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Venezuela

Foro Penal denuncia que tribunales niegan constancia de rechazo de amnistía

Gonzalo Himiob, director vicepresidente de la oenegé, afirmó que la organización recibió múltiples denuncias de este tipo, lo que calificó como “grave”, ya que impide ejercer recursos de apelación

El Foro Penal denunció este 25 de marzo que algunos tribunales se niegan a entregar a familiares constancias escritas del rechazo a solicitudes de amnistía.

En su cuenta de X, el director vicepresidente de la organización no gubernamental, Gonzalo Himiob, afirmó que la organización recibió múltiples denuncias de este tipo, lo que calificó como “grave”, ya que impide ejercer recursos de apelación. “No se permite apelar de la negativa (de amnistía) sin la copia de la decisión”, subrayó.

El martes, la Asamblea Nacional (AN) aprobó extender por 30 días el trabajo de la comisión que supervisa el cumplimiento de la Ley de Amnistía aprobada en febrero, en un proceso que acumula más de 11.400 solicitudes y ha otorgado 8.084 libertades plenas, mientras persisten cuestionamientos sobre su alcance y transparencia.

En una publicación en X, el diputado y presidente de la comisión de seguimiento de la norma, Jorge Arreaza, precisó el martes que 7.782 de esas personas tenían libertad restringida con medidas cautelares, mientras que las 302 restantes estaban encarceladas.

Más de un mes después de su promulgación de la Ley de Amnistía, las autoridades no han publicado un listado con las identidades de los amnistiados, pese a la petición pública del alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk.

El martes, Foro Penal informó que quedan 503 personas detenidas por motivos políticos, entre ellos 44 extranjeros o ciudadanos con doble nacionalidad. El gobierno niega que haya personas apresadas por motivos políticos y asegura que cometieron delitos, una afirmación que rechazan varias organizaciones así como partidos políticos.-

SNTP: 20 periodistas permanecen judicializados y en espera de respuestas por amnistía

Todas estas prácticas, insistió el SNTP, vulneran el derecho a la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el acceso a la justicia a periodistas y trabajadores de la prensa, sometidos a medidas cautelares

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció este jueves que veinte comunicadores permanecen judicializados y en espera de respuestas a las solicitudes de sobreseimiento de sus casos en el marco de la Ley de Amnistía, aprobada por la Asamblea Nacional a mediados de febrero.

Para enero de 2026, señaló el SNTP en una nota, se registraban 40 trabajadores de la prensa judicializados. Actualmente, al menos 20 casos no han sido resueltos pese a que en 70% de ellos se presentaron las solicitudes de sobreseimiento. Los lapsos de respuesta impuestos en la ley ya se vencieron.

Esto “no es un hecho aislado, sino parte de un patrón de dilación y obstrucción del acceso a la justicia. En distintos tribunales se han reportado irregularidades, entre ellas el extravío de expedientes, la no distribución de solicitudes introducidas a través de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) y la ausencia de pronunciamientos dentro de los plazos legales”, afirmó la organización gremial.

Asimismo han documentado algunos casos donde las víctimas “son inducidas a error respecto al estatus de sus solicitudes, al ser informadas por defensores públicos que estas han sido remitidas a los tribunales, mientras que, transcurridos los lapsos correspondientes, los propios tribunales niegan haberlas recibido”.

Todas estas prácticas, insistió el SNTP, vulneran el derecho a la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el acceso a la justicia a periodistas y trabajadores de la prensa, sometidos a medidas cautelares.

El SNTP puntualizó que el cumplimiento de los lapsos procesales no debe ser “discrecional” y, por tanto, “la aplicación de la amnistía no puede ser obstaculizada mediante omisiones administrativas o judiciales”.

El gremio exigió la libertad plena de todos los periodistas e hizo un llamado a fiscales, defensores públicos y jueces “a actuar con urgencia, apegados a la ley y al respeto de las garantías del debido proceso, a fin de evitar mayores vulneraciones de derechos y restituir la libertad plena de quienes continúan sometidos a medidas cautelares”.-

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