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Para analizar con objetividad el llamado proceso de liberación de presos políticos debemos revisar los antecedentes con detenimiento y afinar la conciencia en la búsqueda de la verdad. Los hechos pueden entenderse en dos etapas claramente diferenciadas. Primera etapa: antes del tres ¿Cómo llegaron los “amnistiados” a la cárcel? Nunca antes en la historia contemporánea del país había existido un sistema de represión tan articulado y metódico. No se trata de excesos aislados ni de desviaciones individuales. Se trata de una estructura diseñada para producir miedo, disciplinar a la disidencia y quebrar la voluntad ciudadana. El proceso funciona como una cadena perfectamente ensamblada. La primera fase es la persecución. Organismos de seguridad levantan investigaciones sin garantías, violentando derechos fundamentales. Las detenciones se ejecutan bajo esquemas que priorizan el impacto intimidatorio sobre la legalidad. Las bandas uniformadas constituyen el primer eslabón de la cadena del terror: su misión es vulnerar la integridad del individuo y enviar un mensaje colectivo. La segunda fase es la construcción formal de la culpabilidad. El monopolio de la acción penal se ejerce con fines políticos. Se consolidan expedientes plagados de inconsistencias, se fabrican narrativas que convierten la disidencia en delito y se validan acusaciones que transforman la protesta en conspiración. El derecho deja de ser garantía para convertirse en instrumento. La tercera fase traslada la decisión a tribunales cuya independencia es inexistente. Jueces sometidos a directrices políticas ejecutan decisiones previamente determinadas. La sentencia no responde a pruebas, sino a objetivos. Se establece el grado de castigo que mejor se ajuste a la necesidad ejemplarizante del poder. Una vez dictada la condena comienza el verdadero viacrucis: centros de reclusión convertidos en espacios de humillación sistemática, extorsión, aislamiento y maltrato físico y psicológico. El mensaje es claro y deliberado: esto es lo que ocurre a quien desafíe al régimen El daño no termina en el detenido. Se extiende a su familia. Se convierte en advertencia colectiva. Eso no es justicia penal. Es terrorismo de Estado. Segunda etapa: después del tres ¿Cómo salieron? La amnistía real supone una carga moral y jurídica poderosa. Remite a reconciliación, cierre de heridas y reconstrucción institucional. Pero cuando es proclamada por quienes controlan un aparato represivo intacto —aunque momentáneamente en estado de hibernación estratégica— la pregunta no es cuál es su significado formal, sino qué función política cumple. Amnistiar a quien no cometió delito alguno equivale a transformar la injusticia en concesión graciosa del poder. Es el Estado presentando como gesto humanitario la corrección parcial de una violación previa. Esa inversión moral es la esencia del “perdón del verdugo”. La historia latinoamericana ofrece precedentes claros. En la década de los setenta y nuevamente en 2010, el gobierno de Fidel Castro concedió liberaciones selectivas de presos políticos en momentos de presión diplomática. No hubo reconocimiento de responsabilidad estatal. No existió desmontaje del sistema judicial subordinado al poder político. No se establecieron garantías de no repetición. Fueron movimientos estratégicos: aliviar tensión externa, ganar margen internacional y preservar la arquitectura interna del régimen. Hoy, en Venezuela, con la aprobación de una “ley de amnistía parcial” impulsada desde el entorno de Delcy Rodríguez, la medida parece inscribirse en esa tradición táctica. No se presenta como parte de un proceso de transición auténtica, sino como herramienta de descompresión que permita mitigar el impacto político de las exigencias del gobierno norteamericano tras los hechos del tres de enero. El “perdón del verdugo” no repara a la víctima ni transforma el sistema. Solo pretende legitimar al poder que lo concede y revestir un mandato externo como iniciativa legislativa autónoma. Aprobar una ley para “amnistiar” a quienes han sido víctimas de procesos arbitrarios hace que la figura pierda coherencia jurídica. Forma parte de un procedimiento que no evidencia un verdadero propósito de enmienda. Utilizar los mismos tribunales que violentaron los derechos procesales de miles de venezolanos como canal del supuesto perdón es la máxima expresión de un chantaje político que busca legitimidad forzada. Hablar de amnistía para quienes nunca debieron estar presos invierte la lógica moral del Estado de Derecho. Es el verdugo otorgándose a sí mismo la facultad de conceder clemencia sobre una injusticia que no reconoce. No se trata de negar el valor humano de cada liberación. Toda excarcelación es relevante para quienes la reciben y sus familias. La cuestión es otra: si la medida forma parte de una transformación estructural o si constituye un mecanismo de gestión temporal del conflicto. La verdadera construcción de la paz en Venezuela no dependerá de una intención aparente que responde a una estratégica selectiva, dependerá de la voluntad real de desmontar las estructuras que hicieron posible la represión. Debe responder a una decisión histórica: desmontar de raíz el aparato que convirtió la justicia en instrumento de persecución y el poder en mecanismo de miedo. No basta con abrir las rejas si permanecen las estructuras que las construyeron. No basta con liberar si se conserva el sistema que puede volver a encarcelarlos. No basta con hablar de reconciliación si no existe reconocimiento del daño causado. El país no necesita indulgencias administradas desde el mismo poder que se apuntaló sobre la injusticia. Necesita restitución plena de derechos, independencia real de los tribunales y garantías irreversibles de libertad. Porque mientras el aparato represivo continúe vivo, cualquier amnistía será circunstancial. Sin la verdad, no habrá reconciliación. El “perdón del verdugo” puede aliviar titulares y descomprimir presiones momentáneas, pero no reconstruye la República ni devuelve la dignidad arrebatada. Venezuela no necesita clemencia. Necesita justicia. Y la justicia no se concede: se restablece.

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