La crisis de derechos humanos en Venezuela ha entrado en una etapa más crítica, según el más reciente informe de Amnistía Internacional, presentado desde Colombia debido a la falta de garantías en el país caribeño. El documento detalla un agravamiento de la emergencia humanitaria y un incremento de la represión estatal a raíz del escenario electoral de 2025.
Nastassja Rojas Silva, directora adjunta de Amnistía Internacional Venezuela, explicó que, desde enero, especialmente tras el anuncio de las elecciones presidenciales del 28 de julio, se ha observado un repunte en las detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas.
“Hay una dinámica particular: el gobierno en ocasiones suelta un poco y aliviana las condiciones, pero luego vuelve y reprime, y eso es lo que sucedió después del 28 de julio, pero en unas dimensiones que antes no habíamos visto”, afirmó Rojas en entrevista con el medio colombiano Semana.
Uno de los casos más emblemáticos citados es el de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel, cuya detención evidencia una ampliación del perfil de los perseguidos políticos. El informe también denuncia arrestos de menores de edad, quienes habrían sido víctimas de torturas y aislamiento de sus familias.
“Hay una intensificación de muchos factores asociados al contexto particular de Venezuela, específicamente por el 28 de julio, que es un punto de quiebre que genera mucha más represión y un repunte de personas detenidas. Además, hay unas condiciones estructurales que son propias de la emergencia humanitaria compleja que hay en el contexto venezolano. Tenemos casos de personas que son desaparecidas de manera temporal o que son detenidas por razones políticas”, agregó la directora adjunta de Amnistía Internacional Venezuela.
Esto dice el reciente informe de Amnistía Internacional:
El deterioro de la institucionalidad es otro eje del análisis. Según la representante de Amnistía, Venezuela figura en el último lugar del índice de Estado de derecho y esto con serias fallas en el debido proceso, el derecho a la defensa y la independencia judicial.
“No existe institucionalidad. El hecho de que debamos presentar el informe de Venezuela en Colombia ya dice mucho de cuáles son las condiciones allá”, sentenció Rojas.
El contexto actual también incluye una ofensiva legislativa que amenaza a las organizaciones de la sociedad civil, con leyes como la de fiscalización de ONG y la llamada Ley Simón Bolívar, que han forzado a muchas entidades a cesar operaciones o a salir del país.
Con respecto al papel que ha tenido la relación diplomática de Colombia con Venezuela en esta etapa, la directora adjunta de Amnistía comentó que, al principio, había generado “mucha esperanza dentro de la población migrante”. No obstante, no se han observado cambios significativos en las condiciones de vida de las personas.
Es por ello que instó al Gobierno colombiano a reactivar los mecanismos de protección y regularización que han estado inactivos desde 2024.
“En este momento, hay al menos 400 mil personas de forma irregular, entonces resulta paradójico que no se estén teniendo esos puentes de diálogo, especialmente también para las personas defensoras de derechos humanos que están llegando a Colombia”, dijo.
Igualmente, Rojas alertó que esta combinación de represión interna y trabas a la movilidad podría desencadenar una nueva oleada migratoria en la región. “Allá (en Venezuela) no existe la libertad de expresión”, finalizó.-
- El Nacional
- 3 May, 2025
