrevistarse con el Gobernador Casas sin resultados positivos, siendo además apresado a su regreso a La Guaira por los ingleses, quienes, bajo el mando de Beaver, habían anclado en la fragata Acasta en La Guaira para informar a Casas que, contrario a lo sostenido por Lamanon, el pueblo español se había levantado en armas contra Napoleón, que los franceses eran usurpadores, que se había constituido en Sevilla una Junta de Gobierno legítima, y que Inglaterra apoyaba a España en la lucha contra el enemigo común: los franceses.

El propio Lamanon escribe al Ministro Imperial de Marina y de las Colonias de Francia, dándole un exhaustivo parte de lo acontecido en Venezuela:

“Llegamos a Caracas el 15. Entrego los despachos: hablo con los jefes, sobre los acontecimientos de Europa, etc. Estalla un motín; voy nuevamente a ver al capitán general y le incito a proclamar sin demora rey de España  a Su Majestad José Napoleón y a dispersar los grupos; él convoca la junta; pido que se me admita; negado. Una fragata inglesa aparece en la costa. Pido que se aleje: ninguna contestación, El pueblo está en plena revuelta: más de diez mil sediciosos corren por las calles, El gobernador me excita a no presentarme ante la Junta (…) La Junta se separa: uno de sus miembros y el señor Casas hijo vienen a decirme que el capitán general desea verme; nos ponen unos capotes para librarnos del pueblo: salimos en uniforme. Nos dice que el pueblo rodea su palacio, que no es dueño de la situación y que es necesario que yo parta. Le pido respuesta a los despachos que le he remitido: negado”.

El motín a que se refiere Lamanon, es reseñado así por Guillermo Morón:

“El motín ocurrido el 15 de julio se debió a la presencia del enviado francés. Caraqueños distinguidos se impacientaron y a la cabeza de la muchedumbre pedían la expulsión del francés y la proclamación y fidelidad a Fernando VII. Hubo gritos frente al Ayuntamiento, los franceses se marcharon con escolta hasta La Guaira. Casas paseó el retrato de Fernando  por las calles y se profirieron vivas y mueras. Pero en el fondo estaba presente el fervor revolucionario, que se cuidaba como novedad política en las casas de algunos criollos de rango social elevado, como los Bolívar en cuya cuadra se celebraban reuniones. El movimiento popular estuvo visiblemente encabezado por Manuel de Matos y Monserrate, capitán del Ejército, retirado; Diego de Melo y Muñoz, teniente, y el Capitán de Nobles Ignacio Suárez Manrique de Lara. Los tres fueron encarcelados el 27, pues hubo denuncia de que para ese día estallaría una revuelta contra las autoridades constituidas. Los tres encarcelados fueron sometidos a proceso y puestos en libertad después de algunos meses”. (Morón,  1971,  Tomo 5, 123).

Pero la relativa y muy precaria tranquilidad política no duró mucho en la ciudad de los techos rojos.  En noviembre, un grupo de cuarenta y cinco mantuanos, lo más granado de los criollos, firma un documento dirigido al gobernador Casas con el fin de solicitar la pronta creación de una Junta que ejerciera el gobierno provincial. Las reacciones no se hicieron esperar; al poco tiempo  comparecieron a una reunión con Casas representantes de los cuerpos de milicias de pardos de Caracas, los valles de Aragua y Valencia, quienes manifestaron su lealtad al Gobierno, protestando contra el proyecto de establecer una Junta, que según ellos podía estar orientada hacia la independencia, la cual rechazaban al tiempo que ofrecían sus vidas en defensa de «Fernando VII y su sabio Gobierno de Caracas». Tras la llegada de los cuerpos de milicias de pardos, empezaron a efectuarse en esa misma noche los arrestos de los firmantes, algunos de los cuales quedaron en prisión, mientras otros eran confinados a en sus haciendas u otros lugares fuera de la capital y otros eran liberados tiempo después. De esta manera se puso fin la conspiración. Antonio Fernández de León, el líder del movimiento es hecho preso y enviado a España.

Con el fin de crear una ilusión de armonía, el 18 de febrero de 1809 se indultó a algunos de los suscritores del documento. A 8 de los conjurados se les siguió causa: al marqués del Toro, a José Félix Ribas, José Tovar Ponte, Pedro Palacios Blanco, Mariano Montilla, Juan Nepomuceno Ribas, Nicolás Anzola y Luis López Méndez, sin embargo, el 4 de mayo de 1809 la causa les fue sobreseída por parte de los fiscales Francisco Espejo y Francisco Berrío, quedando finalmente en libertad.

Inés Quintero, luego de un largo análisis sobre los hechos y actores del lance, subraya la intencionalidad fundamental del movimiento, al que no considera ni conjura ni tampoco mantuano:

“Tenemos entonces, que la propuesta de constituir una junta de gobierno en noviembre de 1808, más que un acto conspirativo de los mantuanos, fue un hecho cuyo objetivo era, ni más ni menos, dejar sentado y por escrito la disposición de los vecinos principales de la provincia de defender al legítimo Rey de España, Fernando VII; contra la usurpación napoleónica, tal como lo habían hecho las provincias de España y  como lo intentaron hacer los notables y patricios de las capitales provinciales en ultramar”. (Quintero, 2002, 220).

  1. Las Cartas de Miranda

William Spence Robertson, el biógrafo por antonomasia de Miranda, recuerda que en virtud de los acontecimientos acontecidos en España en ocasión del entronamiento de José Bonaparte, Pepe Botella, como Rey de España, y de su repercusión en la América española, y en especial, en Venezuela:

“El 20 de julio de 1808, Miranda había enviado una significativa carta al Marqués de Toro y al Cabildo de Caracas. En ella mantenía que las circunstancias existentes eran “las más criticas y peligrosas” para las Indias españolas. El resultado más probable de la conquista de España por Francia, declaraba, sería someter al “Continente Colombiano” a los mismos infortunios que la península ibérica. En consecuencia instaba a que el Cabildo de Caracas asumiera el gobierno de la Provincia y enviara agentes a Londres para negociar directamente con los ministros ingleses acerca del destino del Nuevo Mundo. Aseguraba que los intereses de las juntas españolas eran incompatibles con los “intereses y autoridad” de las provincias hispanoamericanas y pedía al cabildo que enviara copias de su carta a Bogotá y Quito”. (Robertson, 1982, 279).

Meza Dorta, por su parte, expresa:

“De suma trascendencia para el acontecer emancipador de Latinoamérica, es la carta que Miranda escribe al Marqués del Toro y al cabildo de Caracas el 20 de julio de 1808. En virtud del desorden acontecido en España en ocasión de la abdicación del rey y los sucesos complementarios, Miranda recomienda: <<En esta suposición, suplico a usted muy de veras, que reuniéndose en un cuerpo municipal representativo, tomen a su cargo el gobierno de esta provincia: y que enviando sin dilación a esta capital personas autorizadas y capaces de manejar asuntos de tanta entidad, veamos con este gobierno lo que convenga hacerse para ala seguridad y suerte futura del Nuevo Mundo (…) Sírvanse ustedes igualmente (si lo juzgan conveniente) enviar copias se este aviso a las demás provincias limítrofes (Santa Fe y Quito) a fin de que haciendo el debido  uso, marchemos unánimes al mismo punto, pues con la desunión solamente correrá riesgo a mi parecer, nuestra salvación e independencia>> (…) Pues bien, paso por paso se cumplieron las sugerencias del general: el 19 de abril de 1810 el cabido asumió el gobierno en defecto de la capitanía general; Andrés Bello, Luis López Méndez y Simón Bolívar salieron a Londres, y la Junta de gobierno se dirigió a los cabildos de la región con el objeto de colaboración y apoyo”. (Meza Dorta, 2007, 43 y 44).

En efecto, Miranda, con gran sentido geopolítico, ya había estudiado las repercusiones de los acontecimientos acaecidos en Bayona y la potencialidad que tenían para lograr convulsionar el estatus político y administrativo del Nuevo Mundo y encaminarlo hacia la deseada independencia del Imperio español. La breve pero trascendente carta rezaba así:

“Al  Marqués del Toro

Londres, julio 20, 1808

Señor Marqués:

Permítame V.S. que por su mano dirija ésta al Cabildo y Ayuntamiento de esa ilustre Capital y Patria nuestra en circunstancias las más críticas y peligrosas que hayan ocurrido jamás para la América, desde el establecimiento de nuestros antepasados en ella.

La España, ahora sin soberano, y en manos de diversas parcialidades, que reunidas unas a los franceses, y otras a la Inglaterra, procuran por medio de una Guerra Civil sacar al partido que más convenga a sus vistas particulares, es natural que procure atraernos cada cual a su partido; para que envueltos también nosotros en una disensión general, sus riesgos sean menores y en caso de ser subyugados por la Francia (que es el resultado más probable, aunque menos deseable) transferir al Continente Colombiano las mismas calamidades, que por su falta de prudencia, o sobra de mala conducta, han traído sobre la desgraciada, opresora y corrompida España.

En esta suposición, suplico a V. S. muy de veras, que reuniéndose en un cuerpo municipal representativo, tomen a su cargo el gobierno de esa Provincia, y que enviando sin dilación a esta capital personas autorizadas, y capaces de manejar asuntos de tanta entidad, veamos con este gobierno lo que convenga hacerse para la seguridad y suerte futura del Nuevo Mundo; de ningún modo conviene se precipiten V. S. por consejo de partes interesadas, en resoluciones hostiles, o alianzas ofensivas que puedan traer tratos tan funestos para nuestra Patria, como los señores españoles han traído sobre la mía; sin habernos siquiera consultado ni ofrecido la menor ventaja en sus proyectos vanos e insensatos con las demás potencias de Europa. Lo cierto es, que las vistas o intereses de las Juntas actuales de Oviedo, Sevilla, Madrid, etc., tienen muy poca compatibilidad con los intereses y autoridades de nuestras Provincias en América.

Sírvanse Vss. Igualmente (si lo juzgan conveniente) enviar copia de este aviso a las demás provincias limítrofes (Santa Fe y Quito) a fin de que haciendo el debido uso marchemos unánimes al mismo punto; pues con la desunión correría riesgo a mi parecer, nuestra Salvación, e Independencia.

De Vss. su más afecto paisano y humilde servidor.

  1. S. M. B.

Francisco de Miranda”

Posteriormente, el 6 de octubre de 1808, Miranda, con énfasis otra vez en el estratega, dirigió otra importante carta al Marqués de Toro y al Cabildo de Caracas; Robertson sintetiza de nuevo el mensaje:

<<En esta comunicación expresaba el grave temor de que pronto se precipitara un conflicto entre los funcionarios peninsulares y los habitantes de las colonias españolas. Argumentaba que, a causa de un sistema representativo, los patriotas españoles se habían visto obligados a formar un sistema imperfecto de gobierno y que, por consiguiente, apenas tenían tiempo para concertar un plan de defensa y una organización general antes de que su país fuera dominado por las tropas francesas. A fin de que sus compatriotas pudieran estar preparados para los cambios inminentes, adjuntaba planes de gobierno para la América española liberada. Estos eran los proyectos sometidos al gobierno inglés en mayo de 1801, que había modificado ligeramente. Miranda aprovechó la ocasión para censurar  acerbamente la administración de Vasconcelos, capitán general de Venezuela. Imploraba a sus compatriotas que siguieran el ejemplo dado por los patriotas españoles al reformar el sistema de gobierno y  reclamar sus “libertades e independencia”>>. (Robertson, 1982, 280).

De esta forma, el siempre incomprendido y vilipendiado Precursor de la Independencia Venezolana continuó realizando su labor en bien de la libertad de la América Española, esta vez, como terco propagandista, se valió del genero epistolar para difundir sus machacadas ideas acerca de las acciones requeridas para construir su ansiada Columbeia.

  1. Los alzamientos contra la Compañía Guipuzcoana

En septiembre de 1728 con el fin de mejorar las condiciones económicas de la Provincia de Venezuela, se crea la Compañía Guipuzcoana a la que se le encarga todo el comercio de Venezuela. En la Real Cédula que autoriza su creación se lee:

“Por cuanto para remediar la escasez de cacao, que se experimentaba en estos mis reinos, ocasionada de la tibieza de mis vasallos en aplicarse al tráfico de este género con las Provincias de la América, que lo producen, por causa de ser excesivos los derechos que estaban impuestos en él y facilitar al común de España el alivio, de que  sin pender del arbitrio de extranjeros, que indebida, y fraudulentamente le desfrutaban, y por cuya mano se compraba el cacao en ella, le lograse por la de los comerciantes españoles, interesándose al mismo tiempo mi Real Hacienda en los derechos Reales, que por la decadencia de este tráfico dejaba de percibir: Resolví por despachos de veinte de septiembre, y primero de octubre del año pasado de mil setecientos y veinte, entre otras providencias, la de moderar la contribución de los derechos Reales en el cacao, que por mano de españoles mis vasallos viniese a España, y relevar a los navíos de Registro, que fuesen por este género, de la paga del derecho de toneladas, con otras equidades y providencias, que pareció podrían conducir al alivio de los comerciantes mis vasallos, y a estimularlos para ir con Registros a las provincias de Caracas, Maracaibo, Cumaná, la Margarita, Trinidad de la Guayana, y otras de aquellos mis dominios, donde se coge el fruto de cacao, y conducirlo a estos reinos. Y no habiendo producido esas disposiciones, ni la del asiento hecho posteriormente por Don Alonso Ruiz Colorado, y Don Juan Francisco Melero, resulta alguna favorable de las premeditadas entonces, y continuándose actualmente, además de los considerables menoscabos de mis intereses reales, el perjuicio universal de mis vasallos, por el exorbitante precio a que en el reino se compra el cacao por mano de extranjeros, a cuyo daño se sigue el de la remota esperanza de pronto remedio para lo sucesivo, por no haber al presente Registro alguno del comercio de Cádiz en Caracas, que a su vuelta facilitase algún alivio a la escasez de este género, tan costosa al reino, en donde, según estoy informado, ha sido muy limitada la porción de cacao, que por mano del comercio español ha venido de Caracas  en el dilatado tiempo de los veinte y tres años últimos, y por esta razón han sido más excesivos los fraudes, y desórdenes de comercios ilícitos, que todavía subsisten en aquella provincia, con la frecuencia de embarcaciones extranjeras, que infestan sus Costas. Y habiendo en este estado ocurrido la provincia de Guipúzcoa, ofreciendo concurrir por su parte a obviar los graves daños. y perjuicios expresados, con utilidad de mi Real Hacienda, y del común de mis vasallos de todo el reino, con tal, que yo fuese servido concederla permiso de navegar con Registro a Caracas dos navíos al año, de cuarenta  a cincuenta cañones, armados en guerra y bien tripulados, a su costa, con varias calidades y la de corsear en aquellas costas: tuve por bien mandar, que ella proposición se examinase con atenta reflexión por ministros míos, y personas inteligentes en el asunto, y circunstancias que comprehende. Y enterado de lo que en su consecuencia me han representado difusamente, he venido en conceder a la referida Provincia de Guipúzcoa el permiso expresado”.

El Rey Felipe V le otorga ciertos privilegios especiales a la Cuipuzcoana con el fin de garantizar sus objetivos, tales como la exención del pago de muchos derechos, la potestad de cargar toda clase de mercancías con destino a La Guaira o Puerto Cabello, aun cuando sus barcos podían atracar en cualquier otro puerto con la obligación de ser atendidos.

A cambio del monopolio comercial concedido, la Compañía tenía también obligaciones que cumplir, entre las que destacaban: despachar dos buques cada año a Venezuela, equipados con cañones; vigilar las costas para evitar la presencia de contrabandistas y perseguir piratas en el mar entre la boca del Orinoco y el Río de la Hacha, así como sofocar el contrabando en el interior del país.

Por supuesto que estos privilegios monopólicos no podían ser del agrado de los hacendados y comerciantes venezolanos, lo que despertó recelos y suscitó diversa resistencia desde la misma llegada de la Compañía al país. Sobre el particular, Guillermo Morón comenta:

“La protección oficial dada a la Guipuzcoana puso prácticamente en manos de ésta los poderes públicos de la Provincia; el gobernador estaba unido a ella y sin duda muchos otros empleados, además de una parte de los cabildantes. Su presencia fue amenazadora en dos sentidos: político, en cuanto disponía de resortes oficiales, y económico, como monopolizadora del comercio.” (Morón, 1971, Tomo 4, 572).

La resistencia a la actividad de la Compañía se manifestó incluso con las armas. En efecto, en 1730 se registra el primero de los alzamientos armados por parte del zambo Andresote – Andrés López del Rosario – , quien logró organizar y encabezar una muy importante banda de contrabandistas, cuya actividad alcanzó proporciones alarmantes en Nirgua y San Felipe, así como en Barquisimeto, Valencia y Puerto Cabello. Protegido abiertamente por los agricultores y cosecheros de la zona y más disimuladamente por las autoridades locales, Andresote, que también salvaguardaba a los esclavos cimarrones de los castigos de sus amos, fue adquiriendo una notoriedad y un prestigio de caudillo que le ameritó ser acusado además de contrabandista, de levantado contra el Rey, de salteador, asesino y traidor. Andresote dio franca pelea a las fuerzas del Rey, aunque no sucumbió en batalla sino en Curazao a donde huyó y se refugió hasta su muerte. Muchos de sus seguidores huyeron con él, otros continuaron empuñando las armas hasta que unos fueron vilmente aniquilados, otros se entregaron, y el resto de los alzados acompañó al Padre Pons hacia el Orinoco, unos huyeron, y otros disfrutaron finalmente de una vida tranquila.

Carlos Felice Cardot señala, sin embargo, que:

“Este movimiento de Andresote no puede considerarse como de tipo independentista, pero sirvió, como tantos otros ocurridos en Venezuela, para establecer vínculos de solidaridad entre sus habitantes y demostrar que era posible enfrentarse a las autoridades enviadas de España”. (Diccionario de Historia de Venezuela, 1997, Tomo 3, 820).

Andresote y sus seguidores no fueron los únicos en alzarse en armas contra la todopoderosa Compañía monopólica, que ya venía acumulando reclamos y expedientes a lo ancho del territorio que le fue asignado.  Juan Francisco de León fue otro de los alzados que jugó un papel importante en la lenta demolición del poder de la Compañía. Eduardo Casanova en su libro inédito En los días de Miranda, recuerda que León:

“En Caracas se estableció en el barrio canario de La Candelaria, justo frente a la iglesia, plaza de por medio, con su esposa, también canaria, llamada Lucía García. Allí tendrían, que se sepa, catorce hijos. Y desde allí partió hacia Barlovento, zona cálida y feraz en donde se dedicó a sembrar y cosechar cacao, y en donde, junto con Juan Rodríguez Camejo, Cristóbal Izquierdo y Diego Núñez de Aguiar se convirtió en fundador de una población llamada Panaquire. León, que llegó a Venezuela analfabeto, aprendió a firmar, y posiblemente a leer y escribir, en la Tierra de Gracia, y don Gabriel de Zuloaga, el gobernador y capitán general vasco de Venezuela, en tiempos en que la Compañía Guipuzcoana se había convertido en monopolizadora del comercio exterior de Venezuela, lo nombró, ya en 1744, Comisario de la jurisdicción real del valle de Panaquire, con facultades de juez, por lo que se estableció definitivamente en Barlovento y emprendió acciones destinadas a poblar la zona en la región de El Guapo. Y todo habría sido estupendo, a no ser porque la famosa Guipuzcoana, representada en Caracas por Juan Manuel Goyzueta, decidió intervenir, y haciendo valer sus influencias ante el nuevo gobernador y capitán general, Luis Francisco Castellanos, nombró al vasco Juan Martín Echeverría cabo de guerra y teniente de justicia de Panaquire, con lo cual quedaba destituido el canario Juan Francisco de León.  Eso fue en marzo de 1749 y, sencillamente, se armó la grande. Jamás se imaginaron los vascos de la Guipuzcoana que aquel acto los sacaría de Venezuela, ni mucho menos que, a la larga, terminaría sacando también al gobierno español del continente americano”.

León no aceptó su remoción, se amotinó y al mando de unos 800 pobladores de la región barloventeña, marchó sobre Caracas; desde Chacao expuso por escrito las razones de su conducta y las demandas para declinar su rebelión, a saber:

“El intento directo es la destrucción total de la Compañía Guipuzcoana; se entiende no solamente privar de las mercaderías o factorías de la gente vizcaína, sino también el que no ejerzan éstos los empleos de teniente o ministros de justicia que actualmente ejercen, no tan solamente con privación sino que en toda la provincia no ha de quedar de esta raza persona alguna que todas se han de embarcar en el primer bajel o nao que se hallare en la bahía, y en defecto, se aprontará, a costa de dicha gente vizcaína, nao para el asunto”.

León llegó a Caracas y reiteró sus peticiones ante el Gobernador Castellanos, quien aceptó hacer lo que se le exigía. Sin embargo, Castellanos no honró su palabra y se desplazó al puerto de La Guaira para fingir que cumplía con lo acordado; León, enfurecido ante la actitud de Castellanos,  por segunda vez se dirigió a La Guaira al mando de 8000 hombres para exigir el cumplimiento de lo convenido. Luego de largas gestiones judiciales, de la llegada de un nuevo gobernador y de un indulto general, León persiste en su empeño de destruir la Compañía, lo que se tradujo en 1751 en violentos enfrentamientos entre las milicias populares de León y el ejército español al mando del nuevo gobernador Felipe Ricardos, quien se había plegado a los intereses de la Compañía. León fue derrotado, se le ofreció un perdón que no se cumplió, fue enviado a España en calidad de reo y a participar luego en las guerras de África.

Como bien lo asevera Guillermo Morón:

“La insurrección de Juan Francisco León no estaba dirigida, como tampoco estuvo la de Andresote, a cambiar el orden político; no era un movimiento contra el Rey y sus representantes, sino contra la Compañía (…) Aunque sofocados los movimientos de Andresote y León los criollos, tanto ricos hacendados como  artesanos y pequeños cosecheros siguieron haciendo frente a la Compañía hasta su extinción”. (Morón, 1971, Tomo 4, 575 y 578).

  1. Antecedentes políticos e ideológicos de la Revolución de Caracas de 1810[20]

En el último cuarto del siglo XVIII se sucedieron en el mundo dos acontecimientos que iban a transformar radicalmente el orden político constitucional imperante, los cuales se desarrollaron con muy pocos años de diferencia entre uno y otro, pues fueron sólo 13 años los que separaron la Revolución Norteamericana en 1776, de la Revolución Francesa de 1789.

 

Esas dos revoluciones, que trastocaron el constitucionalismo de la época, junto con la Revolución hispanoamericana (1810), iniciada en Venezuela veintiún (21) años después de la última, sin duda, desde el punto de vista político, pueden considerarse como los acontecimientos más importantes del mundo moderno, los cuales tuvieron una enorme importancia para Venezuela, ya que fue nuestro país, a comienzos del siglo XIX, el primero del mundo en recibir la influencia de los mismos y de sus consecuencias constitucionales; influencia que recibimos, precisamente cuando los próceres de la Independencia se encontraban en la tarea de elaborar las bases de un nuevo sistema jurídico–estatal para un nuevo Estado independiente, segundo en su género después de los Estados Unidos de Norte América, en la historia política del mundo moderno.

 

Venezuela, por tanto, formuló sus instituciones bajo la influencia directa y los aportes al constitucionalismo de aquellas dos revoluciones[21], aun antes de que se operaran cambios constitucionales en España, lo que se configura como un hecho único en América Latina. Al contrario, la mayoría de las antiguas Colonias españolas que logran su independencia después de 1811 y, sobre todo, entre 1820 y 1830, recibieron las influencias del naciente constitucionalismo español plasmado en la Constitución de Cádiz de 1812 que, insistimos, no pudo suceder en el caso de Venezuela al formarse el Estado independiente, donde puede decirse que se construye un Estado moderno, con un régimen constitucional moderno, mucho antes que el propio Estado español moderno.[22]

 

  1. La Revolución Norteamericana y la Declaración de Derechos de Virginia (1776)

La Declaración de Derechos o Bill of Rights de Virginia[23] fue aprobada el 12 de junio de 1776 por los representantes del pueblo de Virginia, constituyendo la primera de las declaraciones formales de derechos individuales en el constitucionalismo moderno.

 

Junto con las Declaraciones de las otras Colonias Americanas, diferían de los precedentes ingleses (Magna Carta, 1215; Habeas Corpus Act, 1679; Bill of Rights, 1689)[24], básicamente porque al declarar y establecer los derechos, no hacían referencia a éstos como basados en el common law o la tradición, sino a derechos derivados de la naturaleza humana y de la razón (ratio). Por ello, los derechos declarados en la Declaración de Derechos hecha por los “representantes del buen pueblo de Virginia” de 1776, eran derechos naturales que “pertenecen a ellos y a su posteridad, como la base y fundamento del Gobierno”. En la base de su formulación, sin duda, están las doctrinas políticas imperantes en la época de J. Locke, Montesquieu y J. J. Rousseau, que se basaban en el análisis de la situación natural del hombre y el logro del pacto o contrato social para establecer una soberanía como mecanismo para la protección de la libertad.

 

Esta fue la base para la subsiguiente exaltación del individualismo y de la consagración de derechos, incluso no sólo de los ciudadanos de un Estado, sino además del Hombre, con la consecuente construcción del liberalismo político y económico.

 

Estas ideas se pusieron en práctica en las Colonias Norteamericanas, con las Declaraciones de independencia respecto de Inglaterra (1776), constituyendo cada una de ellas un Estado, con su propia Constitución. Las Declaraciones de Derechos, entonces pueden considerarse como el producto más inmediato de la Revolución Norteamericana[25], entre ellas, el Bill of Rights y la Constitution or From of Goverment of Virginia adoptados, respectivamente, el 12 y el 29 de junio de 1776.

 

En particular, en el breve Preámbulo de la Declaración de Derechos de Virginia se establece claramente la relación entre los derechos naturales y el Gobierno, donde se observa la clara influencia de las teorías de Locke en el sentido de que la sociedad política se forma teniendo como base esos derechos, los cuales son el fundamento del gobierno. Ello, además, deriva claramente de las tres primeras secciones de la Declaración, que disponían:

 

“Sección 1. Que todos los hombres son por naturaleza igualmente libres e independientes y tienen ciertos derechos innatos, de los cuales, cuando entran en estado de sociedad, no pueden, por ningún pacto privar o desposeer a su posterioridad; a saber, el goce de la vida y de la libertad, con los medios para adquirir y poseer la propiedad, y buscar y conseguir la felicidad y la seguridad.

