El Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCB: Comunicado

El Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad
Católica Andrés Bello considera de urgencia que la voluntad de los
venezolanos expresada el pasado 28 de julio en el proceso para elegir
al Presidente de la República, sea respetada, por lo cual exige que el
Consejo Nacional Electoral muestre las actas fidedignas firmadas por
los miembros de mesa y permita la verificación técnica de cada una de
ellas.

Para que este proceso de auditoría tenga validez, el mismo debe ser
realizado por observadores técnicos de instituciones internacionales
independientes especializadas, con la debida presencia de los
distintos actores políticos que participaron en la elección.

Igualmente, se exige a las autoridades garantizar el pleno
cumplimiento y respeto del artículo 68 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, el cual establece que los
ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente
y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley.

El CEPyG UCAB rechaza todos los actos de represión y persecución
contra los manifestantes, así como contra líderes sociales y políticos o
cualquier ciudadano venezolano o extranjero. El uso
desproporcionado de la fuerza por parte de organismos de seguridad
nacionales, regionales y municipales ya ha generado más de 20
muertes, y cientos de heridos y detenidos.

La responsabilidad penal por la violación de derechos humanos, que incluye la represión contra
manifestantes, los arrestos sin el debido procedimiento, la tortura,
entre otras prácticas, es personal, imprescriptible y no es negociable
ni se puede justificar por venir del cumplimento de órdenes superiores,
tal como lo establece el artículo 25 del Estatuto de Roma de la Corte
Penal Internacional, mientras que el artículo 33 indica que quien
hubiere cometido un crimen de la competencia de la Corte en
cumplimiento de una orden emitida por un gobierno o un superior, sea
militar o civil, no será eximido de responsabilidad penal.

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) debe cumplir con su
responsabilidad de proteger la soberanía nacional y respetar la
voluntad del pueblo expresada en las urnas. La FANB, como
institución profesional y sin militancia política, debe garantizar que los
procesos electorales se desarrollen de manera libre, justa y
transparente, salvaguardando el derecho de los ciudadanos a elegir a
sus representantes sin injerencias externas.

En este momento crítico para nuestra nación, es imperativo que la
FANB mantenga una postura neutral y se abstenga de cualquier
acción que pretenda influir o desconocer los resultados electorales.
Actuar conforme a la Constitución y a los tratados internacionales de
derechos humanos es esencial para preservar la dignidad y los
derechos de todos los venezolanos, y para asegurar la paz y la
estabilidad del país. Esto será crucial para fortalecer la confianza en
nuestras instituciones democráticas y para fomentar la unidad y
cohesión social.

Hacemos un llamado a todos los miembros de la FANB para que
actúen con integridad y responsabilidad, reafirmando su compromiso
con la democracia y la soberanía nacional, y apegándose a lo
establecido en los artículos 328 y 330 de la Constitución Nacional.
El CEPyG UCAB reconoce los pronunciamientos por parte de la
comunidad democrática internacional, mediante los cuales ha exigido
al CNE la publicación de las actas reales, legítimas y verificables, en
las cuales se refleja la decisión soberana de los venezolanos. Las
instituciones mundiales, regionales y los distintos gobiernos, están
haciendo todos los esfuerzos para que se respeten las garantías
electorales de los ciudadanos, así como sus derechos humanos.
Es crucial que los actores internacionales activen todos los
mecanismos a su alcance para que se resuelva este conflicto y pueda
iniciarse el retorno parcial de venezolanos, pues de lo contrario
podríamos estar a las puertas de otra ola migratoria.

Igualmente, es condenable la detención de cualquier líder político, así
como el asedio de la Embajada de Argentina, donde se encuentran
seis dirigentes a quienes se les pretende detener ilegalmente,
desconociendo el derecho internacional al asilo y la inviolabilidad de
toda sede diplomática.

En el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad
Católica Andrés Bello estamos convencidos de que la ciudadanía
como actor fundamental de este proceso político y titular de la
soberanía popular tiene el derecho irrenunciable a decidir y a que su
decisión, expresada en las urnas electorales, sea verificada e
incondicionalmente respetada, según lo establece nuestra
Constitución Nacional.-

Caracas, 1 de agosto de 2024