Los familiares de los presos políticos en Venezuela comenzaron este lunes el proceso para solicitar la amnistía para sus familiares, tras la aprobación en el Parlamento —controlado por el chavismo— de esta legislación, informó la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp).
“También es bueno recordar que la mayoría de los presos políticos no tienen defensa privada sino defensa pública impuesta y eso también ha hecho que se retarde este proceso, porque son parte de la estructura criminal del Estado venezolano”, dijo la activista Andreína Baduel, miembro del Clipp, en rueda de prensa en Caracas.
Baduel sostuvo que hasta el momento no tienen contabilizados cuántos familiares han acudido a los tribunales para comenzar el proceso de solicitud de amnistía porque “está en desarrollo”, pero señaló que le hacen seguimiento.
Por su parte, Diego Casanova, también integrante de la ONG, señaló que esperan una nueva convocatoria de la comisión especial de seguimiento de la Ley de Amnistía para que sea explicado el funcionamiento del protocolo para la aplicación “expedita” de la nueva norma, que fue anunciado el pasado viernes por las autoridades venezolanas.
“Hasta ahora no tenemos información ni hemos sido convocados por ninguno de estos organismos, ni por la comisión de seguimiento ni el Programa de convivencia y paz, con los que ya se ha tenido conversación”, agregó Casanova.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela denunció este lunes que tribunales con competencia en terrorismo en el país se “negaron” a recibir las solicitudes de sobreseimiento (cierre del caso penal) que, conforme a la Ley de Amnistía, pueden presentar las propias víctimas.
El SNTP indicó, en X, que “asistió y acompañó hoy a un grupo de periodistas en el Palacio de Justicia, quienes introducirían sus peticiones de sobreseimiento, de acuerdo con el artículo 11 de la misma ley”.
El pasado viernes, las autoridades venezolanas establecieron un protocolo para la aplicación “expedita” de esta nueva ley para casos de presos políticos de los últimos 27 años, en los que ha gobernado el chavismo.
El documento, del que aún se conoce su contenido, fue aprobado durante una reunión en la que participaron la Fiscalía General, el Tribunal Supremo de Justicia, así como la comisión especial para el seguimiento de la ley.
En X, el fiscal general, Tarek William Saab, afirmó que el protocolo “garantizará que todos los órganos de administración de justicia ejecuten de forma rápida y efectiva la aplicación de los beneficios para las personas relacionadas con los hechos establecidos” en la ley.-
El Nacional
