Recuperar el acceso a un dominio web no reconstruye una redacción destruida, no devuelve una frecuencia radiofónica ni revierte el despojo de una sede judicializada. Como concluye Edgar Cárdenas: “El levantamiento de restricciones en internet es apenas el primer paso”
Mientras en las últimas décadas la forma de comunicar en el mundo se transformaba al ritmo de las nuevas tecnologías, en Venezuela el cambio del ecosistema de medios estuvo marcado por un fenómeno de otra naturaleza: un proceso progresivo de restricciones que, desde la llegada del chavismo al poder en 1999, fue modificando las condiciones en las que operaban modificó las condiciones de operación de las empresas de comunicación y redujo los espacios para la circulación de información independiente.
Lo que comenzó con disputas por concesiones y frecuencias se extendió a sanciones administrativas y judiciales, dificultades para acceder al papel periódico y otros insumos, restricciones económicas, cambios forzosos de propiedad y, posteriormente, bloqueos digitales.
Un informe publicado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en agosto de este año identifica esta sucesión de mecanismos como parte de la contracción sostenida del ecosistema de medios durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Aunque la política estatal no logró el cierre de la totalidad de las empresas, reconfiguró de manera progresiva el sistema de medios en Venezuela.
La manera en la que este proceso ocurrió no fue lineal ni afectó a todas las compañías de la misma forma. Algunas dejaron de transmitir; otras abandonaron sus ediciones impresas, pero continuaron en internet; varias pasaron a manos de propietarios afines al Gobierno y modificaron su línea editorial; mientras una nueva generación de medios digitales encontró en la web una alternativa para mantener la actividad periodística.
La transformación del ecosistema informativo venezolano, por tanto, no puede medirse únicamente por los medios que desaparecieron. También debe observarse a través de los mecanismos que cambiaron con el tiempo. La restricción pasó de las frecuencias y las concesiones al papel, de las rotativas a los tribunales y, finalmente, de los soportes físicos a los dominios de internet. En paralelo, las salas de redacción tuvieron que modificar sus modelos de operación y trasladar buena parte de su trabajo al entorno digital.
Edgar Cárdenas, secretario general del Colegio Nacional de Periodistas (CNP) Seccional Caracas, resume este recorrido como el paso de una “hegemonía analógica” a la “hegemonía del control digital”. “Los mecanismos de presión ciertamente han evolucionado de lo visible a lo invisible. En los primeros años vimos descalificaciones de las altas esferas del poder e intimidación en la calle. Posteriormente se fueron instrumentando acciones por la vía judicial y el propio estrangulamiento administrativo-económico de los medios”, explica en conversación con El Nacional.
“Hoy en día priva un control digital y el uso de leyes que legitiman la censura y criminalizan la opinión, como la Ley contra el Odio (aprobada en 2017) o la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación (promulgada en 2002 y reformada en 2014)”, agrega.
Más de dos décadas después, algunas de estas restricciones vuelven a estar sobre la mesa. En septiembre de 2026, el Gobierno y la oposición instalaron una mesa técnica para abordar la libertad de expresión, la pluralidad de pensamiento y el derecho a la información. Entre los asuntos planteados se encuentran el levantamiento de las restricciones contra medios digitales y la revisión de las medidas administrativas y judiciales que han afectado a periodistas y empresas de comunicación. La instancia fue declarada en sesión permanente hasta el 23 de septiembre, mientras sus resultados se vislumbran en desbloqueos a cuentagotas de algunos portales web.
Del cierre de RCTV al control sobre internet
Uno de los hitos más visibles de esta transformación ocurrió en 2007, cuando Radio Caracas Televisión (RCTV) dejó de transmitir en señal abierta después de que Hugo Chávez decidiera no renovar su concesión por considerarlo un “canal golpista”. El gobierno de Chávez no solo negó la concesión al canal, sino que expropió sus equipos de transmisión para que la recién creada Televisora Venezolana Social (TVES) pasara a utilizar la frecuencia que por más de cinco décadas había ocupado RCTV.
