El pasado 9 agosto el gobierno cubano citó al sacerdote Kenny Fernández acusándolo de hacer llamado a orar por la paz en Venezuela. El padre Kenny tuvo que presentarse el 12 de agosto en la oficina de la Dirección de Identificación. Su llamada a presentarse en Inmigración y Extranjería, en el municipio de Plaza de la Revolución (La Habana), se ve como una maniobra de la Seguridad del Estado para intimidarlo.
Una llamada de un teniente coronel insistió en que habría “consecuencias” si no asistía a la oficina, según expresó el sacerdote en una publicación de Facebook, que es párroco en la iglesia de San Antonio de Padua, en Arroyo Naranjo y, desde hace años, posee una casa que renta a ciudadanos. No la administra, pero figura como propietario, pretexto usado por la Seguridad del Estado para interrogarlo, “por la sola y remota posibilidad de que alguna vez decida alquilar el apartamento a un extranjero es que el Departamento de Inmigración y Extranjería tiene potestad para citarme cuantas veces quiera, incluso con menos de 24 horas de antelación y al menos una vez cada seis meses, y sin necesidad de presentar documento oficial de citación”.
Recibió muchas preguntas del equipo de Seguridad del Estado sobre sus publicaciones en redes sociales, por si alguien extranjero quisiera alquilarla. El verdadero motivo de la cita era indagar sobre la convocatoria para orar y pedir paz en Venezuela y Cuba.
Los agentes también avisaron al sacerdote que “convocar a orar en parques es una actividad predelictiva” y se considera “instigación a delinquir”. Explicaron que una reunión así solo puede hacerse con permiso expreso del Partido Comunista, pues son momentos ideales para “cometer crímenes contra la Revolución”.
Señalaron, además, que la convocatoria estaba prohibida por tener motivaciones políticas. El sacerdote aclaró que “la intención solo era orar por una solución de conflictos donde reine la paz y la justicia en Venezuela”.
Le informaron a su vez que los trabajadores particulares cubanos son trabajadores del Estado. “Todos los trabajadores por cuenta propia son trabajadores del Estado. Y por tanto deben acatar todas las leyes del Estado como cualquier trabajador estatal. Eso significa que no pueden realizar actos que pudieran considerarse contrarios a la Revolución, tales como publicar en redes sociales mensajes críticos al proceso revolucionario o a sus aliados”.
Kenny Fernández comentó al canal católico de noticias EWTN que “todos los meses, por los menos una piedra, dos piedras, cinco piedras son lanzadas contra las ventanas de la iglesia a una hora en que los autores no pueden ser vistos”. También ha sufrido robos en el templo y casa parroquial como tácticas represivas de la policía política para intimidar a religiosos contestatarios, así como arrestos, multas o citaciones arbitrarias de vigilancia estricta en su vida diaria.
El régimen cubano intensificó el acoso a los eclesiásticos después de las protestas del 11 de julio de 2021 tras los arrestos masivos y manifestaciones populares que algunos sacerdotes apoyaron.-
(ZENIT Noticias / La Habana, 25.08.2024).
