Alianza por la Libertad de los Presos Políticos exige respuestas sobre condiciones carcelarias

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Esta situación, que ha sido respaldada por organismos como Amnistía Internacional, pone de relieve un patrón de deterioro en la salud de los reclusos, quienes a menudo se ven imposibilitados de acceder a especialistas o evaluaciones básicas, lo que ha derivado en advertencias sobre fallecimientos bajo custodia

Activistas de la ONG Alianza por la Libertad de los Presos Políticos acudieron este martes al Ministerio para el Servicio Penitenciario, en Caracas, para exigir al titular de esa cartera, Julio García Zerpa, respuestas ante las denuncias de familiares sobre las condiciones en las que permanecen recluidos presos políticos y otros privados de libertad.

La organización puso el foco en las deficiencias que, según denunció, persisten en distintos centros penitenciarios del país, entre ellas problemas con la alimentación, falta de atención médica, presuntos casos de tortura y maltrato, así como dificultades para que los familiares conozcan el estado de salud de los detenidos.

Durante la protesta, la activista Yessica Castro pidió al ministro establecer contacto directo con los familiares de los reclusos para conocer de primera mano las denuncias y adoptar medidas.

“Exigimos que el señor ministro Julio García Zerpa hable con los familiares para que entienda todas las irregularidades, las torturas, el maltrato, la mala alimentación, la mala atención médica y tiene que darnos una respuesta”, manifestó Castro.

Desde las inmediaciones de la institución, la activista también reclamó que el funcionario realice recorridos por los centros penitenciarios para comprobar las condiciones denunciadas por los familiares.

Castro sostuvo que las deficiencias en materia sanitaria representan uno de los principales problemas para quienes permanecen privados de libertad y cuestionó que, según afirmó, algunos detenidos no reciben evaluaciones médicas ni se informa oportunamente a sus familiares sobre su estado.

“No son capaces ni siquiera de hacerles (a los presos) un examen (médico) y llamar a sus familiares para que estén al tanto. Seguimos teniendo muertos bajo el régimen. Seguimos teniendo personas que están graves de salud”, subrayó Castro.

Reclamos por atención médica

La denuncia de la organización se suma a otros cuestionamientos recientes sobre el acceso a servicios de salud dentro de las cárceles.

El pasado 20 de agosto, Amnistía Internacional y familiares de presos políticos solicitaron una “atención médica oportuna” para los privados de libertad y alertaron sobre retrasos en evaluaciones, ausencia de exámenes y dificultades para acceder a especialistas que permitan tratar enfermedades específicas.

Durante una transmisión organizada por Amnistía Internacional, la activista Andreína Baduel también cuestionó las condiciones sanitarias de los centros penitenciarios venezolanos y aseguró que estas pueden deteriorar progresivamente la salud de los reclusos.

“No se ajustan a los estándares internacionales, por lo cual el que no entra enfermo se va enfermando en la cárcel porque no recibe atención médica especializada y oportuna”, aseguró.

Foro Penal registra 328 presos políticos

Las denuncias se producen el mismo día en que la ONG Foro Penal actualizó su registro de personas consideradas presas políticas en Venezuela. De acuerdo con su balance con fecha de corte del 31 de agosto, existen 328 personas privadas de libertad por motivos políticos.

El registro está compuesto por 317 hombres y 11 mujeres. Del total, 183 son civiles y 145 militares. Foro Penal también contabiliza 140 personas condenadas y 188 que permanecen sin condena.

La organización reportó, además, 89 excarcelaciones durante la última semana y 26 personas recientemente incorporadas a su registro. En uno de los casos contabilizados se desconoce el paradero del detenido.

Foro Penal sostiene que desde 2014 se han producido 19.210 detenciones con fines políticos en Venezuela y afirma haber asistido a más de 14.000 personas que posteriormente fueron excarceladas. Asimismo, calcula que más de 11.000 personas continúan sometidas a medidas restrictivas de libertad.-

El Nacional/septiembre 1, 2026

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