Perkins Rocha advierte que el proyecto del Estado comunal rompería con la estructura de estados y municipios que ha tenido Venezuela desde la declaración de independencia en 1811
El jurista Perkins Rocha analiza el peligro del viejo proyecto chavista, hoy a paso de vencedores, de reemplazar municipios y estados por comunas
En 2007, el proyecto de reforma constitucional de Hugo Chávez fue rechazado por el 50,7 % de los venezolanos. Su propuesta de Chávez era conformar a Venezuela como un Estado socialista. Pero los intentos para imponerlo no cesaron: en 2009 la Ley Orgánica de las Comunas fue aprobada por la mayoría chavista de la Asamblea Nacional, y en 2010, la Ley Orgánica de los Consejos Comunales.
Hoy, muerto Chávez y al cabo de muchos otros retos superados por el régimen de Maduro, el proyecto continúa. En marzo de este año 2021 la Asamblea Nacional del chavismo aprobó en primera discusión el proyecto de Ley Orgánica de Ciudades Comunales, y en junio aprobaron diez artículos de lo que será la ciudad comunal: una nueva instancia territorial y política que podría tener muchas de las potestades de las alcaldías y gobernaciones.
En abril, además, fue aprobado el proyecto de Ley Orgánica del Parlamento Comunal, también por la Asamblea Nacional presidida por Jorge Rodríguez. Ambas leyes serán sometidas a consulta ciudadana. Lo dijo Chávez en el 2012: “¡Comuna o nada!” Así que la idea de convertir a Venezuela en un Estado comunal parece seguir adelante.
Perkins Rocha, abogado administrativista y exmagistrado de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, explica para Cinco8 los peligros que se avecinan.
Nada de esto es espontáneo…
Hay un dato importante: la expresión “consejo comunal” comienza a oírse formalmente y por primera vez en el 2005, con la reforma a la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, ley que viene desde 1976. Se mencionó a los consejos comunales como instancias de consejos locales de planificación pública con funciones de participación directa y protagonismo, que es la típica falacia del régimen. Porque, en definitiva, son instancias muy burocráticas, muy asamblearias, donde el que grita más se impone ante el que menos habla o termina dominando el que más ejercicio de fuerza física o económica tenga en determinada comunidad.
Así que la propuesta de ciudades comunales no es ni espontánea ni democrática…
Esta propuesta legislativa va en contra de los principios de participación política de la democracia y del sistema político republicano que impregna incluso la misma Constitución de 1999. No establece un sistema de control, de contrapeso. El interés del grupo que plantea el Estado comunal, si bien no es la mayoría del país, tiene el control del país por la fuerza. En definitiva, quieren hacer la refundación del orden estadal venezolano. Es decir, ir en contracorriente de lo que desde 1811 ha significado la forma política que los venezolanos nos hemos dado: la republicana… Es terrible. Esto es una política que se ha venido tejiendo a la vista de todos desde 2005 cuando, sin darle contenido a la expresión “consejo comunal”, se le puso voz y se llevó a la práctica, y no hay forma de contraargumentar, de encarar, de contrastar, porque no hay espacio para debatir.
¿Es tema de discusión en la Asamblea Nacional opositora?
Sí, han hecho críticas generales, conceptuales, pero nadie ha ido con argumentos técnicos para desmontar lo que implica la conceptualización del estado comunal socialista. La información que tengo es lo que ha salido en los medios: ellos se oponen en términos genéricos, pero ha sido una oposición absolutamente tibia, pues es evidente que plantear la discusión de estos proyectos de leyes en las sesiones, cuando ya es un proyecto del oficialismo que tiene los espacios copados, es jugar a lo que ellos no quieren jugar: convivir con el régimen.
¿Cómo esta propuesta de ley es una disrupción de nuestra estructura política y territorial histórica?
