José Caraballo, abogado y representante de la sociedad civil, encabezó este jueves una comisión de ciudadanos que se trasladó hasta la sede de la Defensoría del Pueblo en San Cristóbal, para consignar un documento formal en defensa de los derechos humanos de los detenidos por causas políticas en el estado Táchira.
Durante su intervención ante los medios, Caraballo explicó que la presencia del grupo responde a la necesidad imperante de que se “verifique el estado de salud y se verifiquen las garantías procesales en materia de derechos humanos de todos los presos políticos” que se encuentran bajo custodia del
Con un tono crítico hacia el marco legal vigente, Caraballo advirtió que la actual Ley de Amnistía y las políticas gubernamentales aplicadas no han sido efectivas para resolver el conflicto, señalando enfáticamente que “algo de lo que carece la Ley de Amnistía y esas políticas que está haciendo el sistema es que no contemplan lo que es la reparación, restitución, indemnización, rehabilitación y garantía de no repetición”.
La preocupación de Caraballo y los acompañantes que acudieron a la institución se centra especialmente en el deterioro físico de los privados de libertad, mencionando que han recibido reportes sobre personas que “se encuentran en estado de salud deplorables”, citando como caso emblemático el del coronel Espintrini, quien tras sufrir un ACV el año pasado ha tenido severas dificultades para “acceder a los medicamentos o los cuidados respectivos que amerita una persona en ese estado”.
En este sentido, Caraballo insistió en que “nos toca a nosotros como comunidad, como sociedad, como vecinos de estos familiares de presos políticos, venir a estas instituciones para solicitar en qué estado se encuentran estas personas que nunca debieron estar detenidas”.
El abogado detalló que la solicitud entregada exige a la Defensoría, y específicamente a la defensora Dra. Celeste, que se apersone en los centros de reclusión —como el Centro Penitenciario de Occidente y el comando de la Zona 21 de la GNB— para realizar una evaluación médica exhaustiva, ya que, según Caraballo, “presos por conciencia no deberían estar con la población penal, como está pasando”.
Finalmente, José Caraballo hizo un llamado a la autonomía de la Defensoría del Pueblo para que genere un reporte de hallazgos real, sugiriendo que el organismo debe identificar si existen más “presos por conciencia dentro de esas instalaciones” y contrastar la información con organizaciones como el Foro Penal o el Observatorio Venezolano de Prisiones.
Caraballo concluyó su declaración reiterando la importancia de que la institución se reúna con los familiares, quienes actualmente padecen no solo por la situación jurídica de sus allegados, sino por amenazas y un grave daño a su “salud mental y patrimonio económico”, por lo que “los presos políticos están ubicables” y es deber de la Defensoría “darles seguridad y garantía y tranquilidad a estas personas” que enfrentan un sufrimiento diario. –
Maryory Bustamante/La Nación