Sección 2. Que todo poder está investido en el pueblo y consecuentemente deriva de él, que los magistrados son sus mandatarios y servidores y en todo momento responsables ante él.

Sección 3. Que el gobierno se instituye, o debería serlo, para el provecho, protección, y seguridad comunes del pueblo, nación, o comunidad; que de todos los varios modos o formas de gobierno, es el mejor aquél que es capaz de producir el mayor grado de felicidad y de seguridad y está más eficazmente asegurado contra el peligro de mala administración; y que, cuando un gobierno resulta inadecuado o contrario a estos principios, una mayoría de la comunidad tiene el derecho indiscutible, inalienable e irrevocable de reformarlo, modificarlo o abolirlo, en la forma que se juzgue más conveniente al bienestar público”.

Adicionalmente, la Sección 4 estableció la prohibición de los privilegios, y la Sección 5 prescribió la separación de poderes y la condición temporal de los cargos públicos, así:

 

“Sección 5. Que los poderes legislativos y ejecutivo del Estado deben estar separados y ser distintos del judicial; y que los miembros de los dos primeros, (porque) deben ser alejados (de la tentación) de la opresión, sintiendo las cargas del pueblo y participando de ellas, deberán, en períodos–prefijados, ser reducidos a la condición privada y retornar al cuerpo social, del que procedían originariamente, y las vacantes deberán ser cubiertas por elecciones frecuentes, ciertas y regulares, en las que todos, o una parte, de los antiguos miembros podrán ser de nuevo elegibles, o inelegibles, según lo dispongan las leyes”.

De este texto, resulta clara tanto la teoría del contrato o pacto social, basado en la existencia de derechos inherentes al hombre e inalienables, así como la base democrática del gobierno, como la mejor y más justa forma del mismo, lo que conlleva a la representación democrática mediante elecciones libres (Sección 7ª) y al derecho de resistencia, producto, asimismo del pacto social. Las otras once secciones se dedican a regular algunos derechos fundamentales, entre los cuales se destacan, el derecho a juicios rápidos, con las debidas garantías; el derecho a no ser condenado a penas excesivas o crueles o a castigos inusuales; y la libertad de prensa.

 

Estas Declaraciones, sin duda, marcaron el inicio de la era democrática y liberal del Estado de Derecho Moderno, y aún la cuando la Constitución de los Estados Unidos de América, del 17 de septiembre de 1787, no contuvo una declaración de derechos fundamentales, puede decirse que dicha declaración de derechos constituye una de las principales características del constitucionalismo americano, la cual influenció todo el derecho constitucional moderno[26]. En particular, aparte de haber influenciado la redacción de la propia Declaración francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, el texto de la Declaración de Virginia, fue un antecedente importante en la elaboración de la Declaración de derechos que contiene la Constitución de Venezuela de 1811.

 

  1. La Revolución Francesa y la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano (1789)

El antiguo régimen que precedió a la Revolución francesa, como sistema político–social, estaba montado sobre una estructura estamental, conforme a la cual la sociedad feudal estaba estratificada en estados u órdenes. La sociedad, así, estaba naturalmente estructurada en un orden jerárquico de estamentos o estados con status desigual, derivado esencialmente del principio hereditario de nacimiento. En la cúspide de la estructura socio–política estaba el Monarca, y el resto de los hombres tenía condicionada su situación en la sociedad según su pertenencia a un estamento, orden o estado[27]. La Revolución francesa fue precisamente el acontecimiento político que trastocó la estratificación del Antiguo Régimen, proclamando, al contrario, la igualdad, lo que implicó que frente a los antiguos derechos estamentales, se declararon como base de la sociedad, los derechos naturales que el hombre tiene por igual.

 

Este principio de la igualdad, a pesar de que sólo fuera la burguesía la que lo disfrutase efectivamente, trastocó completamente el sistema político que estaba basado en el principio de la unidad del poder en torno al Monarca absoluto. Pero debe tenerse en cuenta que el debilitamiento del poder del Monarca y la apertura a la limitación del mismo, fue producto del propio Rey, de sus conflictos con los Parlements, y de la convocatoria a los Estados Generales.

 

En efecto, el inicio de la revolución política en Francia a finales del siglo XVIII puede decirse que lo provocó el propio Rey Luis XVI al convocar, en 1788, los Estados Generales, con lo que puso fin al gobierno absoluto, al aceptar, al contrario, compartir el Gobierno y el Poder con un cuerpo de representantes electos en los diversos estamentos que asumió el poder legislativo, el cual, hasta ese momento, lo ejercía el Monarca.

 

La situación del Poder en Francia antes de la Revolución, habiendo desaparecido las grandes asambleas políticas desde 1628, estaba casi totalmente en manos del Monarca, quien gobernaba y legislaba, siendo la justicia impartida por altos tribunales de justicia, denominados Parlements. A éstos, además, el Monarca sometía las leyes antes de ser promulgadas, para que le fueran formuladas sus objeciones y pareceres. En esta forma, los órganos del poder judicial ejercían parte del poder legislativo (control), lo que Alexis De Tocqueville explicó como un producto de las costumbres generales de la época, donde no se concebía un poder absoluto total cuya obediencia al menos no pudiera discutirse. Explicaba De Tocqueville la situación así:

“Antes de su ejecución, el edicto (del Rey) era, pues, llevado al Parlament. Los agentes del Rey exponían sus principios y ventajas; los magistrados los discutían; todo públicamente y en voz alta con la virilidad que caracterizaba a aquellas instituciones medievales. A menudo ocurría que el Parlament enviase repetidamente al Rey, disputada para rogarle modificar o retirar su edicto. A veces, el Rey acudía en persona, y permitía debatir con vivacidad, con violencia, su propia ley ante sí mismo. Pero cuando al fin expresaba su voluntad, todo volvía al silencio y a la obediencia; porque los magistrados reconocían que no eran más que los primeros funcionarios del príncipe y sus representantes, encargados de ilustrarle y no de coartarle”[28].

En 1787 estos mismos principios continuaban en aplicación, pero con un cambio en cuanto al tema del debate y la naturaleza de los argumentos: el Parlement de París comenzó a pedir piezas justificativas en apoyo de los edictos que proponían reformas impositivas, particularmente, las cuentas de la hacienda, a lo que el Rey se negó, lo que significaba una negativa a compartir con los tribunales de justicia el poder legislativo. La respuesta del Parlement fue que “sólo la Nación tenía derecho a conocer nuevos impuestos y pidió que fuera reunida”[29].

 

No por azar Condorcet escribía en 1788, en su libro Influencia de la Revolución de América sobre Europa, que uno de los derechos del hombre era, precisamente, “el derecho a contribuir, sea inmediatamente, sea por representación, a sancionar estas leyes y a todos los actos consumados en nombre de la sociedad”[30].

 

En todo caso, en la lucha entre el Rey y el Parlement de París, en 1787 hubo una tregua, al haber un entendimiento entre ambos en cuanto a la promulgación del edicto que creó las Asambleas provinciales electivas, lo que, como lo afirmó De Tocqueville, significó una “extraña y total revolución del gobierno y de la sociedad”, pues el establecimiento de estas Asambleas provinciales “completaba la total destrucción del viejo sistema político europeo. Sustituía de golpe lo que restaba de feudalismo por la república democrática, la aristocracia por la democracia, la realeza por la República”[31]. En todo caso, la confrontación entre el Rey y el Parlament, particularmente por el rechazo de las medidas relativas a los impuestos y empréstitos, amenazaban con paralizar la Administración. Francia, entre otros aspectos, había quedado endeudada por el financiamiento que había prestado a la Revolución norteamericana, y la Administración requería de mayores ingresos. El Rey presionó llegando incluso a desterrar al Parlement de París en pleno. La situación, en todo caso, se agravó, pues en Francia existían trece Parlements que tenían su sede en cada una de las trece Provincias judiciales, y si bien en general, éstos sólo discutían los asuntos que concernían a las respectivas Provincias, en 1787 actuaron al unísono, negándose a registrar los nuevos impuestos atentatorios al derecho de propiedad, y pidieron la convocatoria de los Estados Generales. Por ello De Tocqueville afirmó que “la unión de los Parlements no sólo fue el arma de la Revolución, sino su señal”[32], calificando la situación como la de una “sedición judicial, más peligrosa para el gobierno que cualquier otra”[33].

 

En esta situación, la nobleza, que había apoyado a la oligarquía judicial que controlaba los Parlements, fue humillada, entrando en lucha común contra el poder absoluto del Rey, al igual que el clero. La burguesía esperaría, y sólo asumiría el papel principal, al dominar los Estados Generales. El pueblo con frecuencia se amotinó siendo el primer motín sangriento de la Revolución, el conocido como la journée des tuiles, en Grenoble, el 7 de junio de 1788, con motivo del destierro del Parlement. En Grenoble también se produjo otro hecho que precipitó la crisis; se reunieron espontáneamente nobles, eclesiásticos y burgueses, convocando unos Estados Provinciales en el Delfinado a reunirse en el Castillo de Vizille para “dar al desorden un tono regular.”[34]

 

Según De Tocqueville “fue la última vez que un hecho ocurrido fuera de París ejercería marcada influencia sobre el destino general del país[35].

 

En todo caso, el gobierno temió que el hecho fuese imitado en todas partes, por lo que Luis XVI despidió a sus ministros, abolió o suspendió los edictos, y convocó de nuevo a los Parlements. Estos, reasumieron sus funciones, castigaron a quienes habían osado reemplazarlos y persiguieron a quienes habían obedecido a éstos.

 

Los Parlements, sin embargo, “cuando se creían los dueños, descubrieron de pronto que ya no eran nada”[36]; como lo afirmó De Tocqueville “su popularidad no tardó más tiempo en esfumarse de lo que se empleaba, en 1788, para llegar cómodamente desde las costas de Bretaña a París”[37]. Particularmente, la caída fue súbita y terrible para el Parlement de París, institución de la cual se vengó desdeñosamente el Poder real.

 

En efecto, el Parlement de París había pedido que los Estados Generales a constituirse, se establecieran como en 1614, esto es, que cada orden o estamento tuviera una representación igual y votara separadamente, lo que le hizo perder su reputación de portavoz de las libertades.

 

Las reacciones panfletarias contra el Parlement de París, signaron la reacción del Tercer Estado, y el propio Rey respondió a la propuesta del Parlement de la siguiente manera:

 

“Nada tengo que responder a mi Parlament sobre sus súplicas. Es con la nación reunida con quien concretaré las disposiciones apropiadas para consolidar para siempre el orden público y la prosperidad del Estado”[38].

Con ello, puede decirse, el propio Rey consumó la Revolución, al renunciar al gobierno absoluto y aceptar compartirlo con los Estados Generales, que se reunirían en mayo de 1789. Así, el Rey había firmado su condena.

 

En cuanto a los Parlements, De Tocqueville resumió su suerte así:

“Una vez vencido definitivamente el poder absoluto y cuando la nación no necesitó ya un campeón para defender sus derechos, el Parlement volvió de pronto a ser lo que antes era: una vieja institución deformada y desacreditada, legado de la Edad Media; y al momento volvió a ocupar su antiguo sitio en los odios públicos. Para destruirlo, al Rey le había bastado con dejarle triunfar”[39].

Los estados u órdenes habían estado juntos en el proceso antes descrito, pero vencido el Rey y convocados los Estados Generales, la lucha por el dominio de los mismos entre las clases comenzó, y con ello empezó a surgir la verdadera figura de la Revolución.

 

Los Estados Generales no se habían reunido en Francia desde hacía 165 años (los últimos, en 1614), por lo que, como instituciones, no eran sino un vago recuerdo. Nadie sabía con precisión, cuál iba a ser el número de los diputados, las relaciones entre los estamentos, el sistema de elección o el modo de deliberar.

 

Sólo el Rey podía decirlo, y no lo dijo[40]; en cambio, aceptó la propuesta de su primer ministro (Cardenal de Brienne) de convocar el 5 de julio de 1788 a un concurso académico incitando “a todos los sabios y demás personas instruidas de su reino, y en particular, a quienes componían la Academia de Inscripciones y Bellas Letras, a dirigir a su señoría, el Ministro de Gracia y Justicia, toda clase de informes y memorias sobre esta cuestión”[41] Como lo observó De Tocqueville, ni más ni menos era como “tratar la Constitución del país como una cuestión académica y sacarla a concurso”[42]. En el país más literario de Europa, una propuesta como esa no pudo tener mayor eco, y Francia se vio inundada de escritos. Todos deliberaron, reclamaron y pensaron en sus intereses y trataron de encontrar en las ruinas de los antiguos Estados Generales, la forma más apropiada para garantizarlos. Este movimiento de ideas originó la lucha de clases, propició la subversión total de la sociedad, provocó el olvido de los antiguos Estados Generales y originó la búsqueda de la identificación de un Poder Legislativo e, incluso, de una nueva forma de gobierno. Los textos de Montesquieu y Rousseau, por supuesto, fueron citados con frecuencia, siendo los preceptores ideológicos de la Revolución.

 

La cuestión política fundamental se situó, entonces, en quién habría de dominar los Estados Generales, por lo que la lucha entre los estamentos se desató, multiplicándose los escritos contra los privilegios, la violencia contra la aristocracia, y la negación de los derechos de la nobleza. La igualdad natural, que había sido tema difundido por la propia nobleza en sus ratos de ocio, se convertiría en el arma más terrible dirigida contra ella, prevaleciendo la idea de que el gobierno debía representar la voluntad general, y la mayoría numérica debía dictar la Ley. Por ello, la discusión política giró en torno a la representación del Tercer Estado, en el sentido de si debía o no ser más numerosa que la concedida a cada uno de los otros dos estamentos (nobleza y clero). En diciembre de 1788, el Consejo Real decidió que el Tercer Estado tuviera un número igual a la suma de los otros dos estamentos, con lo que los duplicó, a cuyo efecto, en enero de 1789 se publicaron las normas que debían regir la elección de los diputados a los Estados Generales.

 

Las elecciones se celebraron en cerca de 40.000 asambleas locales, y despertaron en las masas campesinas y los más desheredados, un estado de tensa excitación tanto sobre los acontecimientos futuros como sobre sus carencias actuales, que se reflejaron en los denominados cahier de doleances que los diputados llevarían a la reunión de los Estados Generales.

 

Los Estados Generales fueron inaugurados oficialmente por el Rey el 5 de mayo de 1789, y las primeras semanas de sus discusiones giraron en torno al tema de la forma de la votación, en el sentido de si las órdenes que los componían debían o no votar separadamente.  La burguesía urbana y profesional había acaparado la mayoría de los escaños entre los diputados del Tercer Estado, por lo que dominó las discusiones y las votaciones en las Asambleas, lo que se reforzó por la división imperante en los otros dos estamentos. En el mismo mes de mayo de 1789, el Tercer Estado insistió en la celebración conjunta de sesiones para considerar la validez de los mandatos de los diputados, negándose a la verificación en forma separada. La nobleza adoptó una posición diametralmente opuesta, considerando la votación separada como un principio de la Constitución monárquica. El clero, dividido, si bien no aceptó celebrar sesiones conjuntas con el Tiers, se abstuvo de declararse como Cámara aparte.

 

El 10 de junio de 1789, el Tercer Estado, alentado por el apoyo popular, decidió rebelarse. Invitó a las otras órdenes a una sesión conjunta advirtiendo que si no asistían, actuarían sin ellas. En esta forma, y sólo con la asistencia de algunos sacerdotes, el Tercer Estado se arrogó a sí mismo el título de Asamblea Nacional, configurándose en el primer acto revolucionario del Tercer Estado. La mayoría se convirtió en todopoderosa e incontenible, facilitada la situación por un poder real ya desarmado, con lo que se invirtió de golpe el equilibrio del Poder. Por ello, dijo De Tocqueville, el Tercer Estado, “dominando la única Asamblea, no podía dejar de hacer no una reforma, sino la Revolución”[43]. De allí la propia afirmación que deriva del título de la famosa obra de Sieyes ¿Qu‘est ce que le tiers état? (¿Qué es el Tercer Estado?): El Tercer Estado constituye la nación completa, negando que las otras órdenes tuvieran algún valor[44].

 

La Asamblea, así, dictó Decretos, incluso relativos al tema de su disolución, los cuales fueron derogados por el Rey, quien al contrario, ordenó remitir la discusión de la organización de los Estados Generales a cada orden por separado, e intimidar con la fuerza al Tercer Estado. Con apoyo popular se impidió la disolución de la Asamblea y de resultas, el Rey se vio obligado a aceptarla. El 27 de junio, los restos de las otras órdenes recibieron la orden expresa de fundirse a ella.

 

En París, la rebelión popular era incontenible, agravada por la actuación del Ejército enviado por el Rey para controlar el orden. La búsqueda de armas por el pueblo para defenderse, signó las revueltas y motines, e incluso, fue el motivo de la toma de la Bastilla, el 14 de julio de 1789. La revuelta salvó a la Asamblea Nacional, la cual fue reconocida por el Rey, pero el espíritu subversivo se esparció por todas las provincias, en las cuales los campesinos y pueblos en armas se sublevaron contra los antiguos señores. La Asamblea Nacional tuvo que prestar atención inmediata al problema del privilegio fiscal, lo que llevó, el 4 de agosto, a que los diputados nobles y del clero renunciaran a sus derechos feudales y a sus inmunidades fiscales.

 

La Asamblea había recibido el 11 de julio un primer texto de una “Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano”, presentado por Lafayette. Suprimidas las rebeliones provinciales, dicha Declaración fue sancionada el 27 de agosto de 1789, pero el Rey le negó su asentimiento. Una nueva rebelión popular en París, no sólo obligó al Rey y a la Asamblea a trasladarse desde Versalles a la capital, sino a la sanción de la Declaración el 2 de octubre de 1789.

 

Junto con la Declaración de Derechos, el 2 de octubre la Asamblea también había sometido al Rey un Decreto contentivo de artículos de Constitución, en los cuales (19 en total), se recogieron los principios de organización del Estado: se proclamaba que los poderes emanaban esencialmente de la nación (art. 1); que el Gobierno francés era monárquico, pero que no había autoridad superior a la de la Ley, a través de la cual reinaba el Rey, en virtud de la cual podía exigir obediencia (art. 2); se proclamaba que el Poder Legislativo residía en la Asamblea Nacional (art. 2) compuesta por representantes de la nación libre y legalmente electos (art. 9), en una sola Cámara (art. 5) y de carácter permanente (art. 4); se disponía que el Poder Ejecutivo residiría exclusivamente en las manos del Rey (art. 16), pero que no podía hacer Ley alguna (art. 17); y se establecía que el Poder Judicial no podía ser ejercido en ningún caso, por el Rey ni por el Cuerpo Legislativo, por lo que la justicia sólo sería administrada en nombre del Rey por los tribunales establecidos por la Ley, conforme a los principios de la Constitución y según las formas determinadas por la Ley (art. 19)[45].

 

En todo caso, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, el producto más importante del inicio de la Revolución, sancionada por la Asamblea Nacional el 26 de agosto de 1789, contiene en sus 17 artículos los derechos fundamentales del hombre. En su redacción, sin duda, a pesar de la multiplicidad de fuentes que la originaron, tuvieron gran influencia los Bill of Rights de las Colonias norteamericanas, particularmente en cuanto al principio mismo de la necesidad de una formal declaración de derechos. Una larga polémica se originó en cuanto a esta influencia norteamericana, desde comienzos de siglo[46], la cual puede decirse que incluso, fue mutua entre los pensadores europeos y americanos.

 

Los filósofos franceses, comenzando por Montequieu y Rousseau, eran estudiados en Norteamérica; la participación de Francia en la Guerra de Independencia norteamericana fue importantísima; Lafayette fue miembro de la Comisión redactora de la Asamblea Nacional que produjo la Declaración de 1789, y sometió a su consideración su propio proyecto basado en la Declaración de Independencia Americana y en la Declaración de Derechos de Virginia; el ponente de la Comisión Constitucional de la Asamblea propuso “trasplantar a Francia la noble idea concebida en Norte América”; y Jefferson estaba presente en París en 1789, habiendo sucedido a Benjamín Franklin como Ministro norteamericano en Francia[47]. En todo caso el objetivo central de ambas declaraciones fue el mismo: proteger a los ciudadanos contra el poder arbitrario y establecer el principio de la primacía de la Ley.

 

Por supuesto, la Declaración de 1789 también fue influenciada directamente por el pensamiento de Rousseau y Montesquieu; sus redactores tomaron de Rousseau los principios que consideraban el rol de la Sociedad como vinculada a la libertad natural del hombre, y la idea de que la Ley, como expresión de la voluntad general adoptada por los representantes de la nación, no podría ser instrumento de opresión. De Montesquieu deriva su desconfianza fundamental respecto del poder y consecuencialmente, el principio de la separación de poderes[48].

 

Por supuesto, los derechos proclamados en la Declaración eran los derechos naturales del hombre, en consecuencia, inalienables y universales. No se trataba de derechos que la sociedad política otorgaba sino derechos que pertenecían a la naturaleza inherente del ser humano.

 

La Declaración fue, entonces, un recuerdo perpetuo de los “derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre”, considerando “que la ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de las desgracias públicas y de la corrupción de los Gobiernos” (Preámbulo).

 

Los primeros artículos de la Declaración (1 a 6 y 16), que reconocieron y proclamaron los derechos del hombre y del ciudadano, sin duda, constituyen una compilación de todos los principios liberales basados en las ideas de Locke, Montesquieu y Rousseau y que habían sido concretizados en la Revolución americana, así:

“Artículo 1. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales no pueden fundarse más que en la utilidad común.

Artículo 2. La finalidad de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescindibles del hombre. Estos Derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión.

Artículo 3. El principio de toda soberanía reside esencialmente en la Nación. Ningún cuerpo, ningún individuo puede ejercer una autoridad que no emane de ella expresamente.

Artículo 4. La libertad consiste en poder hacer todo lo que no perjudica a otro; así, el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene otros límites que los que garantizan a los demás miembros de la sociedad el goce de esos mismos derechos. Estos límites sólo pueden ser determinados por la Ley.

Artículo 5. La Ley no tiene derecho a prohibir sino las acciones perjudiciales para la sociedad. No puede impedirse nada que no esté prohibido por la Ley, y nadie puede ser obligado a hacer lo que ella no ordena.

Artículo 6. La Ley es la expresión de la voluntad general. Todos los ciudadanos tienen derecho a participar personalmente, o a través de sus representantes, en su formación. Debe ser la misma para todos, así cuando protege, como cuando castiga. Todos los ciudadanos, siendo iguales a sus ojos, son igualmente admisibles a todas las dignidades, puestos y empleos públicos, según su capacidad, y sin otra distinción que la de sus virtudes y sus talentos”.

El resto de la Declaración se refiere a los derechos individuales, por ejemplo, el principio nullun crimen nulla poena sine legge (artículo 7); la presunción de inocencia (artículo 9); la libertad de expresión y comunicación de las ideas y opiniones (artículo 10), considerada como “una de las más preciosas de los derechos del hombre” (artículo 11); y el derecho de propiedad, considerado como “sagrado e inviolable” (artículo 17).[49]

 

Debe decirse, en todo caso, que entre la Declaración francesa de 1798 y las Declaraciones americanas se destaca una diferencia fundamental, en contenido y sentido. La Declaración de 1789 no tenía por objeto establecer un nuevo Estado sino que se adoptó como un acto revolucionario, dentro del Estado nacional y monárquico que ya existía. En las Declaraciones Americanas, en cambio, se trataba de manifestaciones para construir nuevos Estados, y por tanto nuevos ciudadanos. En la Declaración de 1789, como se proclama en el Preámbulo, se buscaba recordar solemnemente a todos los miembros de la comunidad política sus derechos, por lo que el nuevo principio de la libertad individual aparecía sólo como una importante modificación en el contexto de una unidad política existente. En cambio, en las Declaraciones Americanas, la vigencia de los derechos era un importante factor en el proceso de independencia, y en consecuencia, en la construcción de nuevos Estados sobre nuevas bases, particularmente, sobre el principio de la soberanía del pueblo con todo su contenido democrático y antimonárquico.

 

En todo caso, la Declaración de 1789 marcó el hito de la transformación constitucional de Francia en los años subsiguientes, y así fue recogida en el texto de la Constitución del 13 de septiembre de 1791; en el de la Constitución de 1793; y en la Constitución del año III (promulgada el ler Vendémiaire del año IV, es decir, el 23 de septiembre de 1795)[50].

 

La Constitución de 1791, la primera de las Constituciones francesas y la segunda de la historia constitucional moderna, si bien fue una Constitución monárquica, concibió al Rey como un delegado de la Nación, sujeto a la soberanía de la Ley como expresión de la voluntad general. A partir de ese texto, en todo caso, el Estado ya no fue el Rey (l’Etat c’est moi), como Monarca Absoluto, sino el pueblo organizado en Nación sujeto a una Constitución.

 

Por otra parte, debe destacarse que tanto la Declaración de Derechos como la Constitución de 1791, se basaron en la afirmación de la soberanía nacional, introduciendo un concepto que ha sido fundamental en el derecho constitucional francés, pues marcó el inicio de una nueva base de legitimación del Poder Público, opuesto a la sola legitimación monárquica del Antiguo Régimen[51].

 

Ahora bien, tanto el texto de la Declaración de 1789, como el de las Constituciones de 1791, 1793 y 1795 no sólo tuvieron una decisiva y determinante influencia en la evolución del derecho constitucional moderno y en la configuración del Estado de Derecho, sino que en particular, influyeron directamente en la redacción de la Declaración de Derechos del Pueblo y de la Constitución de la Confederación de Venezuela de 1811.