La propuesta de Ley de Ciudades Comunales y la de Parlamento Comunal representan un rompimiento con nuestro esquema federal. Desde 1811, cuando somos república constitucionalmente, hemos venido organizándonos a partir de tres figuras: la república como unidad político-territorial mayor, con personería jurídica; los estados que eran las antiguas provincias que atendieron el llamado de independencia el 5 de julio de 1810; y los municipios como la unidad política fundamental más cercana al ciudadano. Entonces, con estas propuestas de leyes para las ciudades comunales, todo esto se interrumpe porque, en definitiva, pueden modificarse o superponer las tres unidades político-territoriales ya previstas constitucionalmente.
En la Constitución vigente, el municipio, en esencia, es la unidad política fundamental del país. Si se pretende hacer “la refundación del orden estadal”, ¿podría pensarse que la ley de ciudades comunales es casi una reforma de nuestra Constitución?
Es una reforma y, además, fraudulenta, porque no se está haciendo según los mecanismos constitucionales que permiten reformas, enmiendas y cambios constituyentes. Yo podría adelantar que esta ley, en sí misma, es un fraude constitucional que se inserta en el artículo 132 del Código Penal, en el capítulo relativo contra la independencia y de traición a la Patria…
Y el Código Penal también va para reforma…
Pero todavía está vigente y dentro de su vigencia es que ocurre este planteamiento de este grupo que, de facto, ocupa el gobierno. El planteamiento de estado comunal socialista es un mecanismo fraudulento para modificar la forma republicana del texto constitucional vigente, en consecuencia, encaja perfectamente en el tipo penal que mencioné. Es una manera de destruir la forma política que nosotros nos hemos dado como nación.
Las destrucciones ya van siendo evidentes. En la práctica, por ejemplo, las parroquias han ido desapareciendo. Ahora pareciera que desaparecerán los municipios y los estados, ¿esto es factible?
Absolutamente. Está sucediendo en la práctica. Hay que tener claro que la Constitución y las leyes municipales establecen subdivisiones administrativas del municipio, es decir, este puede tener parroquias, mancomunidades, distritos metropolitanos, pero todo esto son organizaciones de la competencia administrativa. La competencia política, territorialmente, la sigue conservando la unidad municipal mayor de cada circunscripción. Pero, fíjate tú, este proyecto se inserta en un entarimado mayor de leyes orgánicas: además de la Ley de las Comunas y de los Consejos Comunales, están la Ley de la Contraloría Social, la Ley del Poder Popular, la Ley para la Gestión Comunitaria, la Ley del Sistema Económico Comunal y la Ley de la Administración Pública. Todas las leyes comunales socialistas que ellos han venido dictando, de hecho, están funcionando. La ciudad comunal será una reminiscencia, a nivel estadal, de lo que será este sistema comunal. Así que se comenzará a crear, paralelamente, algo distinto a lo previsto en la Constitución y coexistirá con el poder público estadal reconocido en la ley. Fluirán todos los recursos hacia estas figuras que tendrán absoluto poder político, económico y judicial sin ningún tipo de control.
Además de los recursos, ¿qué se transferirá de las gobernaciones y alcaldías a los nuevos “estados” y “municipios”?
Tú lo ves como un proceso de transferencia, porque recuerdas un país donde medianamente existían algunos procesos legales. Yo fui formado en ese país. Conocí la Ley de Descentralización. Vi cómo el Estado delegaba en los municipios y que había un plano de discusión. En el Fondo Intergubernamental para la Descentralización (FIDE) se discutían políticas públicas de transferencia, de competencias del poder nacional al poder estadal y municipal. Nada de esto está planteado de esta manera. No habrá una transferencia formal como tú planteas, sino que simplemente, bajo la teoría de Gramsci, se va a penetrar la estructura desde adentro para demolerla y empezar un perverso mecanismo de flujo de recursos económicos para el jefe de la comuna. Así, el viejo situado constitucional nunca llegará. Entonces, al tener en la calle a un alcalde, a un gobernador, que no va a tener ningún tipo de recursos para mantener su nómina, y un jefe de comuna que va a estar tapando huecos y arreglando bombillos, la gente va a decir: “¿Te das cuenta que el que funciona es el de la comuna y no el de la política vieja?”… Aunque vaya a ser más difícil para el jefe de estado de esa comuna grande entenderse con el poder central, será más fácil para el poder central entenderse con uno solo que responda por toda la comuna.
