El Gobierno que preside Daniel Ortega en Nicaragua ha detenido a 74 religiosos y excarcelado y desterrado a 64 de ellos, en el marco de la crisis social y política que vive el país desde abril de 2018 denunció este jueves el Colectivo Nicaragua Nunca Más
Desde 2022, se han detenido arbitrariamente a al menos 74 personas religiosas, incluyendo a 11 pastores evangélicos, indica el organismo en el quinto boletín sobre Libertad Religiosa en Nicaragua presentado hoy en Costa Rica
Según el Colectivo Nicaragua Nunca Más, «el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha utilizado la criminalización y las detenciones arbitrarias como herramientas clave en su campaña de represión religiosa»
El Estado de Nicaragua, añade el boletín, ha cometido al menos cuatro delitos de lesa humanidad contra los religiosos: deportación o traslado forzoso de población (destierro), encarcelación, tortura, y persecución de un grupo o colectividad
El Gobierno que preside Daniel Ortega en Nicaragua ha detenido a 74 religiosos y excarcelado y desterrado a 64 de ellos, en el marco de la crisis social y política que vive el país desde abril de 2018, denunció este jueves la ONG humanitaria Colectivo Nicaragua Nunca Más.
«Desde 2022 a la fecha se han detenido arbitrariamente a al menos 74 personas religiosas, incluyendo a los 11 pastores de Puerta de la Montaña (misioneros evangélicos), indicó ese organismo en el quinto boletín sobre Libertad Religiosa en Nicaragua presentado hoy en Costa Rica.
Según el Colectivo Nicaragua Nunca Más, integrado por activistas nicaragüenses exiliados y con sede en San José, «el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha utilizado la criminalización y las detenciones arbitrarias como herramientas clave en su campaña de represión religiosa».
«Esta estrategia no solo busca silenciar a los líderes religiosos críticos, sino que también tiene como objetivodesarticular la organización y el apoyo moral que las iglesias y otros actores religiosos brindan a la sociedad nicaragüense», valoró.
Esa ONG observó que la mayoría de los 74 religiosos detenidos han sido condenados sin garantía del debido proceso, «ya que en Nicaragua, el sistema judicial ha sido instrumentalizado para actuar en consonancia con los intereses del régimen, con leyes represivas para justificar las detenciones arbitrarias y condenas con pruebas fabricadas».
La detención de sacerdotes y laicos, junto con la expulsión de organizaciones religiosas, «evidencia la intolerancia del régimen hacia cualquier voz que defienda la libertad de conciencia y religión», anotó el informe.
«Las acusaciones de conspiración y terrorismo son fabricadas, utilizadas como una herramienta política para criminalizar la resistencia pacífica y religiosa. El uso de la tortura psicológica, el aislamiento prolongado, y la falta de acceso a asistencia legal adecuada agravan las violaciones al debido proceso», agregó.
Señalan al menos cuatro delitos de lesa humanidad
De los 74 religiosos nicaragüenses que han sido detenidos y luego excarcelados y expulsados de Nicaragua, al menos 22 de ellos han sido despojados de su nacionalidad, de acuerdo con el informe.
Entre los religiosos desnacionalizados se encuentran Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí, ambas en el norte de Nicaragua, y Silvio Báez, obispo auxiliar de Managua.
De igual forma, según el boletín, decenas de religiosas, sacerdotes y pastores han sido expulsados o impedidos de ingresar a Nicaragua.
Según el boletín, el Estado de Nicaragua ha cometido al menos cuatro delitos de lesa humanidad contra los religiosos: deportación o traslado forzoso de población (destierro), encarcelación, tortura, y persecución de un grupo o colectividad.
«Las violaciones a las personas religiosas y laicas han sido una constante y han incrementado progresivamente desde 2018 a la fecha, implementando cada vez más nuevas y más intensas formas de represión, pasando de los discursos de estigmatización e invasión de templos a la prohibición absoluta del derecho de organización, de manifestar públicamente su fe, a las detenciones, destierros y amenazas públicas constantes», advirtió el Colectivo.
En la comisión de esos crímenes de lesa humanidad están involucrados prácticamente todos los poderes del Estado y una multiplicidad de agentes estatales de diversos niveles, incluyendo a la pareja presidencial quienes públicamente han atacado a esta población religiosa y laica, indicó el organismo.
Las relaciones del Gobierno de Ortega y la Iglesia católica viven momentos de gran tensión, caracterizadas por la expulsión, encarcelamiento y desnacionalizados de obispos y de sacerdotes, la prohibición de actividades religiosas y la suspensión de sus relaciones diplomáticas.