 

  1. El constitucionalismo norteamericano y las Enmiendas a la Constitución de los Estados Unidos de América (1789–1791)

 

Paralelamente al proceso de independencia de las Colonias americanas a partir de 1776 y a su configuración como Estados libres, cada una con su Constitución y su Bill of Rights, también surgió un proceso para la configuración de una Confederación o Unión de dichas Colonias, para satisfacer la necesidad de la necesaria unión política a los efectos de la conducción de la guerra contra Inglaterra. De allí la adopción, por el Congreso, el 15 de noviembre de 1777, de los “Artículos de la Confederación” considerados como la primera Constitución Americana[52], en el cual se creó una confederación y unión perpetua entre los nuevos Estados, cuyo objetivo era “la defensa común, la seguridad de sus libertades y el mutuo y general bienestar”[53], en un sistema conforme al cual cada Estado permanecía con “su soberanía, libertad e independencia”[54], y titular de cualquier poder, jurisdicción y derecho no delegado expresamente a los Estados Unidos en Congreso.

 

El resultado fue que el único cuerpo de la Confederación era el Congreso, en el cual cada Estado tenía un voto. Consecuentemente, la Confederación carecía de poder impositivo directo, dependiendo por ello, desde el punto de vista económico, exclusivamente de las contribuciones de los Estados; carecía de un cuerpo ejecutivo y sólo tenía una forma de organización judicial embrionaria. A pesar de dichas debilidades, sin embargo, la Confederación tuvo éxito en conducir la guerra durante 7 años, hasta finalmente triunfar. En todo caso, luego de la victoria, la precaria estructura de la Confederación provocó la necesidad de establecer un poder central que lograra la integración nacional, a cuyo efecto fue convocada una Convención Federal, “con el único y expreso objetivo de revisar los artículos de la Confederación”[55]. Esto condujo, en 1787, a la sanción por el Congreso, de la Constitución de los Estados Unidos, como resultado de una serie de compromisos entre los componentes políticos y sociales de las Colonias independientes: entre federalistas y antifederalistas; entre los grandes y los pequeños Estados; entre los Estados del Norte y los Estados del Sur; entre esclavistas y antiesclavitas; y entre la democracia y los intereses de las clases dominantes; todo lo cual condujo finalmente al establecimiento de un sistema de separación de poderes, balanceados y controlados entre sí (check and balance system)[56].

 

Esa Constitución introdujo en el derecho constitucional moderno, dos elementos esenciales que constituyen la mayor contribución al constitucionalismo: en primer lugar, la idea de una Constitución en si misma, en el sentido de un texto supremo escrito, estableciendo una forma de gobierno; y en segundo lugar, la idea del republicanismo, basada en la representación, como ideología del pueblo contra la idea de la Monarquía y de las autocracias hereditarias[57]. Los norteamericanos del siglo XVIII, por tanto, decidieron mediante una Revolución, repudiar la autoridad real y sustituirla por la República. De allí que el republicanismo y convertir la sociedad política en República, fue la base de la Revolución norteamericana. Por ello es que la Constitución de 1787 fue adoptada por “el pueblo” (We the people…) el cual se convirtió, en la historia constitucional, en el soberano.

 

La Constitución de 1787, sin embargo, sólo se concibió básicamente como un documento orgánico regulando la forma de gobierno, es decir, la separación de poderes entre los órganos del nuevo Estado, tanto horizontalmente, entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, como verticalmente, como Estados Unidos en un sistema federal. A pesar de los antecedentes coloniales, e incluso, a pesar de las propuestas formuladas en la Convención, la Constitución de 1787 no contuvo una Declaración de Derechos excepto por lo que se refiere al derecho a un gobierno representativo. La protesta de los oponentes al nuevo sistema federal que establecía, sin embargo, llevó a los antifederalistas, durante el proceso de ratificación de la Constitución que duró hasta 1789, pues al menos nueve Estados debían ratificar la Constitución en sus respectivas Asambleas Legislativas, a proponer la adopción de las primeras Diez Enmiendas a la Constitución.

 

Ello condujo a que, el 25 de septiembre de 1789, sólo un mes después de sancionada la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano por la Asamblea Nacional francesa, el primer Congreso de los Estados Unidos propusiera a las Asambleas Legislativas de los diversos Estados, dichas primeras Diez Enmiendas al texto constitucional, llamada “Declaración de Derechos” (Bill of Rights), las cuales fueron ratificadas por las Asambleas Legislativas de los Estados de Nueva Jersey, Maryland, y de los Estados de Carolina del Norte, el mismo año 1789; de Carolina del Sur, Nueva Hamshire, Deleware, Pensilvania, Nueva York, Rhode Island, el año 1790; y de Vermont y Virginia, el año 1791. Las diez primera Enmiendas, por tanto, comenzaron a regir en 1791, el mismo año que se promulgó la primera Constitución francesa.

 

La declaración de derechos que forman estas Diez Enmiendas, se refirió a la libertad religiosa, a la libertad de palabra o de imprenta, el derecho del pueblo para reunirse pacíficamente, y el derecho de petición (artículo uno); el derecho del pueblo a poseer y portar armas (artículo dos); la garantía del domicilio frente a las requisas militares (artículo tres); el derecho a la inviolabilidad del domicilio (artículo cuatro); los derechos al debido proceso legal (artículo cinco, siete, ocho), y a ser juzgado sólo por delitos previamente regulados en ley (artículo seis); y a la cláusula abierta de derechos inherentes a las personas (artículo nueve).

 

El  texto de la Constitución de los Estados Unidos de América con el de las primeras Enmiendas, traducido del inglés al español por Manuel Villavicencio[58] natural de la Provincia de Caracas, circuló en Venezuela a partir de 1810, y por supuesto también tuvieron una influencia decisiva en la elaboración de la       declaración de derechos de la Constitución de 1811.

  1. 3. Las desventuras del Precursor Francisco de Miranda, y su labor de promoción de la Independencia[59]

Antes de que ocurrieran los hechos del 19 de abril de 1810, un venezolano excepcional venía abogando en Europa, precisamente, porque ocurriera un acontecimiento de esa naturaleza, como detonante para el proceso de independencia de toda la América del Sur. Se trataba de Francisco de Miranda, quien para ese momento se encontraba en Londres, donde había desarrollado una importante red de relaciones con los más destacados hispanoamericanos residentes en esa ciudad y en conjunto, con el mundo político e intelectual inglés. Tenía allí su residencia desde 1799, después de haber servido en los Ejércitos napoleónicos y haber viajado extensamente por toda Europa e incluso a los Estados Unidos, desde donde lideró, en 1806, una importante expedición con propósitos independentistas hasta a las costas de Venezuela, donde llegó a desembarcar proclamando ideas libertarias y de independencia.

 

En Londres, Miranda desarrolló una labor de promoción del proceso de independencia de América Hispana, que se materializó promoviendo la edición de diversos libros, el primero de los cuales fue el titulado Lettre aux espagnols américaines par un de leurs compatriotes,” con pie di imprenta en “Philadelphie, MDCCXCXIX,” aún cuando publicado en Londres. En el “Advertisment” que precedía al texto se mencionaba que su autor había sido Juan Pablo Viscardo y Guzmán, quien había fallecido en Londres en año anterior de 1798. Se trataba de un ex-jesuita, quien había sido otro notable precursor intelectual de la independencia hispanoamericana, y el texto correspondía a una famosa “Carta a los Españoles Americanos,” que había escrito unos años antes, en París, en 1791. Viscardo había fallecido unas semanas antes del regreso de Miranda a Londres al concluir su periplo en la Francia revolucionaria, y habiendo legado sus papeles al Ministro norteamericano en Londres, Rufus King. Este, para preservar las ideas del destacado peruano entregó algunos de sus manuscritos a Miranda, quien era amigo de ambos.[60] De allí salió la iniciativa de Miranda y King de publicar el libro de Viscardo, aún cuando sin nombre de autor en la portada y con pie de imprenta que no correspondía a Londres, lo que fue remediado dos años después, en 1801, cuando Miranda hizo traducir la Carta al castellano, publicándola de nuevo, esta vez con pie de imprenta en Londres, como Carta dirijida a los españoles americanos por uno de sus compatriotas, P. Boyle, London 1801.

 

Después de estas primeras ediciones, durante la primera década del Siglo XIX, Miranda, sin duda, fue el punto de atracción y de atención en Londres sobre todo lo que tuviera que ver con los asuntos relativos a la independencia hispanoamericana. A él acudían todos los que de Hispanoamérica llegaban o pasaban por Londres, y él a su vez mantenía contacto con prominentes personas del gobierno británico, principalmente con quien había sido destacado primer Ministro, William Pitt, buscando el apoyo británico para el proceso hispanoamericano. En las labores editoriales en favor de la difusión de las ideas independentistas, en las cuales contó con financiamientos importantes de hispanoamericanos exiliados,[61] y desarrolló una estrecha amistad con el destacado escritor y editorialista escosés James Mill,[62] quien entre el universo de temas de su atención, se interesó por los asuntos hispanoamericanos. Esa alianza entre Miranda y Mill es sin duda la clave para identificar a un “escritor” que habría llegado a Venezuela en 1810, después de los acontecimientos del 19 de abril, que más bien, habría sido un seudónimo (“William Burke”) que se materializó en una importante obra escrita de especial importancia en la promoción tanto del proceso de independencia de Hispanoamérica como de la figura de Miranda personalmente.

La primera obra publicada con la autoría atribuida a William Burke en Inglaterra fue el libro History of the Campaign of 1805 in Germany, Italy, Tyrol, by William Burke, Late Army Surgon, London, Printed for James Ridgway, No. 170, Opposite Bond Street, Picadilly, 1806,[63] relativo a las guerras que desarrollaron las potencias aliadas europeas contra Francia después de que Napoleón había ocupado casi toda Europa y amenazaba con invadir a Inglaterra.[64] Se trata de una detallada crónica política militar de las guerras napoleónicas de ese año y de las reacción de las grandes potencias Europeas contra Francia, con referencia particular a la Batalla de Trafalgar de octubre de 1805 entre la Flota combinada de Francia y España y la Armada británica, que podría fin a los intentos napoleónicos de invadir Inglaterra. En el Apéndice del libro se incluyen importantes documentos y tratados entre las potencias aliadas, así como diversas proclamas de Napoleón. En la portada del libro se identificaba a Burke como “Late Army Surgeon.”

 

Seguidamente también apareció publicada en Londres bajo la autoría del mismo “William Burke,” otra obra completamente distinta a la anterior, y sobre un tema que no tenía relación alguna con la misma, titulada South American Independence: or the Emancipation of South America, the Glory and Interest of England, by William Burke, the author of the Campaign of 1805, F. Ridgway, London 1806. Sin embargo, en la propia portada del libro se evidencia la intención de vincular al autor del mismo con la obra anterior, al indicarse que se trataba del mismo autor del libro sobre la Campaign of 1805, es decir, supuestamente el mismo “antiguo cirujano militar.” Con ello, sin duda, se buscaba consolidar la construcción de un “autor” en el mundo editorial, con una continuidad publicista, pero que en realidad no se correspondía con persona alguna conocida en el Reino Unido en esa época.[65] La continuidad de la autoría atribuida a Burke se seguirá consolidando en obras posteriores hasta 1812, en ninguna de las cuales, sin embargo, se lo identifica como médico militar o ni como veterinario. Esta obra de 1806 sobre Sur América, que aparece en Londres mientras Miranda está comandando la expedición para invadir a Venezuela, en todo caso, contenía ideas y documentos que sin duda provenían del Archivo de Miranda.

 

Después de la edición de este libro sobre la independencia hispanoamericana, ocurrieron dos acontecimientos importantes en las relaciones de Inglaterra con Hispanoamérica: en primer lugar, la expedición, desembarco y retirada del General Francisco de Miranda en 1806 en las costas de Coro en la provincia de Venezuela; y la expedición, desembarco y rendición del general John Whitelock, Comandante en Jefe de las fuerzas británicas en el Río de la Plata, en Buenos Aires en 1807. Al análisis de estos dos importantes acontecimientos de dedicó otra obra, como complemento de la anterior, publicada también bajo el mismo nombre de “William Burke,” titulada: Additional Reasons for our Immediately Emancipating Spanish America: deducted from the New and Extraordinary Circumstances of the Present Crisis: and containing valuable information respecting the Important Events, both at Buenos Ayres and Caracas: as well as with respect to the Present Disposition and Views of the Spanish Americans: being intended to Supplement to “South American Independence,” by William Burke, Author of that work, F. Ridgway, London 1807.[66]  Se destaca, de Nuevo, en esta obra, el lazo de unión que se continuaba haciendo en cadena, entre el autor de este libro y el anterior de 1806.

 

Después de realizar la crítica del último de los acontecimientos mencionados, es decir, la fracasada invasión británica a la ciudad de Buenos Aires en junio de 1807, el libro se destinó en especial, a analizar la expedición que Miranda había realizado el año anterior (1806), con el conocimiento de las autoridades británicas y de los Estados Unidos, aún cuando sin el apoyo oficial de dichas naciones. La expedición zarpó el 3 de febrero de 1806 con uno grupo de hombres desde Nueva York, con el objeto de invadir la provincia de Venezuela. Luego de tocar puerto en Haití, el 17 de febrero, al momento en el cual el Emperador Jean Jacques Dessalines había sido recién asesinado y el líder Petion estaba en proceso de consolidar su poder, llegó a las islas de Curacao, Aruba y Bonaire. Desde allí tomó rumbo hacia Puerto Cabello, donde desembarcó el 25 de abril, fracasando sin embargo en su empresa invasora. De Puerto cabello se dirigió a Grenada, donde el 27 de mayo se entrevistó con el Almirante Alexander Cochrane, quien era el comandante de la flota británica en el Caribe, de quien obtuvo ayuda con barcos y suministros para continuar en su intento de invadir Venezuela. Así llegó a Trinidad el 2 de junio, desde donde el 23 de julio zarpó hacia la Vela de Coro, desembarcando a comienzos de Agosto de 1806.

 

La expedición tenía propósitos independentistas, pero no encontró eco en la población que ya había sido advertida por las autoridades coloniales, quedando los resultados de la expedición en las Proclamas escritas por Miranda en Trinidad y en Coro, en su carácter de “Comandante General del Ejército Colombiano, a los pueblos habitantes del Continente Américo-Colombiano.”[67] Al fracasar la expedición, el 14 de agosto Miranda sacó sus tropas dirigiéndose a Aruba. Sobre la extraordinaria expedición, además del exhaustivo relato que hace Burke en su libro, también se publicó un libro crítico en Nueva York, The History of Don Francisco de Miranda’s Attempt to Effect a revolution in South America in a Series of Letters, Boston 1808, London 1809, probablemente escrito por uno de los norteamericanos participantes en la empresa.[68]

 

Luego de haber pasado siete meses merodeando las costas de Venezuela, de Aruba, en noviembre de 1806, Miranda pasó a Trinidad, y luego a Barbados donde se reunió de  nuevo con el Almirante Cochrane y el Coronel Gabriel de Rouvray, quien viajó a Londres como su representante personal, con toda la documentación de la expedición para buscar el apoyo británico para una nueva invasión A Londres llegó Rouvray en diciembre de 1806, y allí, sin duda, antes de que llegara Miranda a Londres, entró en contacto con James Mill. Fue así que se logró que de nuevo “William Burke” pudiera producir este libro Additional Reasons, con la historia de la expedición. Miranda permaneció en Barbados hasta comienzos de 1808, cuando regresó a Londres, no sin antes haberse reunido en Barbados con Rouvray, quedando en Londres James Mill como su representante.[69]

 

Entre los aspectos importantes tratados en el libro Additional Reasons que publica “Burke” de 1807, fue la argumentación de que si Gran Bretaña le hubiese dado efectivo apoyo, la expedición de Miranda no hubiese fracasado, que es lo que justifica que la segunda mitad del texto se dedicase a promocionar al General Miranda, precisamente, como la persona más indicada para llevar la tarea de independizar a Hispanoamérica, con el apoyo inglés. Para ello, en el libro se incluyó una sucinta biografía de Miranda, sin duda escrita por él mismo o bajo su inmediata dirección, donde se resume su vida desde su nacimiento en Caracas en 1754 (1750). Con datos adicionales, permite describirla comenzando con su viaje de Caracas a España, a los 17 años, “rechazando el fanatismo y opresiones” que privaban en la Provincia; su incorporación a un Regimiento militar de la Corona española en Cádiz, época en la cual conoció a John Turnbull (1776), quien luego sería uno de sus importantes apoyos financieros futuros; sus actuaciones militares en el Norte de África y en Norte América, en la toma de Pensacola y las Bahamas (1781); su decisión de viajar y acrecentar conocimientos, lo que lo llevó a Norte América (1783-1784) donde se relacionó con los líderes de la Revolución Norteamericana (Washington, Hamilton, entre otros) con quienes discutió ya sus planes de liberación de “Colombia;” y a Londres (1785), donde conoció al Coronel William Steuben Smith, quien había sido Ayuda de Campo de George Washington, y con quien iniciaría su viaje de observación militar hacia Prusia (1785).

 

Diversas publicaciones en Londres sobre Miranda, alertaron ya en 1785, a las autoridades españolas, de su presencia en el Continente, lo que le impidió regresar a Londres de inmediato, al recibir noticias del peligro de que podía ser secuestrado. Viajó entonces Miranda a Sajonia, Austria, Italia, Egipto, Trieste, Constantinopla, el Mar Negro y Crimea (1786), donde, después de conocer al Príncipe Gregory Potemkin de Rusia, viajó con él a Kiev en calidad de huésped del gobierno ruso. Fue allí que lo recibió la Emperatriz Caterina de Rusia, de quien recibió apoyo efectivo para sus proyectos libertarios. Con pasaporte Ruso, de Petersburgo fue a Suecia, Noruega y Dinamarca, donde de nuevo supo de las intenciones del gobierno español de detenerlo en Estocolmo. Pasó luego a los Países Bajos y Suiza desde donde vía Paris y Marsella, donde llegó usando otro nombre (M. de Meroff), regresó a Inglaterra en la víspera de la Revolución Francesa, en junio de 1789, esperando encontrar apoyo a sus proyectos de independizar Hispanoamérica.

 

Allí se entrevistó con el primer Ministro William Pitt (1790), no encontrando los apoyos que esperaba, lo que lo llevó a viajar a Paris, con las mismas ideas, pero con la intención de ir a Rusia (1792). En París, la Revolución ya se había instalado, de manera que la invasión de la Champaña por las fuerzas prusianas lo llevó a aceptar un puesto de comando militar en las fuerzas francesas, el rango de Mariscal de Campo, bajo las órdenes del General Charles Dumouriez (1792). Por sus ejecutorias militares llegó a ser nombrado Comandante en Jefe del Ejército del Norte. El desastre militar de Neerwinden, que obligó al ejército francés a evacuar los Países Bajos, resultó en acusaciones contra Dumouriez de querer reinstaurar la Monarquía, lo que originó un proceso contra éste, quien quiso involucrar a Miranda en sus actuaciones. Este logró salir inocente del proceso que se desarrolló en su contra ante el Tribunal Revolucionario de Paris, pudiendo regresar a Londres en 1789, donde el entonces Primer Ministro William Pitt, comenzó a atender sus planes sobre la independencia de Hispanoamérica.  Es en ese año que precisamente publica la Carta de Viscardo y Guzmán, antes referida.

 

A esta corta biografía de Miranda conforme a las referencias contenidas en el libro de 1807,[70] habría que agregar su retorno a Francia entre 1800 y 1801, donde de nuevo estuvo preso; y su posterior regreso a Londres donde se encerró a estudiar los Clásicos y a concebir su idea de una expedición libertaria hacia Venezuela, con el apoyo inglés, pero comandada por americanos y no por los británicos, con lo que Estados Unidos estaba de acuerdo. De allí fue su viaje a Nueva York en noviembre de 1805, donde su amigo William Steuben Smith lo ayudó a montar la expedición, de lo cual el Presidente Thomas Jefferson y el secretario de Estado James Madison, habrían sido debidamente informados.

Pero el libro Additional Reasons, no se limitó a reseñar brevemente la biografía de Miranda, sino que finaliza con quizás su objeto principal, que era formular una defensa del Precursor ante las calumnias que se habían difundido contra él respecto de sus intenciones en la expedición a Venezuela, a cuyo efecto “Burke” lo llega a calificar como el “Washington de Sur América,” formulando la propuesta de que el General Miranda fuera inmediatamente ayudado por una fuerza militar de seis a ocho mil hombres para lograr la independencia de su propio país, Caracas, y desde allí, del resto de Hispanoamérica. Miranda, se argumentaba en el libro, podía lograr en esa forma lo que ningún ejército británico podría pretender directamente, pues sería rechazado tal como había ocurrido en Buenos Aires. La empresa de la independencia de Hispanoamérica, en la forma como se planteaba, se decía en el libro que no debía demorarse ni un día más.

 

La concepción de estos libros de “Burke” sobre la independencia de Hispanoamérica y la promoción que en ellos se hacía del General Miranda, e incluso, tomando en cuenta el relativo a las guerras napoleónicas de 1805, , permiten pensar que los mismos fueron libros de “orden colaborativo,”[71] publicados en realidad con la participación de Francisco de Miranda y de sus amigos londinenses, entre ellos, por supuesto, James Mill, la principal pluma detrás de los mismos, para promover el proceso de independencia de Hispanoamérica y exigir una acción rápida de parte de Inglaterra.[72] En los anales británicos no hay referencia alguna a alguien con el nombre de William Burke con presencia en Londres a comienzos del Siglo XIX. Ello es lo que ha llevado a confirmar, como hemos dicho, que “William Burke” haya sido solo un seudónimo, utilizado para publicar en Londres trabajos relativos a la independencia Hispanoamericana,[73] seudónimo que por cierto llegaría a “viajar” a Caracas, sin duda, en las valijas de Miranda para seguir siendo usado para publicar trabajos de Mill sobre las bondades de la experiencia del gobierno y Constitución de los Estados Unidos, así como trabajos del propio Miranda y de Juan Germán Roscio.[74]

 

Lo cierto, en todo caso, es que bajo el nombre de William Burke, sobre todo después que Miranda viajó a Caracas, se comenzaron a publicar en la Gazeta de Caracas, entre noviembre de 1810 y marzo de 1812, editoriales y artículos varios con el título de “Derechos de la América del Sur y México,” algunos de los cuales, incluso, originaron importantes polémicas como por ejemplo sobre la tolerancia religiosa en España,[75] y que fueron traducidos al castellano algunos, y otros más bien escritos por Miranda, por James Mill y por Juan Germán Roscio. Setenta de esos escritos fueron recopilados en un libro publicado en Caracas en 1812, con el mismo título Derechos de la América del Sur y México, por William Burke, autor de “La Independencia del Sur de América, la gloria e interés de Inglaterra,” Caracas, en la imprenta de Gallager y Lamb, impresores del Supremo Gobierno, 1811.[76]

 

En este último libro, donde se encuentra la misma vinculación del autor con el del libro anterior, en todo caso, se pueden encontrar las mismas raíces del movimiento editorial iniciado en 1799 en Londres con la participación de Miranda, y de los escritos de James Mill, enriquecidos, al pasar el Atlántico, con las ideas y propuestas de los ideólogos venezolanos de la independencia, en particular de Juan Germán Roscio. En algunas de las entregas de “Burke” en la Gaceta de Caracas que se publican en esa obra, incluso se disiente de las opiniones del mismo Miranda. Pero sobre la existencia y permanencia de “William Burke” en Caracas, la verdad es que es sólo la leyenda histórica la que cuenta que supuestamente era un “publicista irlandés,” “amigo” de Miranda, quien habría viajado de Londres a Nueva York y luego a Caracas a finales de 1810, “posiblemente animado por patriotas residentes en Londres;”[77] y quien durante su estadía en Caracas habría participado como uno de los “agitadores importantes del momento”[78] junto con los otros patriotas, en el proceso de independencia; llegando incluso a decirse que por haber disentido de Miranda, este “le impidió salir del país, aunque al parecer llevaba pliegos del Gobierno para los Estados Unidos del Norte.”[79]

 

Debe señalarse, en todo caso, que los datos sobre el “choque entre Miranda y Burke,” donde fueron detallados contemporáneamente fue en la carta que el 9 de junio de 1811 Juan Germán Roscio dirigió a Andrés Bello, quien estaba en Londres, donde Roscio expuso toda su inquina contra el Precursor. Sin duda, si en ese año crucial Roscio estaba en contra de las posiciones de Miranda, también lo tenía que estar “Burke,” pues era el nombre con el cual Roscio, como Editor de la Gaceta de Caracas, también escribía en la misma, a veces traduciendo los trabajos de Mill, a veces directamente. La leyenda histórica cuenta, en todo caso, que al final de la República, Burke habría supuestamente escapado hacia Curazao en julio de 1812, y que habría fallecido a fines de ese mismo año en Jamaica. En esa misma fecha, la realidad es que Miranda sería enviado a Cádiz preso.

 

Pero antes de que “William Burke” hiciera acto de presencia en Caracas de la mano de Miranda a finales de 1810, lo importante a destacar es que con todos los antecedentes editoriales que tenía en Londres, fue él quien recibió en esa ciudad en julio de ese mismo año 1810 a los miembros de la Delegación Oficial que había sido enviada por el nuevo Gobierno de la Provincia de Venezuela que conformaba la Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII constituida el 19 de abril de 1810, introduciéndolos en su importante circulo de influencias inglesas, españolas e hispanoamericanas. La Delegación tenía la delicada misión de buscar la intervención del gobierno británico a los efectos de procurar evitar la ruptura total del gobierno español con las provincias venezolanas que el proceso de independencia estaba a punto de provocar, y a la vez, a los efectos de buscar protección de las provincias frente a Francia.

 

Los Miembros de tal Delegación eran nada menos que Simón Bolívar; Luis López Méndez, y Andrés Bello, quien fungía como secretario de la Delegación, a quien con razón Pedro Grases calificó como “el primer humanista de América.”[80] Miranda los introdujo ante las autoridades británicas y fue el vehículo para ponerlos en contacto con la comunidad de intelectuales y políticos británicos, entre ellos James Mill y Jeremy Bertham, y los Hispanos y Americanos que desde Gran Bretaña disentían del proceso de Cádiz, y apoyaban la revolución Hispanoamericana, como José María Blanco y Crespo, mejor conocido como Blanco-White, y habían conformado un importante círculo editorial para difundir sus ideas.

