José Antonio Gil Yepes:
Esta semana, en la entrevista que le hizo Peña Font de Globovisión al presidente de CONSECOMERCIO, José Gregorio Rodríguez, le preguntaron por qué, si la producción y oferta estaban subiendo, los precios subían, en vez de bajar. La respuesta de José Gregorio no se hizo esperar. Fue tan rápida que, para quien no esté ducho en economía, se hubiera quedado “pegado” en la teoría que dice que, “a mayor oferta, menores precios.”
José Gregorio respondió que, curiosamente, los costos también estaban subiendo a través del encarecimiento del crédito bancario; la capacidad de producción ociosa; la necesidad de generar energía propia; el alto costo de Diesel; y la presión tributaria, sobre todo, la municipal que pecha, no sobre ganancias, sino sobre ingresos brutos. Todos estos costos hay que transferirlos al consumidor elevando los precios.
Hasta ahí la respuesta. La alternativa a no transferir esos costos a los precios y a los consumidores es no transferirlos y que las empresas quiebren. Pero esta “solución” ya sabemos que es un “remedio peor que la enfermedad” por el experimento que han hecho nuestros gobiernos: al controlar los precios; los bienes desaparecen y no hay producto más caro que el que no hay.
En nuestro Informe de Coyuntura Económica de Escenarios Datanalisis, estimamos que estos sobrecostos estructurales agregan entre +42% y +70% sobre el costo unitario final de la producción formal (la informal no se conoce, pero existe, motivada por evitar altos impuestos y controles)
Restricción crediticia por encaje al 73% (+7% a +12%): Cartera comercial en solo 2,7% del PIB, (en Colombia es del 63% y en EE.UU. del 80%), forzando a financiar capital de trabajo con flujo propio y asumiendo comisiones de plataformas de financiamiento al consumo (Cashea/BNPL, 4% a 7%).
Capacidad fabril ociosa de 46% a 55% (+12% a +18%): Al operar a mitad de diseño, el costo fijo medio unitario se duplica en términos reales.
Autogeneración eléctrica diésel (+8% a +14%): Con el SEN operando al 35% de disponibilidad, las empresas autogeneran a un costo nivelado de USD 0,28 a 0,42 por kWh, frente a tarifas de red pública de USD 0,035 a 0,075 por kWh.
Logística terrestre y diésel comercial (+6% a +11%): Despachos en circuitos no oficiales a USD 0,70 – 0,95 por litro elevan fletes terrestres a USD 2,40 – 3,30 por km.
Presión tributaria municipal sobre ingresos brutos (+9% a +15%): El ISAE grava entre 1,5% y 3,5% de las ventas brutas independientemente de la rentabilidad, sumado a tasas de aseo indexadas.
La contribución de pensiones.
A los factores que inducen estos sobrecostos directos, se pueden añadir otras fuentes que generan inflación y devaluación. Resumiendo, la recuperación de los equilibrios y la reducción de su volatilidad dependen de medidas que no se están tomando. El concepto paraguas que las abarca es que “necesitamos devolverle el valor al bolívar”. Eso no se logra “quemando divisas del BCV” para evitar que el tipo de cambio siga subiendo y, con ello evitar que las importaciones suban de precio. El valor del bolívar se recuperará y se frenarán la inflación y la devaluación cuando el país, como un todo, produzca, sea más productivo, competitivo y diversifique sus exportaciones. Eso necesita mucha inversión privada y ésta necesita recuperar la confianza de los inversionistas. Por ahora, éstos vienen, ven y, en su mayoría, no rematan invirtiendo. Quedan “pendientes” porque Venezuela “se está poniendo buena”, pero no tanto.
La inseguridad jurídica, el estatismo, el exceso de regulaciones y controles y el rentismo petrolero siguen vigentes.
Para recuperar la seguridad jurídica, está planteado comenzar por renovar todos los magistrados del TSJ; casi ninguno cumple con los requisitos de la Constitución para serlo. Casi todos los jueces son temporales, no son titulares. Lo mismo ocurre con los fiscales de la Fiscalía General de la República. Y la sospecha de que la justicia en Venezuela se compra es generalizada. También muchos esperan elecciones libres y supervisadas, conducentes a un nuevo equipo de gobierno, para recuperar la confianza.