Aquel episodio marcó uno de los momentos más notorios de la transformación del sistema de medios venezolano y dejó en evidencia una de las primeras formas de intervención sobre el ecosistema audiovisual: la concesión como instrumento determinante para permanecer en el espacio público.
Aunque la propia SIP reconoce que el Estado venezolano tiene facultades para regular el espectro radioeléctrico, advierte de que decisiones como la no renovación, suspensión o revocación de una concesión deben estar sujetas a criterios objetivos, verificables, previamente establecidos y compatibles con el debido proceso y el derecho a la defensa.
RCTV regresó el 16 de julio de 2007 mediante televisión por suscripción bajo el nombre de RCTV Internacional, pero también quedó fuera de esos servicios en enero de 2010 por una decisión de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).
Para Cárdenas, esto forma parte de la transformación que obligó a los medios a modificar su operatividad. En su reconstrucción, la pérdida de concesiones de radio y televisión, junto con otros mecanismos de presión, antecedió al desplazamiento masivo del periodismo hacia el entorno digital. RCTV habría sido una señal anticipada de lo que vendría.
Dos años después, el mecanismo alcanzó a la radio. El 1 de agosto de 2009, Conatel, bajo la dirección de Diosdado Cabello, sacó del aire 32 emisoras de radio y dos televisoras regionales, en una jornada que posteriormente fue denominada “Radiocidio” por organizaciones y sectores del gremio periodístico.
La radio tenía una vulnerabilidad particular. A diferencia de un periódico, cuya operación podía trasladarse parcialmente a otro soporte, una emisora dependía de una frecuencia específica y de los equipos necesarios para utilizarla. La SIP señala que la radio regional era especialmente vulnerable por su dependencia de las concesiones administrativas y por la posibilidad del Estado de intervenir sobre su infraestructura física.
El episodio de 2009 mostró que el mecanismo podía aplicarse de forma simultánea sobre numerosos operadores. Entre ellos figuraba uno de los casos que mejor permite reconstruir el impacto sobre una empresa de radiodifusión: el Circuito Nacional Belfort (CNB). Conatel ordenó el cierre de cinco de sus emisoras: CNB 102.3 FM en Caracas, CNB 102.1 FM en Maracaibo, CNB 96.1 FM en Punto Fijo, CNB 100.1 FM en Valencia y CNB 94.1 FM en Rubio. La clausura de CNB tuvo además una particularidad: la emisora transmitía Aló, Ciudadano, el programa de opinión conducido por Leopoldo Castillo y emitido también por Globovisión, que servía como contraparte al programa estatal Aló, Presidente con una de las mayores audiencias nacionales.
Aunque este episodio marcó un hito importante en el espectro radiofónico, no fue el comienzo. Entre 2003 y 2022, un total de 285 emisoras fueron cerradas, de acuerdo con los datos recopilados por Espacio Público.
El papel, otra frontera
Mientras la radio y la televisión perdían espacios mediante la cancelación de frecuencias y señales, los medios impresos enfrentaban un dilema distinto. La desaparición de numerosos periódicos no ocurrió, en la mayoría de los casos, por una orden judicial expresa de cierre. Se produjo a través de una combinación de escasez de papel, trabas para importar insumos, inflación, caída de la pauta publicitaria, fallas de distribución y procedimientos judiciales y administrativos.
La SIP menciona en su informe que desde 2013 la importación y distribución de papel para periódicos quedó condicionada por el control estatal de divisas y por el Complejo Editorial Alfredo Maneiro, en un contexto en el que diversos medios denunciaron asignaciones discriminatorias de materia prima.
Entre 2013 y 2018, al menos 49 diarios suspendieron su edición impresa: 28 de manera definitiva y 21 temporalmente. Desde 2013, más de 100 periódicos habían desaparecido y, para 2025, quedaban 24 medios impresos, ninguno de circulación diaria, según los datos publicados por la SIP.