 

En esos mismos días en los que los visitantes venezolanos estaban aclimatándose a la vida londinense, en septiembre de 1810, incluso, en la misma línea de los libros de “William Burke,” aparecería publicado otro importante libro editado por José María Antepara, titulado South American Emancipation. Documents, Historical and Explanatory Showing the Designs which have been in Progress and the Exertions made by General Miranda for the South American Emancipation, during the last twenty five years, R. Juigné, London 1810.[81] Se trataba nada menos que de una recopilación de documentos, la mayoría de Miranda o sobre Miranda y todos provenientes del Archivo del Miranda, incluyendo la Carta de Viscardo y Guzmán, y el artículo de James Mill sobre la “Emancipación de Sur América”[82] que era un comentario y glosa sobre dicha Carta. Todos los documentos fueron suministrados, sin duda, por el mismo Miranda para su edición, en la cual debió colaborar el mismo Mill, con un prólogo de Jesús María Antepara fechado el 1 de septiembre de 1810. Se trató, por tanto, de la última actividad editorial londinense de Miranda, cuyo producto, incluso, es posible que nunca hubiera llegado a tener en sus manos al salir de la imprenta, pues al mes siguiente, en octubre de 1810, viajaría hacia Venezuela.

 

El objetivo de esta obra, de nuevo, era tratar de presionar al Gobierno británico, persuadiendo a la opinión pública sobre la necesidad de apoyar a Francisco de Miranda en el proceso de liberación de Hispanoamérica, y sobre el gran potencial que ello significaba para la prosperidad inglesa a largo plazo. Posiblemente Miranda, para esta empresa editorial, habría obtenido financiamiento importante familia Fagoaga de México, por lo que habría consentido que el libro apareciera editado por José María Antepara, con prólogo de él mismo, en lugar del de Miranda.[83]

 

Fue, por tanto, en ese efervescente entorno hispanoamericano británico en el cual en 1810 se movería la delegación venezolana en Londres, donde Bolívar sólo permaneció unos meses, regresando a Venezuela en diciembre del mismo año 1810. Miranda, por su parte, también salió de Londres en octubre de 1810 llegando también a Caracas en diciembre del mismo año, después de haber permanecido treinta años fuera de Venezuela. Ya para ese momento, en todo caso, la suerte de la naciente república estaba echada: en agosto de 1810, el Consejo de Regencia creado por la Junta Central al convocar las Cortes Generales, había decretado el bloqueo de las costas de Venezuela, designando a Antonio Ignacio de Cortavarría como Comisionado Real para “pacificar” a los venezolanos. Este tendría a su cargo organizar otra invasión a Venezuela desde el cuartel general colonial que se había ubicado en la isla de Puerto Rico, para lo cual se designó en febrero de 1812, al Comandante General de los Ejércitos de la Corona, Domingo de Monteverde, quien desembarcaría en Coro, en las mismas costas donde seis años antes habría desembarcado brevemente Francisco de Miranda  (1806). Al firmar la Capitulación con Monteverde, el destacadísimo militar que era Miranda, quien bien conocía que era el Código militar, no sabía que lo que estaba firmando era su sentencia de muerte, al decidir su contraparte aplicar la “ley de la conquista” como durante los tres siglos precedentes habían hecho sus antecesores conquistadores.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Características de la Revolución de Caracas de 1810

La Revolución caraqueña de 1810 tuvo características múltiples que nos llevan a definirla como plural, polisémica, variada. En este capítulo vamos a analizar once elementos que nos parecen fundamentales para entender este singular y heterogéneo  proceso libertario.    

  1. Civilista

La Revolución de Caracas se inició formalmente en el Cabildo de la ciudad y no en su cuartel; fue, con toda propiedad, un Golpe de Estado civil y no una Asonada militar. Sus protagonistas fundamentales portaban levitas y chisteras, y no uniformes y charreteras. En efecto,  Lucas Guillermo Castillo Lara en Discurso pronunciado el 19 de abril de 1972 en la Sociedad Bolivariana de Venezuela, expresa:

“Lo que da relieve fundamental a la fecha histórica, no son las personas, por más dignas y proceras que sean sus figuras. Lo que caracteriza y fija definitivamente ese día, es la Institución: El Cabildo. Aquellos hombres habían sido nombrados por el Rey. Más aún, habían comprado con sus buenos ducados o pesos, el derecho de ostentar el oficio de Regidor, por una admirable simbiosis, dejaban de representar al Rey, a sus propios intereses de clase o de fortuna, y lo hacían por el común. Era un término genérico, pero, con frecuencia se confundía con el de Patria. La república, cosa pública, llegaba a  tomar características esenciales con el común de la gente y de la ciudad, que le daba aspecto peculiar y distinto de pequeña patriecita. Esa que le tocaba y miraba muy de cerca. La que se veía y palpaba con cosas de todos los días y de siempre. Entonces el Cabildo dejaba de ser una representación extraña, para convertirse en algo vital de la comunidad; representaba al pueblo.”

Y no podía ser de otra manera porque el Cabildo en la concepción hispánica del gobierno de las Indias jugó siempre un papel principalísimo. Uslar Pietri recuerda que aquellos españoles que venían a estas tierras con un imaginario propio que los llevó inmediatamente a fundar nuevas ciudades con el nombre de las viejas y lejanas Cádiz, Segovia, Andalucía, Extremadura, Toledo o España misma, tan pronto arribaban a un nuevo espacio conquistado:

con una estructura social y una concepción del mundo que venía de las más viejas fuentes del Mediterráneo. La ciudad, la casa, la familia (…) Todo lo más vetusto de Occidente llegó con ellos. Lo primero que hacían era aplicar una institución romana: establecer un cabildo, y dar un nombre del santoral católico a las nuevas tierras y las fundaciones.” (Uslar, 1997, 2007).

En efecto, el Cabildo, el Ayuntamiento, el Consistorio, la Municipalidad, jugó un papel fundamental en la Venezuela prerrepublicana y fue base fundamental de la administración española en la Provincia de Venezuela. Ramón Aizpurúa en texto publicado en el Diccionario de Historia de Venezuela (1997, Tomo 3, 270 – 271) precisa:

“El Cabildo fue una institución de gobierno local traída por los españoles a América desde el mismo comienzo de la Conquista. Heredero de su pasado ibérico, el Cabildo americano fue vehículo y garantía del poblamiento de las Indias, especialmente en las regiones que pronto quedaron marginadas del proceso central de la conquista – colonia, como fue el caso de Venezuela, en la que no pudieron crearse instituciones centralizadoras como los virreinatos o las reales audiencias, por no haber sido descubiertas riquezas mineras de aprovechamiento y explotación inmediata o prolongada que atrajesen un crecido caudal humano (…) El Cabildo secular fue representación del vecindario, entendido éste como el conjunto de vecinos de una ciudad o pueblo; vecinos, sin embargo, no eran todos los habitantes de una localidad, sino tan sólo de los habitantes libres, propietarios o de oficio, cabezas de familia o hijos independientes, que fueron ordinariamente los pobladores fundamentales y sus descendientes, aceptados como tales en el momento de su fundación y reconocidos posteriormente por el Cabildo; no podrán ser considerados como vecinos los extranjeros, los negros libres o esclavos, en general los indios (…) Por ello, el Cabildo no era representante de la población de los pueblos y ciudades, sino de sus vecinos, que difícilmente llegaban a ser más del 5% de la población lo que ya indica una conformación clasista de la institución.”

El 19 de abril de 1810 el Cabildo caraqueño mostró sin lugar a dudas su importancia y significación política, bajo repetidos gritos de “al Cabildo”, “al Cabildo”, Emparan debe volver sobre sus pasos para enfrentar la rebelión que pensaba diluida, pero que desde hace años estaba anunciada. Arístides Rojas escribe, rehaciendo los hechos de ese día memorable de abril:

“El Gobernador había logrado evadir con astucia la lógica del Ayuntamiento, y libre de la intriga, tiempo tenia para reflexionar. Al pasar con un séquito frente al cuerpo de guardia en la esquina del Principal, nota que el oficial y soldados no le hacen los honores lo que contestó el Gobernador con una mirada de reproche. Este incidente motivó que la concurrencia que llenaba calles y plazas se apercibiese de algo desconocido, y era que el oficial amenazado por su procedimiento y lleno de temores, después de haber obedecido a la consigna de los revolucionarios exclamara: “Me han dejado solo, pero sabré comprometer a todo el mundo. Conmigo serán juzgados cuantos me aseguraron que todo estaba listo”. Esto fue suficiente para que comenzaran los gritos de “al cabildo”, “al cabildo”, los cuales se repetían inconscientemente por todas partes. Eran los gritos lanzados por los Salias, Ribas, Montillas, Jugo, y demás revolucionarios que, como espectadores, estaban apostados en diferentes sitios, en derredor de la plaza real. En estos momentos Francisco Salias atraviesa la plaza  con el objeto de alcanzar al Gobernador, antes de que éste entrara a la Metropolitana. Comprendió el joven patricio que si Emparan, ya apercibido, obraba con entereza, desde el templo, todo podría fracasar, y por esto quiso detenerlo. Ambos llegaran en el mismo instante a la puerta del templo.

– Os llama el pueblo a cabildo, señor, y los momentos son muy apremiantes.

– Os llama el pueblo a cabildo, repite Salias, con ademán sereno. Eran los momentos en que los gritos se redoblaban y llegaban a oídos de Emparan, ya preocupado.

– Al cabildo, señor, le repite Salias.

– Vamos, pues, al cabildo, contesta Emparan.” (Rojas, 1974, 171 y 172).

Todo ello para confirmar lo ya expresado por Laureano Vallenilla Lanz en su estudio sobre La Ciudad Colonial, donde sostiene que el Cabildo sirvió:

“de escuela a los hombres que iniciaron el movimiento emancipador, sin tener necesidad como se ha afirmado por ignorancia de los hechos, de ir a copiar leyes extrañas ni a imitar servilmente las instituciones de otros países para asumir desde luego el gobierno propio, para declararse en posesión de sus derechos autónomos al desaparecer el Monarca”. (Vallenilla, 1930, 101).

Lo demás es verdadera y conocida historia patria, ese 19 de abril de 1810 por senda acta del Cabildo se establece un nuevo Gobierno en Caracas. En efecto, de acuerdo con Arcila Farías, el documento de marras da fe de que:

“ese día cesaron en sus funciones las personas que hasta entonces habían ejercido el mando político en Venezuela: el Gobernador y Capitán General, Vicente de Emparan, el Intendente del Ejército y Real Audiencia, Vicente Basadre, el Regente y demás miembros de la Real Audiencia, junto con otros altos funcionarios civiles y militares españoles. En virtud de los sucesos ocurridos el 19 de abril de 1810, el poder político quedó así en manos del Cabildo o Ayuntamiento caraqueño, el cual, ampliado con representantes del clero y del pueblo, entre éstos el de los pardos, forma ya “un nuevo gobierno” como se expresa en el mismo documento.” (Diccionario de Historia de Venezuela, 1997, 275).

Basta leer con detenimiento los nombres de los mantuanos firmantes del acta para confirmar sin equívocos el carácter ciudadano, el corte civilista de la Revolución por la Independencia de Venezuela que se inició en Caracas el 19 de abril de 1810, para promulgar que: “El mando supremo quédase depositado en este Ayuntamiento muy ilustre.”

  1. Religiosa

Imbuida de religiosidad en sus antecedentes y ejecutorias estuvo la Revolución caraqueña de 1810. La fidelidad a la religión católica fue una constante significativa del proceso de conquista, colonización y administración de las Indias. Diversos analistas de lo acontecido en Caracas en abril de 1810 señalan, en consecuencia,  la importancia que la doctrina teológica escolástica tuvo sobre la soberanía en los procesos independentistas latinoamericanos. En efecto, se señala que junto a los postulados de la Revolución Americana o de la Revolución Francesa, la reacción contra el Regalismo que en materia religiosa sustentaba la Corona española, debe ser muy tenida en cuenta al momento de analizar las motivaciones de la gesta emancipadora americana. En este orden de ideas, Rodrigo Conde sostiene:

“La palabra regalismo, significa en la historia de la Iglesia la intromisión ilegitima de los gobernantes en materia religiosa. Si los Reyes Católicos, Carlos V y Felipe II, tendían a un cierto centralismo y regalismo, con la llegada de los Borbones se acrecentó la intervención real. Esta dinastía, entendió el Patronato como una parte inherente de su soberanía que como una serie de concesiones papales (…) Con los Borbones, a comienzo del siglo XVIII, el rey tenía en sus manos la regalía del Patronato con el derecho de representación, el uso del exequátur (pase) regio, el del recurso de fuerza, el vicario regio de Indias y una escuela de leguleyos que sostenían tales derechos (…) Contrastando con la complacencia de esos juristas estaban los que apoyaban el origen popular del poder, el derecho a la rebelión contra el soberano que se había precipitado en la tiranía y la necesidad de preservar los derechos de la libertad de la Iglesia (…) Esta mentalidad imperante influyó ciertamente en la mente de los hombres de la primera hora republicana (…) Por esta razón avalarán el derecho de rebelión contra España y justificarán la Independencia.” (Febres, 2010, 72 y 73).

María Eugenia Talavera, por su parte, sustenta lo siguiente:

“Es de tomar en cuenta que, la religión y la defensa de la patria estuvieron unidas en el proceso de levantamiento contra el imperio español. En el conflicto bélico la Iglesia y sus ministros tuvieron un papel preponderante como protagonistas del proceso, pues muchos de ellos estuvieron adscritos a favor del régimen republicano, bien participando como soldados directamente en la guerra, bien a través de prédicas públicas (sermones), conversaciones privadas a favor de la causa patriota, asimismo, participaron activamente en la reunión y adoctrinamiento de los feligreses para tomar las armas, proveyendo apoyo logístico a las tropas, donando dinero a la causa entre muchas otras actividades.  Igualmente, no dejaron de tener una participación política activa como integrantes del Cabildo de Caracas durante los sucesos del 19 de abril de 1810 y la Junta de defensa de los Derechos del Rey Fernando VII frente a la invasión de Napoleón Bonaparte en España en 1808.” (Febres, 2010, 149).

Así, como si la religión católica hubiese ejercido una influencia más allá de las ideas: sobre el tiempo, el Jueves Santo de 1810 tiene lugar la Revolución de Caracas, en la que desempeña un papel fundamental, de manera individual, un conjunto de sacerdotes. En efecto, es harto conocida la intervención del canónigo José Cortés de Madariaga en los hechos y de otros clérigos que también firmarán luego la célebre acta. Castillo Lara, en el ya mencionado discurso, narra:

“Una inspiración sacude a Roscio, quien manda a buscar al Canónigo José Cortez de Madariaga con el Padre José Félix Blanco. O quizás fue éste el de la idea. No falta quien afirme que fue obra de la casualidad al encontrarse Blanco con el Canónigo, y a las preguntas de éste, le dio la información. Sin embargo, Dios debía tener su mano metida allí, inspirando a los hombres. Una versión indica que el Padre Blanco, corriendo apresurado con la sotana al hombro, se dirigió calle arriba a la Iglesia de la Merced, donde estaba el Canónigo confesando. Interrumpió el Sacramento y a toda prisa voló a las Casas del Ayuntamiento. Atraviesa la compacta multitud y junto con el Padre José Francisco Ribas y Herrera se incorporan como Diputados del Clero”.

A las deliberaciones del Cabildo caraqueño son llamados a participar los pronuncios de los tres principales conventos de hombres establecidos en Caracas: agustinos, franciscanos y mercedarios, al igual que el Padre Juan Antonio Rodríguez Queipo, Rector del Seminario Arquidiocesano. Sin embargo, la invitación no se hizo extensiva a los representantes del Cabildo Eclesiástico y del Arzobispado.

Por otra parte, es de subrayar que la jerarquía eclesiástica que regía el Arzobispado – en condición de sede vacante desde la muerte del arzobispo Francisco de Ibarra – no estuvo nunca comprometida con la gesta de abril. A su arribo al país, el 31 de julio de 1810, el nuevo Arzobispo designado, Narciso Coll y Prat,  antes de subir a Caracas, fue obligado a prestar juramento ante el comandante de la plaza de La Guaira, en el que expresó:

“… no reconocer otra soberanía que la del expresado Señor Fernando VII, representada en la suprema junta erigida en la capital de esta provincia con el título de conservadora de los derechos de S.M. mientras dure el cautiverio de su real persona, ó por el voto espontáneo y libre de sus dominios se establezca otra forma de gobierno capaz de ejercer la soberanía en todas ellas…”.

Este reconocimiento de la soberanía de la Junta fue ratificado por el nuevo Arzobispo en Pastoral emitida el 15 de agosto de 1810.

La influencia de la religión sobre la concepción de la nueva República no se hace esperar, son variadas las posiciones que se esgrimen con el fin de conciliar la fe con la ideología. Uno de los más conspicuos revolucionarios de abril, Juan Germán Roscio, católico confeso y liberal a toda prueba, sustenta la posibilidad de establecer un “Republicanismo Cristiano”.  Sobre esta alianza entre la religión y la política, María Eugenia Talavera señala:

“Según Roscio es posible conjugar el ser cristiano en una sociedad defensora de las libertades individuales, para ello es necesario enlazar la razón y la fe para consumar el matrimonio entre el cristianismo y el liberalismo. Para fundamentar esta idea se apoyó en el Antiguo Testamento para tratar de demostrar que no existía ninguna contradicción entre ser católico y tener una postura política liberal. Considera que es necesario depurar la religión, liberarla de la política para demostrar que es posible hacer una lectura republicana del catolicismo, basándose en el principio  necesario para “desmonarquizar” las nuevas sociedades”. (Febres, 2010, 151 y 152).

Así lo reconoce también, más contemporáneamente, la Conferencia Episcopal Venezolana, que en Carta Pastoral relativa al Bicentenario de la Declaración de Independencia afirma:

“Tanto el 19 de abril como el 5 de julio fueron dos acontecimientos en los que brilló la civilidad. La autoridad de la inteligencia, el diálogo, la firmeza y el coraje no tuvieron que recurrir al poder de las armas o a la fuerza y a la violencia. La sensatez en el intercambio de ideas y propuestas respetó a los disidentes y propició el anhelo común de libertad, igualdad y fraternidad. Los padres fundadores de la patria, herederos de una tradición cristiana que ya contaba tres siglos en este suelo, reafirmaron esa fe con pública proclamación; deseaban que la República de Venezuela naciera, por tanto, bajo la inspiración de la fe en Jesucristo e imploraron la ayuda divina para la realización de ese sueño de libertad, de unidad, de paz”.

Esta influencia de la Religión Católica sobre el proceso emancipador que se gesta el 19 de abril se hace más manifiesta al momento de declararse la Independencia Venezolana y de aprobarse la Constitución de 1811. En efecto, recordemos que el Acta de Independencia comienza invocando a la Divinidad: “en nombre de Dios Todopoderoso”.

Por su parte, la primera Constitución venezolana de 1811 declaraba:

“La religión Católica, Apostólica, Romana, es también la del estado, y la única, y exclusiva de los habitantes de Venezuela. Su protección, conservación, pureza e inviolabilidad será uno de los primeros deberes de la Representación nacional ; que no permitirá jamás en todo el territorio de la Confederación ningún otro culto público, ni privado, ni doctrina contraria a la de Jesu – Christo”.

Todo ello pues dentro del espíritu expresado en 1810 cuando en su Alocución a los habitantes de Venezuela, la Junta Suprema de Caracas expresó:

“Que la religión santa que hemos heredado de nuestros padres sea siempre para nosotros y para nuestros descendientes el primer objeto de nuestro aprecio y el lazo que más eficazmente pueda acercar a nuestras voluntades”.

  1. Antifrancesa

Históricamente las relaciones entre España y Francia fueron tirantes y  dificultosas de acuerdo con los cambiantes intereses imperiales de una u otra nación. Sin embargo, el punto culminante de esta conflictiva relación franco – española se produce en ocasión de la entrada de las tropas de Francia en España con el fin de invadir Portugal y que culmina con la designación de José Bonaparte, el hermano del Emperador Napoleón, como José I, Rey de España,  conocido como El Intruso. En efecto, en el conjunto de las llamadas guerras hispano – francesas destacan las siguientes: las Guerras italianas (1494-1559) (que no pueden considerarse exclusivamente franco-españolas, pero que en varias ocasiones se extendieron por zonas al sur o al norte de los Pirineos);  la intervención española en las Guerras de religión de Francia, que propiamente fueron una guerra civil en territorio francés (15621598);  la Guerra franco-española (1635-1659), y, por supuesto, la de la Independencia Española (1808 – 1814). En este sentido,  Eugenio Bernard – Javaudin señala:

« Les relations entre la France et l’Espagne sont » houleuses » depuis toujours. Il est révélateur que bien des rois de France se soient (ou aient été) mariés avec des infantes d’Espagne dans le but de créer des alliances durables… qui très souvent n’ont pas empêché des conflits entre les deux superpuissances. François Ier avait refusé le » partage du monde » entre Espagnols et Portugais et avait combattu Carlos Quinto (Charles Quint), Philippe II d’Espagne a tout fait pour éviter que Henri de Navarre devienne roi de France (Henri IV), de nombreuses guerres opposent les deux pays sous Louis XIII et Louis XIV, bien que ces deux rois français aient épousé des princesses espagnoles. L’épisode napoléonien est une autre période noire entre les deux pays, mais pas la dernière… » (Cita de Wikipedia).

Los acontecimientos ocurridos en Bayona exacerban el sentimiento antifrancés existente en la Metrópoli y sus provincias. Términos como mosiús, franchutes o gabachos fueron cotidianamente utilizados para ridiculizar y expresar el rechazo a los franceses por parte de los españoles. Un buen ejemplo de esta repulsión xenofóbica lo podemos encontrar en las consideraciones de  Francisco Xavier Borbón, un fiscal de la Real Audiencia, quien, en México, se expresaba así de los franceses:

“A manera de leprosos y de carne llena de contagio y hediondez han infestado todo el orbe, siendo de esta verdad testigos constantes: Nápoles, Roma, Turín, Génova, España y cuantos suelos han pisado. Tal vez si desde el principio se hubiera discurrido que los
franceses eran en la perfidia, tan capaces, poderosos y obradores como lo han sido, no hubiera llegado a ser tan universal el desastre”.

 

Y es que para una España tradicionalista, pacata, clerical, monárquica y provinciana la vecindad con un país que era todo lo contrario en creencias y concepción de la sociedad se traducía en una permanente amenaza.

 

En efecto, los postulados de la Revolución Francesa – a pesar de todas las prohibiciones y decomisos de libros y proclamas – arribaron prontamente a España y a América con toda su carga de conceptos y criterios basados en los derechos del hombre y del ciudadano dentro de una concepción republicana de la soberanía, asentada ahora en el pueblo y no más en Dios o en la nobleza. Ya analizamos la significativa influencia de la Revolución Francesa en los movimientos emancipadores americanos.

Por otra parte, el anticatolicismo francés, además de la siempre presente amenaza de los protestantes galos, tomó también una forma muy temida por los católicos españoles: la Masonería, es decir, una organización autodenominada iniciática, filantrópica y filosófica basada en los principios de libertad, igualdad y fraternidad, que tiene como objetivo la búsqueda de la verdad y el fomento del desarrollo intelectual y moral del ser humano. Los masones jugaron un papel determinante en la independencia americana. En lo que nuestro país se refiere, Edgar Perramón señala:

La historia de Venezuela está estrechamente ligada a la historia misma de la Masonería. Desde antes de la Independencia, la Masonería viene jugando un papel importante en la libertad y progreso del país. Los orígenes de la Masonería venezolana se encuentran, casi simultáneamente, en La Guaira, en 1797, con la llegada de cuatro masones españoles, de tendencia liberal, que incorporan a varios venezolanos a la actividad masónica, y en Londres, en 1798, con el establecimiento de la Gran Reunión Americana, fundada por el Precursor Francisco de Miranda, a través de la cual –y de las Logias Lautarinas que fueron sus sucursales–, muchos venezolanos se incorporaron a la actividad masónica. Más tarde, entre 1811 y 1818, nacen las primeras Logias en Cumaná, Carúpano y Angostura — que más tarde, en 1846, se llamó Ciudad Bolívar– y donde se encuentran las primeras actividades concertadas en torno a los principios libertarios y humanistas de la Masonería. Sin embargo, avanzan los estudios respecto de que las primeras logias habrían funcionado en la Isla Margarita desde 1807, sin que hasta la fecha se haya podido confirmar la valiosa documentación disponible. Desde entonces, la Masonería venezolana juega un papel de primera importancia en la vida nacional, marcada por una lucha continua por las ideas emancipadoras, por un esfuerzo sostenido en pro de la independencia y por sostener el régimen republicano, permanentemente amenazado”. (Historia de la Masonería en Venezuela, página Web).

Y por si fuera poco, las Provincias americanas de España asistieron con temor y rechazo, a los cruentos acontecimientos que acompañaron a la guerra de independencia de Haití, en la que los principios revolucionarios franceses fueron puestos en práctica para alcanzar la independencia y abolir la esclavitud. En este sentido, luego de un prolijo análisis sobre la repercusión de los sucesos de Haití en la América Española, y, en especial, en Venezuela, Alejandro E. Gómez en su artículo La Revolución Haitiana y la Tierra Firme hispana, publicado en la Revista Digital Nuevos Mundos / Mundos Nuevos, concluye:

“…a pesar de que la Revolución Haitiana comenzó a influenciar la Tierra Firme hispana desde su comienzo, luego del gran alzamiento del Cabo Francés en agosto de 1790, no fue sino hasta la revuelta en la Serranía de Coro de 1795 que lo hizo de manera directa, aunque en forma conjunta con lo que sucedía en Guadalupe. Sin embargo, no fue sino hasta que en Saint-Domingue se impuso un gobierno liderado por ‘gente de color’ a comienzos del siglo XIX, que dicho proceso revolucionario comenzó a ser abstraído del contexto franco-caribeño revolucionario, para pasar a transformarse en un epíteto asociado al temor de ver repetir en otros lugares una “revolución de negros”; y para algunos ‘hombres de color’, en el modelo republicano ideal que en lo sucesivo serviría tanto para amedrentar a los elites blancas, como para reflejar las frustraciones de las esclavitudes locales”.

A estas realidades históricas, a esta inveterada pugnacidad, se suma la designación de José I, El Intruso, como Regente de España que contó con el apoyo de los llamados afrancesados, término que pasó a ser asimilado con el de traidor a la Patria.

