El último mensaje de María llegó de madrugada: «salimos ya (a) agarrar la lancha». Viajaba con su madre y esposo desde la isla colombiana de San Andrés a Nicaragua, para luego emprender camino a Estados Unidos como tantos de sus compatriotas venezolanos.
Nunca más se supo de ellos.
María Zamora, de 37 años y embarazada de cinco meses, viajaba con su madre Noris López (72), su esposo Carlos Arrieta (40) y otros 10 migrantes venezolanos, incluido un niño de siete años.
El último contacto fue al embarcar, el 12 de octubre de madrugada, apenas horas antes de que la administración Biden anunciara que deportaría a México a todo venezolano que cruce la frontera terrestre de forma ilegal. En menos de un año, unos 150.000 han llegado hasta la frontera estadounidense, pidiendo asilo.
«Si hubiera sido antes, quizás ellos se frenan y dicen ‘qué vamos a hacer allá’, paraban para decidir qué hacer», dice a la AFP su tío Danilo Zamora, 72, que no pierde la esperanza de que estén vivos.
La familia de María optó por tomar una lancha desde San Andrés y evitar así cruzar a pie el Tapón del Darién, un corredor selvático de 266 kilómetros entre Colombia y Panamá, descrito como un infierno por su geografía inexpugnable y la amenaza de grupos armados.
No es barato el viaje en lancha: 1.500 dólares por persona; los niños, 1.000. De San Andrés, 150 kilómetros a Corn Island en Nicaragua, y de ahí en otra embarcación a tierra firme.
«Vendieron carros, una casita y con eso, y la ayuda de sus hermanos, completaron», señala Danilo, que asegura no obstante no tener mayor detalle del presupuesto.
María y su familia partieron una semana antes de desaparecer: viajaron en auto de Maracaibo (Zulia, oeste) a Riohacha (Colombia), donde tomaron un avión a Bogotá y luego San Andrés. Cuenta Danilo que el zarpe se atrasó en varias oportunidades por las condiciones del tiempo.
María, Noris y Carlos compartían fotografías posando en el hotel, con chalecos salvavidas nuevos que compraron antes del viaje.
La Armada colombiana mantiene una «búsqueda activa», que se extenderá por 30 días. Hasta ahora no han tenido éxito.
Octavio Gutiérrez, jefe del comando de San Andrés y Providencia, señala que conocieron primero del caso por denuncias en redes sociales y que solo después un allegado de uno de los pescadores confirmó el zarpe.
«Como salen de forma clandestina no sabemos en dónde se pudo haber presentado el siniestro», explica a la AFP. «Y la zona es realmente gigante».
Pero en dos semanas, sigue, «si hubiera zozobrado, (los cuerpos) hubieran llegado a costa» en Nicaragua o Costa Rica. «No sabemos si llegaron a alguna parte no habitada, que esté lejos de cualquier medio de comunicación. Hay muchas hipótesis, por eso la importancia de mantener la búsqueda».
Otras embarcaciones en estas rutas del Caribe fueron alertadas, al igual que las autoridades de Costa Rica, Honduras y Nicaragua.
Gutiérrez alerta del peligro de esta ruta ilegal, que indica comenzó a ser usada en abril, pero se disparó en junio, a medida que llegaban los testimonios terroríficos del Darién, por donde este año han pasado unos 185.000 venezolanos.
Son embarcaciones sin sistemas de navegación ni condiciones para enfrentar el fuerte oleaje de la ruta.
La Armada detectó una caída en los viajes. Gutiérrez estima que es por la disposición estadounidense.
Aunque la oferta continúa.
«Las embarcaciones salen prácticamente todos los días», dice un hombre que coordina zarpes en San Andrés. «Todo lleva su respectiva seguridad, su chaleco y todo. Lo único ilegal es ante las autoridades».
Y minimiza los riesgos. «Todo en la vida es peligroso mi viejo: aviones se caen, embarcaciones se hunden».
Danilo trata de mantenerse optimista, a medida que conecta con autoridades de varios países buscando noticias. «Hasta que no aparezcan los cuerpos, hay esperanza», repite, corrigiéndose cada vez que se refiere a su familia en tiempo pasado.
Dos semanas han transcurrido y nada desde aquel «salimos ya (a) agarrar la lancha» por WhatsApp.-
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