Borges resaltó que los conceptos como “odio” e “intolerancia” puede ser vagos, lo que permite que cualquier persona pueda ser víctima de la aplicación de esta ley.
La abogada y activista Beatriz Borges, directora ejecutiva de la ONG Centro de Justicia y Paz (Cepaz), pidió derogar por completo la Ley Contra el Odio y reparar a las víctimas, al considerar que la reforma mantiene un efecto intimidante sobre la ciudadanía y el espacio cívico.
Durante una entrevista en el programa Punto y seguimos de Radio Fe y Alegría Noticias, Borges cuestionó que la propuesta de reforma, aprobada por la Asamblea Nacional en primera discusión el pasado 4 de noviembre, conserve elementos que, a su juicio, permiten utilizar esta legislación como un mecanismo de persecución contra la disidencia.
“Esta ley debe ser derogada por completo y además reparar a las víctimas”, expresó.
Ley para controlar la disidencia
Borges sostuvo que la Ley Contra el Odio, aprobada en noviembre de 2017 por la Asamblea Nacional Constituyente, forma parte del sistema represivo venezolano y desvirtuó el propósito de las legislaciones destinadas a proteger a grupos vulnerables frente a actos de violencia o incitación al odio.
A su juicio, el poder utiliza la norma para protegerse de las críticas y asocia el concepto de odio con la disidencia política. “El objetivo que ha estado detrás de esta ley dejó de ser la convivencia y ha sido el control, el miedo, la desmovilización, la autocensura”.
Enfatizó que, aunque la reforma plantea cambios en las sanciones, la legislación continúa teniendo un propósito disuasivo. Por ello consideró que las modificaciones no resuelven los problemas de fondo ni garantizan el cumplimiento de los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
Ambigüedad y sanciones administrativas
Borges resaltó que los conceptos como “odio” e “intolerancia” puede ser vagos, lo que permite que cualquier persona pueda ser víctima de la aplicación de esta ley.
Precisó que esta falta de claridad contraviene el principio de legalidad, que exige que las conductas sancionables estén definidas de manera precisa. También destacó la importancia de garantizar la prohibición de la censura previa y establecer con claridad los criterios para aplicar sanciones.
La propuesta de reforma elimina las sanciones de carácter penal y establece infracciones administrativas con multas que pueden alcanzar los 10 mil euros. “En la práctica sigue la posibilidad de que se apliquen sanciones a los medios como las viene aplicando Conatel o un órgano ejecutivo y sin control judicial previo”, advirtió.
Finalmente reiteró que la derogación es necesaria para evitar que esta legislación continúe formando parte del aparato de persecución que ha privado durante años a los ciudadanos del ejercicio de sus derechos.
