Cuerpos de seguridad asesinaron a 23 personas bajo torturas en 2019

23 personas murieron entre los meses de enero y diciembre de 2019 a consecuencia de las torturas recibidas por agentes de la fuerza pública. Comparado con la cifra registrada en 2018, lo que representa un aumento de 176,92%.

Un monitoreo de prensa y recopilación de denuncias recibidas por Provea entre los meses de enero y diciembre de 2019 reveló que durante el período se denunciaron 40 casos de torturas que incluyeron a 574 víctimas individualizadas de este delito contra los derechos humanos.

Esta cifra constituye un aumento de 526,60% en el número de víctimas contabilizadas, con respecto al año 2018 cuando se registraron un total de 109 personas afectadas por torturas. Además, este es el registro más alto documentado por Provea en 31 años de monitoreo del derecho a la integridad personal en Venezuela, superando las 185 víctimas de 2014.

La mayoría de las personas torturadas fueron hombres, jóvenes y pobres, manteniendo así el perfil histórico de las víctimas de este delito. 98,60% (566) de las víctimas individualizadas fueron de género masculino, mientras que 0,87% (5) fueron de género femenino. En el restante 0,52% (3) de las víctimas no pudo identificarse el género.

Las edades de las víctimas identificadas oscilaron entre los 8 y los 60 años, y la mayoría de las lesiones infligidas a estas personas consistieron en golpes; patadas; culatazos; descargas eléctricas; crucifixión; violación; peinillazos; insultos, entre otras.

Del total de víctimas documentadas por Provea entre los meses de enero y septiembre, 426 (74,21%) fueron personas privadas de libertad procesadas y condenadas por la comisión de delitos comunes; 124 (21,60%) militares detenidos al ser acusados de formar parte de actos conspirativos contra la dictadura de Nicolás Maduro; 22 personas (3,83%) fueron civiles detenidos por razones políticas o en el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica y 2 (0,34%) víctimas se produjeron en otras circunstancias.

En tres casos que involucran a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) hubo 116 víctimas de torturas. Todos son militares detenidos acusados de conspiración, terrorismo y traición a la patria; torturados en la sede del organismo en el sector Boleíta Norte, en Caracas.

Otras 250 víctimas se agrupan en dos casos en los que el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) es señalado como responsable. 100 en un caso que involucra a custodios del Ministerio Penitenciario y otras 30 víctimas en las que se involucra a la Guardia Nacional.

23 personas murieron entre los meses de enero y diciembre de 2019 a consecuencia de las torturas recibidas por agentes de la fuerza pública. Comparado con la cifra registrada en 2018, lo que representa un aumento de 176,92%.

Del total de muertes, 21 se produjeron en centros de detención preventivos bajo el control de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, policías regionales y municipales. Una muerte es atribuible a custodios de la Comunidad Penitenciaria Fénix en Barquisimeto, estado Lara, y otra, en el caso del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, a funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar.

Debido a factores como la opacidad oficial, las dificultades para el monitoreo derivadas de la disminución de prensa independiente y el temor de los familiares de las víctimas para denunciar los abusos, la data pudiera estar sujeta a un sub-registro, lo que indica que pudo haber ocurrido un número aún mayor de casos de torturas, detalla la organización no gubernamental.

Responsables de la tortura

Después de tres años, el Cicpc vuelve a encabezar lista de torturadores en Venezuela. Entre 2013 y 2014, la Guardia Nacional lideró la estadística coincidiendo con dos períodos de alta conflictividad en los que ese componente de la Fuerza Armada Nacional tuvo un rol protagónico. Para 2015, el Cicpc retomó su liderazgo histórico en el marco de la ejecución del Operativo de Liberación del Pueblo (OLP) y del descenso de la conflictividad social en el país.

En 2016, el Ejército estuvo al frente como el organismo más torturador al ser incorporado en la segunda fase del OLP. Para 2017 y 2018, la PNB y la Dgcim, respectivamente, acumularon la mayor cantidad de casos, coincidiendo, el primero, con su actuación para aplastar la rebelión popular, y el segundo, con su papel en la persecución y hostigamiento contra militares señalados de formar parte de conspiraciones e intentos de golpe de Estado.

El Cicpc cerró 2019 con diez denuncias que lo involucran en la comisión de torturas contra 259 personas. Esta cifra sitúa al organismo como responsable de 45,12% del total de casos registrados en el período.

La Dgcim se ubicó en segundo lugar acumulando diez casos que involucran a 124 víctimas de torturas (21,60%), un incremento de 165% en el número de afectados ya que este cuerpo de seguridad registró 49 víctimas más que en 2018. La sede de la Dgcim se convirtió en el nuevo centro de torturas contra detenidos por razones políticas en el país.

Al menos 199 casos se han registrado en ese recinto entre enero de 2018 y septiembre de 2019. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas solicitó una visita a dichos espacios para constatar las condiciones de reclusión y el trato brindado a los detenidos, pero la petición fue negada.

Los custodios penitenciarios adscritos al Ministerio de Asuntos Penitenciarios ocupan el tercer lugar con tres casos que involucraron a 115 víctimas (20,03%) en hechos ocurridos en la Comunidad Penitenciaria Fénix en el estado Lara; la Cárcel Modelo de Barcelona en Anzoátegui, y el Centro Penitenciario de Occidente en Táchira. La Guardia Nacional Bolivariana fue señalada de haber torturado a 48 personas (8,36%), la mayoría de ellas detenidas en el contexto de manifestaciones y privados de libertad de la Comunidad Penitenciaria Fénix.

El estado Carabobo concentró la mayor cantidad de víctimas con 201 personas torturadas (35,01%), la mayoría en la sede de la Subdelegación del Cicpc de Valencia. Le sigue el estado Miranda con 183 víctimas (31,88%), 124 de ellas torturadas en la sede del Dgcim en Boleíta Norte. Anzoátegui ocupó el tercer lugar con 103 víctimas (17,94%), un gran número de ellas, torturadas en el Centro Penitenciario Agro productivo de Barcelona y la Subdelegación del Cicpc en El Tigre.

El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos considera que producto de la Extinción del Estado de Derecho, “la tortura en Venezuela se ha convertido en una práctica generalizada y sistemática que se comete a diario en la mayoría de las cárceles y centros de detención del país, contra presos comunes y personas privadas de libertad por razones políticas. La tortura, como castigo ejemplarizante, se ha institucionalizado en Venezuela y forma parte del repertorio represivo empleado por la dictadura de Maduro”.

TalCual/Correo del Caroní

30 Enero 2020