María Antonieta Colunga/Cubanet:
Al abrir la olla de chícharos a las 2:00 de la tarde, con los nietos gritando de hambre, María Victoria Martínez se rompió en pedazos: una nata de insectos coronando el caldo la hizo comprender que los niños comerían solo boniato, otra vez, por octavo día consecutivo.
Los granos, cargados de gorgojos, los había comprado esa mañana en la bodega donde el Estado vende racionados algunos de los pocos alimentos disponibles en el país. Ante su reclamo por el estado del producto, la dependienta había minimizado el asunto diciendo que eso no era problema, que venía “curado” y solo tenía que lavarlo bien y darle candela para que los bichos se fueran. Sin los 250 pesos (alrededor de la octava parte de un salario mínimo) para comprar en el mercado informal al menos una libra de arroz, María Victoria no tenía opción. Lo intentó únicamente para comprobar que aquello no había quien se lo comiera.
Esta escena familiar sería el detonante en Caimanera, en la provincia de Guantánamo, de una protesta multitudinaria que iniciaron los hermanos Luis Miguel Alarcón y Felipe Octavio Correa, hijos de María Victoria, junto con algunos vecinos, y que se multiplicó en cientos de personas del pueblo desfilando por las calles. El reclamo básico de comida para sus hijos fue molido a golpes por la policía local el 6 de mayo de 2023 y terminó con la desaparición de los muchachos por cinco días en los que su madre no supo si estaban vivos o muertos. Luego vino la imputación de cargos por “atentado” y “desorden público”, con peticiones de seis años de cárcel para Luis Miguel y cuatro para Felipe, un joven con discapacidad intelectual. El juicio, luego de algo más de un año de espera, fue recién celebrado el 15 de mayo; aún la familia aguarda por la sentencia final.
Historias como la de Caimanera se repiten cada vez con más frecuencia en una Cuba donde crecen los reclamos por falta de bienes básicos y los manifestantes son reprimidos por las fuerzas del Estado con la misma dureza que emplean para castigar a los opositores. La inconformidad social se ha intensificado después de las sorpresivas protestas que dinamitaron la Isla el 11 y 12 de julio de 2021, con miles de personas manifestándose casi simultáneamente en decenas de ciudades, tanto en las calles como en el espacio virtual, algo sin precedente en el país.
Para este reportaje, un equipo periodístico construyó una base de datos con más de 150 protestas ocurridas en Cuba donde se registró represión entre julio de 2022 y abril de 2024, a partir de registros de las oenegés Cubalex y Justicia 11J y de notas de la prensa independiente. El estudio arrojó que, aunque un 18% de las manifestaciones implicaban reclamos abiertamente políticos junto con demandas de bienes públicos, el resto se concentraba en pedir al Gobierno electricidad, alimentos, medicinas, vivienda digna, agua potable y otros bienes básicos. Otro hallazgo es que, sin importar la diferencia, la reacción de las autoridades contra los manifestantes es desproporcionada, con condenas que ascienden hasta los 15 años de cárcel.-