Inseguridad jurídica y estatismo se mezclan en la oleada de expropiaciones y confiscaciones contra la empresa privada que hemos sufrido en los últimos 20 años, desde que HChF fue reelecto, y las sufrimos también con los gobiernos de regímenes anteriores, aunque con menor intensidad. Para recuperar la seguridad jurídica y la producción, estas propiedades deberían ser devueltas o subastadas (si sus dueños no las quieren de vuelta). Pero no deben quedar en manos del Estado porque, en su mayoría fueron mal habidas por coerción y no las ha sabido manejar.
El estatismo, supuestamente practicado por “derecho”, consiste en que los gobiernos acaparan las mejores oportunidades de negocio que existen en Venezuela. Esto desde que se le confiscaron los bienes a Juan Vicente Gómez, hasta la fecha. Estos bienes incluyen el petróleo, el hierro, acero, bauxita, aluminio, generación y distribución eléctrica; más unas 1.000 empresas del Estado en las que hay boticas, aserraderos, madereras, mercados, cementeras, bloqueras, marmoleras y decenas de empresas más, disparates, casi todas mal manejadas por el clientelismo partidista de turno y muchas con visos de corrupción. Si nada de esto funciona, con las notables excepciones del Sistema Nacional de Orquestas Juveniles Simón Bolívar y el Teleférico de Mérida, lo lógico y urgente es privatizarlas, total o parcialmente. Esperamos que los cambios legales en las leyes de hidrocarburos y de minería se repitan en otros sectores, especialmente en el caso de las empresas de Guayana, incluyendo las eléctricas. ¿Qué es lo que están esperando? ¿Que los chavistas cabeza calientes se calmen para que mantengamos, como dice Trump, la “estabilidad”, aunque ello implique que el pueblo pase necesidades? En este sentido he estado motivando a trabajadores y sindicalistas de Guayana que recuerden lo que ganaban, por ejemplo, cuando el grupo privado Techín manejaba a SIDOR como empresa mixta. En esa época se generan las mayores exportaciones de acero y los trabajadores ganaban mucho más como capitalistas, propietarios de acciones de esa empresa, que como obreros muy bien pagados que eran.
Ahora nos falta “la guinda sobre la torta”; recuperar el rentismo petrolero, el mismo que ha mantenido la economía venezolana sujeta a vaivenes de precios, de ingresos, de Gasto Público, de endeudamientos, de préstamos multilaterales y de medidas draconianas de ajuste de la economía. No me refiero a que recuperar la renta petrolera sea negativo, todo lo contrario. Pero, esa renta debe generarse más por aumentos del volumen exportado que por manipulaciones de precios y recortes de producción. Y me refiero a que, si Venezuela no diversifica sus exportaciones, no puede tener un crecimiento estable y sostenible, ni puede ser una nación democrática pluralista por quienes han acaparado el manejo de los ingresos de divisas, desde hace 100 años, lo han usado más para concentrar el poder, mantenerse en poder, apabullar a sus opositores políticos, y para evitar que el crecimiento del sector empresarial y de sus trabajadores se convierta en un competidor político en la toma de decisiones sobre políticas públicas. De allí la pobreza en un país cargado de riquezas mal manejadas. La culpa no es del petróleo, sino de quienes y de cómo lo manejan. De allí, también se explica, la inestabilidad de los gobiernos que pretenden ser partidocráticos o hegemónicos. El petróleo, …hay que sembrarlo para producir, no repartirlo para consumir ni robárselo.
Entonces, ¿cómo vamos a evitar la inflación, la devaluación y a tener un bolívar inútil si las mejores oportunidades de negocio están acaparadas por quienes no han sabido manejarlas y los particulares que pueden producir están sujetos a regulaciones y controles excesivos para evitar su crecimiento y para generar matraca?
Si no hacemos nada de esto, todavía nos queda la opción de que adoptemos, o de que nos impongan, la dolarización total de nuestra economía para parar, “en seco”, el déficit, su monetización y la devaluación. Pero este es otro artículo.
De verdad que no debería hablar con tanta vehemencia, pero la prudencia (el miedo; recuerden que ha CAP II lo sacaron del cargo sus compañeros y aliados por querer cambiar estos desaguisados y que él dijo que “hubiera preferido otro tipo de muerte”) se agota cuando uno se harta de tanta pobreza innecesaria y de que nos engañen y manipulen.-
@joseagilyepes
