La organización no gubernamental Provea informó que al cierre de la contabilización de datos este 31 de julio, al menos 19 personas han fallecido en el contexto represivo creado por los cuerpos de seguridad del Estado, para disipar las protestas ciudadanas que se han organizado en rechazo del resultado ofrecido por el Consejo Nacional Electoral referente a las elecciones presidenciales.
Tras un recuento de las irregularidades que antecedieron el proceso electoral: inhabilitación de María Corina Machado y Corina Yoris como candidatas a la presidencia, detenciones arbitrarias de los colaboradores de Vente Venezuela, y la revocación de la invitación a la Unión Europea como veedor internacional; Provea aclaró que esta cifra de fallecidos abarca solo a los que han podido ser identificados.
Asimismo confirman la cifra de apresados ofrecida por el fiscal general de la República, Tarek William Saab, quien dijo que hasta el momento del reporten son 1.062 los casos de detención.
“Hemos registrado la actuación coordinada entre fuerzas de seguridad y agrupaciones de civiles armadas proclives a Nicolás Maduro para aplacar las protestas; al mismo tiempo se ha registrado una escalada de detenciones arbitrarias que en apenas dos días asciende a 1.062 casos, según afirmó el fiscal general Tarek William Saab la tarde de este 31 de julio. Esto representa el 51,59% del total de detenciones arbitrarias registradas durante cuatro meses del ciclo de protestas del año 2017”, condenó el director de Provea, Oscar Murillo.
Autoridades amenazan a ciudadanía y organizaciones
Este 30 de julio, en rueda de prensa, la coordinadora del Laboratorio de Paz, Lexys Rondón, reiteró la necesidad de acabar con las amenazas contra las organizaciones no gubernamentales que registran estos datos, así como con el ensañamiento contra los manifestantes, quienes deberían ser protegidos por los cuerpos de seguridad en el marco de manifestaciones pacíficas.
“Hacemos un llamado a las autoridades a que entiendan que lo único que puede garantizar la paz en el país es que haya la mayor transparencia y posibilidad de evidenciar que los resultados son los que están en las actas y auditorías de las máquinas. El Estado está obligado, tal como lo dice la relatora de las Naciones Unidas para el derecho a la manifestación, por acción u omisión, es responsable de garantizar la vida de todas las personas que están en su derecho en la calle pidiendo transparencia. Los colectivos armados no pueden estar actuando, atacando a las personas, robando a las personas, disparando a las personas, haciendo contención de represión sin que haya una actuación de control por parte de los órganos de seguridad del Estado”, expresó Rondón.
Sobre esto, Provea alegó que han surgido amenazas por parte del Ministerio Público en contra del trabajo de las organizaciones de derechos humanos por ser quienes han venido denunciando los asesinatos, detenciones, desapariciones y violaciones de derechos humanos. Así como también se ha intensificado el hostigamiento político contra las 6 personas del equipo de María Corina Machado que residen en la Embajada de Argentina en Caracas.
“Consideramos que en primer orden, el esfuerzo de los venezolanos debe ser acompañado por el respaldo de la comunidad internacional y los distintos mecanismos de protección de los derechos humanos, para impedir una escalada aún mayor de abusos”, puntualizó en la ONG en una comunicación a la opinión pública.
Urgismos para el pueblo venezolano
La organización de derechos humanos destacó la necesidad de que la sociedad civil, actores sociales, políticos y religiosos exijan de manera contundente y pacífica el respeto a la voluntad popular, publicación por parte del Consejo Nacional Electoral de las actas electorales: mesa por mesa y centro por centro. Asimismo solicitan mecanismos fiables y transparentes para la verificación de los resultados por parte de los equipos de trabajo de todos los candidatos.
A la comunidad internacional solicitan el acompañamiento e incorporación a un eventual proceso de veeduría electoral, con el fin de verificar todas las actas emitidas y en manos de todos los testigos, debido a la falta de independencia de los poderes públicos venezolanos.
De igual forma solicitan a la Fuerza Armada Nacional actuar apegada al mandato que imponen la Constitución y sus leyes, garantizando el cumplimiento de sus obligaciones sobre el uso diferenciado y progresivo de la fuerza en la gestión de manifestaciones, y brindando entornos seguros para que las personas puedan expresarse libres de amenazas.
Por último solicitan a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que profundice las investigaciones sobre los más altos responsables de los graves hechos de persecución y asesinatos que pudiesen constituir crimines de lesa humanidad.-
- Francesca Díaz
- 31 Jul, 2024 -Correo del Caroní
