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Abogado y defensor de derechos humanos, Joel García, cuestiona el entierro de cuerpos sin identificar en fosas comunes: No solo sepultan cuerpos, sepultan derechos
El abogado y defensor de derechos humanos Joel García cuestionó la decisión de las autoridades venezolanas de enterrar cuerpos sin identificar en fosas comunes, al considerar que esta práctica no solo impide a las familias conocer el destino de sus seres queridos, sino que también genera graves consecuencias legales y humanitarias.
A través de una publicación en su cuenta de X, el jurista sostuvo que un cuerpo sepultado de forma anónima se convierte, en la práctica, en una persona desaparecida para siempre, al privar a sus familiares de la posibilidad de confirmar oficialmente su fallecimiento.
«Las fosas comunes no solo sepultan cuerpos, también derechos»
García advirtió que un entierro sin identificación prolonga indefinidamente el sufrimiento de los familiares, quienes quedan atrapados en un estado de incertidumbre al no poder conocer con certeza qué ocurrió con sus seres queridos.
«Un cuerpo enterrado de forma anónima convierte a la víctima en una persona desaparecida para siempre. No es solo un entierro apresurado; es condenar a sus familiares a un limbo psicológico eterno, atrapados en la dolorosa incertidumbre de no saber con certeza su destino», expresó.
El abogado explicó que la ausencia de una identificación oficial y de un acta de defunción también provoca un impacto jurídico significativo, ya que impide a los familiares realizar trámites esenciales como sucesiones, cobro de seguros, pensiones de viudez o procesos relacionados con la custodia de menores.
«Las fosas comunes no solo sepultan cuerpos, sepultan derechos. La falta de identidad jurídica congela el futuro de familias enteras que no pueden cerrar su ciclo de duelo ni reorganizar sus vidas», afirmó.
Un llamado a preservar la dignidad después de la muerte
En su reflexión, García sostuvo que la identificación de las personas fallecidas constituye una obligación ética, legal y humanitaria, al considerar que el respeto por la dignidad humana debe mantenerse incluso después de la muerte.
El defensor de derechos humanos señaló que cuando una persona pierde su identidad tras fallecer, la tragedia se extiende más allá del momento de su muerte y se convierte en una herida permanente para quienes esperan respuestas.
«Detrás de cada cuerpo sepultado en el anonimato de una fosa común no solo se entierra a una persona; se sepulta una historia, una identidad y el derecho fundamental a ser recordado por los suyos», manifestó.
Asimismo, indicó que negar la identidad a un fallecido implica borrar parte de su historia y privar a sus familiares de un espacio para elaborar el duelo.
Para García, la manera en que una sociedad trata a sus ciudadanos después de su muerte también refleja su compromiso con los derechos humanos y la justicia. En ese sentido, concluyó que garantizar la identificación de las víctimas y el respeto a sus restos constituye una obligación del Estado y un acto de humanidad hacia las familias que buscan respuestas.-
