¿Resignación ciudadana o, ¿Resistencia civil y Desobediencia  fiscal?

Roberto Fermín Bertossi, desde Argentina:

“Cuando una ley es injusta, lo correcto es desobedecer”.

(Mahatma Gandhi)

Como ciudadanos y contribuyentes empobrecidos (cuasi fundidos) …  ¿debemos seguir asumiendo sin más:  a) Inequitativas reducciones oficiales en las retenciones para hidrocarburos como sobre minería del 12% al 8%;  b) Injustos incrementos al campo sobre derechos de exportación; c) Injustas e irrazonables tasas, contribuciones e impuestos en materia de inmuebles urbanos, rurales,  automotores, servicios públicos esenciales (agua potable, luz, transporte, peajes);  d) Externalidades negativas en el culposo desagio de nuestra moneda (art. 75 inc. 19 Constitución Nacional (C.N.)); e) La indigna pérdida del poder adquisitivo de los salarios frente a una insoportable e imparable inflación; f) Devaluaciones infames y enriquecimientos ilícitos de la casta política; g) Incumplimientos del Estado con la deuda interna y externa (art. 75 inc. 7, CN.) (descredito financiero internacional, inseguridad jurídica, reticencia de inversiones); h)  El flagelo de “precios descuidados”; i) Flagrantes incumplimientos del contrato social tanto nacional, como provinciales y municipales; j) Otro cruel desbaratamiento de derechos adquiridos por jubilados y pensionados ordinarios, kl) “Ralentización o procastinación” de la coparticipación y/o reparación financiera a los gobernadores por las pérdidas de la misma; l)  Muerte de argentinos por falta de nutrientes apropiados;  m) Bancarrota de la confianza de la ciudadanía en sus instituciones y en sus agentes?

A todo ello cuadra recordar que, la resistencia civil como  método legítimo  de  resistencia  ante  la  opresión  y  la  injusticia  no  debe  ser  subestimado  ni mucho    menos    desacreditado.    Grandes    figuras    y grandes    naciones    han    basado exitosamente sus luchas en la desobediencia civil. Tales son los casos de Mahatma Gandhi en  la  India,  de  Nelson  Mandela  en  Sudáfrica,  otrora  de Martin Luther King en Estados Unidos entre los más notables.

También podemos  encontrar la  figura  de  la  Desobediencia  Civil  y  del  Derecho  a  la  Rebelión  en textos de trascendencia universal. La Declaración de Independencia de los Estados Unidos expresa que «la ley natural le enseña a la gente que el pueblo está dotado por el creador de  ciertos derechos  inalienables  y  puede  alterar  o  abolir  un  gobierno  que  destruya  esos derechos».

Por su parte la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en su artículo  35,  establece  que  “cuando  el  gobierno  viola  los  derechos  del  pueblo  la insurrección  es  para  el  pueblo,  y  para  cada  porción  del  pueblo,  el  más  sagrado  de  sus derechos y el más indispensable de sus deberes”.

La  Declaración  Universal  de  Derechos  Humanos  (de  la  cual  nuestro  país  es  signatario  y tiene  categoría  de  norma  constitucional)  ante  la  gravísima  e  inédita  situación  que  está viviendo  nuestro  país,  resulta  más  que  suficiente  para  justificar,  explicar  y  predecir  un   Estado de Desobediencia Civil no solo como resistencia a los abusos de sus sucesivos gobiernos nacionales, provinciales y municipales sino en repudio al incumplimiento de promesas preelectorales, a la improvisación, incompetencia, nepotismos, corrupción e impunidad.

A propósito, en este febrero el G6, que reúne a las principales organizaciones empresariales cordobesas, se mostró en contra de los incrementos en los impuestos provinciales y municipales. También criticaron al gobierno nacional y aseguraron que «numerosas actividades dejaron de ser viables por los actuales costos».

En su reciente documento, plantearon además que las reformas impulsadas por el intendente cordobés Martín Llaryora son «irracionales, de dudosa legalidad y desproporcionadas», añadiendo que aunque se traten de «medidas de emergencia, hacen imposible echar a funcionar el aparato productivo con la pesada carga tributaria, que hace inviable muchas actividades económicas y conspiran contra la posibilidad de creación (y mantenimiento) de empleo genuino»

No  existe  delito  en  la  desobediencia  civil  y  fiscal  ya  que  no  es  tal  Vg.,  no  pagar  los impuestos ni las tarifas sin causa; injustas, confiscatorias e irrazonables. En  efecto,    según  el  artículo  209  del  Código  Penal,  se  pretende  imponer  prisión  de dos  a seis años a:   “El que públicamente instigare a cometer un delito determinado contra una persona o institución”. Las  leyes  penales  tributarias  no  castigan  al que  debe  impuestos  y  no  los paga;  es preciso que  la  evasión  se  produzca  mediante  conductas  fraudulentas,  ardides  o  engaños  (Ley  N° 24.769, artículos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12 y cc.).

Para que el no pago sea delito fiscal, debe  tratarse   de   dinero   indebidamente   embolsado   como   propio   por   el   agente   de retención (Art. 6) o retenido a los dependientes en concepto de aportes para la seguridad social (Art. 9) o como en nuestro caso,  la reciente fuga de capitales por alta timba financiera y desvíos de fondos públicos  ante una exacerbante “prudencia judicial” (¿complicidad e impotencia?)

El  fin  y  el  límite  del  Estado  es  el bien  común,  un  bien  común  incompatible  con  esa corrupción y privilegios que  han  parido  de  la  nada,  obscenos enriquecimientos  ilícitos  con  simultáneos empobrecimientos pavorosos de casi la mitad de los argentinos con sus escandalosas desigualdades consecuentes;  un bien común propio de un humanizado contrato social, de un  contrato  social  no  leonino  e  insoportable, enrevesado  e  irrito  en  el  ámbito  del  cual alguien “¿escondió?” fortunas recaudadas por ingresos públicos con afectación legal específica  para  ser  destinados  a  inversiones,  modernizaciones  y expansiones  de  los sistemas e infraestructuras de salud, de educación, de nutrición, de seguridad, de energía, de servicios sanitarios, de transportes, de conectividad, de una ecología integral, de jubilaciones y pensiones dignas;  etcéteras.

A  nadie  sorprenderá cuando los mansos de siempre resistan pacífica y duraderamente contra la política del “a más de más”, conscientes   de   que   ninguna   paciencia   es   ilimitada   pues,   ¡contra   el   vicio   de   pedir, finalmente será la virtud de no dar!

Finalmente el propio Papa Francisco nos  acicatea  en  su  Evangelii  Gaudium (Pág.  145  p.  183y  cc.  de  la  primera edición    de    la    oficina    del    Libro    de    la    Conferencia    Episcopal    Argentina,    Diciembre    de    2013 que le acaba de obsequiar a nuestro presidente Alberto Fernández en su reciente visita al Vaticano) esclareciéndonos respecto a que nadie puede exigirnos que releguemos la dignidad, la ética, la moral, la equidad, la ecuanimidad, la solidaridad, la fraternidad, las religiones, la ecología  y la paz a la intimidad secreta de las personas, sin influencia alguna en la vida social y nacional, sin preocuparnos y ocuparnos por nuestros valores perennes, por las fragilidades humanas y de la  salud  de  las  instituciones en la  sociedad  civil;  sin  opinar  sobre  los  acontecimientos que nos afectan, perjudican y denigran como ciudadanos.

 

 

Roberto Fermín Bertossi

Experto CoNEAU

Investigador CIJS –UNC

Premio Adepa-Faca, 1990