La actualización del informe de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos de las Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela (MIIV) registra nuevamente la sistematización de ciertos patrones violatorios de los derechos humanos en diferentes esferas del país.
En este nuevo Informe de determinación de hechos nuevamente hacen referencia a la situación de violencia reinante en el Arco Minero del Orinoco, reiterando que actores estatales y no estatales han cometido violaciones «contra la población local, en el marco de la lucha por el control de las zonas mineras. Entre ellos figuran privaciones arbitrarias de la vida, desapariciones, extorsiones, castigos corporales y violencia sexual y de género».
El nuevo informe pone espacial énfasis en el estado Bolivar, donde ha proliferado con mayor fuerza la onda expansiva de destrucción minera, que a su paso ha atropellado a comunidades indígenas completas.
«En el municipio Gran Sabana, al sur del estado, la Misión ha documentado en profundidad varios casos en los que las fuerzas del Estado han atacado a las poblaciones indígenas, cometiendo una serie de violaciones. Entre ellos, los enfrentamientos que se produjeron en 2019 tras el intento de la oposición de trasladar ayuda humanitaria a Gran Sabana desde Brasil».
El informe continúa explicando que la situación en el estado de Bolívar y en otras zonas mineras es profundamente preocupante.
«Las poblaciones locales, incluidos los pueblos indígenas, están atrapadas en una violenta batalla entre actores estatales y grupos armados criminales por el control del oro», dejando de manifiesto la necesidad de seguir investigando lo que sucede en esta importante región del país, que por décadas ha sido hogar y sustento de cientos de comunidades indígenas.
En su investigación «Fosas del silencio: los desaparecidos en la búsqueda del dorado, la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) contabilizó107 personas fallecidas en el contexto minero, tan sólo entre enero y septiembre de 2019.
En el informe sobre violación de derechos humanos en comunidades indígenas de 2021, Kapé Kapé señaló que la violencia minera está presente en los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro.
De acuerdo con el estudio, los Yekuana, Sanemá, Pemón, Wottuja, Piapoco, Jivi, Kariña y Warao son las más perjudicadas por la invasión de la minería ilegal en sus territorios.
En 2022 se ha recrudecido la lucha por los territorios de los pueblos indígenas.
En lo que va de año, al menos 8 indígenas han muerto en conflictos relacionados con la presencia de grupos armados en territorios indígenas.-
Nota de Prensa de Kapé Kapé
