Gobierno de Maduro detuvo a más de 15.800 personas en los últimos 9 años
Un reporte reciente del Foro Penal reveló que el gobierno de Nicolás Maduro detuvo a 15.812 personas por motivos políticos en Venezuela desde el año 2014 hasta 2023. Esta cantidad ilustra la persistente represión y persecución contra aquellos que disienten del régimen socialista o se oponen a sus políticas.
Durante el año 2023, se observó un aumento significativo en el número de arrestos políticos, con 20 personas, ubicándose enero y febrero como los meses con mayor incidencia de detenciones, señaló la organización en un resumen ejecutivo.
El incremento refleja la intensificación de la represión por parte de las autoridades venezolanas contra la disidencia política.
257 presos políticos en 2023
La situación de los presos políticos en Venezuela es especialmente preocupante. Al cierre del año 2023, el Foro Penal registró un total de 257 presos políticos en el país, de los cuales más de la mitad eran funcionarios militares. Esto sugiere una utilización del sistema judicial para silenciar a aquellos que critican al gobierno o participan en actividades opositoras.
Las excarcelaciones ocurridas en diciembre pasado, incluyendo la liberación de presos políticos venezolanos y ciudadanos estadounidenses, evidencian una dinámica compleja de negociación política entre el gobierno de Maduro y otras naciones, como Estados Unidos.
Estas liberaciones, aunque representan un alivio para los afectados y sus familias, también subrayan la volatilidad y la opacidad de los procesos políticos en Venezuela.
Los informes emitidos por organismos internacionales como la Misión Internacional Independiente de Determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela y el Comité de Derechos Humanos de la ONU son contundentes en sus conclusiones, destacó la organización.
Allí se denuncian los patrones sistemáticos de detención arbitraria y la violación generalizada de los derechos humanos en el país. Además, instan al gobierno de Nicolás Maduro a tomar medidas urgentes para poner fin a esas prácticas y garantizar el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos.-
El Carabobeño
