Reflexionó sobre cómo la violencia dejó de estar en los alrededores de estas comunidades para instalarse directamente «en sus espacios de protección» como la escuela de Fe y Alegría
El coordinador general de la ONG Cecodap, Carlos Trapani, denunció que un grupo armado tomó una escuela de Fe y Alegría en el estado Bolívar, pero además la presencia de estos sujetos provocó que los niños, sus familias y docentes debieran desplazarse forzosamente de su comunidad, en La Batea, por razones de seguridad.
El alerta la hizo en su cuenta de la red social X, antes Twitter, al hacerse eco de la información previa compartida por el periodista ambiental Fritz Sánchez el pasado 28 de octubre.
«Esto tiene una dimensión especial. Fe y Alegría mantiene desde hace años presencia educativa en comunidades indígenas de Los Pijiguaos y Las Bateas forma parte de esa red. No hablamos solo de un edificio: hablamos de un espacio construido para garantizar educación y acompañamiento a niños de una comunidad indígena», que ahora se ve interrumpido, destacó Trapani.
Añadió que la irrupción de ese grupo no solo interrumpe las clases, porque además «genera miedo, se debilita el vínculo con los maestros y se pierde uno de los principales espacios cotidianos de protección de la niñez», añadió.
Sánchez había advertido hace tres días que se trata de la guerrilla colombiana, que ha sido noticia también en Apure, donde la ONG Fundaredes denunció que un bombardeo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana contra un campamento del ELN en una comunidad de Pedro Camejo dejó 19 personas fallecidas este 30 de octubre.
«Guerrilla colombiana se apodera de las instalaciones de Escuela de Fe y Alegría en la comunidad eñepa ‘La Batea’ al sur del municipio Cedeño del estado Bolívar. Días atrás, habitantes de las comunidades indígenas Punta Brava y La Batea, denuncian la presencia de presuntos integrantes de las FARC de la Segunda Marquetalia, quienes estarían generando temor e intranquilidad entre la población», detalló hace 72 horas.
Trapani recordó la fragilidad a la que están expuestas las comunidades indígenas. El pasado 2 de agosto secuestraron al capitán indígena, Julio Rodríguez de su comunidad. Su cuerpo fue hallado posteriormente con signos de violencia.
Violencia se instala en espacios seguros de comunidades indígenas
Además, «durante agosto y septiembre continuaron denuncias de secuestros, amenazas y reclutamiento forzado. En septiembre hubo operaciones y sobrevuelos militares. El 5 de octubre la FANB informó que había inhabilitado una pista clandestina y un campamento logístico de minería ilegal en Los Pijiguaos», añadió el activista de derechos de la infancia y la niñez en el país.
Reflexionó sobre cómo la violencia dejó de estar en los alrededores de estas comunidades para instalarse directamente «en sus espacios de protección» como definió la presencia de ese grupo armado en un plantel escolar.
«Los riesgos para niños y adolescentes son múltiples y simultáneos: exposición a la violencia, captación y reclutamiento, utilización para vigilancia o apoyo logístico, secuestro, trata y explotación, violencia sexual, desplazamiento, separación familiar, interrupción escolar y afectaciones psicosociales», enumeró. Y agregó que «para los niños indígenas hay además una dimensión que no puede ignorarse. Salir de su comunidad puede significar separarse del territorio, de su cultura, de la familia extensa, de sus docentes y de sus autoridades tradicionales».
Trapani demandó medidas de protección no solo que se centren en el desalojo de los grupos armados sino también «en proteger a las familias y docentes, identificar a niños y adolescentes en riesgo, garantizar continuidad educativa, prevenir reclutamiento y explotación, atender a quienes han salido e investigar los hechos». En especial porque desde el año 2025, la FANB sabía de la presencia de estos irregulares en Los Pijiguaos.-
El Pitazo
