El castrismo castiga las iniciativas que surgen lejos de sus controles. Con una reforma al Código Penal estableció una condena entre cuatro y diez años de cárcel a personas u organizaciones que reciban fondos del extranjero para financiar actividades “contra el Estado”.
La persecución del castrismo escala sin ningún freno para amedrentar a cualquiera en Cuba, incluso, a quienes realizan alguna labor humanitaria a favor de los más necesitados. Ahora, ordena falsos operativos policiales con agentes vestidos de civiles para confiscar la comida que la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), organización no gubernamental, entrega a la población más vulnerable de la isla.
La indignante acción que ejecuta la dictadura de Miguel Díaz-Canel incluye, además la detención de los colaboradores del ente y la apropiación de sus fondos en efectivo. Así lo denuncia José Daniel Ferrer, líder de la UNPACU, a través de su cuenta en Meta. “Quieren impedirnos que alimentemos a personas que el régimen está matando de hambre”, afirma mientras alerta “más acciones represivas” contra quienes buscan suplir la escasez de alimentos e insumos esenciales en el país.
Sobre lo que ocurre en La Habana, la UNPACU atribuye el uso de las fuerzas estatales para incautar la comida humanitaria a una nueva maniobra de hostigamiento dirigida a Ferrer, quien desde su salida en enero de la cárcel de Boniato, luego de cuatro años de reclusión, retomó el acompañamiento a las familias que sufren la miseria del régimen comunista. A su casa, ubicada en el zona Altamira de Santiago de Cuba, que sirve como epicentro para el despacho de alimentos a mil cubanos a diario, arriban los policías sin su uniforme oficial para incautar las provisiones.
Asedio absoluto
El asedio del régimen cubano a la UNPACU por la entrega de comida humanitaria es persistente. Díaz-Canel ordenó la vigilancia alrededor de la vivienda de Ferrer. Para ello, usó la instalación de dos cámaras que apuntan hacia la casa donde reside, desde postes de electricidad aledaños.
Además, la dictadura obliga a los militantes del Partido Comunista de Cuba (PCC), profesores y estudiantes de la Universidad de Oriente, a desfilar constantemente frente a la instalación de la organización.
Sin embargo, esta intimidación cae ante las cifras de aportes entregados. Un informe reciente de Prisoners Defenders (PD) revela la distribución de 14045 servicios de ayuda humanitaria, que van desde la entrega de desayunos, almuerzos, cenas y atención médica.
Pese a los números, el castrismo castiga las iniciativas que surgen lejos de sus controles. Con una reforma al Código Penal estableció una condena entre cuatro y diez años de cárcel a personas u organizaciones que reciban fondos del extranjero para financiar actividades “contra el Estado”.
La necesidad de regular todo es clara. Basta recordar que en la isla ningún artista tiene potestad para decidir en cuál tarima o bar de la nación caribeña puede presentarse. Todos, desde raperos, trovadores, boleristas, violinistas, guitarristas hasta los colectivos de jazz, mambo, salsa y chachachá, dependen de las licencias expedidas por Díaz-Canel, a cambio de quedarse con un porcentaje de los pagos obtenidos por su talento.
Líder sin miedo
Ferrer no teme perder su libertad por liderar los operativos de abastecimiento de comida humanitaria. En su historial tiene el ingreso por primera vez a un recinto en 2003, durante la llamada Primavera Negra, con una condena de 25 años. Después de cumplir ocho años y cinco meses por impulsar la colecta de firmas para el Proyecto Varela, fue excarcelado con una licencia extrapenal en 2011.
El exilio tampoco es una opción. Ni siquiera ante las maniobras del régimen que lo retornaron a prisión en 2019, con 48 años, con una condena de cuatro años por participar en las protestas del 11 de julio.-
