Informe del BID, CAF y Banco Mundial luego de terremotos constata daños en 591 mil casas, puertos y red eléctrica

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La pesca artesanal y los prestadores de hospedaje y gastronomía en el litoral de La Guaira concentran los mayores perjuicios por destrucción de embarcaciones, cadenas de frío y deterioro del comercio

El informe técnico final de la Evaluación de Necesidades de Recuperación Post-Desastre (PDNA), elaborado con el acompañamiento técnico del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y el Sistema de Naciones Unidas junto con el Gobierno nacional, constató graves afectaciones en 591 mil viviendas, puertos estratégicos y el sistema eléctrico en siete entidades del país.

Durante la evaluación multidisciplinaria, los equipos técnicos examinaron “los efectos en los sectores sociales, productivos y de infraestructura, así como en aspectos transversales” tras el doblete sísmico del 24 de junio. El documento consolidó 14.866 millones de dólares en afectaciones económicas totales, distribuidas en 13.014 millones de dólares en daños sobre infraestructura y activos físicos, y 1.852 millones de dólares derivados de pérdidas operativas, lucro cesante y costos extraordinarios de respuesta.

Colapso habitacional concentra 77% de las necesidades

El área social sufrió el quebranto patrimonial más crítico al acumular 11.169 millones de dólares en daños y pérdidas, lo que demandará un plan de financiamiento por 18.546 millones de dólares para la atención de las familias. En este renglón, la vivienda constituye la prioridad dominante al concentrar 17 mil millones de dólares de los requerimientos globales, equivalentes a 77% del presupuesto general de reconstrucción postdesastre.

La estimación abarca la reconstrucción o rehabilitación estructural de aproximadamente 91 mil viviendas destruidas o con daños severos, la reparación de cerca de 500 mil inmuebles con fallas moderadas, la provisión de alojamiento temporal y la recolección de 1,5 millones de toneladas de escombros aún dispersas en las comunidades siniestradas.

Afectaciones en aeropuerto de Maiquetía, puertos y subestaciones

En los sistemas de servicios básicos y conectividad, el sector infraestructura computó 1.894 millones de dólares en afectaciones físicas y operativas, precisando 1.848 millones de dólares para su restitución bajo normas sismorresistentes. El transporte terrestre, aéreo y marítimo requiere 1.268 millones de dólares para reparar 52,8 kilómetros de vialidad, 15 puentes con daños confirmados, los muelles de La Guaira y Puerto Cabello, y la pista principal del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar.

Por su parte, la red eléctrica registró averías e interrupciones del servicio valoradas en 624 millones de dólares, exigiendo 392 millones de dólares para intervenir subestaciones, circuitos de distribución y alimentadores en los estados centrales. En el área asistencial, el movimiento telúrico inutilizó o causó daños en 524 centros de salud públicos y privados, sector que requerirá 936 millones de dólares para su adecuación técnica y reposición de equipamiento médico quirúrgico.

Pérdidas en pesca artesanal, turismo y contracción económica

En el aparato productivo comercial y fabril, el freno de las actividades generó pérdidas acumuladas por 1.053 millones de dólares, demandando 1.021 millones de dólares en financiamiento. La pesca artesanal y los prestadores de hospedaje y gastronomía en el litoral de La Guaira concentran los mayores perjuicios por destrucción de embarcaciones, cadenas de frío y deterioro del comercio.

En la dimensión humana, la investigación oficial ratificó la muerte confirmada de 6.509 personas y la atención hospitalaria de 226.696 lesionados, persistiendo más de 19.500 ciudadanos albergados en campamentos transitorios. En materia macroeconómica, el impacto de los terremotos restará 0,38 puntos porcentuales al producto interno bruto de 2026, moderando el crecimiento proyectado de 7,0% a 6,62% y evidenciando que, sin financiamiento internacional flexible, la capacidad productiva del país operará por debajo de su potencial durante los próximos cinco años.-

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