No es pues de extrañar el carácter antifrancés que asume la revolución caraqueña de 1810; a Emparan se le acusa de afrancesado; las actas y documentos de la Junta Suprema de Caracas dejan claramente establecido su rechazo a Napoleón y el repudio a Francia, tal como se asienta en el Manifiesto sobre la forma provisional del nuevo gobierno:

“La España, sea cual haya sido su conducta anterior con sus colonias, no puede ya ofrecerles relaciones de recíproca utilidad que puedan sostener su integridad política con ellas. Dominada por una nación tan pérfida y tan tirana, como poderosa y astuta, no posee otro territorio que unas provincias ocupadas y abandonadas espontáneamente por los Franceses, otras que los han aclamado, algunas que los temen, y la única plaza fuerte que sirve de asilo y antemural a los retos del heroísmo Español es Cádiz”.

 

  1. Pro Fernando VII

En el Discurso de Orden pronunciado por la historiadora Inés Quintero Montiel con motivo del Bicentenario del 19 de abril de 1810, disponible en la Web de la Academia Nacional de la Historia,  se expresa:

“En los aspectos que destacan los autores que se han ocupado de estos temas está la uniforme lealtad hacia Fernando VII y el rechazo hacia la usurpación francesa que se produjo en América, al conocerse las noticias acerca de las abdicaciones de Bayona. En todos los casos estas manifestaciones de fidelidad fueron relativamente homogéneas, se inscribieron dentro de la tradición ceremonial del reino y pusieron en evidencia la fortaleza, coherencia y unidad del imperio español. A pesar de la disgregación del poder en numerosas juntas y de la inexistencia de poder en numerosas juntas y de la inexistencia de una instancia política que pudiese ser reconocida como la legítima autoridad, no hubo en América ningún movimiento que tuviese como objetivo adelantar la independencia”.

En Caracas y demás ciudades y villas venezolanas la situación no fue diferente: el apoyo a D. Fernando VII, El Deseado, fue el argumento fundamental esgrimido por los cabildantes y diputados que asumieron la defensa del reino y repudiaron  la invasión francesa. El acta del 19 de abril de 1810, reza textualmente:

“En la ciudad de Caracas a 19 de abril de 1810, se juntaron en esta sala capitular los señores que abajo firmarán, y son los que componen este muy ilustre Ayuntamiento, con motivo de la función eclesiástica del día de hoy, Jueves Santo, y principalmente con el de atender a la salud pública de este pueblo que se halla en total orfandad, no sólo por el cautiverio del señor Don Fernando VII, sino también por haberse disuelto la junta que suplía su ausencia en todo lo tocante a la seguridad y defensa de sus dominios invadidos por el Emperador de los franceses, y demás urgencias de primera necesidad, a consecuencia de la ocupación casi total de los reinos y provincias de España, de donde ha resultado la dispersión de todos o casi todos los que componían la expresada junta y, por consiguiente, el cese de su funciones. Y aunque, según las últimas o penúltimas noticias derivadas de Cádiz, parece haberse sustituido otra forma de gobierno con el título de Regencia, sea lo que fuese de la certeza o incertidumbre de este hecho, y de la nulidad de su formación, no puede ejercer ningún mando ni jurisdicción sobre estos países, porque ni ha sido constituido por el voto de estos fieles habitantes, cuando han sido ya declarados, no colonos, sino partes integrantes de la Corona de España, y como tales han sido llamados al ejercicio de la soberanía interina, y a la reforma de la constitución nacional; y aunque pudiese prescindirse de esto, nunca podría hacerse de la impotencia en que ese mismo gobierno se halla de atender a la seguridad y prosperidad de estos territorios, y de administrarles cumplida justicia en los asuntos y causas propios de la suprema autoridad, en tales términos que por las circunstancias de la guerra, y de la conquista y usurpación de las armas francesas, no pueden valerse a sí mismos los miembros que compongan el indicado nuevo gobierno, en cuyo caso el derecho natural y todos los demás dictan la necesidad de procurar los medios de su conservación y defensa; y de erigir en el seno mismo de estos países un sistema de gobierno que supla las enunciadas faltas, ejerciendo los derechos de la soberanía, que por el mismo hecho ha recaído en el pueblo, conforme a los mismos principios de la sabia Constitución primitiva de España., y a las máximas que ha enseñando y publicado en innumerables papeles la junta suprema extinguida. Para tratar, pues, el muy ilustre Ayuntamiento de un punto de la mayor importancia tuvo a bien formar un cabildo extraordinario sin la menor dilación, porque ya pretendía la fermentación peligrosa en que se hallaba el pueblo con las novedades esparcidas, y con el temor de que por engaño o por fuerza fuese inducido a reconocer un gobierno legítimo, invitando a su concurrencia al señor Mariscal de Campo don Vicente de Emparan, como su presidente, el cual lo verificó inmediatamente, y después de varias conferencias, cuyas resultas eran poco o nada satisfactorias al bien político de este leal vecindario, una gran porción de él congregada en las inmediaciones de estas casas consistoriales, levantó el grito, aclamando con su acostumbrada fidelidad al señor Don Fernando VII y a la soberanía interina del mismo pueblo…”

Y para que no hubiese duda alguna acerca de la motivación e intenciones de la Revolución de Caracas de 1810, la Junta Suprema de Caracas se dirige a la Junta Superior de Gobierno de Cádiz con el  fin de exponer “las razones que tuvo la Ciudad de Caracas para establecer su Gobierno propio el 19 de Abril”. La argumentación caraqueña se inicia evocando los hechos pioneros del 15 de julio de 1808:

“Caracas imitando la conducta de la España ha tomado el partido que ella misma le ha enseñado cuando carecía del Gobierno central, o cuando éste no podía atender a su seguridad, ni dirigir los pasos de su administración y defensa. Cada Provincia, o cada Reino resumiendo el ejercicio de la Soberanía, la explicaba por medio de sus Juntas Provinciales o Supremas. Valencia, Cataluña. Extremadura, mucho menos distante de la Central que Venezuela, quedaron separadas de ella y llevaban el por sí mismas las riendas del Gobierno, cuando el centro del poder era insuficiente para cuidar de su conservación y sostener los derechos de su independencia y libertad pérfidamente atacados por el común enemigo. Caracas fue la primera  que entre todos los dominios de la Corona Española juró solemnemente obediencia a su adorado Rey el Señor D. Fernando VII en su exaltación al trono, proclamándolo como tal, y gritando en la tarde del 15 de julio de 1808 contra la felonía de Napoleón, contra los emisarios que acababan de introducirse en esta capital con las letras del gobierno francés, y contra todos los demás que seguían las banderas de  su perfidia. Vacilante el Gobierno de Caracas con las fórmulas Ministeriales de que venían revestidos los despachos de Murat, y casi inclinado a tributarle la deferencia que exigían sus emisarios, habría quizá manchado la acendrada felicidad de este Pueblo si no oye los gritos decisivos del Reinado de Fernando Séptimo, y sus declamaciones contra los franceses”.

En esos términos se proclamaba sin cortapisas el vínculo con nuestro Rey Fernando Séptimo y se reconocía la soberanía popular que debía regir en esta vacío de poder, en esta ausencia de autoridad legítima, en esta terrible orfandad a la que fueron sometidas las Provincias Españolas de ultramar por  la pérfida Francia, incluyendo la de Venezuela.

  1. Mantuana

De acuerdo con Germán Carrera Damas el término mantuano, tan caro a los revolucionarios de antes y de ahora, es:

“una voz originaria de Caracas, derivada de “manto”, que fundada en el uso exclusivo de esa prenda por las señoras de los grandes propietarios y nobles de la Colonia, sirvió para designar a toda una clase social (…) A fines del siglo XVIII los mantuanos de Caracas, que junto con los pocos del interior del país escasamente sobrepasaban un centenar de cabezas de familia, estrechamente vinculados entre sí, se esforzaron por perfeccionar su control de la sociedad intentando convertirse en un “cuerpo de nobles” (…) El hecho es, sin embargo, que al enfrentarse tanto a los funcionarios reales, cuya actuación estimaban que de alguna manera amenazaba sus privilegios, como a los peninsulares que buscaban fortuna y labrarse una posición social, los mantuanos caraqueños desencadenaron un prolongado y profundo proceso político, militar e ideológico que condujo a la emancipación y a sentar las bases iniciales de una sociedad más igualitaria”. (Diccionario de Historia de Venezuela, 1977, tomo 3, 25 y 26).

 

Manuel Alfredo Rodríguez en su Discurso de Incorporación a la Academia Nacional de la Historia, precisa aún más el origen y circunstancias del término:

 

“El 11 de febrero de 1571 la Católica Majestad de don Felipe II dispuso desde Madrid se incorporase a las Leyes de Indias una disposición, según la cual, las mulatas, al igual que las negras libres o esclavas, no llevasen oro, seda, mantos ni perlas. Si fueren casadas con español podían usar unos zarcillos de oro con perlas, una gargantilla y en la saya o falda un ribete de terciopelo. En ningún caso podían ataviarse, so pena de confiscación de todas las joyas y ropa de seda que llevasen, de mantos de cualquier tipo de tela. Sólo se les permitía mantellinas o mantillas que llegaran un poco más debajo de la cintura pues los mantos estaban reservados a las señoras de superior condición. No puede estar más claro el origen del calificativo de “mantuanos” aplicado a los miembros de la aristocracia terrateniente”.

 

Guillermo Morón, por su parte, describe las características de esta clase social mantuana, formada básicamente por los blancos criollos:

 

“Esta clase social dirigente reclama y obtiene todos los derechos; su situación es la una especie de aristocracia que cuida con celo sus prerrogativas frente al poder central y frente a las clases inferiores, más numerosas. Su función rectora es indiscutible, a través de ciertos órganos, como son el Ayuntamiento y la posesión de las tierras. Cada ciudad importante, sea o no cabeza de provincia, constituyó el centro del grupo social en su jurisdicción. Se trataba de grupos familiares y sociales particulares, más que una sola clase u oligarquía capaz de concebir una unidad de tipo nacional. El conjunto de familias radicadas en cada ciudad (…) se atrincheran en el Cabildo para ejercer desde él el poder municipal, una rectoría municipal. La vara de la justicia, el pendón real, el derecho a palio en las procesiones, son los medios de distinguirse (…) Este predominio político – social está avalado por la riqueza sustentada en la posesión de la tierra. En efecto, los grandes hacendados – cacao, tabaco, hatos de ganado – eran los descendientes de encomenderos. En eso radicaba su poder. Cuando la riqueza comienza a diversificarse por la aparición de oficios capaces de rendir y por la extensión de los conuqueros y de los comerciantes, empieza a aflojarse la rectoría mantuana. Es cuando los mulatos pretenden ya lograr iguales prerrogativas, y no será raro que Jerónima Garcés, mulata libre, entable pleito con el alcalde ordinario de Coro, José Antonio Gil, para que no se le impida usar manto en punta. Esto es ya en pleno siglo XVIII, hacia 1761”. (Morón, 1971, Tomo 4, 609).

 

El poder en la sociedad colonial giraba pues en torno a tres polos: los blancos peninsulares, los mantuanos o blancos criollos y los pardos que venían incrementando su influencia, tal como aconteció en la fallida Conjura de los Mantuanos.

 

Recordemos que los pardos fueron el producto de  la mezcla de blancos y negros que se inició con la llegada de los esclavos africanos – Piezas de Indias – para sustituir a la “ineficiente” obra de mano indígena desconocedora de las tareas de la minería y de la agricultura formal, ese mestizaje  dio origen a una nueva casta social conocida como los pardos –expresión un tanto imprecisa, generalizada en el Siglo XVII – considerada por la pacata sociedad colonial como “una generación propagada no por la santa alianza de la Ley, sino por las torpes uniones reprobadas por la religión”. José Eliseo López analiza el largo periplo que llevó a los pardos de una inicial situación de marginalidad social y económica a constituirse en la Pardocracia:

 

“De los pardos salieron los artesanos, los pulperos, los arrieros y en general, todos aquellos trabajadores que podían adquirir cierta habilidad a través de de una práctica sencilla y rutinaria. Esa desventajosa situación tendió, sin embargo, a mejorar cuando por situaciones más interesadas que altruistas, surgieron disposiciones que concedían a los pardos libres un importante margen para intentar disminuir las trabas que les impedían su desarrollo social. La conocida real cédula de 1795 de “gracias al sacar” fue uno de los hechos que estimularon sus aspiraciones de promoción. Por ella podían adquirir con cierta cantidad de reales de vellón, la calidad de blanco y supuestamente, los derechos que esa condición implicaba (…) Se permitió también a la “gente de color”, desde 1797, ingresar a las escuelas de medicina y ejercer el oficio de médico, en virtud de la escasez de blancos en esta actividad (…) En todas estas ciudades del país, hallábase este grupo, al comenzar el siglo XIX, formando gremios y cofradías, atendiendo  a una diversidad de oficios que se habían hecho indispensables en las nuevas magnitudes urbanas. Su número se amplió a tal nivel que se hizo imposible establecer diferencias estrictas entre los variados estratos de la “gente de color” (…) Es a este tipo de pardo al que se refieren los historiadores que sostienen que alrededor del 80% de la población venezolana de la etapa colonial estaba formada por pardos. A ellos aluden también los escritores que hablan de “pardocracia” para insinuar el predominio numérico de esa capa social”. (Diccionario de Historia de Venezuela, 1977, Tomo 3, 490 y 491).

 

Y Manuel Alfredo Rodríguez, por su parte, en el ya mencionado discurso de incorporación, señala acerca de los pardos libres y su contribución a la sociedad, lo siguiente:

 

“En vísperas de la Declaración de Independencia era evidente que los pardos libres de Venezuela representaban en la sociedad colonial un papel muy similar al jugado en la contemporánea por la llamada “clase media». Ellos se emanciparon de la servidumbre a la gleba o al suelo, adquirieron la habilidad técnica necesaria para elaborar materias primas, aprovecharon los prejuicios de la época para señorear numéricamente todos o casi todos los gremios artesanales, proveyeron a la comunidad los productos que no eran alimentos y rebasaron el plano de la artesanía para elevarse a la superior categoría de la creación artística. Esa peculiar «clase media» —incipiente burguesía— no era entonces homogénea como no lo ha sido después. Su capa superior la integraban individuos pudientes como los Mexías Bejarano, José Gabriel Landaeta y Domingo Arévalo con capacidad económica para enseñar Latín a sus hijos y afrontar los crecidos gastos del procedimiento administrativo que habría de «blanquearlos», el pintor Juan José Landaeta — homónimo del compositor— quien pudo visitar Londres y los otros pintores, hasta ahora no identificados, a quienes Boulton ubica en Madrid como alumnos de la Real Audiencia de San Fernando. Aún puede darse otro ejemplo con el nombre del «cerero» y próspero propietario de una fábrica de velas y velones Luis Lovera, hermano del pintor Juan. Hubo también un sector menos acaudalado aunque con recursos como para darse el gusto de tener una buena librería o biblioteca, tal y como lo demuestran las casos del compositor Juan José Landaeta y del retrechero músico, líder en cierne, y aspirante a clérigo Juan Bautista Olivares. La gran mayoría era pobre de solemnidad La burguesía favoreció la urbanización de Europa y los pardos libres de Venezuela contribuyeron de manera considerable al afianzamiento y desarrollo de Caracas y nuestros principales centros urbanos”.

 

Son pues los mantuanos quienes sin vacilar y según su mejor conveniencia lideran la Revolución de Caracas de 1810, aunque ya más experimentados en la búsqueda de apoyos y reconociendo la importancia creciente de esta casta social, incorporan al Cabildo “un representante de los pardos”. Mucha razón tiene Carlos Fuentes cuando analiza el difícil y contemporizador rol desempeñado por los blancos criollos en los procesos independentistas americanos:

“El criollo hispanoamericano, cada vez más enajenado respecto a la metrópoli española pero respecto también a su propia mayoría nacional, se vio obligado a tomar la iniciativa antes de que la monarquía o el pueblo se la arrebatasen. El criollo se vio obligado a encabezar su propia revolución. Y habría de guiarla en su propio interés, ya no comprometiéndola con España, pero exorcizando al mismo tiempo el peligro de tener que compartirla con mulatos, negros o indios. Este cálculo, frío y desnudo, sería cobijado con el manto tibio de la naciente conciencia nacional, el sentimiento de unidad comprensiva proporcionado por la historia y la geografía, y  excluyente tanto del imperialismo español como de la política igualitaria. Esto es lo que se propuso hacer la nación criolla, con la esperanza de que el arco de sus justificaciones morales, políticas, jurídicas, nacionalistas y aun sentimentales, acabaría por abarcar tanto la necesidad continuada de la monarquía española respecto a las colonias, como el creciente clamor de la mayoría de color para obtener libertad con igualdad”. (Fuentes, 1987, 345 y 346).

 

Luego de su defenestración como Gobernador y Capitán General, Vicente Emparan en carta al Ministro de España Luis de Onis, comenta y reconoce el rol jugado por los blancos criollos, por los pelucones, por los mantuanos caraqueños en la rebelión caraqueña de abril de 1810:

 

“Me levanté de mi asiento y asomándome al balcón dije en voz alta: si era cierto que el pueblo quería que yo dejase el mando, y los que estaban más inmediatos y a distancia de percibir lo que se les preguntaba, respondieron:”no, señor, no”, pero otros más distantes a quien los revolucionarios hacían señas del balcón porque no me podían oír, y era sin duda de la chusma que tenía pagada, dijo que sí: y sobre este sí de un pillo, los mantuanos revolucionarios me despojaron del mando, obligándome a que le transfiriese al cabildo, que hizo cabeza de la rebelión, por más que protesté la nulidad del acto pues no estaba yo autorizado para renunciarlo”.

 

En fin, la Revolución de 1810 fue mantuana, no fue ni militar ni eclesiástica y mucho menos popular, fue una rebelión burguesa encabezada por los oligarcas caraqueños. Brewer – Carías resume el carácter de la misma en los siguientes términos:

 

“ En todo caso, este movimiento revolucionario iniciado en Caracas en abril de 1810, meses antes de la instalación de las Cortes de Cádiz, indudablemente que siguió los mismos moldes de la Revolución francesa y tuvo además la inspiración de la Revolución norteamericana, de manera que, incluso, puede considerarse que fue una revolución de la nobleza u oligarquías criolla, la cual, al igual que el tercer estado en Francia constituía la única fuerza activa nacional (…) No se trató, por tanto, inicialmente de una revolución popular, pues los pardos, a pesar de constituir la mayoría de la población, apenas comenzaban a ser admitidos en los niveles civiles y sociales como consecuencia de la Cédula de <<Gracias al sacar>> vigente desde 1795 (…) Por ello, teniendo en cuenta la situación social preindependentista, sin duda que puede calificarse de <<insólito>> el hecho de que el Ayuntamiento de Caracas, transformado en Junta Suprema, se le hubiera dado representación no solo a estratos sociales extraños al Cabildo, como los representantes del clero, sino a un representante de los pardos”. (Brewer, 2008, 217, 218 y 219).

  1. Caraqueña con vocación nacional

En 1810, como hemos visto, el Ayuntamiento caraqueño se transformó súbitamente en Gobierno Nacional, adoptando primero el ostentoso nombre de Suprema Junta Conservadora de los derechos de Fernando VII en las provincias de Venezuela y luego, el más escueto de Junta Suprema de Caracas para gobernar las provincias de Venezuela. Los nuevos gobernantes decidieron, muy prontamente, enviar sendas representaciones a diversas ciudades – capitales de provincia o no – de la Capitanía General de Venezuela con el fin de que las mismas constituyeran, a su vez, juntas provinciales o locales que se sumarán a los postulados del movimiento libertario emprendido por los mantuanos caraqueños.

Por Real Cédula del 8 de septiembre de 1777, dada en San Ildefonso, el monarca español Carlos III, El Político, en virtud de las sesudas recomendaciones formuladas por el Virrey del Nuevo Reyno de Granada y por los Gobernadores de las Provincias de Guayana y Maracaibo, acerca de los inconvenientes que causaba a tales Provincias, así como a las de Cumaná, Margarita y Trinidad, el hecho de continuar unidas al Virreinato de Nueva Granda, decidió:

 

“la absoluta separación de las mencionadas Provincias de Cumaná, Guayana y Maracaibo e Islas de Trinidad y Margarita del Reyno de Granada y agregarlas en lo gubernativo y militar a la Capitanía General de Venezuela, del mismo modo que lo están en lo respectivo de mi Real Audiencia, a la nueva Intendencia erigida en dicha Provincia, y ciudad de Caracas, su capital.”

 

Sucesivas disposiciones reales sirvieron de complemento a la consolidación jurídica y administrativa de la Capitanía General de Venezuela. De esta forma, el cuadro político territorial de las Provincias de la Capitanía al momento de los hechos acaecidos el 19 de abril de 1810, correspondía aproximadamente a los actuales territorios de la República Bolivariana de Venezuela:

 

“La Provincia de Margarita, a la Isla de Margarita; la Provincia de Venezuela o Caracas, los territorios de los Estados Falcón, Lara, Portuguesa, Yaracuy, Cojedes, Carabobo, Aragua, Guárico, Miranda, y el Distrito Capital; la Provincia de Cumaná o Nueva Andalucía, los territorios de les Estados Anzoátegui, Sucre, Monagas y parte del territorio de los Estados Bolívar, Amazonas y parte del Delta Amacuro; la Provincia de Maracaibo, los territorios de los  Estados Zulia, Mérida, Táchira y Trujillo; y la Provincia de Barinas, los territorios de los Estados Barinas y Apure”. (Brewer – Carías, 2008, Tomo I, 113).

 

En fin, de acuerdo con Guillermo Morón:

 

“Las  Provincias formaron parte de la Nación española; fueron Provincias del Estado español. Durante trescientos años conformaron una fisonomía propia, con la formación de un pueblo y la creación de un territorio. Unas condiciones sociológicas, económicas y políticas contornearon la imagen popular de lo que va a ser el Pueblo venezolano, el Estado venezolano y la Nación Venezolana (…) Gracias a esos trescientos años de historia será posible asimilar las transformaciones políticas que comienzan en el siglo XIX  con el 19 de abril de 1810, pero que se insinúan ya en el siglo XVIII”. (Morón, 1971, Tomo V, 101).

 

Consumados los ya conocidos hechos del 19 de abril de 1810, con su secuela de cambios significativos y reformas modernizadoras, la Junta constituida en Caracas para proteger los derechos de Fernando VII, erigida en Junta Suprema, emulando a la de Sevilla, dispuso el envío de sendos representantes a algunas de las principales poblaciones de la Capitanía General de Venezuela con el fin de promover entre los Cabildos y autoridades no consistoriales  la constitución de las respectivas juntas provinciales o locales, y su adhesión a los postulados del movimiento revolucionario caraqueño. En efecto:

 

“El 20 de abril los 2 alcaldes – presidentes José de las LLamozas y Martín Tovar Ponte dirigieron una proclama a los habitantes <<de las Provincias Unidas de Venezuela >>, es decir, de toda la antigua capitanía general (o departamento) de Venezuela. En ese documento después de informarles de lo ocurrido el día anterior en Caracas, de criticar <<…el poder ilegal, fluctuante y agitado…>> de la Regencia de Cádiz y de reafirmar la lealtad <<al amado Fernando VII>>, sumido en <<triste cautiverio>>, les incitaban a hacer causa común con los caraqueños y ofrecían llamarlos a <<…tomar parte en el ejercicio de la Suprema Autoridad con proporción al mayor  número de individuos de cada provincia…>> era ya, sin mencionar el nombre, la idea  de convocar el Congreso Constituyente de Venezuela”. (Diccionario de Historia de Venezuela, Tomo 3, 1997, 913).

 

De esta forma, la iniciativa caraqueña procuró obtener tener el pronto y necesario respaldo nacional que demandaban sus pretensiones libertarias. Variadas y encontradas fueron, sin embargo, las respuestas de las Provincias Autónomas y de las ciudades venezolanas.

 

Muy dispar fue, en efecto, la reacción de las provincias y ciudades ante “el ejemplo que Caracas dio”.

 

La más pronta e inmediata se recibió el mismo día de las ciudades, villas y pueblas aledañas a la ciudad de Caracas. En efecto:

 

“Si prescindimos de disquisiciones jurídicas y nos atenemos, en cambio, a los hechos y a la cronología, tendremos que darle al César lo que es del César; es decir, tendremos que confesar que fue el altivo o alto pueblo del “Hatillo”, el puntero de la cimarronera. El 19 de abril de 1810, a las tres de la tarde, antes de terminar el Ayuntamiento de Caracas la sesión de ese día, prolongada hasta las 6 P.M., el Hatillo, por órgano de su teniente, D. Manuel Escalona, proclamó el nuevo orden (…) Siguieron al Hatillo, el propio día, cerca de la medianoche, la Guaira, y el 20 Maiquetía y Macuto, conforme al Bando Publicado muy de mañana por don Juan de Escalona (…) El 21 en la noche se pronunciaron en Valencia, Don Fernando Rodríguez del Toro y su hermano, el Marqués, mediante Cabildo Abierto y Acta del Ayuntamiento. El día siguiente, al parecer, el Comisionado de los Rodríguez Toro, Pablo Arambarri, en unión del Comandante de Marina Mendoza y del resentido comerciante catalán D. José Basora, pasando por alto las objeciones de Tízcar, pronunciaron a Puerto Cabello”. (Grisanti, 1949, 33).

 

En lo que respecta a Cumaná, los emisarios fueron dos habitantes de esa villa oriental que se encontraban de paso por Caracas  el 19 de abril: José Antonio Illas y Francisco González Moreno. Rápida e incruentamente el Gobernador Eusebio Escudero fue depuesto para dar paso a una Junta Suprema como la caraqueña. En efecto,

 

“El pronunciamiento de Cumaná fue espontáneo y radical, e indudablemente venía tramitándose, como el de Valencia, desde los primeros días de abril. Gracias al influjo del Distrito Capitular cumanés, adhirieron sin violencia los demás partidos comarcanos.”  (Grisanti, 1949, 39).