La transformación fue gradual. TalCual dejó de ser diario en 2015 y abandonó por completo el formato impreso en 2017. El Carabobeño suspendió su edición de papel en marzo de 2016, tras 82 años de trayectoria, y continuó en la web. El Impulso, con 114 años de historia en Barquisimeto, dejó de imprimirse en febrero de 2018. El Nacional, por su parte, dejó de circular diariamente en diciembre de ese mismo año, luego de 75 años de circulación ininterrumpida. Panorama y Mi Diario, en el estado Zulia, suspendieron sus ediciones impresas en mayo de 2019.
En el caso de El Nacional, se acumularon otros mecanismos de asfixia institucional. En 2015, la institución y otros dos portales fueron demandados por Diosdado Cabello tras replicar un reportaje publicado originalmente por el diario español ABC. El proceso concluyó con una condena en 2021 dictada por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) afín al chavismo, que obligó a El Nacional a pagar 237 mil petros a Cabello, equivalentes a 13.366.800 dólares según el valor de la criptomoneda en la época. En enero de 2022, el tribunal adjudicó la sede del periódico al actual ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz mediante un proceso de remate judicial. Así, El Nacional se convirtió en un caso representativo en el que convergieron el estrangulamiento de la edición impresa, la judicialización y la pérdida de la sede física, mientras la redacción mantuvo sus operaciones en formato digital.
El secretario general del CNP Seccional Caracas describe esa transición como un proceso derivado de causas políticas y no exclusivamente técnicas: “Por la ola de cierres de emisoras de radio, la persecución a los distintos medios, la compra de empresas de comunicación y los periódicos que se quedaron sin insumos por el monopolio estatal del papel, el periodismo terminó migrando masivamente al entorno digital”.
Esa transformación, a su juicio, se aceleró por las trabas para adquirir papel, los reparos de los órganos de fiscalización tributaria y las resoluciones administrativas de Conatel.
Cambio propietario y de línea editorial
Mientras una parte de la prensa escrita dejaba de circular, otras empresas permanecían activas pero experimentaban ventas forzosas y cambios en su línea editorial. Globovisión constituye uno de los ejemplos más evidentes. Aunque la planta televisiva no fue clausurada formalmente, enfrentó durante años expedientes administrativos, multas millonarias, amenazas sobre su concesión y asfixia comercial.
En 2010, tras la intervención y liquidación del Banco Federal, una cuota accionaria de 20% vinculada al empresario Nelson Mezerhane pasó a manos del Estado. Tres años después, el 14 de mayo de 2013, se formalizó la venta del canal a Raúl Gorrín, Juan Domingo Cordero y Gustavo Perdomo. A partir de ese momento se suscitaron despidos de reporteros, renuncias de directivos, cancelación de programas de opinión y un giro sustancial en la postura informativa de la televisora.
La Cadena Capriles, grupo editorial de Últimas Noticias, fue vendida en 2013, y El Universal pasó a nuevos dueños en julio de 2014. Estas operaciones modificaron el espectro informativo venezolano, provocando que cabeceras históricamente críticas adoptaran una línea editorial abierta y explícitamente favorable al Gobierno.
La persecución judicial cobró mayor protagonismo en esta etapa. Además del litigio contra El Nacional, en 2010 los tribunales condenaron a David Natera Febres, director de Correo del Caroní, por difamación; mientras que en 2017 Alex Saab interpuso una demanda por difamación agravada e injuria contra el equipo de investigación de Armando.info, tras la publicación de reportajes sobre importaciones de alimentos con sobreprecio destinadas a los comités locales de abastecimiento y producción (CLAP).
Los editores Alfredo Meza, Ewald Scharfenberg y Joseph Poliszuk, junto con el reportero Roberto Deniz, se vieron forzados a exiliarse, dinámica que siguieron decenas de profesionales de la prensa debido a la hostilidad judicial y al cierre de fuentes de trabajo. Edgar Cárdenas describe las secuelas de este proceso: “Hay toda una generación de periodistas, muchos con gran experiencia, otros con mediana o poca trayectoria, que tuvieron que salir del país o dedicarse a otras actividades económicas para sobrevivir”.
“Los desiertos informativos en amplias zonas del interior de Venezuela sufren una ausencia total de medios locales o regionales independientes. Esto se traduce en menos información, más censura y un ciudadano desprovisto de noticias oportunas, lo que deja el terreno servido a la desinformación y a la propaganda oficial”, recalca Cárdenas.
