Venezuela vive un “pico” de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, de acuerdo con la denuncia hecha por Amnistía Internacional en su plataforma web.
La directora para las Américas de la ONG, Ana Piquer, mostró su preocupación por “una escalada en la política de represión” por parte del Gobierno de Maduro, esto, tras la aprehensión de seis de los miembros del comando de campaña de María Corina Machado y más recientemente, del activista Carlos Julio Rojas.
Aseguró que existe un “alarmante” registro del “uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías del debido proceso y juicio justo, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura en contra de personas percibidas como críticas al gobierno de Nicolás Maduro”, en lo que va de 2024 en el país.
“Las autoridades venezolanas, tanto del poder ejecutivo, legislativo y judicial, han puesto en la mira de sus ataques a personas defensoras de derechos humanos, como Rocío San Miguel, a organizaciones de la sociedad civil, como ONG y personal humanitario, y a activistas de la oposición política”, afirmó en un pronunciamiento público que dieron a conocer este lunes 15 de abril.
Piquer resaltó que solo en este año, nueve personas han sido aprehendidas por “instigación al odio” en mensajes de redes sociales. Entre ellos, un político de Monagas, Whillfer Piña Azuaje, lo acusaron de “magnicidio en grado de tentativa”, por un mensaje en el que expresó, el 11 de marzo, que “En Maturín Maduro encontrará la muerte”.
Entre esos detenidos también está un youtuber, abogados y un ingeniero que grabó en Margarita, estado Nueva Esparta, al político colombo-venezolano Alex Saab, que después subió a redes sociales y criticó su presencia en la isla.
A la par, seis dirigentes de Vente Venezuela con órdenes de captura, quienes están refugiados en la embajada argentina a la espera de un salvoconducto que les permita huir de su destino como políticos opositores. En este grupo está Magalli Meda, mano derecha de María Corina.
Para Piquer este tipo de casos en Venezuela “no son hechos nuevos ni aislados, sino parte de una política de Estado contra cualquiera que pueda ser considerado una amenaza al poder del actual gobierno y su continuidad. Estos hechos podrían sumarse a la investigación sobre crímenes de lesa humanidad que lleva adelante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional”.