¿Es todo esto la aspiración de consolidar y hacer permanentes los postulados del PSUV aprovechando que vamos a elecciones regionales?
Claro. Y tú encuentras el colmo de los colmos cuando oyes a muchos candidatos del PSUV, sobre todo los de alcaldes y concejales, diciendo hasta en un afiche que vi en Turmero: “Vota por mí para la alcaldía de Santiago Mariño que yo haré realidad el poder comunal”. Es decir, se postula para ser alcalde de un municipio según la Ley Orgánica del Poder Público Municipal para demoler la estructura para la cual se están lanzando. Claro que la aspiración también es consolidar el sistema económico militar que le garantiza al régimen la convivencia con los militares.
Explique esto último.
Fíjate, el régimen tiene en la calle dos proyectos bandera fundamentales que están avanzando aceleradamente, pero son dos proyectos que se contradicen: el poder comunal y una estructura que ha creado a raíz del Arco Minero y que ha significado otra forma de captar recursos para evadir las sanciones económicas, porque la extracción ilegal de oro, coltán y otros minerales es lo único que, en este momento, sostiene al régimen venezolano. Entonces, para decirlo de manera comprensible, han creado zonas económicas militares especiales por vía de decretos en Aragua, Carabobo, Miranda, Sucre, Barinas, Táchira y en casi todos los estados fronterizos. En esas pequeñas zonas francas, el jefe militar de la Zodi o de la Redi es el pequeño gobernador y puede, entre tantas cosas, contratar servicios públicos o ceder espacios territoriales a cualquier empresa nacional y estatal, incluso, y lo estoy afirmando con toda responsabilidad, pueden exonerar hasta el 100 % de los pagos tributarios a cualquier empresa nacional o extranjera. En pocas palabras, es la consagración de lo que estamos viviendo en los bodegones, en donde los administradores tienen que pagar una especie de vacuna al jefe militar de la zona para tener cierta vigilancia y que no lo visite el Seniat. Este proyecto oligarca, capitalista y voraz, manejado por militares para nada comulga con el estado comunal socialista: consolida el estilo de vida Nutella del 10 al 15 por ciento de la población y el estilo de vida Clap del 75 al 80 por ciento. Pero te digo: los proyectos van a chocar por ideología y contenido pragmático. Esto es un sistema anárquico, delincuencial, criminal, con fachada legal, que necesita la convivencia en la región y que mañana pudiera voltearse, porque fácticamente se está implantando el estado dual.
Pese a la inconstitucionalidad del origen del proyecto de Ley, se plantea el referendo consultivo…
Entre ellos, entre sus comités, y no les cuesta sacar una lista de personas. Ese no es el problema, sino que el árbitro y el VAR son suyos. Ya tienen la pelea ganada.
¿Qué pasará después?
El sistema económico militar de las zonas especiales va a sustituir lo que hoy es el manejo interno del país. Luego vendrá el proceso de deslegitimación inevitable del poder constituido y una legitimación de la fuerza del poder comunal que cuando ya esté más o menos fortalecida, vendrá el planteamiento de una reforma constitucional hacia un Estado comunal y socialista. Entonces, el que tenga cinco años comiendo del Estado comunal dirá: “El que me sirve a mí es el Estado comunal” y olvidará que sirve porque demolieron el poder municipal constituido y desapareció el estado federal.-
Kaoru Yonekura
22 de julio de 2021/Cinco