 

En Barcelona, ciudad perteneciente a la Provincia de Nueva Andalucía se constituyeron varias juntas sucesivas de diferente signo y tenor. La primera de ellas – como respuesta al mensaje de Caracas remitido en la persona de Policarpo Ortiz  – decidió erigir a Barcelona en Provincia autónoma, separada de Cumaná y reconocedora de la autoridad temporal de Caracas,  Gaspar de Cajigal la presidió. Bajo la presidencia de Cajigal, la junta dio marcha atrás y decidió acatar la autoridad de la Regencia de España. Muerto Cajigal, se constituyó una nueva junta que presidida por el Mariscal Freytes Guevara retiró el reconocimiento a la Regencia española y ratificó el carácter de Provincia Autónoma de Barcelona y seguir el ejemplo de la capital. En referencia a esta dispar, y en apariencia contradictoria, actitud barcelonesa, Grisanti precisa, en esta larga y esclarecedora cita:

 

“La Nueva Barcelona Americana, o Barcelona Colombiana luego, primordialmente aspiraba a sacudirse la pesada tutela cumanesa. Odiaba a Cumaná con esa tirria, enconada cada día más a causa de los cotidianos dimes y diretes, con que se odia a un vecino intrépido, que fisgonea nuestro hogar e interviene en nuestros conflictos domésticos. Odios de familia quisquillosa, que terminan siempre en jubilosas reconciliaciones. Y a través de Cumaná, alargaba Barcelona su antipatía hacia Caracas, aliada y apoyadora en esos días de la Primogénita del Continente, mientras ansiaba comunicarse con España, de la que esperaba su salvación. La mediatizada y primera adhesión a Caracas y el proyectado sometimiento a la Regencia, según rezaba el acta del 27 de abril, era tanto más sincero por parte de Barcelona, cuanto por remota e inestable, era menos ostensible, menos pesada, y hasta nula, la tutela peninsular. Aún cuando parezca paradoja, Barcelona era realista por amor a su libertad. España se la prometía y renovó varias veces la promesa, y los barceloneses confiaban en la promoción del patria chica, a más elevada jerarquía política.” (Grisanti, 1949, 22 y 23).

 

En Margarita, por su parte, luego de la llegada del enviado por Caracas, Manuel Plácido Maneiro, se constituyó la junta respectiva bajo la presidencia del teniente coronel Cristóbal Anés.

 

En Barinas,  el Ayuntamiento – enterado por carta de lo acontecido el 19 de abril en Caracas – convocó de inmediato un cabildo abierto que acordó constituir una junta de gobierno propia, autónoma frente a la caraqueña, pero coordinada con ella.

 

En Angostura, la capital de la Provincia de Guayana, la reacción fue otra. Si bien en un principio se promovió la creación de una junta emulando a la caraqueña que depuso al Gobernador español José Felipe de Inciarte; días después  bajo la presión de los blancos europeos, de los criollos realistas y de los misioneros capuchinos del Caroní, se procedió a disolver la fugaz junta guayanesa y se optó por reconocer otra vez a la Regencia de España, adoptándose además una actitud decididamente hostil frente a Caracas.

 

En el Occidente del país, la situación tuvo un tono mucho más adverso y conflictivo. Los tres emisarios enviados por Caracas a Coro, Maracaibo y Mérida: Vicente Tejera, Diego Jugo y Andrés Moreno fueron prontamente apresados en Coro, enviados luego bajo escolta a Maracaibo desde donde fueron sin mayores contemplaciones exilados a Puerto Rico.

 

Maracaibo desde un primer momento y por mucho tiempo decidió permanecer fiel al Consejo de Regencia y no alterar la estructura gubernativa provincial. Fueron muchas las razones históricas y de circunstancia que motivaron esta actitud reiterada de sujeción ante España y de marcada rivalidad frente a Caracas. Guillermo Morón explica que en 1777:

 

“No se ha creado, pues una Capitanía General de Venezuela, que ya existía desde 1528, como existían las cada una de las Provincias desde sus respectivas creaciones: Sencillamente se ha unificado en la Capitanía de Venezuela el comando de las Capitanías de Cumaná, Maracaibo, Guayana, Margarita y Trinidad las cuales – aunque no se dice en la Cédula – pasan a ser Comandancias, el rango militar inmediatamente subalterno. Más aún, continúan de derecho siendo Comandancias, pues desde 1739 lo eran respecto de la Capitanía General de Nueva Granada. Sólo Venezuela recuperó su rango completo en 1742. Las demás Provincias siguieron teniendo gobernadores políticos, pero no capitanes generales, aunque se titularan de ese modo en la práctica y actuaran como tales debido a la lejanía de Bogotá, cuya voz apenas se oía en las Provincias. No era fácil modificar con un decreto real la tradición de más de dos siglos. Es por eso  que en Provincias de tan fuerte personalidad, tan extensas y tan antiguas, como Cumaná y Maracaibo, se resistan, aunque no se sometan”. (Morón, 1971, Tomo 5, 51).

 

El historiador zuliano Ángel Lombardi Boscán, por su parte, en artículo publicado en Noticiero Digital en mayo de 2010, refiriéndose a la conducta de los gobernantes marabinos de tiempos de la Independencia señala:

 

“Maracaibo, ciudad disidente, vive en el pecado histórico por no seguir el ejemplo que Caracas dio. Los marabinos, rivales económico / comerciales de la Provincia de Venezuela, aprovecharon la coyuntura de 1808-1820 para obtener una mayor autonomía, además, sus autoridades, tuvieron la responsabilidad de encabezar la contrarrevolución. En el escudo de la municipalidad de Maracaibo, podemos leer aún hoy: “muy noble y leal”. Maracaibo y sus habitantes tuvieron la fortuna de no verse afectados por la guerra; el Lago y su geografía contribuyeron a su aislamiento. La “estrella” de Maracaibo aún no ondea en el pabellón nacional.”

 

Así pues el Gobernador de Maracaibo hizo caso omiso del pedido de apoyo caraqueño que por escrito en nota del 22 de junio, ampliamente informaba:

 

“La ilegitimidad de la Regencia que hemos desconocido, son las razones de derecho de nuestro proceder; y la deposición de los empleados emanada de tan ilegitimo origen, son los hechos más notables de nuestra resolución (…) Nuestra administración interior y nuestros reclamos a la superioridad yacían en el entorpecimiento, en la inacción o en el olvido de la distancia, la confusión y desorden que señalaba todos los pasos de la Junta Central: las autoridades enviadas por ella habían ya aclamado de hecho la impunidad y la absoluta independencia de toda soberanía: las leyes no tenían, por consiguiente, otra salvaguarda que nosotros mismos y esto fue lo que resolvimos poner en práctica el 19 de abril, sin otro fin que el de conservar inviolable la constitución española y los derechos del monarca sobre ella”.

 

Sin embargo, con atinado criterio político, la Junta Suprema de Caracas, se vale de la también conocida rivalidad de Maracaibo con Mérida y Trujillo, y del recelo de estas ciudades andinas frente al creciente poder marabino, para intentar cambiar la precaria situación de apoyo a la Revolución de Caracas en el occidente del país. Así desde la capital se envía otro emisario a Mérida, esta vez merideño, Luis María Rivas Dávila, con el fin de que promoviera la disidencia ante Maracaibo y fomentase la creación de una junta independiente en la ciudad. Las gestiones fueron exitosas, el 16 de septiembre se constituyó  una nueva junta presidida por Antonio Ignacio Rodríguez Picón, que se comprometió a actuar –  como la caraqueña y la cumanesa – en nombre de los legítimos derechos de nuestro Rey  Fernando VII, desconociendo además la autoridad y la regencia del gobernador de Maracaibo.

 

La Grita, la Villa de San Cristóbal y la ciudad de Trujillo, semanas después siguieron esta vez el ejemplo que Mérida dio, y establecieron sendas juntas independientes de la Provincia de Maracaibo, comprometidas como la de Caracas a defender los derechos de nuestro señor Don Fernando Séptimo, el legitimo soberano; igualmente reconocieron a la Junta de Caracas como Suprema.

 

Por su importancia ideológica, base de la posterior división de Venezuela  entre realistas y patriotas, dejamos para el final de nuestro análisis la fecunda querella escrita que protagonizó el Cabildo de Coro con la Junta Suprema de Caracas a objeto de defender y sustentar sus antagónicas posiciones en relación con la Regencia de España. En este sentido, el Cabildo de Coro frente a las pretensiones de la Junta Suprema de Caracas de abrogarse y usurpar el poder soberano:

 

“reprocha a la Suprema Junta el haber depuesto violentamente a los “Ministros del Rey, que son su ”imagen”; el haber enviado mensajeros a diversos países, mandar a buscar al “traidor” Miranda; suprimir el derecho de alcabala; haber alterado la jerarquía civil, militar y económica del Reino; derogado y suprimido el tributo a los indios; dar “sepultura al orden civil igualando a todas las clases y llamándolas para tomar parte en la administración política”; convocar a los extranjeros de todas las naciones sin exceptuar ni a los judíos para que se agencien en la Provincia de Caracas y causando un trastornó general y lamentable de nuestra Constitución.” (Garrido Rovira, 2009, 180).

 

La Junta Suprema de Caracas,  por su parte, se dirige por escrito el 1º de junio al Cabildo de Coro, señalándole rotundamente que:

 

“quiere constituirse en Venezuela en el conservador de los derechos de un gobierno ilegal a costa de la opinión política de Caracas, cuya fidelidad vulnera altamente (…) Es menester prescindir por ahora de las falsas noticias que esparcen los impostores a favor de las tristes reliquias de España: poco, o nada importa demostrar aquí mismo su falsedad, cuando la transformación política de Caracas no tiene por apoyo principal las fatalidades comunes de la guerra en España, sino la justa falta de un monarca reconocido, y de un gobierno que lo represente por el voto general de los españoles americanos y europeos (…) Por más eminente que sea la preponderancia de la Francia, Caracas no reconocerá ni se someterá al intruso gobierno francés: aunque Bonaparte se apodere de toda la Europa,  durarán siempre retenidas y menospreciadas en nuestro poder las cédulas y reales órdenes que nos vinieron del Consejo supremo de estas Indias, y del ministro de Gracia y Justicia para que reconociésemos y obedeciésemos a Murat, y a José Bonaparte, al primero por lugarteniente del reino, y al segundo por Soberano de la España y de las Indias”.

 

Entre estos altos y trascendentes dimes y diretes transcurre la polémica escrita, hasta que la junta caraqueña, enervada por la detención y exilio de sus enviados, decide despachar al Marqués el Toro como Comandante del Ejército del Poniente para que alcance con las armas lo que no se obtuvo por la persuasión. Tomás González, en artículo publicado en Cuadernos Unimetanos No 22, páginas 9 y 10 anota:

 

<< Marcharon 150 leguas por los imperfectos caminos apenas rasgados desde Caracas hasta Carora, y luego a Siquisique, donde situó el Cuartel General. Desde aquí el Marqués entabla comunicación con el Ayuntamiento de Coro, pidiéndoles que expulsen al Gobernador Ceballos y reconozcan los sagrados derechos de la Nación. Pero, para los corianos la Nación estaba representada en por el Rey y en ausencia de éste por la Regencia; además le manifestaron no tener interés en seguir de seguir sus conversaciones con él por ser su autoridad  expresión de un poder que calificaban de espurio. También dejaban bien claro que no se sentían atemorizados, en lo más mínimo por las fuerzas que acompañaban al Marqués. Si la débil España había resistido y derrotado al poderoso Napoleón, los débiles corianos resistirían a la poderosa Caracas y en caso de sucumbir, morirían “como hombres fieles y honrados” >>.

 

El Regente coriano Heredia comenta las resultas de la acción militar del Marqués del Toro:

 

“Por fin el Marqués del Toro, después de haber arrollado en el tránsito algunas partidas nuestras, se presentó delante de Coro el 28 de noviembre con más de tres mil hombres bien disciplinados y provistos, cuando en aquella ciudad abierta sólo había seiscientos fusileros,  doscientos hombres montados en caballos y mulas, y como mil de flechas y lanzas que para nada servían; el 29, después de una farsa que llamaron ataque, se retiró el Marqués en el mayor desorden, perdiendo hasta los baúles”.

 

La siempre sabia sabiduría popular aportó estos versos para la posteridad de la hazaña militar del Marqués del Toro:

 

“Desde Caracas el Toro

ha dado un fuerte bramido

y en el nos ha prometido

que ha de acabar con Coro.

 

Pues, sépase el señor Toro:

nosotros no somos vacas,

pero si fuertes estacas

todos los hijos de Coro.

 

Ya prevenidos tenemos

toreros, jinetes y sillas

garrochas y banderillas

para que al Toro esperemos.

 

Que ya bien  puede bramar

ese Toro cuando quiera

que salte la talanquera

si se quiere malograr.

 

Todo el mundo lo espera

en el llano y en el cerro

para ver si es un becerro

o es una triste ternera.

 

La lengua y los cuernos de oro

Se los hemos de arrancar

Y no volverá a bramar

Desde Caracas el Toro”.

 

Premiadas por las autoridades españolas, entre 1810 y 1813,  fueron entonces Guayana, Maracaibo y Coro, por su adhesión a España y su consecuente rechazo al movimiento independista caraqueño. Las Cortes le concedieron a la ciudad de Guayana el adorno de su escudo de armas con trofeos de cañones, balas, fusiles, bandera y demás insignias militares. Igualmente le otorgaron a Coro el titulo de “muy noble y leal” con la distinción de “Constancia de Coro”, lo que también le fue otorgado a la muy noble y leal ciudad de Maracaibo con su debida constancia de Maracaibo.

 

En fin, como bien lo sintetizan los historiadores patrios en relación con las resultas del apoyo solicitado por la Junta Suprema de Caracas a las Provincias Autónomas para que siguieran el ejemplo que la capital dio el 19 de abril de 1810:

 

“Cuando el 12 de octubre de 1810 la Junta de Barcelona decidió finalmente romper con la Regencia de España, existían en el territorio de la Capitanía General de Venezuela 7 entidades políticas que habían tomado una actitud revolucionaria la cual, en la práctica, las sustraía del dominio español, aun cuando siguieron manteniendo la ficción de su adhesión a la persona de Fernando VII: las Provincias de Caracas, Cumaná, Barcelona, Margarita, Barinas, Mérida y Trujillo. De hecho, 3 de ellas se habían constituido o reconstituido como tales Provincias autónomas a través del proceso revolucionario de las juntas: la de Barcelona, la de Mérida (incluyendo el actual Táchira) y la de Trujillo. En todas esas entidades se realizaron durante los últimos meses de 1810 y a comienzos de 1811 las elecciones para el Congreso Constituyente convocadas por la Junta de Caracas, y todas enviaron diputados a dicho Congreso, que declaró la Independencia el 5 de julio de 1811. En las Provincias de Guayana y de Maracaibo, así como en la circunscripción de la ciudad de Coro, no hubo juntas (o si las hubo, como en Guayana fueron efímeras) y sus territorios se mantuvieron bajo el dominio español hasta muy adelantada la lucha por la Independencia”. (Diccionario de Historia de Venezuela, tomo  5, 1988, 618).

 

Lo anteriormente señalado es en lo que respecta básicamente a las Provincias de la Capitanía General de Venezuela que se sumaron en medio de todos sus avatares de consentimientos y disentimientos al ejemplo que Caracas dio; sin embargo, creemos conveniente también ampliar la información sobre el apoyo al movimiento caraqueño por parte de otras ciudades, villas y aldeas que también se agregaron – inicial o definitivamente – al movimiento libertario iniciado en Caracas el 19 de abril, de 1810, para configurar el cuadro definitivo de los apoyos a Caracas,  a saber:

 

“Hatillo, 19 de abril; La Guaira, 19 de abril; Maiquetía, 20 de abril; Macuto, 20 de abril; Valencia, 21 de abril; Cumaná, 27 de abril; Barcelona, 27 de abril; Cariaco, 30 de abril; Carúpano, 2 de mayo; Río Caribe, 4 de mayo; Margarita, 4 de mayo; Barinas, 5 de mayo; Punta de Piedra (Güiria), 7 de mayo; Guayana, 11 de mayo; Mérida, 16 de septiembre; Trujillo, 9 de octubre; La Grita, 11 de octubre; Bailadores, 14 de octubre; San Antonio (Táchira), 21 de octubre; San Cristóbal, 28 de octubre” (Grisanti, 1949, 38).

 

  1. Venezolana con vocación internacional

 

Además de la convocatoria a las demás Provincias nacionales para la creación de la Confederación venezolana, la Junta Suprema se dirigió prontamente, el 27 de abril, a los cabildos de las capitales de América pidiéndoles que emularan el ejemplo de Caracas, exhortándolos además a que se constituyera una Confederación de la América española.

 

En efecto, la Junta expresaba, por un lado:

 

“Caracas debe encontrar imitadores en todos los habitantes de la América, en quienes el largo hábito de la esclavitud no haya relajado todos los muelles morales; y su resolución debe ser aplaudida por todos los pueblos que conserven alguna estimación a la virtud y el patriotismo ilustrado”.

 

Y por el otro lado demandaba a los responsables de los Cabildos:

 

“V.S.  es el órgano más propio para difundir estas ideas por los pueblos a cuyo frente se halla, para despertar su energía, y para contribuir a la grande obra de la confederación Americana Española. Esta persuasión nos ha animado a escribirle, exhortándole encarecidamente a nombre de la Patria común, que no se prostituya su voz y su carácter a los justos designios de la arbitrariedad. Una es nuestra causa, una debe ser nuestra divisa, fidelidad a nuestro desgraciado Monarca; guerra a su tirano opresor: fraternidad y constancia”.

 

De igual manera, con el fin de explicar ampliamente lo acontecido en Caracas, la Suprema Junta envió sendos emisarios, verdaderas misiones diplomáticas,  a Inglaterra, Estados Unidos de América, Bogotá, Curazao, Jamaica y Trinidad.

 

El canónigo José Cortés Madariaga, firmó con el gobierno Nueva Granada un tratado de amistad, alianza y unión federativa. Mariano Montilla y Vicente Salias, por su parte, fueron enviados a tratar con las autoridades de Curazao y Jamaica, tanto para obtener su apoyo como para pedirles, en especial a las de Curazao, que intercedieran ante los gobernantes de Coro, reacios a secundar el proceso revolucionario.

 

Empero las gestiones diplomáticas más significativos iban dirigidas a los Estados Unidos de América y a Inglaterra, de cuyos gobiernos se esperaba reconocimiento y ayuda material.

Juan Vicente Bolívar, Telésforo de Orea y José Rafael Revenga, fueron enviados a los Estados Unidos, «cuyos sentimientos suponían favorables a las reivindicaciones de las colonias españolas y al desarrollo del comercio bajo régimen liberal». En efecto, en Estados Unidos, el Secretario de Estado, Robert Smith, prometió relaciones de amistad y comercio, sin reconocer expresamente al nuevo gobierno revolucionario. Posteriormente, un agente del gobierno norteamericano; Robert Lowry, llegó a Venezuela con el fin de precisar el alcance de las ofertas.

Por su parte, Simón Bolívar, Luis López Méndez y Andrés Bello salieron en junio en misión diplomática ante el gobierno inglés, considerada como la más importante de las misiones concebidas por Roscio. De acuerdo con los documentos relativos a los resultados de esta iniciativa, Blanco y Azpurúa señalan:

“Conforme a la contestación del Ministerio británico y en la confianza de que Inglaterra había merecido y obtenido la confianza de los contendientes, “España y América del Sur”, se creyó conveniente ofrecer una mediación imparcial para verificar la reconciliación general de todos los dominios españoles y reunir de ese modo los esfuerzos de aquella nación poderosa con dirección al grande objeto de repeler los crueles e injustos ataques del implacable enemigo común. La Regencia de España contestó a este ofrecimiento diciendo que estaba pronta a admitir la mediación admitida, pero acompañando su aceptación de unas condiciones que S.A.R. consideró incompatibles con los principios justos e imparciales, bajo los cuales solo consintió en intervenir. Sin embargo de tales circunstancias tuvo a bien el Gobierno británico ordenar el nombramiento de una comisión mediadora que pasase inmediatamente a Cádiz”. (Blanco y Azpurúa, 1977, Tomo II, 571).

En relación con las propuestas que se le hacían a la Regencia española, y que fueron totalmente desechadas por los diputados españoles, Garrido apunta que:

“se trataba de un cambio radical en el régimen de la monarquía en América pero que resultaba altamente favorable para el imperio español por cuanto se aseguraba la vigencia universal de la monarquía en América combinada con un sistema representativo en las Provincias y con la igualdad de derechos de éstas con la Península y de los americanos con los españoles, y con las preferencias comerciales para éstos. Además es claro que si las mencionadas proposiciones hubiesen sido admitidas, lógicamente con modificaciones, las negociaciones entre las partes podrían haber dado los resultados satisfactorios para ambos hemisferios, Pero la historia tomó otro camino: de un lado, porque España no comprendió que la emancipación de América había llegado en parte por vía de revolución, y, de otro lado, porque los dominios americanos, al menos las provincias de Venezuela que se adhirieron al 19 de abril de 1810, no estaban dispuestas a aceptar a ningún precio la continuación  de la monarquía absoluta y del gobierno despótico”. (Garrido, 2009, 180 y 181).

Sobre la base de los acuerdos logrados con el Gobierno británico, el Coronel Robertson fue autorizado para celebrar el convenio mercantil y para establecer las almonedas públicas a favor del comercio.

Muchos fueron pues los logros políticos y comerciales obtenidos por las misiones diplomáticas enviadas por la Junta Suprema de Caracas, sin embargo, otra lógica se impuso y el bloqueo de la Regencia condujo a la intemperancia para dar base a la Independencia de Venezuela y a la larga y cruenta guerra que hubo de ser librada para alcanzarla.

 

  1. Revolucionaria en lo político

 

Ya Brewer – Carías ha ahondado competentemente en el carácter innegablemente político de la Revolución de Caracas de 1810, ampliamente influenciada por los postulados de libertad, igualdad y fraternidad, y por los derechos del hombre proclamados por las Revoluciones francesa y americana. En este sentido, el jurista asienta:

 

“Los  acontecimientos de Caracas habían sido los de una auténtica revolución política, con un Golpe de Estado dado contra las autoridades españolas por el Cabildo Metropolitano, el cual había asumido el poder supremo de la Provincia, desconociendo toda autoridad en la Península, incluyendo el Consejo de Regencia y las propias Cortes de Cádiz”. (Brewer, 2008, 234).

 

Inés Quintero Montiel, en el dicente y ya citado discurso pronunciado en ocasión del Bicentenario del 19 de abril de 1810, subraya suficientemente el carácter político de la Revolución caraqueña. En este sentido, la historiadora señala:

“La magnitud de los acontecimientos que se produjeron, la diversidad de respuestas que suscitó, los debates que generó, las modalidades de participación y actuación políticas que motivó: el establecimiento de juntas, las demandas autonomistas, la realización de elecciones, la activación de diferentes espacios de actuación pública, dan cuenta de un intenso proceso de transformación, de transición entre las prácticas y principios del Antiguo Régimen a las modalidades propias de la modernidad política cuyo desenvolvimiento tuvo expresiones particulares, ritmos distintos y no está sujeto ni necesariamente vinculado al mantenimiento o ruptura de la lealtad a Fernando VII, a la obediencia o no al Consejo de Regencia, a la declaración o no de la independencia, o reducido a las restricciones que implica analizarlos desde las fronteras nacionales de la actualidad. Se produjo una revolución política de amplio alcance cuyos contenidos y definiciones tuvieron su inicio en el marco de la monarquía y su continuidad o transformación definitiva en la construcción de los proyectos republicanos. La reasunción de la soberanía, transitoria o en depósito, alteró los parámetros de legitimación política del absolutismo, al desplazarse del rey a la sociedad; el discurso pactista propio de la tradición política del reino dio paso a la emergencia de los autonomismos americanos frente a la metrópoli, respecto a los centros de poder internos y en la relación de las provincias entre sí; desapareció la condición de vasallos del rey: los habitantes de América se convirtieron en ciudadanos, unos en ciudadanos españoles bajo el amparo de la constitución de la monarquía, otros en ciudadanos de las repúblicas en ciernes; se produjo una ruptura del sistema de representación corporativo del Antiguo Régimen transformándose en sistemas de representación territorial por provincias o en sistemas de representación proporcional de la población libre; se ampliaron o se modificaron las doctrinas, postulados, conceptos que otorgaban sentido a las prácticas e instituciones políticas antiguas para adaptarlas o transformarlas a las nuevas circunstancias en un esfuerzo inédito de enorme creatividad política”.

Garrido Rovira, por su parte, subraya una vez más la trascendental significación de la ruptura del tradicional vínculo con el Rey de España, así como la evolución del pensamiento político en la Provincia de Venezuela que conducirá, en muy corto plazo, a un proyecto claramente independentista basado en la soberanía popular depositada en representantes libremente elegidos por el pueblo. Arguye Garrido:

“Pero, si moral y jurídicamente nada unía a los súbditos con los Reyes que habían renunciado a su soberanía, con lo cal ésta regresaba a la comunidad, donde, por lo demás, siempre había estado por derecho natural, la historia, la política, los hábitos y las costumbres impedían un abrupto traslado de la soberanía al Pueblo o a la Nación. De allí que, dada la complejidad intelectual e histórica del poder soberano, en buena medida la Suprema Junta hubo de acogerse a la doctrina del revolucionarismo peninsular para pasar del despotismo a la liberta y del absolutismo a la representación. En este sentido, la doctrina política de la Suprema Junta en cuanto a la soberanía de Fernando VII va evolucionando, conforma a nuevos principios políticos y atendiendo a las circunstancias, de la defensa del monarca y de la religión y del combate a los franceses y al godoyismo inmoral hacia un enfrentamiento con la tiranía absolutista para luego continuar con lo que fue  la postre su gran carta política: la elección de los Diputados del Primer Congreso General de Venezuela”. (Garrido, 2009, 161 y 162).

Y para que no quede duda de la intencionalidad de sus acciones en pro de la soberanía popular – solapada indudablemente con el apoyo manifiesto a Fernando VII –,  la Junta Suprema de Caracas, en el Manifiesto sobre la forma de gobierno, expresa textualmente:

“ El Gobierno constituido merece la confianza de sus constituyentes, es digno de ella, la llena dignamente, tiene la opinión y la confianza interior, cuenta desde luego con la de sus vecinos y nada tiene que temer aun de los extraños; pero conoce que las circunstancias no le han permitido aún darle aquellas formas exactas y meditadas que caracterizan a toda institución civil, que son el garante seguro de la voluntad general y que consolidan y establecen el voto universal de los que han contribuido a formarla. La tranquilidad y el sosiego, que sólo pueden producir estas combinaciones, se ha establecido, y la confusión que impedía la meditación debida a tantos intereses ha cesado. Antes, pues, que la desconfianza vuelva a producirla va a darse el gobierno la forma provisional que debe tener, mientras que una constitución, aprobada por la representación nacional legítimamente constituida, sanciona, consolida y presenta con dignidad política a la faz del universo la provincia de Venezuela organizada de un modo que haga felices a sus habitantes, que pueda servir de ejemplo útil y decoroso a la América, que la haga respetable a las naciones con quien debe establecer relaciones de recíproca utilidad, y que haga ver a la España, que sea cual fuere su suerte, hay en América un pueblo capaz de sostener la gloria del nombre de español, de salvar las reliquias de esta nación noble y generosa y de hacer menos funesta la suerte de su desgraciado Rey, si llegase a obtener la libertad de que se halla negado”.

