Reporte Católico Laico

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Provea: se duplicaron víctimas de tratos y penas crueles, inhumanas y degradantes durante 2018

Provea: se duplicaron víctimas de tratos y penas  crueles, inhumanas y degradantes durante 2018

Reportes de Provea y de Una Ventana a la Libertad acusan al Estado de un aumento exponencial en las muertes en cárceles venezolanas. Advierten que la mayoría ocurre debido a “condiciones inhumanas de hacinamiento y desnutrición de la población reclusa”. Mientras que casi la mitad de los decesos fueron consecuencia de “tratos crueles, inhumanos y degradantes”.

Carlos Zapata | Reporte Católico Laico

Casi un millar, al menos 970 venezolanos fueron víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes en 2018, lo que supone un aumento del 179% con respecto a los casos documentados durante el 2017.

El más reciente informe del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) detalla además que se registraron denuncias contra 12 organismos de seguridad y una contra agrupaciones paramilitares; de estos se desglosan ocho organismos de ámbito nacional, siendo responsables por 83,50% de los casos (810).

El cuerpo de seguridad que acumuló el mayor número de denuncias fue el Grupo de Respuesta Inmediata y Custodia (GRIC) del Ministerio del Poder Popular para Asuntos Penitenciarios (MPPAP).

Provea recuerda que se trata de un cuerpo élite “diseñado para proveer seguridad en los recintos carcelarios”, y asegura que estuvo involucrado en 288 denuncias (29,69%) por trato cruel, inhumano y degradante contra igual número de mujeres recluidas en la Cárcel de Uribana, en el estado Lara.

DGCIM y CICPC en top 3 de los acusados

Le siguió el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), con un total de 201 denuncias (20,72%), mientras que en tercer lugar se ubicó la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), con 25 denuncias en su contra (2,57%).

Aunque en porcentaje marginal, los cuerpos de policía regional y municipal no quedaron exentos de las acusaciones. En en seis de los casos (0,61%) fueron señaladas, mientras que las agrupaciones paramilitares aparecieron en 20 denuncias (2,06%) de agresiones físicas y golpizas contra trabajadores que manifestaban.

En 134 casos de muertes ocurridas en el período como consecuencia de tratos crueles, inhumanos y degradantes “la autoría es directamente responsabilidad de las altas autoridades del Estado venezolano”, asegura Provea. Detalla el reporte de la institución que se trata de privados de libertad que murieron en comisarías debido al “hambre y enfermedades”.

Se trata del segundo peor registro en dos décadas, tras los 1.394 denuncias registradas entre octubre 2005 y septiembre 2006, de acuerdo con la data de Provea. Mientras que entre enero 2018 y diciembre 2018 se contabilizaron 970 casos; y entre enero 2015 y diciembre 2015 un total de 793 casos, lo que completaría los tres mayores registros en los últimos 20 años.

Muertes por tratos crueles

Además, en el año 2018 fallecieron 134 personas por tratos crueles, inhumanos y degradantes en centros de detención preventiva. Del total de muertes de personas privadas de libertad registradas durante ese año en centros de detención preventiva de Venezuela, el 43,9% ocurrió debido a tratos crueles, inhumanos y degradantes.

La información se desprende del informe “Proyecto: Monitoreo a la situación de los centros de detención preventiva en Venezuela” publicado en febrero de 2019 por la organización no gubernamental (ONG) “Una Ventana a la Libertad”, en el cual se plasma la dramática situación que padece la población recluida en comisarías y otros recintos distintos a los centros penitenciarios diseñados para albergar a los privados de libertad.

En cuanto al número de muertes en 2018, Provea señala que se registraron 305 decesos en 174 centros de detención preventiva monitoreados por la mencionada ONG defensora de los derechos humanos.

Muertes por desnutrición

El informe de “Una Ventana a la Libertad” detalla que 117 personas fallecieron a consecuencia de tuberculosis y 17 por desnutrición, lo que ubicaría en 134 el número de personas privadas de libertad en centros de detención preventiva “asesinadas por el Estado” como consecuencia directa de “tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes”.

En el contexto de la Emergencia Humanitaria Compleja (EHC) que sufren los venezolanos, las limitaciones para el acceso a alimentos y servicios de salud afectan particularmente a poblaciones en situaciones de vulnerabilidad como adultos mayores; niños, niñas y adolescentes; pueblos indígenas, y personas privadas de libertad, entre otros.

En un reporte conjunto publicado por varias ONG en octubre de 2018 se registraron 10.952 nuevos casos de tuberculosis ocurridos en 2017, intensificándose en las cárceles debido a las condiciones inhumanas de hacinamiento y desnutrición de la población reclusa, recuerda la institución por medio de un nota que forma parte del boletín número 88 de “Crisis en Venezuela”.