Yelitza Vergara, madre de Miguel Eduardo González Vergara, preso político recientemente excarcelado de la cárcel de Tocorón, ubicada en el estado Aragua, denunció que la tarde de este 5 de febrero, cuatro efectivos policiales, presuntamente del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), llegaron armados a su vivienda, en Acarigua, estado Portuguesa, buscando a dos personas que supuestamente residían allí.
Vergara aseguró que explicó a los funcionarios que no era la dirección que buscaban, pero estos insistieron en que la información que manejaban indicaba lo contrario. Luego de varios minutos de aparente confusión, los efectivos se retiraron.
La madre del exrecluso responsabilizó al Estado por cualquier hecho que ponga en riesgo su seguridad y la de su familia, ya que, según denunció, en los últimos seis meses han sido víctimas de graves violaciones a sus derechos humanos. Consideró este hecho como un ataque de “psicoterror”.
Yelitza Vergara aseguró que su hijo fue apresado el pasado 7 de agosto en el contexto de las protestas poselectorales, “siendo inocente” y aseveró que ella ha sido víctima de “amenazas y maltratos”.
La denuncia de Vergara se suma a una serie de reportes sobre hostigamiento y persecución a familiares de presos políticos excarcelados. Según testimonios recogidos por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), tanto los parientes como los propios excarcelados han sido víctimas de acoso por parte de funcionarios y personas involucradas en sus detenciones tras las elecciones del 28 de julio.
Los familiares condenan estas situaciones, pues recuerdan que los excarcelados siguen sometidos a órdenes y restricciones judiciales, como presentaciones en tribunales y prohibición de hablar de forma pública de sus casos.
Este patrón de persecución ha llevado a muchas familias a abandonar sus hogares por temor a represalias y a la constante vigilancia que enfrentan. Organizaciones defensoras de derechos humanos han alertado que estos hechos evidencian la continuidad de una política de terror de Estado que mantiene en zozobra a quienes han sido víctimas de arrestos arbitrarios.
“Exigimos cesar estas prácticas de terrorismo de Estado que no contribuyen a un ambiente de verdadera paz en el país. Por el contrario, revictimizan a quienes han vivido la injusticia durante estos largos meses y profundizan su sufrimiento”, expresó Clippve, sumándose a las exigencias de justicia y respeto a los derechos fundamentales de los presos políticos excarcelados y sus familias.
A pesar de las excarcelaciones recientes, activistas y familiares insisten en que la libertad plena de los apresados sigue siendo una deuda pendiente del Estado venezolano, mientras el temor y el hostigamiento persisten como mecanismos de control social y represión.-
- TalCual
- 7 Feb, 2025
