A través de un comunicado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca) advierten sobre “los impactos que la minería ilegal y otras economías ilícitas están teniendo sobre la vida, la salud y la supervivencia del pueblo yanomami en el Arco Minero del Orinoco”.
Esta organización expresó preocupación ante la escalada de violencia, la propagación de enfermedades infecciosas y el deterioro ambiental consecuencia de las actividades promovidas por el Arco Minero del Orinoco. “Venezuela debe adoptar medidas concretas e inmediatas para proteger sus derechos humanos desde un enfoque culturalmente adecuado”, continúa el comunicado.
De acuerdo con líderes indígenas del pueblo yanomami, el incremento de la violencia en los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro en 2024 se debe a la presencia de mineros ilegales (garimpeiros) y el avance de grupos brasileños y colombianos relacionados con actividades ilícitas.
Esto se traduce en que se acrecienta considerablemente el desplazamiento forzado, la trata de personas para explotación sexual y otras formas de esclavitud, especialmente mayores, niñas, niños y mujeres. “Como resultado, los modos de vida tradicional y la propia existencia del pueblo yanomami están desapareciendo” advierte el texto.
Aunado a ello, la crisis sanitaria aguda agrava la situación, en vista del desamparo que sufren los pueblos indígenas de la región amazónica frente a casos de contaminación del agua por mercurio (lo que repercute en la caza y pesca y, por consiguiente, en el incremento de la desnutrición), y la exposición a nuevos patógenos. Asimismo, líderes indígenas alertaron sobre “la prevalencia de enfermedades por infecciones respiratorias, tuberculosis, diarreas, hepatitis y, en general, de trasmisión sexual y otras prevenibles con vacunas”. Según el registro de la comunidad yanomami, la malaria ocasionó la muerte de aproximadamente 390 personas en los últimos dos años.
Expuestos a la violencia y pérdida de su cultura
De esta manera, lo antes expuesto coincide con el informe de la Misión Internacional Independiente para la Determinación de los Hechos en el Arco Minero del Orinoco. Este documentó que entre 2014 y 2022 “hubo 832 muertes violentas, de las cuales, 237 por la presunta actuación directa de agentes estatales; 96 posibles casos de desapariciones; 107 casos de presuntas torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes; así como 729 afectaciones contra la libertad cometidas por grupos privados e ilegales”.
El orden público interamericano establece que los pueblos indígenas tienen derecho a la protección especial de su integridad física, psicológica y cultural, de manera que puedan vivir “libres de violencia, discriminación y explotación”.
Si bien este derecho busca la preservación de su cultura, territorio y autodeterminación, fundamentales para preservar su identidad, bienestar y supervivencia; en Venezuela se deben adoptar “medidas inmediatas y efectivas para prevenir, investigar y sancionar acciones que amenacen la vida y la integridad del pueblo yanomami, ya sean perpetradas por terceros o agentes estatales”.
Finalmente, CIDH y Redesca sostienen que seguir la situación de derechos humanos en el Arco Minero del Orinoco es “complejo”, a causa de la opacidad informativa, la renuencia del Estado al escrutinio internacional y la falta de independencia de instituciones como el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo.
“Urgen al Estado a producir y publicar información verificable sobre la situación del pueblo yanomami y adoptar medidas urgentes para que las instituciones creadas para promover y defender los derechos humanos funcionen de forma autónoma e independiente”, finaliza.
En diversas ocasiones, Correo del Caroní ha reportado y denunciado la invasión de garimpeiros a tierras yanomami y la violencia que sufren a manos de grupos irregulares.-
- Mariett Hamilton García
- 21 Oct, 2024 / Correo del Caroní