Y la Junta Suprema, el Gobierno Provisorio de la Provincia de Venezuela, cumplió a cabalidad con sus ofertas. Prontamente, el 11 de junio de 1810 se convocó a elecciones  para escoger a los diputados del Congreso General de Venezuela; posteriormente siete de las nueve provincias participaron; 44 diputados fueron electos bajo el principio del igualitarismo francés. El 2 de marzo de 1811, los diputados juraron y formaron la Junta General de Diputados de las Provincias de Venezuela, la cual declinó sus poderes en un Congreso  Nacional que sustituyó a la Junta Suprema de Caracas. Lo demás es auténtica historia patria:

“El 5 de julio de 1811, el Congreso aprobó la Declaración de Independencia, pasando a denominarse la nueva nación, como Confederación Americana de Venezuela; y en los meses siguientes, bajo la inspiración de la Constitución norteamericana y la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre redactó la primera Constitución de Venezuela y la de todos los países latinoamericanos, la cual se aprobó el 21 de diciembre de 1811…” (Brewer, 2008, 238).

Toda esta evolución del despotismo a la libertad, y la cada vez mayor toma de posición política por los protagonistas de la Revolución de Caracas de 1810, era absolutamente previsible. Morón comenta:

“A pesar de la discreción de los gobernantes, desde el 19 de abril se va desplegando la idea independentista con gran rapidez. El lenguaje que se utiliza en los documentos públicos lo va señalando paulatinamente. Las medidas de la Junta Suprema eran actos de soberanía. Este uso de la soberanía va a quedar sellado por la convocatoria de elecciones, para lo que será el primer Congreso de la nación venezolana”. (Morón, 1971, Tomo 5, 132).

Y Garrido Rovira sintetiza:

“la condición política de las provincias de Venezuela que se adhirieron al 19 de abril de 1810 era la de un gobierno autónomo que, en medio de la gran incertidumbre política que existía en el imperio español y dada la actitud irreductible de la Suprema Junta y la resolución de la Regencia de reducir a los “insurgentes” por la fuerza, debía proseguir su lucha por un cambio en la condición y el régimen políticos, para todo lo cual se había convocado y elegido el Congreso General de Venezuela. Claramente, la situación política obligaba a la instalación de dicho Congreso”. (Garrido, 2008, 214).

  1. Liberal en lo económico

 

Recordemos que por largos siglos España fue la mayor promotora del Capitalismo de Estado. En efecto,  durante el reinado de los Reyes Católicos primero, el de Carlos V, y en especial el de Felipe II, marcaron al siglo XVI como un hito político-económico medular que propicio el florecimiento de doctrinas y prácticas gubernativas –verdaderas alcabalas, cargas y gabelas –  que promovieron un incuestionable Capitalismo de Estado sustentado en un mercantilismo bastante sui géneris, ampliamente criticado por sus negativos y desfavorables resultados para la economía española de la época.

 

El intenso comercio con las Indias Occidentales, con América, promovió el desarrollo y consolidación del Mercantilismo español, el cual se sustentó en instituciones y prácticas capitalistas de Estado como, en primer término, la imposición de un monopolio comercial. En efecto, mediante el llamado Pacto Colonial, el producto de la exportación de metales preciosos desde las colonias americanas fue la base de la percepción por parte de la monarquía española del llamado quinto real, aplicado igualmente a las diversas mercancías o productos –alimenticios, manufacturados, de lujo – que eran enviados a América. A los efectos de la recaudación de este impuesto España constituyó un monopolio comercial controlado por la Casa de Contratación, creada en 1503 y sita en Sevilla. Morales Padrón subraya la importancia de la Casa de Contratación como instrumento primordial del Mercantilismo español:

 

“El régimen comercial que España implantó en sus posesiones de ultramar estaba de acuerdo con las doctrinas económicas de entonces; es decir, con el mercantilismo, defensor de la total intervención del Estado en las operaciones crematísticas. Monopolio a rajatabla, protección a la marina nacional, prohibición de comerciar a traficantes extranjeros, etc., eso quería decir mercantilismo (…) Nace así la Casa que ya conocemos, la de Contratación, con antecedentes en los fondaks árabes y en las alfândegas portuguesas. La Casa Sevillana surgió como una Casa de Indias o una Casa de Guinea más, encargada de concentrar el comercio según el régimen observado en Europa desde el siglo XII”. (Morales, 1975, 559).

 

En segundo término, para la protección y defensa de las rutas comerciales, España puso en práctica una política de convoyes armados – flotas de Nueva España y armadas de Tierra Firme – que permitía la protección de los envíos comerciales y el control de la recaudación de los impuestos derivados del comercio con las colonias; aunque la multiplicidad y complejidad de los procedimientos administrativos alargaban los tiempos de navegación. Las flotas que partían anualmente desde Sevilla tenían destinos diferentes: la primera se dirigía al Sur, a Venezuela, Nueva Granada y Diarén, la segunda tomaba rumbo a las grandes islas, Honduras y Nueva España; a partir de esos centros se establecían dos rutas por el Pacífico: el célebre Galeón de Manila que partía de Acapulco con productos de inconmensurable valor, y el codiciado enlace con el Perú y Chile.

 

Durante muchos años este fue el esquema comercial español que fijó sus relaciones económicas con las provincias de ultramar. Conscientes de la inviabilidad de esta concepción de la Economía, las reformas emprendidas por los Borbones establecieron la necesidad de liberalizar y abrir el comercio de las colonias, eliminando el ya nada conveniente monopolio comercial imperante por siglos. Por supuesto que este cambio de política económica tuvo una doble repercusión en las colonias. En este sentido, Fuentes comenta:

 

“En México, en Caracas o en Buenos Aires, el criollo en su balcón podía quejarse que cada vez pagaba más impuestos, sin recibir adecuada representación política o acceso a la función pública. Aunque las medidas favorables a la libertad de comercio tomadas por la monarquía borbónica aumentaron el apetito criollo para comerciar más, y  más directamente, con otras partes del mundo, el hecho es que también abrieron las economías hispanoamericanas a  la competencia internacional “. (Fuentes, 1997, 344).

 

Xabier Lamikitz, Profesor de la Universidad de Londres, en artículo disponible en la WEB: El impacto del «libre comercio » con América: una revisión desde la microhistoria (1778-1796), coincide con esta apreciación de Fuentes acerca del doble carácter de la liberación del comercio decretada por los Borbones. A estos efectos señala:

 

“Mucho se ha escrito sobre la que es considerada como la cima del programa de reformas económicas borbónicas: la implantación del Reglamento y aranceles reales para el comercio libre de España a Indias. Aunque publicado el 12 de octubre de 1778, el reglamento no pudo ser plenamente instaurado hasta la finalización de la guerra con Inglaterra en octubre de 1783. En ese momento 13 puertos peninsulares y 27 americanos recibieron permiso para participar en el comercio transatlántico sin restricciones (la medida no sería extendida a Nueva España y Venezuela hasta 1789). Se trataba, por tanto, de un limitado “libre comercio” (más libre que el anterior en todo caso) que ponía fin al monopolio ostentado por Cádiz. La medida perseguía dos objetivos muy claros: 1) aumentar los ingresos de la monarquía; y 2) promover la agricultura, industria, navegación y comercio de España y sus colonias. Sin embargo, ni los protagonistas contemporáneos ni los historiadores actuales parecen ponerse de acuerdo a la hora de hacer balance de los resultados cosechados. Mientras las autoridades peninsulares y coloniales ensalzaron sus beneficiosos efectos, los comerciantes de Cádiz, Lima y México — que hasta entonces habían disfrutado del monopolio del comercio colonial —, cuando fueron preguntados sobre el tema en octubre de 1787, no se cansaron de asegurar que el libre comercio había tenido ruinosas consecuencias. En igual desacuerdo parecen estar los historiadores que han estudiado el tema desde la estadística”.

 

Imbuidos de este espíritu modernizador, los revolucionarios caraqueños van a tomar prontamente medidas económicas inequívocas dirigidas a promover la apertura comercial y la reducción de los controles estatales.  En este sentido, son varias las acciones que toma la Junta Suprema de Caracas con el fin de ir liberalizando la economía de la Provincia, entre las más descollantes destacan:

 

  • Creación de una Sociedad Patriótica de Agricultura y Economía para que: “se fomente cuanto es posible la agricultura del País, se adelanten las artes más compatibles con nuestras necesidades actuales, progrese el comercio, se generalice y perfeccione la educación pública de la juventud de ambos sexos y toquen mejor el objeto de su destino los establecimientos de beneficencia que tenemos o se promuevan otros en alivio de la de la humanidad; ha determinado la Suprema Junta que se forme y establezca una sociedad patriótica de Agricultura y economía que, teniendo por fin principal el adelantamiento de todos los ramos de la industria rural de que es susceptible el clima de Venezuela, se extienda también en sus investigaciones a cuanto pueda ser objeto de un honrado, celoso y bien entendido patriotismo”.
  • Prohibición de la introducción de esclavos negros con el objeto de “llevar en cuanto sea posible a efecto los filantrópicos designios que han dirigido nuestra patriótica y justa resolución”.
  • Concesión a la Nación Británica de la rebaja de una cuarta parte de los derechos que se cobran a las exportaciones e importaciones extranjeras. A estos fines, la Junta Suprema argumentó: “La Agricultura y el Comercio, son los dos polos de nuestra prosperidad; pero el sistema político del otro hemisferio, en donde deben consumirse nuestras producciones, ha dado a la Gran Bretaña sobre las relaciones mercantiles una influencia tan poderosa en general, como lo son en particular los deberes que nos impone para con ella nuestra gratitud, nuestra posición geográfica, nuestra adolescencia política, y nuestra industria desalentada por la opresión que hemos sacudido. Tantos obstáculos a nuestra prosperidad no pueden vencerse sin apoyo; y que este no puede obtenerse sin reciprocidad de sacrificios. En vano abriríamos nuestros puertos a las demás naciones, cuando una sola es la que posee el Tridente de Neptuno: en vano cultivaríamos el rico territorio que poseemos; cuando una sola puede conducir, o dejar llegar a los mercados de Europa nuestros frutos: y en vano armaríamos, en fin, nuestros brazos para defender nuestros hogares de la voracidad francesa; cuando una sola puede poner a cubierto la inmensidad de nuestras costas de toda agresión extraña. Una distinción comercial a favor de la Nación que tanto puede y tanto desea favorecer nuestros esfuerzos, es lo que por ahora puede conciliar tan urgentes y complicadas atenciones; y el Gobierno cuando accede a este sacrificio, no lo hace con otro fin que el de merecer con mejores títulos a favor de la España americana iguales sacrificios a los que ha hecho la Inglaterra a favor de la España Europea”.
  • Promoción de los cultivos de trigo, cebada y centeno y fabricación de harinas: A cuyos fines, la Junta con el fin de sustituir las importaciones que venían de Europa declaró: “que los referidos granos y sus harinas, sean y se entiendan comprendidos en la clase de las subsistencias y objetos de necesario consumo que por la resolución de 20 de abril se libertaron del derecho tiránico de la Alcabala. Y para favorecer más la abundancia y propagación de estas especies, cuya baratura es tan interesante a la comodidad y abasto del público, ha decretado también que las piedras, cedazos y demás utensilios para la construcción de los molinos y máquinas de beneficiar la harina, sean libres de todo derecho a su introducción por nuestros Puertos”.
  • Declaración de libre importación las herramientas,  maquinarias y utensilios para la Agricultura: Así la Junta dispuso que: “todas las herramientas propias para el cultivo de las tierras, los tambores, almas, muñones, fondos, alambiques y espumaderas del uso de los ingenios de azúcar y las demás máquinas y utensilios propios para el beneficio del café, añil, algodón y demás producciones de nuestra cultura, sean libres de todos los derechos al introducirse por nuestros puertos para los expresados destinos”.

 

En septiembre de 1810, la propia Junta Suprema dio cuenta a la comunidad de las medidas comerciales y administrativas tomadas con el fin de liberalizar y agilizar el comercio de la Provincia. En este sentido, resume:

 

    1. Se suprimió la alcabala para los productos de primera necesidad.
    2. Se libró a los indios de las contribuciones populares.
    3. Se llamó “los extranjeros a nuestros puertos”.
    4. Se reimplantó el arancel del 7 de octubre de 1808.
    5. Se ordenó rebajar los derechos a la situación que tenían en 1808.
    6. Se fijó el precio de los principales artículos de exportación para facilitar su aforación.
    7.  Se “descargó de toda contribución la salida de la harina del país, quina, zarzaparrilla, calaguala, achiote, vainillas, cueros menores, resinas, bálsamos, aceites y maderas”.
    8. Se removieron “una multitud de embarazos acostumbrados en nuestros puertos que entorpecían el curso de nuestras negociaciones”.
    9. Se encargó al Consulado la elaboración de un plan general de comercio.
    10. Se concedió a los ingleses una rebaja de la cuarta parte de los derechos que se cobrarían en los puertos.

 

El balance de las decisiones tomadas fue positivo en cuanto a su celeridad, sin embargo, investigadores como Garrido Rovira expresan que las medidas de la Junta no trajeron:

 

“ninguna novedad <<revolucionaria>> salvo la supresión del impuesto de alcabala para los artículos de primera necesidad. Las reformas se habían limitado por lo común a tomar el viejo modelo colonial y remozarlo con las innovaciones propuestas o llevadas a cabo (hasta que fueron suprimidas) por las autoridades españolas de Caracas. Eran las antiguas reformas de los ilustrados. Trasnochadas para 1808, mucho más para 1810”. (Garrido, 2008, 152).

 

Lucena Salmoral, por su parte, realiza un análisis  más in extenso de la  realidad comercial venezolana luego de transcurrido un convulso trimestre de actuaciones de la Junta Suprema. En este sentido, expresa:

 

“El balance del trimestre era poco alentador. El comercio marchó a la deriva, sin nuevos impulsos, sobre las directrices señaladas anteriormente y con unos signos alarmantes: El tráfico con la Península estaba a punto de suspenderse y con él las posibilidades de obtener una balanza positiva para los puertos caraqueños. Los británicos habían asumido un papel predominante en la negociación exterior. El mercado hispanoamericano, fuente tradicional de numerario, estaba extinguiéndose igualmente. La disminución del comercio con España e Hispanoamérica coincidió con el aumento de los gastos a consecuencia de las campañas militares. El Estado comenzó a tener dificultades económicas y recurrió a algunas medidas excepcionales, como el empréstito forzoso a los comerciantes. El año se cerró con la perspectiva poco halagüeña de un próximo bloqueo español a las costas  de las provincias fieles a la Junta Suprema de Caracas”. (Lucena, 1990, 436).

 

 

  1. Creadora de un nuevo orden jurídico

 

Mediante sendo Bando de Organización Interior y otras actuaciones, la Junta Suprema de Caracas estableció las nuevas instituciones y normas que iban a regir al gobierno revolucionario. En efecto, en solo seis días, ya la Junta había introducido los siguientes cambios fundamentales en el gobierno de la Provincia de Venezuela, que enumeraremos siguiendo la excelente síntesis realizada por Garrido Rovira:

 

“1º Depuestas las máximas autoridades políticas, militares, judiciales y de hacienda, y acordado el cese de los empleos, la suprema autoridad, con pretensiones de gobierno político sobre todas las Provincias de Venezuela, queda en la Junta, la cual reúne, incorporando el principio de representación, las facultades dispositivas y legislativas, con mandato de formar el plan de gobierno y administración más conforme con la voluntad de los pueblos siguiendo así los pasos revolucionarios peninsulares.

2º El Gobierno Militar pasa del Capitán General a un funcionario designado por la Suprema Junta, separándose así la autoridad militar de la gubernativa y quedando aquélla subordinada a la autoridad de la Suprema junta.

3º El gobierno político de la Provincia queda en la Suprema Junta en lugar del Capitán General Gobernador.

4º La Real Audiencia queda extinguida y con ello sus funciones políticas y de gobierno.

5º Las funciones judiciales de segunda instancia de la Real Audiencia pasan al Tribunal Superior de apelaciones, alzadas y recursos de agravios.

6º Se establecen dos (2) corregidores para la administración de justicia en todas las causas civiles y criminales.

  1. Las funciones judiciales, civiles y criminales, del Gobernador y su teniente y la del Juzgado de Bienes de Difuntos pasan a uno de los Corregidores creados.
  2. Las funciones judiciales, civiles y criminales, de los Alcaldes ordinarios y las del Juez de Provincia a cargo de un Oidor de audiencia, pasan a al otro de los dos corregidores.

7º El Ayuntamiento de Caracas queda extinguido. Con ello, desaparece el cuerpo municipal del antiguo régimen y se abre el campo a las nuevas ideas sobre el régimen municipal ya debatidas en Francia y en la propia España.

8º Se crea un Tribunal de Policía para atender a la administración de la jurisdicción territorial del antes Ayuntamiento de Caracas.

9º Se crean secretarías como órganos ejecutivos de la Suprema Junta y dispositivos, lato sensu, en algunas materias.

10º Las funciones de la Intendencia de Hacienda pasan parcialmente a la Secretaría de Hacienda.

11º La designación de los Tenientes Justicia Mayor de la jurisdicción del Ayuntamiento de Caracas, figuras determinantes en el gobierno y administración de justicia de los pueblos, pasan a la suprema junta y son designados a través de la Secretaría de Gracia y Justicia.

12º Se asumen relaciones exteriores.

13º Se crea la Junta de Guerra y defensa de las Provincias de Venezuela.

14º Se expresan las bases para la formación de un solo Estado en el Territorio de la Capitanía General de Venezuela, mediante la Proclama a las Provincias Unidas de Venezuela”.  (Garrido, 2009,  149, 150 y 151).

 

  1. Independentista en sus resultas

 

Inés Quintero Montiel, en el ya referido discurso de orden sobre el 19 de abril de 1810, subraya también el carácter independentista de la Revolución de Caracas y sin cortapisas señala:

“En el caso específico de Venezuela, el proceso mediante el cual se construye esta valoración uniforme del 19 de abril de 1810 como día inicial de la independencia ha sido descrito y analizado por Carole Leal Curiel. Será en 1877, en el marco del certamen nacional convocado para responder a la pregunta “¿El 19 de abril es o no del día iniciativo de nuestra independencia nacional?” que se fija de manera más firme la versión según la cual el 19 de abril de 1810 debía ser considerado el día inicial de nuestra independencia. En dos de los artículos ganadores del concurso se despoja a los sucesos de abril de cualquier relación directa con la crisis de la monarquía española, se ratifica la intención revolucionaria de sus promotores, se incorpora la argumentación según la cual la declaración de lealtad a Fernando VII había sido una artimaña, astucia o recurso político del momento para no alarmar a los pueblos, y se bolivarianiza la fecha destacando el temprano ideario independentista de Bolívar y su actuación protagónica en la consumación de la gesta que tuvo su inicio aquel 19 de abril en la ciudad de Caracas. Esta misma orientación, estos mismos argumentos están presentes en el dictamen de la Academia, y fueron ratificados por el doctor Cristóbal Mendoza en la celebración de los 150 años del 19 de abril de 1810 La conmemoración del sesquicentenario constituyó así, ocasión propicia para reafirmar el momento iniciativo, el punto de partida de nuestra independencia y de nuestra historia nacional, no sólo en Venezuela sino en muchas de las naciones que, en aquel momento, festejaban sus 150 años de vida independiente”.

Y por si alguna duda persiste acerca del carácter independentista de la Revolución de Caracas, el mismo ya había sido reconocido expresamente por el Consejo de Regencia de Cádiz, el 10 de Agosto de 1810, al declarar el bloqueo a la Provincia de Venezuela, cuando justificaba la draconiana sanción por haber la Junta Suprema de Caracas:

 

“cometido el desacato de declararse independientes de la metrópoli, y creando una junta de gobierno para ejercer la pretendida autoridad independiente”. 

 

 

 A manera de conclusión

 

 

                                                                   Ya se ve, pues, cómo España y la América Latina

                                                                    son uña y carne, donde la uña es América Latina.

                                                                    Arránquela usted y verá cuanto duele, por mucha

                                                                    anestesia europea que le ponga.

                                                                                                                           Guillermo Morón

 

La Revolución de Caracas de 1810 es el inicio del final de una relación secular entre España y Venezuela; es también el comienzo de un largo período de afirmación de la venezolanidad que hoy seguimos propiciando.

 

A los doscientos años de lo acontecido en Caracas el 19 de abril de 1810, hemos querido demostrar palmariamente los innegables vínculos históricos que acompañaron a la naciente patria con la España Imperial, así como la pluralidad de factores de toda índole que originaron y caracterizaron el proceso revolucionario caraqueño.

 

Todo ello dentro del espíritu de entender mejor lo que somos como país y porqué lo somos.-

 

ACTA del 19 de abril de 1810

En la ciudad de Caracas a 19 de abril de 1810, se juntaron en esta sala capitular los señores que abajo firmarán, y son los que componen este muy ilustre Ayuntamiento, con motivo de la función eclesiástica del día de hoy, Jueves Santo, y principalmente con el de atender a la salud pública de este pueblo que se halla en total orfandad, no sólo por el cautiverio del señor Don Fernando VII, sino también por haberse disuelto la junta que suplía su ausencia en todo lo tocante a la seguridad y defensa de sus dominios invadidos por el Emperador de los franceses, y demás urgencias de primera necesidad, a consecuencia de la ocupación casi total de los reinos y provincias de España, de donde ha resultado la dispersión de todos o casi todos los que componían la expresada junta y, por consiguiente, el cese de su funciones. Y aunque, según las últimas o penúltimas noticias derivadas de Cádiz, parece haberse sustituido otra forma de gobierno con el título de Regencia, sea lo que fuese de la certeza o incertidumbre de este hecho, y de la nulidad de su formación, no puede ejercer ningún mando ni jurisdicción sobre estos países, porque ni ha sido constituido por el voto de estos fieles habitantes, cuando han sido ya declarados, no colonos, sino partes integrantes de la Corona de España, y como tales han sido llamados al ejercicio de la soberanía interina, y a la reforma de la constitución nacional; y aunque pudiese prescindirse de esto, nunca podría hacerse de la impotencia en que ese mismo gobierno se halla de atender a la seguridad y prosperidad de estos territorios, y de administrarles cumplida justicia en los asuntos y causas propios de la suprema autoridad, en tales términos que por las circunstancias de la guerra, y de la conquista y usurpación de las armas francesas, no pueden valerse a sí mismos los miembros que compongan el indicado nuevo gobierno, en cuyo caso el derecho natural y todos los demás dictan la necesidad de procurar los medios de su conservación y defensa; y de erigir en el seno mismo de estos países un sistema de gobierno que supla las enunciadas faltas, ejerciendo los derechos de la soberanía, que por el mismo hecho ha recaído en el pueblo, conforme a los mismos principios de la sabia Constitución primitiva de España, y a las máximas que ha enseñando y publicado en innumerables papeles la junta suprema extinguida. Para tratar, pues, el muy ilustre Ayuntamiento de un punto de la mayor importancia tuvo a bien formar un cabildo extraordinario sin la menor dilación, porque ya pretendía la fermentación peligrosa en que se hallaba el pueblo con las novedades esparcidas, y con el temor de que por engaño o por fuerza fuese inducido a reconocer un gobierno legítimo, invitando a su concurrencia al señor Mariscal de Campo don Vicente de Emparan, como su presidente, el cual lo verificó inmediatamente, y después de varias conferencias, cuyas resultas eran poco o nada satisfactorias al bien político de este leal vecindario, una gran porción de él congregada en las inmediaciones de estas casas consistoriales, levantó el grito, aclamando con su acostumbrada fidelidad al señor Don Fernando VII y a la soberanía interina del mismo pueblo; por lo que habiéndose aumentado los gritos y aclamaciones, cuando ya disuelto el primer tratado marchaba el cuerpo capitular a la iglesia metropolitana, tuvo por conveniente y necesario retroceder a la sala del Ayuntamiento, para tratar de nuevo sobre la seguridad y tranquilidad pública. Y entonces, aumentándose la congregación popular y sus clamores por lo que más le importaba, nombró para que representasen sus derechos, en calidad de diputados, a los señores doctores don José Cortés de Madariaga, canónigo de merced de la mencionada iglesia; doctor Francisco José de Rivas, presbítero; don José Félix Sosa y don Juan Germán Roscio, quienes llamados y conducidos a esta sala con los prelados de las religiones fueron admitidos, y estando juntos con los señores de este muy ilustre cuerpo entraron en las conferencias conducentes, hallándose también presentes el señor don Vicente Basadre, intendente del ejército y real hacienda, y el señor brigadier don Agustín García, comandante subinspector de artillería; y abierto el tratado por el señor Presidente, habló en primer lugar después de su señoría el diputado primero en el orden con que quedan nombrados, alegando los fundamentos y razones del caso, en cuya inteligencia dijo entre otras cosas el señor Presidente, que no quería ningún mando, y saliendo ambos al balcón notificaron al pueblo su deliberación; y resultando conforme en que el mando supremo quedase depositado en este Ayuntamiento muy ilustre, se procedió a lo demás que se dirá, y se reduce a que cesando igualmente en su empleo el señor don Vicente Basadre, quedase subrogado en su lugar el señor don Francisco de Berrío, fiscal de Su Majestad en la real audiencia de esta capital, encargado del despacho de su real hacienda; que cesase igualmente en su respectivo mando el señor brigadier don Agustín García, y el señor don José Vicente de Anca, auditor de guerra, asesor general de gobierno y teniente gobernador, entendiéndose el cese para todos estos empleos; que continuando los demás tribunales en sus respectivas funciones, cesen del mismo modo en el ejercicio de su ministerio los señores que actualmente componen el de la real audiencia, y que el muy ilustre Ayuntamiento, usando de la suprema autoridad depositada en él, subrogue en lugar de ellos los letrados que merecieron su confianza; que se conserve a cada uno de los empleados comprendidos en esta suspensión el sueldo fijo de sus respectivas plazas y graduaciones militares; de tal suerte, que el de los militares ha de quedar reducido al que merezca su grado, conforme a ordenanza; que continuar las órdenes de policía por ahora, exceptuando las que se han dado sobre vagos, en cuanto no sean conformes a las leyes y prácticas que rigen en estos dominios legítimamente comunicadas, y las dictadas novísimamente sobre anónimos, y sobre exigirse pasaporte y filiación de las personas conocidas y notables, que no pueden equivocarse ni confundirse con otras intrusas, incógnitas y sospechosas; que el muy ilustre Ayuntamiento para el ejercicio de sus funciones colegiadas haya de asociarse con los diputados del pueblo, que han de tener en él voz y voto en todos los negocios; que los demás empleados no comprendidos en el cese continúen por ahora en sus respectivas funciones, quedando con la misma calidad sujeto el mando de las armas a las órdenes inmediatas del teniente coronel don Nicolás de Castro y capitán don Juan Pablo de Ayala, que obraran con arreglo a las que recibieren del muy ilustre Ayuntamiento como depositario de la suprema autoridad; que para ejercerla con mejor orden en lo sucesivo, haya de formar cuanto antes el plan de administración y gobierno que sea más conforme a la voluntad general del pueblo; que por virtud de las expresadas facultades pueda el ilustre Ayuntamiento tomar las providencias del momento que no admitan demora, y que se publique por bando esta acta, en la cual también se insertan los demás diputados que posteriormente fueron nombrados por el pueblo, y son el teniente de caballería don Gabriel de Ponte, don José Félix Ribas y el teniente retirado don Francisco Javier Ustáriz, bien entendido que los dos primeros obtuvieron sus nombramientos por el gremio de pardos, con la calidad de suplir el uno las ausencias del otro, sin necesidad de su simultánea concurrencia. En este estado notándose la equivocación padecida en cuanto a los diputados nombrados por el gremio de pardos se advierte ser sólo el expresado don José Félix Ribas. Y se acordó añadir que por ahora toda la tropa de actual servicio tenga pret  y sueldo doble, y firmaron y juraron la obediencia a este nuevo gobierno.

