José Antonio Gil Yepes:
Estamos preocupados por los bajos sueldos de los trabajadores; en especial, los del Sector Público. Según la Encuesta Multisectorial Empresarial de Escenarios Datanalisis de septiembre pasado, el promedio del ingreso mensual por trabajador privado es de US $ 500. Pero la remuneración promedio de los trabajadores del Estado es de US $ 300, incluyendo bonos en ambos cálculos.
El reto de aumentar los ingresos hay que asumirlo, pero sin caer en el error que ya se cometió en agosto de 2022, cuando el gobierno le pagó a los maestros una importante cantidad, por cláusulas de contrato colectivo vencidas, con bolívares sin respaldo y sin dólares en los bancos para cambiarlos. Esos factores dispararon el tipo de cambio y la inflación. Hasta allí duró el crecimiento de la aprobación de gestión de Nicolás Maduro, que era modesta, pero la mayor para ese momento. El resto es historia.
Para elevar las remuneraciones, hay que hacerlo “orgánicamente”; es decir, respaldados con 1. Producción y productividad de las empresas o 2. con Ingresos fiscales reales. Si se viola una de estas dos premisas, se va repetir el repunte de descontento ocurrido en agosto 2022, y con mayor riesgo porque entonces las expectativas populares no estaban desatadas, ahora sí; y las inhibiciones o autocensuras por miedo han bajado sustancialmente.
Si el gobierno no tiene suficientes ingresos fiscales, ni ha reformado la Ley del Trabajo, eliminando la Retroactividad, no puede aumentar los sueldos de los empleados públicos porque generaría unos pasivos que lo obligarían a pagarlos emitiendo dinero inorgánico e inflación. Le queda la opción de aumentar la producción, productividad, competitividad y exportaciones de sus empresas para poder incrementar las remuneraciones, al menos en el sector de empresas del Estado-EPEs. La experiencia mundial indica que una de las principales medidas para lograrlo es incluir a empresas privadas en la propiedad y gestión gerencial de las EPE o empresas del Estado.
Se trata de 914 EPEs, según datos de Transparencia Venezuela del 2022. De estas EPEs, 695 están bajo control del gobierno nacional (604 en el país, 91 en el exterior) y 219 bajo gobernaciones.
Según los datos del Presupuesto 2025, en las EPEs trabajan unos 500.000 empleados y han generado pérdidas entre US $ 8 MMM y US $ 12 MMM anuales y causado la mayor parte de los déficit fiscales a partir del 2010. En ese año, el BCV empezó a financiar a PDVSA, llevando este financiamiento sin respaldo a causar buena parte de la inflación y devaluación, récords mundiales, sufridas a partir de 2011.
Las EPEs han acaparado las mayores ventajas económicas del país, pero este error ha contribuido en lo que Gunnard Myrdal llamó “el Estado Blando”. Un Estado gordo que no puede con su propio peso y que es explotado por la clientela que genera a su alrededor para manejarle bienes que no controla; aunque siempre hay excepciones.
La pauta mundial para rescatar estas empresas públicas es incrementar la participación privada, en acciones y en el nivel de gestión; pero, para lograrlo, es necesario manejar sensibilidades políticas. Un primer paso es clasificar las EPEs por su nivel de sensibilidad política y asignarles niveles de privatización crecientes en la medida que sean menos sensibles:
Baja Sensibilidad (640 EPEs, el 70%): Agroalimentarias (67), Manufactureras (119), Transporte Regional, fincas, alfarerías, farmacias, posadas, hoteles, etc. En este segmento se pudiera vender el 80% o más de la propiedad accionaria y delegar toda la gestión a los socios privados. Representan 200.000 trabajadores.
Sensibilidad Media (unas 183 EPEs, 20%,): Electricidad regional, minería secundaria (CVG filiales). En este segmento se puede plantear vender entre el 45 y el 79% de las acciones y delegar la gestión gerencial. Representan unos 150.000 trabajadores.
La venta de acciones en los dos niveles de menor sensibilidad se pueden hacer tanto por Subastas Públicas como por negociaciones para la Conversión de Deuda en Capital, previas auditorías por firmas internacionales acreditadas.