El salto definitivo: del medio al dominio
La clausura de medios tradicionales aceleró la migración hacia la red, espacio que terminó reproduciendo las dinámicas de censura del mundo analógico. Los medios que perdieron el papel encontraron en internet un canal para divulgar sus contenidos, pero las plataformas digitales se convirtieron en un nuevo blanco del Estado.
“El mecanismo de presión cambió. Fuimos de una hegemonía analógica a la hegemonía del control digital”, subraya Cárdenas al explicar la transición que siguió al retiro de concesiones, la compra de medios y la escasez de bobinas de papel.
De acuerdo con su análisis, al trasladarse la actividad informativa a internet, el Estado diversificó sus bloqueos a través de DNS y HTTP para cercar el tráfico, un esquema ensayado durante las protestas de 2014 y 2017 y consolidado entre 2018 y 2019. “Al notar que la información crítica continuaba circulando en portales web y redes sociales, el control se dirigió a los proveedores del servicio y a los propios medios digitales”, señala.
La SIP documenta este fenómeno: entre 2019 y 2023, internet se transformó en el principal escenario de confrontación comunicacional, donde los bloqueos complementaron las agresiones previas contra la prensa escrita y el espectro audiovisual. Las restricciones técnicas se aplicaron en distintas capas de infraestructura: DNS, HTTP/HTTPS, SNI y bloqueos por direcciones IP (TCP/IP).
Para abril de 2026, la organización técnica VE Sin Filtro contabilizaba 61 portales informativos censurados mediante restricciones aplicadas a 90 dominios web, mientras Espacio Público reportaba al menos 62 medios digitales bloqueados. La SIP advierte de que las cifras varían por la ausencia de un registro público emitido por Conatel y porque los bloqueos operan con distinta intensidad según el proveedor (Cantv o empresas privadas), la región del país y la fecha del monitoreo.
Entre las páginas web con bloqueos sistemáticos figuran El Nacional, La Patilla, Armando.info, Efecto Cocuyo, Crónica Uno, El Pitazo, Runrun.es, TalCual, El Estímulo y El Carabobeño. Las medidas alcanzaron igualmente a plataformas de verificación de datos y organizaciones no gubernamentales de derechos humanos.
El cerco informativo adquirió una dimensión técnica: ya no se requería ocupar militarmente una rotativa ni apagar un transmisor para silenciar una primicia, pues bastaba con impedir el acceso telemático de las audiencias. Cárdenas resalta el impacto financiero del bloqueo: “Al perder lectores por la censura digital, los portales sufrieron el derrumbe de su pauta publicitaria y de los ingresos por modelos de suscripción”.
La asfixia digital vulneró el derecho a la información de los ciudadanos y amenazó la viabilidad económica de las salas de redacción, imponiendo sobrecostos en ciberseguridad y generando autocensura en el gremio. “El impacto ha sido profundo e inhibidor”, sostiene Cárdenas, quien explica que el temor a allanamientos o a la incautación de equipos llevó a diversas redacciones a suavizar titulares y retrasar investigaciones sobre violaciones de derechos humanos y corrupción.
“Entre enero y agosto de 2026, la Seccional Caracas del CNP contabilizó 140 agresiones contra comunicadores y empresas de noticias. Los patrones que persisten abarcan detenciones arbitrarias de corta duración, amedrentamiento en coberturas de calle, impedimento de acceso a fuentes públicas y confiscación de teléfonos y cámaras”, denuncia el vocero gremial.
Cárdenas recalca que, aunque los eventos del 3 de enero abrieron una rendija política, los mecanismos de hostigamiento se mantienen activos: “Estas acciones las ejecutan funcionarios de los cuerpos de seguridad e individuos vestidos de civil. Se sostiene una presión permanente. El aparato represivo contra los medios sigue existiendo”.
La mesa técnica: ¿una esperanza?
