La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió a la Asamblea Nacional publicar el texto íntegro del proyecto de reforma y garantizar un proceso transparente y participativo
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) urgieron este miércoles al Estado venezolano a derogar la Ley contra el Odio, por considerar que sus disposiciones restringen indebidamente la libertad de expresión.
En un comunicado publicado este 28 de octubre, ambos organismos también exhortaron a la Asamblea Nacional a garantizar que el proceso de reforma de la norma sea transparente y permita la participación de organizaciones de la sociedad civil, periodistas, medios de comunicación y otros sectores interesados o potencialmente afectados.
La CIDH y la RELE advirtieron que una modificación parcial no sería suficiente para corregir las deficiencias estructurales de la legislación, promulgada en 2017. Por ello, reiteraron su llamado a derogar las disposiciones que permitan censurar, sancionar o perseguir la difusión de información y expresiones críticas.
Reforma de la ley pendiente de discusión
La Asamblea Nacional creó el 29 de septiembre una comisión especial para la reforma parcial de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, a solicitud del Ejecutivo. El objetivo anunciado: avanzar en la despenalización de los delitos previstos en esa norma.
La comisión inició la revisión de la legislación y del proyecto de reforma en octubre. Posteriormente, el texto se remitió a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que declaró su conformidad con la Constitución el 15 de octubre.
Según la CIDH, el proyecto estaría pendiente de discusión en la Asamblea Nacional, que no había publicado el texto íntegro de la propuesta que se sometería a debate.
El organismo señaló que organizaciones de la sociedad civil venezolana han cuestionado la falta de participación en el proceso y advertido sobre la incertidumbre jurídica de las personas procesadas bajo esta ley.
85 casos documentados entre 2017 y 2025
De acuerdo con reportes públicos citados por la CIDH, entre 2017 y octubre de 2025 se registraron 85 casos de personas y medios de comunicación señalados por presuntos delitos de odio. Entre los afectados figuran 49 periodistas, trabajadores de medios y comunicadores, además de siete medios de comunicación.
En 65 de esos casos se habría invocado la Ley contra el Odio.
La Comisión y su Relatoría han advertido que la legislación puede generar un efecto intimidatorio incompatible con una sociedad democrática. Entre sus principales preocupaciones mencionaron el uso de conceptos amplios y ambiguos, la imposición de obligaciones a los medios que incluyen retirar información de interés público y las facultades otorgadas al Estado para utilizar los medios de comunicación e imponer contenidos.
Ambos organismos también documentaron el uso selectivo y desproporcionado de la norma para sancionar expresiones críticas y de interés público. Según el comunicado, estas preocupaciones se agravaron después de las elecciones de 2024, cuando alertaron sobre el uso de la ley para criminalizar, bajo cargos de incitación al odio, a personas percibidas como opositoras.
Llamado a garantizar la libertad de expresión
La CIDH y la RELE sostuvieron que la protección de la libertad de expresión no debe limitarse a prevenir la censura directa, sino que también debe evitar medidas que desalienten la participación en el debate público.
Advirtieron que las disposiciones vagas o ambiguas pueden propiciar actuaciones arbitrarias y generar autocensura, especialmente frente a expresiones críticas o relacionadas con asuntos de interés público. Estos riesgos, añadieron, no se limitan a las sanciones penales, sino que pueden derivarse de otras medidas restrictivas.
Por ello, instaron a la Asamblea Nacional a publicar oportunamente el proyecto de reforma y habilitar espacios de participación para que la sociedad venezolana pueda presentar sus observaciones.
La CIDH recordó que toda regulación que afecte el ejercicio de la libertad de expresión debe ajustarse a los estándares interamericanos de derechos humanos.-
