La Ley de Amnistía en Venezuela sigue siendo objeto de debate ante sus contradicciones y la posibilidad de que sirva de instrumento para la reinstitucionalización del país, más allá de la liberación de presos políticos.
Durante el Foro Ley de Amnistía: Alcance, retos y desafíos para la reinstitucionalización, organizado por la Escuela de Derecho de la UCAB Guayana, se planteó que este instrumento jurídico es necesario para avanzar hacia la transición democrática, pero existen fallas estructurales para su aplicación que frenan ese paso.
La jefa del Departamento de Derecho Público de la UCAB Guayana, Aiskel Andrade, señaló que el principal valor de la ley radica en su potencial para la recuperación institucional frente a una fractura del orden constitucional.
Aclaró que “la ley de amnistía es una excepcionalidad; es decir, no es un instrumento cotidiano para resolver conflictos. Es un instrumento excepcional que se hace en circunstancias excepcionales”.
Recordó que amnistía no significa perdón, sino olvido, y su naturaleza es un acto jurídico-político.
“Es un acto de paz. Ocurre cuando hay un conflicto en donde el Estado no encuentra soluciones dentro de los mecanismos con los que cuenta”, explicó.
Insistió en que para clausurar un conflicto político, necesariamente debe haber un proceso de transición política hacia la democracia.
Sin embargo, entre los principales desafíos y contradicciones destacó la falta de independencia judicial, donde “los jueces que participaron en la judicialización de la política son los mismos jueces que van a declarar eso, que hacen las interpretaciones y exclusiones de esta ley”.
En ese sentido, Andrade hizo énfasis en la necesidad de una reforma judicial para que haya un tránsito real hacia la democracia.
Trasfondo de la ley
Por su parte, Oscar Murillo, director de Provea, destacó como positivo que luego de 18 años, una oenegé pudiera entrar nuevamente al hemiciclo, en este caso para participar en las deliberaciones a las que convocó la Asamblea Nacional.
Asimismo Murillo destacó que la ley surge también de una presión social sostenida, principalmente de los familiares de los presos políticos, más de 2.400 en total.
“Es un punto de partida de un largo camino hacia la reinstitucionalización democrática, que debe ser genuino y transparente. El pecado original de esta ley es que quienes la promueven, lo asumen desde el poder que concedo yo el perdón”, advirtió.
Entre sus observaciones mencionó la corrección que se dio al artículo 1, en el cual estipulaban “delitos políticos”, concepto que no está presente en la legislación venezolana.
Por otra parte, si bien se planteó que existiese una comisión de verificación integrada por mecanismos internacionales, la Iglesia, organizaciones de derechos humanos, sociedad civil, el comité de víctimas y diputados; finalmente quedó en manos solamente de parlamentarios. Por tanto, no hay forma de verificar que lo que se dice un parlamentario sea cierto o no.
“No hay forma de verificar dónde están las 12 mil solicitudes”, expuso Murillo. Igualmente señaló que “no se incluyó el tema de la reparación”.
Entre las propuestas ignoradas, mencionó: garantías para el retorno de exiliados, restitución de bienes (muchas en poder del Sebin actualmente) y reparación a trabajadores despedidos.
“Ninguna de esas propuestas fue acogida. Hubiesen podido ayudar muchísimo en generar un clima de mayor confianza”, afirmó.
Un punto de partida
A pesar de estas fallas, Murillo insistió en que la ley puede ser el inicio de un proceso más amplio. “Esto es un punto de partida de un largo camino de reinstitucionalización”.
No obstante, advirtió que sin cambios estructurales no habrá resultados reales: “no es cualquier cosa desmantelar ese modelo autoritario”.
“La ley de amnistía era necesaria porque era imposible avanzar hacia un proceso de liberación masiva con el actual poder judicial”, agregó.
Tanto Andrade como Murillo coincidieron en que la Ley de Amnistía en Venezuela se mueve entre dos realidades: por un lado, la posibilidad de abrir un camino hacia la reconciliación y la democracia; pero por otro, las limitaciones impuestas por un sistema institucional debilitado, una justicia cuestionada y una sociedad polarizada.
Enfatizaron en que se trata de un primer paso dentro de un proceso mucho más complejo, para la reconstrucción del Estado de derecho, la garantía de derechos humanos y la recuperación de la confianza ciudadana.-
- Jhoalys Siverio/Correo del Caroní
- 9 Abr, 2026