Vicente de Emparan; Vicente Basadre; Felipe Martínez y Aragón; Antonio Julián Álvarez; José Gutiérrez del Rivero; Francisco de Berrío; Francisco Espejo; Agustín García; José Vicente de Anca; José de las Llamosas; Martín Tovar Ponte; Feliciano Palacios; J. Hilario Mora; Isidoro Antonio López Méndez; Licenciado Rafael González; Valentín de Rivas; José María Blanco; Dionisio Palacios; Juan Ascanio; Pablo Nicolás González, Silvestre Tovar Liendo; Doctor Nicolás Anzola; Lino de Clemente; Doctor José Cortes, como diputado del clero y del pueblo; Doctor Francisco José Rivas, como diputado del clero y del pueblo; como diputado del pueblo, doctor Juan Germán Roscio; como diputado del pueblo, Doctor Félix Sosa; José Félix Ribas; Francisco Javier Ustáriz; fray Felipe Mota, prior; Fray Marcos Romero, guardián de San Francisco; Fray Bernardo Lanfranco, comendador de la Merced; Doctor Juan Antonio Rojas Queipo, rector del seminario; Nicolás de Castro; Juan Pablo Ayala; Fausto Viaña, escribano real y del nuevo Gobierno; José Tomás Santana, secretario escribano.

Publicación del Acta del Ayuntamiento.

En el mismo día, por disposición de lo que se manda en el acuerdo que antecede, se hizo publicación de éste en los parajes más públicos de esta ciudad, con general aplauso y aclamaciones del pueblo, diciendo: ¡Viva nuestro rey Fernando VII, nuevo Gobierno, muy ilustre Ayuntamiento y diputados del pueblo que lo representan! Lo que ponemos por diligencia, que firmamos los infrascritos escribanos de que demos fe.

Viaña, Santana.

 

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[1] Tomado de Allan R. Brewer-Carías, “Las causas de la independencia de Venezuela explicadas en Inglaterra, en 1812, cuando la Constitución de Cadiz comenzaba a conocerse y la Republica comenzaba a derrumbarse,” Ponencia al V Simposio Internacional, Cádiz hacia el Bicentenario. El pensamiento político y las ideas en Hispanoamérica antes y durante las Cortes de 1812, Unión Latina, Ayuntamiento de Cádiz, Cádiz. Noviembre 2010.

[2]  Véase el texto, entre otras múltiples publicaciones, en Allan R. Brewer-Carías, Las Constituciones de Venezuela, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas 2008, Tomo I, pp. 545-548; y en La Constitución Federal de Venezuela de 1811 y documentos afines, Academia Nacional de la Historia, Caracas 1959, pp. 89-96.

[3] Véase en general sobre la historia política de Venezuela, véase, Rafael Arráiz Lucca, Venezuela: 1830 a nuestros días. Breve historia Política, Editorial Alfa, Caracas 2007; y Allan R. Brewer-Carías, Historia Constitucional de Venezuela, 2 Tomos, Editorial Alfa, Caracas 2008; Pensamiento Político Venezolano del Siglo XIX (Colección dirigida por Ramón J. Velásquez), 12 tomos, Presidencia de la República, Caracas, 1961.

[4] Véase el Acta del Cabildo de Caracas del 19 de abril de 1810 en El 19 de Abril de 1810, Instituto Panamericano de Geografía e Historia, Caracas, 1957, pp. 11 y ss; y Allan R. Brewer-Carías, Las Constituciones de Venezuela, op. cit., Tomo I, pp. 531-533.

[5]  Véase el texto, entre otras múltiples publicaciones, en Allan R. Brewer-Carías, Las Constituciones de Venezuela, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas 2008, Tomo I, pp. 553-579; y en La Constitución Federal de Venezuela de 1811 y documentos afines, Academia Nacional de la Historia, Caracas 1959, pp. 149-213.

[6] Véase la relación detallada de los acontecimientos y los escritos de Rafael Seijas, Arístides Rojas, L. Vallenilla Lanz, Cristóbal L. Mendoza y otros, en El 19 de abril de 1810, op. cit., pp. 63 ss.

[7] Véase Interesting Official Documents Relating to the United Provinces of Venezuela, W. Glidon, Rupert-Street, Haymarket, para Longman and Co. Paternoster-Row; Durlau, Soho-Square; Hartding, St. Jame’s Street; y W. Mason, No. 6, Holywell Street, Strand, &c. &c, London 1812. Los documentos contenidos en este libro, que es bilingüe, en su versión en castellano son los que se publicaron por la Academia Nacional de la Historia en el libro antes citado: La Constitución Federal de Venezuela de 1811 y documentos afines, Caracas 1959. Véase las “Observaciones Preliminares” en pp. 75-86.

[8]  Véase Joseph Fontana, La crisis del antiguo Régimen 1808–1833, Barcelona 1992.

[9] Antes de que llegaran las tropas francesas que desde noviembre de 1807 ya habían invadido España, a la frontera con Portugal, el Príncipe Juan de Braganza, quien era regente del reino de Portugal por enfermedad de su madre la Reina María, y su Corte, se refugiaron en Brasil, instalándose el gobierno real el Río de Janeiro en marzo de 1808. Ocho años después, en 1816, el príncipe Juan asumió la Corona del Reino Unido de Portugal, Brasil y Algaves (con capital en Río de Janeiro), como Juan VI. En la península, Portugal quedaba gobernado por una Junta de regencia que estaba dominada por el comandante de las fuerzas británicas. Una vez vencido Napoleón en Europa, Juan VI regresó a Portugal dejando como regente del Brasil a su hijo Pedro. A pesar de que las Cortes devolvieron al territorio del Brasil a su status anterior y requirieron el regreso a la Península al regente Pedro, este, en paralelo a las Cortes portuguesas, convocó también a una Asamblea Constituyente en Brasil, proclamando la independencia del Brasil en septiembre de 1822, donde el 12 de octubre de ese mismo año fue proclamado Emperador del Brasil (Pedro I de Braganza y Borbón). En 1824 se sancionó la Constitución Política Imperial del Brasil. Dos años después, en 1826, el Emperador brasileño regresaría a Portugal a raíz de la muerte de su padre Juan VI, para asumir el reino portugués como pedro IV, aún cuando por corto tiempo. Véase, Felix A. Montilla Zavalía, “La experiencia monárquica americana: Brasil y México”, en Debates de Actualidad, Asociación Argentina de Derecho Constitucional, Año XXIII, No. 199, enero/abril 2008, pp. 52 ss.

[10] Véase un recuento de los sucesos de marzo en Madrid y Aranjuez y todos los documentos concernientes a la abdicación de Carlos IV en J.F. Blanco y R. Azpúrua, Documentos para la Historia de la Vida Pública del Libertador…, op. cit., Tomo II, pp. 91 a 153.

[11] Idem, Tomo II, p. 133.

[12] Idem, Tomo II, p. 142.

[13] Idem, Tomo II, pp. 142 a 148.

[14] Idem, Tomo II, p. 153.

[15] Idem, Tomo II, p. 154.

[16] Véase A. Sacristán y Martínez, Municipalidades de Castilla y León, Madrid, 1981, p. 490.

[17] Véase F. Blanco y R. Azpúrua, Documentos para la Historia de la Vida Pública del Libertador…, op. cit., Tomo II, p. 153.

[18]  Véase O. C. Stoetzer, Las Raíces Escolásticas de la Emancipación de la América Española, Madrid, 1982, p. 270.

[19] Véase en Interesting Official Documents Relating to the United Provinces of Venezuela, W. Glidon, Rupert-Street, Haymarket, para Longman and Co. Paternoster-Row; Durlau, Soho-Square; Hartding, St. Jame’s Street; y W. Mason, No. 6, Holywell Street, Strand, &c. &c, London 1812. Los documentos contenidos en este libro, que es bilingüe, en su versión en castellano son los que se publicaron por la Academia Nacional de la Historia en el libro antes citado: La Constitución Federal de Venezuela de 1811 y documentos afines, Caracas 1959. Véase el “Manifiesto” en pp. 105-148.

[20]      Tomado de Allan R. Brewer-Carías, Historia Constitucional de Venezuela, Editorial Alfa, Caracas 2008, Tomo II, pp. 118-137.

[21]      Véase Allan R. Brewer–Carías, Reflexiones sobre la Revolución Americana (1976) y la Revolución Francesa (1789) y sus aportes al constitucionalismo moderno, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 1991.

[22]      Véase Allan R. Brewer–Carías, “El paralelismo entre el constitucionalismo venezolano y el constitucionalismo de Cádiz (o cómo el de Cádiz no influyó en el venezolano)”, en La Constitución de Cádiz. Hacia los orígenes del Constitucionalismo Iberoamericano y Latino, Unión Latina–UCAB, Caracas 2004, pp. 223–331.

[23]      Véase el texto en J. Hervada y J. M. Zumaquero, Textos Internacionales de Derechos Humanos, Pamplona, 1978, pp. 24 a 35. Véase Allan R. Brewer–Carías, Los Derechos Humanos en Venezuela, Casi 200 Años de Historia, Caracas, 1990, pp. 17 y ss.

[24]      Véase los textos en M. Pacheco, Los Derechos Humanos. Documentos Básicos, Santiago de Chile, 1987, pp. 1 a 25.

[25]      Sobre el proceso político de la independencia norteamericana véase lo expuesto en Allan R. Brewer–Carías, Instituciones Políticas y Constitucionales, tomo I, Evolución histórica del Estado, Universidad Católica del Táchira, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas–San Cristóbal 1996, Primera Parte, pp. 204 y ss.

[26]      Ch. H.Mc Ilwain, Constitutionalism and the Changing World, Cambridge, 1939, p. 6.

[27]      A. Truyol y Serra, Los Derechos Humanos, Madrid, 1968, p 12.

[28]      Alexis De Tocqueville, Inéditos sobre la Revolución, (trad. de Notes et Fragments inedites sur la Revolution), Madrid, 1989, p. 56.

[29]      Idem, p. 53.

[30]      Condorcet, Influencia de la Revolución de América sobre Europa, Buenos Aires, 1945, p. 27.

[31]      Alexis De Tocqueville, op. cit., p. 58.

[32]      Idem., p. 66.

[33]      Idem., p. 66.

[34]      Idem., p. 73.

[35]      Idem., p. 73.

[36]      Idem., p. 77.

[37]      Idem., p. 80.

[38]      Idem., p. 81.

[39]      Idem., p. 83.

[40]      Idem., p. 86.

[41]      Idem., p. 86.

[42]      Idem., p. 86.

[43]      Idem., p. 92.

[44]      Sièyes, Que est–ce que le tiers état, (publicada en enero de 1789), ed. R. Zappeti, Génova, 1970.

[45]      Véase el texto en J. M. Roberts, French Révolution Document, (ed. J. M: Robert and R. C. Cobb), Oxford, 1966, pp. 173 y 174.

[46]      Véase G. Jellinek, La Déclaration des Droits de l´Homme et du Citoyen, trad. Fardis, Paris, 1902; G. Boutmy, “La Déclaration des Droits de l´Homme et du Citoyen et M. Jellinek”, Annales des Sciences Politiques, XVIII, 1902, pp. 415 a 443; G. Jellinek, “La Déclaration des Droits de l´Homme et du Citoyen” (Réponse de M. Jellinek a M. Boutmy), Revue du Droits Public et de la Science Politique en France et à l’étranger, T. XVIII, Paris, pp. 385 a 400.

[47]      J. Rivero, Les libertés publiques, Paris, 1973, Vol. I, p. 455; A.H. Robertson, Human Rights in the World, Manchester, 1982, p. 7.

[48]      J. Rivero, op. cit., pp. 41–42.

[49]      Véase el texto en J. Hervada y J.M. Zumaquero, op. cit., pp. 38 a 52. Véase el texto original en J.M. Roberts, op. cit., pp. 171 a 173.

[50]      Véase los textos en J. M. Roberts, op. cit.

[51]      Sobre el proceso revolucionario francés y la Constitución de 1791. Véase Allan R. Brewer–Carías, Instituciones Políticas y Constitucionales, op.cit., tomo I, Primera Parte.

[52]      R.B. Morris, “Creating and Ratifying the Constitution”, National Forum. Towards the Bicentennial of the Constitution, Fall, 1984, p. 9.

[53]      A.C. Laughlin, op. cit., p.131.

[54]      Idem., p. 173; R.L. Perry, op. cit., p. 399.

[55]      R.L Perry, op. cit., p. 401.

[56]      M. Garcia Pelayo, Derecho Constitucional Comparado, Madrid, pp. 336–337; A.C. Laughlin, op. cit., pp. 163–179.

[57]      G.S. Wood. “The Intelectual Origins of the American Constitutions”, National Forum, cit., p. 5.

[58]      Editado en Philadelphia en la imprenta Smith & M’Kennie, 1810.

[59] Tomado de Allan R. Brewer-Carías, “Las causas de la independencia de Venezuela explicadas en Inglaterra, en 1812, cuando la Constitución de Cadiz comenzaba a conocerse y la Republica comenzaba a derrumbarse,” Ponencia al V Simposio Internacional, Cádiz hacia el Bicentenario. El pensamiento político y las ideas en Hispanoamérica antes y durante las Cortes de 1812, Unión Latina, Ayuntamiento de Cádiz, Cádiz. Noviembre 2010.

[60] Miranda habría utilizado sólo algunos de los papeles, pues la casi totalidad de los mismos que nunca estuvieron en los Archivos de Miranda, se encontraron en los archivos del mismo destacado político norteamericano quien los había recibido originalmente, Rufus King. Véase Merle E. Simmons, Los escritos de Juan Pablo Viscardo y Guzmán. Precursor de la Independencia Hispanoamericana, Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, pp. 15-19.

[61] Se destaca, por ejemplo, las contribuciones a las actividades editoriales de Miranda de la prominente familia Fagoaga, de México, desde la llegada a Londres en 1809 del segundo marqués del Apartado, José Francisco Fagoaga y Villaurrutia, su hermano Francisco y su primo Wenceslao de Villaurrutia, luego del movimiento autonomista que encabezó el Ayuntamiento de Ciudad de México en 1808. Entre los amigos comunes de los Fagoaga y Miranda se encontraba José María Antepara, quien se asoció a los proyectos editoriales de Miranda, en libros, como la republicación de la carta de Viscado y Guzmán, y en el periódico El Colombiano, que apareció en Londres cada quince días, entre marzo y mayo de 1810. En la concepción y publicación del mismo, con el financiamiento de los Fagoaga, colaboraron Manuel Cortés Campomanes, Gould Francis Leckie, James Mill y José Blanco White antes de fundar su propio periódico El Español. Véase Salvador Méndez Reyes, “La familia Fagoaga y la Independencia,” Ponencia al 49 Congreso Internacional de Americanistas, Quito 1997, publicado en http://www.naya.org.ar/congresos/contenido/49CAI/Reyes.htmen

[62] James Mill, destacado filósofo e historiador escocés (1773-1836), padre a su vez de John Stuart Mill, fue un escritor prolífico, siendo sus obras más conocidas: History of Bristish India (1818),  Elements of Political Economy (1821), Essay on Government (1828) y Analysis of the Phenomena of the Human Mind (1829). Como editorialista, antes de la publicación de esas obras, tocó todos los temas imaginables, y en muchas ocasiones se refirió a temas relativos a la independencia hispanoamericana, citando por ejemplo, documentos de Juan Pablo Viscardo y Guzmán. El estudio «Pensamientos de un inglés sobre el estado y crisis presente de los asuntos en Sudamérica, publicado en 1810 en El Colombiano, que fue el periódico que editó Miranda en Londres ese año, debió ser de Mill, lo que se evidencia de las referencias que en él se hacen a trabajos suyos sobre Hispanoamérica publicados años antes en la Edimburgh Review (enero y julio de 1809). Dicho trabajo fue además reproducido en la Gazeta de Caracas del 25 de enero de 1811, llevado a Venezuela, junto con tantos otros papeles por Miranda, en diciembre de 1810. Véase Mario Rodríguez, «William Burke» and Francisco de Miranda. The Word and the Deed in Spanish America’s Emancipation, University Press of America, Lanham, New York, London 1994, pp. 267-268.

[63] Véase las referencias en Joseph Sabin, Bibliotheca Americana. A Dictionary of Books relating to America, from its Discovery to the Present Time (continued by Wilberforce Eames, and completed by Robert William Glenroie Vail, New York, 1868-1976.

[64] En este libro se identifica a Burke como antiguo médico militar. Véase la referencia en Annual Review and History of Literature for 1086, Arthur Aikin, Ed., Longman etc, Ridgway, London 1807, p. 162

[65] Sobre el William Burke que supuestamente escribió entre 1805 y 1810 no hay referencias biográficas algunas en el Reino Unido; por lo que puede decirse que no existió como persona, salvo en las carátulas de los libros que llevan el nombre. El William Burke conocido décadas anteriores (1729-1797) fue el autor, junto con su primo Edmund Burke (quien a su vez fue el autor del conocido libro Reflections on the Revolution in France. And on the Proceeding in Certain Societies in London Relative to That Event in a Letter Intended to Have Been Sent to a Gentleman in Paris, 1790) del libro: An  Account of the European Settlements in America, in six Parts, Rand J. Dodsey, London 1760. Años después a los de la publicación de los libros del supuesto William Burke de comienzos del siglo XIX, el otro William Burke conocido fue un célebre criminal (1792-1829) quien junto con William Hare, ambos irlandeses, se dedicó a saquear tumbas y comerciar con cadáveres, por lo que fue juzgado y ahorcado en 1829. Su cadáver fue disecado ante 2000 estudiantes de medicina en la Universidad de Edimburgo, y su esqueleto puede aún verse en el Edinburgh University Museum. Véase la referencia en R Richardson, Death, Dissection and the Destitute, Routledge & Kegan Paul, London 1987, y  en http://www.sciencemuseum.org.uk/broughttolife/people/burkehare.aspx

[66] En la “Second Edition Enlarged, Ridoway, London 1808,” se le agregó al libro la “Letter to the Spanish Americans” de Juan Pablo Viscardo y Guzmán, que Miranda había publicado en Londres francés, en 1799, y en español, en 1801, pp. 95-124.

[67] Véase Francisco de Miranda, Textos sobre la Independencia, Academia Nacional de la Historia, Caracas 1959, pp. 93-99.

[68] Véase Mario Rodríguez, «William Burke» and Francisco de Miranda. The Word and the Deed in Spanish America’s Emancipation, University Press of America, Lanham, New York, London 1994, p. 108.

[69]  Idem, p. 153.

[70] Véase William Burke, Additional Reasons for our Immediately Emancipating Spanish America:…, cit., pp. 64-74

[71] Véase Eugenia Roldán Vera, The British Book Trade and Spanish American Independence. Education and Knowledge Transmission in Transcontinental Perspective, Ashgate Publishing, London 2003, p. 47.

[72] Por ejemplo, Georges Bastin, en su trabajo “Francisco de Miranda, ‘precursor’ de traducciones,” explica que es muy clara la intervención de Miranda en la publicación del libro de Burke South American Independence: or, the Emancipation of South America, the Glory and Interest of England, de 1807, al punto de que en este documento “en su última parte solicita al gobierno una ayuda monetaria con cifras precisas que correspondían a los proyectos de Miranda. En 1808, Miranda de nuevo prepara buena parte del otro libro de Burke titulado Additional Reasons for our immediately emancipating Spanish America… del que se hacen dos ediciones en Londres. En la segunda edición ampliada, como se dijo, Miranda incluye su traducción al inglés de la Lettre aux Espagnols Américains de Viscardo y Guzmán así como cinco documentos con el título “Cartas y Proclamas del General Miranda”. Luego colaborando Miranda y Mill siguieron como William Burke, escribiendo artículos en el Annual Register y en The Edinburgh Review.” En particular, en enero de 1809, James Mill con la colaboración de Miranda publica un artículo sobre la “Emancipation of Spanish America,” en Edinburgh Review, 1809, No. 13, pp. 277-311. Véase también en Boletín de la Academia Nacional de Historia de Venezuela, No. 354, Caracas 2006, pp. 167-197.

[73] Mario Rodríguez es quien ha estudiado más precisa y exhaustivamente a “William Burke” como el seudónimo bajo el cual James Mill habría escrito varios artículos sobre Hispanoamérica. Véase Mario Rodríguez, “William Burke” and Francisco de Miranda: The World and Deed in Spanish America’s Emancipation, University Press of America, Lanham, New York, London 1994, pp. 123 ss.; 510 ss.. Véase igualmente Ivan Jasksic, Andrés Bello. La pasión por el orden, Editorial Universitaria, Imagen de Chile, Santiago de Chile 2001, p. 96, p. 133.

[74] No es de extrañar que Augusto Mijares diga que las recomendaciones de Burke “recuerdan inmediatamente algunos de los proyectos de Miranda, cuya terminología sigue a veces Burke.” Véase Augusto Mijares, “Estudio Preliminar,” William Burke, Derechos de la América del Sur y México, Vol. 1, Academia de la Historia, Caracas 1959, p. 21. Por otra parte, en la carta de Roscio a Bello de 9 de junio de 1811, se acusa a Miranda de haber disculpado Burke ante el Arzobispo, en la polémica sobre el trema religioso, afirmando que el escrito en concreto que la había originado, había sido de la autoría de “Ustáriz, Tovar y Roscio,” Idem, p. 26.

[75] Véase el texto del escrito de Burke en la Gaceta de Caracas No. 20, de 19 de febrero de 1811, en Pedro Grases (Compilador), Pensamiento Político de la Emancipación Venezolana, Biblioteca Ayacucho, Caracas 1988, pp, 90 ss. Debe mencionarse, por otra parte, que John Mill se había ocupado específicamente del tema de la tolerancia religiosa entre 1807 y 1809, en colaboración con Jeremy Bentham.

[76] Véase en la edición de la Academia de la Historia, William Burke, Derechos de la América del Sur y México, 2 vols, Caracas 1959. Quizás por ello, José M. Portillo Valdés, señaló que “William Burke” más bien habría sido, al menos por los escritos publicados en Caracas, una “pluma colectiva” usada por James Mill, Francisco de Miranda y Juan Germán Roscio. Véase José M. Portillo Valdés, Crisis Atlántica: Autonomía e Independencia en la crisis de la Monarquía Española, Marcial Pons 2006, p 272, nota 60. En contra véase Karen Racine, Francisco de Miranda: A Transatlantic Life in the Age of Revolution, SRBooks, Wilmington, 2003, p 318.

[77] Véase la  “Nota de la Comisión Editora,” William Burke, Derechos de la América del Sur y México, Vol. 1, Academia de la Historia, Caracas 1959, p. xi.

[78] Véase Elías Pino Iturrieta, Simón Bolívar, Colección Biografías de El Nacional No.100, Editora El Nacional, Caracas, 2009, p. 34

[79] Véase las referencias en Augusto Mijares, “Estudio Preliminar,” William Burke, Derechos de la América del Sur y México, Vol. 1, Academia de la Historia, Caracas 1959, pp. 25, 3

[80] Véase Pedro Grases, Andrés Bello: El primer Humanista de América, Ediciones El Tridente, Buenos Aires 1946; Escritos Selectos, Biblioteca Ayacucho, Caracas 1988, p. 119.

[81] Véase la primera edición en español en el libro: José María Antepara, Miranda y la emancipación suramericana, Documentos, históricos y explicativos, que muestran los proyectos que están en curso y los esfuerzos hechos por el general Miranda durante los últimos veinticinco años para la consecución de este objetivo (Carmen Bohórquez, Prólogo; Amelia Hernández y Andrés Cardinale, Traducción y Notas), Biblioteca Ayacucho, Caracas 2009.

[82] Véase James Mill, “Emancipation of Spanish America,” en Edinburgh Review, 1809, No. 13, pp. 277-311.

[83] Véase Salvador Méndez Reyes, “La familia Fagoaga y la Independencia,” Ponencia al 49 Congreso Internacional de Americanistas, Quito 1997, publicado en http://www.naya.org.ar/congresos/contenido/49CAI/Reyes.htmen.-