El panorama institucional registró variaciones en septiembre de 2026. A mediados de mes, Conatel ordenó levantar el bloqueo contra plataformas y medios informativos, medida que se aplicó parcialmente. Los desbloqueos verificados entre el 16 y 17 de septiembre permitieron restablecer el acceso a 18 dominios correspondientes a 15 portales que permanecieron censurados en el país durante períodos de hasta nueve años.
Sin embargo, el desbloqueo constituye un avance aislado dentro de un esquema de restricciones vigente. Registros de VE Sin Filtro confirman que, al 21 de septiembre, al menos 177 dominios continuaban inaccesibles en territorio nacional: 73 páginas de noticias, 31 herramientas de elusión y anonimato (VPN), 25 plataformas de comercio, 19 sitios de partidos o debate político y 10 de organizaciones no gubernamentales. La lista de bloqueos activos incluye cabeceras como El Nacional, Armando.info, TalCual, La Patilla, Analítica, Cazadores de Fake News, EsPaja, EVTV, Infobae, La Gran Aldea, NTN24, Punto de Corte, TV Venezuela, VPITV y el diario estadounidense The Wall Street Journal.
“Saludamos la restitución del acceso a esos sitios, pero no puede aplicarse a cuentagotas. Vemos este levantamiento puntual como una concesión política y no como una reforma estructural del Estado”, puntualiza el directivo del CNP.
El 18 de septiembre, representantes del Gobierno y de la oposición conformaron una mesa técnica en Caracas enfocada en la libertad de expresión y el derecho ciudadano a la información, declarada en sesión permanente hasta este miércoles. Pese a celebrar que la censura digital pierda vigencia en el debate político, Cárdenas enfatiza en que el ejercicio periodístico no puede supeditarse a negociaciones coyunturales: “Que el acceso a la web dependa de concesiones en una mesa de diálogo evidencia que el derecho no está garantizado por el Estado de derecho, sino administrado como ficha política”.
Para el dirigente, levantar las restricciones digitales representa apenas un paso inicial dentro de la reconstrucción democrática del país. Su propuesta exige derogar instrumentos legales utilizados para penalizar el trabajo informativo, en especial la Ley contra el Odio y la denominada Ley Simón Bolívar. Plantea también fijar normativas transparentes para Conatel, frenar bloqueos discrecionales y revisar los procedimientos administrativos para la asignación de concesiones radioeléctricas.
El reclamo gremial abarca el ámbito judicial y administrativo. Cárdenas pide anular las causas penales abiertas contra periodistas, restituir las acreditaciones de prensa y devolver las sedes, transmisores e infraestructuras confiscadas por el Estado.
La recuperación del sector demanda atender tres áreas prioritarias: física, jurídica y económica. Esto implica garantizar que los reporteros trabajen sin riesgo de ser arrestados; restablecer la seguridad jurídica; garantizar el acceso a las fuentes del Estado; transparentar el espectro radioeléctrico y transformar los medios públicos en verdaderos servicios informativos institucionales. “Limitar la discusión a los bloqueos de internet dejaría intacto el aparato de intimidación y censura”, advierte Cárdenas.
En esta tarea, plantea que las organizaciones gremiales, las oenegés y los organismos internacionales coordinen esfuerzos en defensa, documentación y monitoreo. Al CNP le corresponde registrar las agresiones contra los trabajadores de la prensa, los periodistas forzados al exilio, los bienes incautados y las emisoras cerradas. A entidades de derechos humanos como Espacio Público, Expresión Libre, IPYS Venezuela, VE Sin Filtro, Provea y Redes Ayuda les compete documentar violaciones de garantías y dar asesoría jurídica. En el plano exterior, los organismos de la Organización de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos deben fiscalizar el cumplimiento de los acuerdos.
El levantamiento de bloqueos y las deliberaciones de la mesa técnica abren una fase de expectativa, pero no resuelven la crisis de fondo. Recuperar el acceso a un dominio web no reconstruye una redacción destruida, no devuelve una frecuencia radiofónica ni revierte el despojo de una sede judicializada. Como concluye Edgar Cárdenas: “El levantamiento de restricciones en internet es apenas el primer paso”.-
- El Nacional
- 23 Sep, 2026
