Detrás de un portón rojo a medio pintar, hay una escuela amarilla con un patio amplio y vacío. Los salones del Instituto Nacional de Educación Especial (I.N.E.E) de Caricuao están equipados con carteleras, pizarrones y juguetes, pero están cerrados. A las 10:00 a. m. de un jueves, las sillas sobre las mesas indican que nadie ha llegado para sentarse.

En esta escuela está matriculado Aarón, pero él no fue hoy. Desde hace unas semanas se queda en su casa, porque empezó a pegarle a los niños y a las maestras. Su mamá no consigue un psiquiatra infantil para ayudarlo a mejorar su comportamiento y no puede llevarlo a clases ni a otro lado donde reciba educación.

El I.N.E.E de Caricuao fue la primera escuela bolivariana que se fundó para niños especiales. Cuenta con 17 salones que alojaban a 127 estudiantes. Actualmente solo están habilitados nueve salones para 70 alumnos. En cada aula debería haber siete u ocho niños, pero la profesora Yanet Matos solo recibe a dos niños, cuando mucho a cuatro.

Razones de fondo

Los estudiantes tienen diversas justificaciones para no acudir a clases. “Hay uno que no ha venido desde que inició la pandemia porque tiene autismo y le da miedo salir de casa”.

Otros alumnos, además de su discapacidad cognitiva, padecen de condiciones de salud que les impiden asistir de manera constante a clases. De los 70 niños y niñas inscritos, solo 14 están vacunados contra la COVID-19 porque sus representantes temen que la vacuna afecte su medicación.

Aarón, sus compañeros y toda persona con discapacidad “tiene derecho a asistir a una institución o centro educativo para obtener educación, formación o capacitación”, dice el artículo 16 de la Ley para Personas con Discapacidad. La misma ley establece en su artículo 18 que el Estado es quien debe brindar las condiciones.

Aunque en Distrito Capital hay 20 institutos especializados para esta población, en muchos casos la falta de atención médica es un factor de exclusión. En otras ocasiones, la renuncia de docentes impide que los niños y adolescentes con diversidad funcional cumplan con la normalización del regreso a clases de manera presencial, que anunció hace el mandatario Nicolás Maduro el pasado 25 de marzo.

Sin personal

Desde que los niños nacen con alguna discapacidad, empiezan a competir por acceder a los pocos recursos que asigna el Estado Venezolano. Yanis Arteaga(*) es la directora encargada de un Centro de Desarrollo Infantil, que atiende a niños menores de seis años. La labor de esta institución es prestar apoyo a las familias y recomendaciones a las escuelas a las que asisten los pequeños. Para eso cuentan con especialistas como psicopedagogos y docentes de educación especial, pero son cada vez menos.

Pocos años antes de la pandemia el centro le podía prestar servicio hasta 170 niños. En la actualidad, atienden a 59.

“No bajó la demanda. La demanda sigue y se incrementa día a día, de verdad. Solo que en este momento no tenemos el suficiente personal para atenderlos”, aclaró.

La educadora especializada explicó que el docente es el que fija la cantidad de matrícula que pueden atender. Ese número de niños es directamente proporcional a la cantidad de docentes disponibles.

Los maestros renuncian por la precarización salarial de la educación pública. De acuerdo con su escalafón, un docente puede ganar al mes entre 160 y 360 bolívares, mientras que en consulta privada pueden ganar ese mismo monto en una sola sesión, puntualizó Arteaga.

“El equipo de trabajo es maravilloso y súper comprometido, pero en la medida que ellos encuentren otras vías para tener mejor calidad de vida, seguramente también van a renunciar al centro”, dice.

Isabella Reimi – Crónica Uno

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