Alta Sensibilidad (91 EPEs, 10%,): PDVSA es la principal, Corpoelec central, banca pública. La venta accionaria se puede plantear entre el 20 y el 45% del capital social. Representan unos 150.000 trabajadores, de los cuales PDVSA emplea unos 130.000.
Curiosamente, dada la presión del gobierno norteamericano, este proceso empezó por lo menos políticamente viable: La reforma de la Ley de Hidrocarburos y el crecimiento de la participación privada en el sector más sensible.
Si ya se hizo en los hidrocarburos, la viabilidad política de aplicar mecanismos más flexibles en otros sectores menos sensibles debe ser mayor. La nueva Ley de Minas siguió el patrón sentado por la Ley de Hidrocarburos. Se espera que la Ley Eléctrica y el Estatuto que rige las llamadas empresas básicas de Guayana sigan la misma pauta. De implementarse este enfoque, se desarrollaría un gran conglomerado de empresas mixtas en el cual algunas empresas seguirían bajo propiedad parcial del Estado y serían dirigidas por sus socios privados. Este parece un buen punto de equilibrio, entendimiento y beneficios.
En las tres categorías, se puede incluir la participación accionaria de los trabajadores y la oferta pública a través de las Bolsas de Valores.
Los beneficios y oportunidades que se derivan de la participación accionaria y gerencial privada en las EPE incluyen: 1. Reducir las pérdidas, eliminar los aportes fiscales y el financiamiento del BCV a las EPEs; 2. Generar ingresos, entre US $ 5 y 10 MMM , en unos tres años, por ventas de acciones y por la rentabilidad de las acciones que mantenga el Estado. 3. Financiar aumentos salariales progresivos entre el 300 y el 500% en tres años, en la medida que se cumplan metas de producción, productividad y ventas; 4. Ofrecer participación accionaria a los trabajadores y público en general; 5. Aumentar la recaudación fiscal proveniente del éxito empresarial; 6. Recuperar el prestigio del gobierno al dejar de ser señaladas las EPE como malos ejemplos.
El enfoque de este proceso necesita ser pragmático y flexible, no ideológico. Nos conviene a todos converger y ser realistas, en vez de seguir “el pleito” que promueven las ideologías extremas. Ahora se trata de aprovechar la coyuntura para buscar un equilibrio; no de hacer lo contrario al estatismo que fracasó. Con el tiempo pueden surgir nuevos arreglos accionarios y modelos de gestión.
Recientemente le pregunté a un amigo, cuya empresa incluye un 10% de acciones propiedad de un ente del Estado, si quería comprar esa participación. Sin pensarlo, me respondió: “!No, ni loco! Por ahí es que yo me comunico y consigo que me crean cuando necesito tal o cual cosa. Además, el gobierno está complacido porque recibe dividendos y la empresa ofrece producción nacional y empleos bien remunerados.” Este enfoque pragmático puede coronarse refiriéndose al proceso, no como Privatización vs. Estatización, sino como “Reactivación Productiva”.
Nos queda por responder ante las necesidades de otros trabajadores de la Administración Pública Nacional, de los cuales, en las cuatro Fuerzas Militares hay unos 120.000 en nómina, incluyendo unos 20.000 reclutas con sueldo. Milicianos con sueldo: entre 150.000 y 250.000. Milicianos sin sueldo, unos 3.500.000. Ministerios, gobernaciones, municipios y poderes públicos, unos 570.000. En total, aparte de las EPEs, unos 4.500.000 de trabajadores cuyos sueldos están estancados esperando la reforma de la Ley del Trabajo; sobre la cual bastaría con adaptar la Ley del Trabajo que promovió Teodoro Petkoff. Igual, ningún cambio de leyes será panacea para resolver el problema de los bajos sueldos de todos los venezolanos si todas las partes no nos entendemos y nos abocamos a permitir y aupar la inversión privada y la diversificación de nuestra producción y, sobre todo, de las exportaciones. Sin diversificar dichas exportaciones, no sólo no podemos mantener un crecimiento sostenible, sino que tampoco podremos lograr implantar una democracia de pluralismo efectivo. Los últimos 100 años de nuestra historia indican que las minorías militares o partidistas que han manejado nuestros gobiernos lo han hecho como hegemonías porque han controlado más del 90% del flujo de divisas.-
@joseagilyepes
