La investigadora Martha Patricia Molina, miembro del Consejo Editorial del diario La Prensa, denunció que la dictadura que lidera Daniel Ortega en Nicaragua ha expulsado a 65 religiosas del país entre 2022 y 2023.
“Entre los años 2022 y 2023 han sido expulsadas 65 religiosas y se les ha prohibido la entrada a 6 de diferentes congregaciones religiosas, para un total de 71”, denunció el 29 de julio la abogada y autora del informe “Nicaragua ¿una Iglesia perseguida?”, el cual da cuenta de más de 500 ataques contra la Iglesia en el país desde 2018.
Según la investigadora y defensora de los derechos humanos, en total han sido afectadas 10 congregaciones religiosas en el país, entre ellas: Dominicas de la Anunciata, Misioneras de la Caridad, Monjas Trapenses, Religiosas de la Cruz del Sagrado Corazón, Hermanas Pobres de Jesucristo de Nicaragua.
“Por sido motivos de seguridad no mencionare el resto de congregaciones (5) porque ya sabemos que la dictadura es capaz de todo. Las monjas han sido expulsadas en su mayoría con violencia psicológica”, lamentó a través de sus redes sociales.
Molina indicó que cuatro sacerdotes de diferentes diócesis y varias religiosas le han señalado que la cifra de 71 monjas víctimas de represión, es mayor al contabilizado en su estudio “Nicaragua ¿una Iglesia perseguida?”, donde se menciona a sólo 32 religiosas expulsadas.
“Me comunican que es difícil en este momento encontrar alguna congregación con hermanas extranjeras porque todas han sido expulsadas”, lamentó.
La abogada agregó que sus fuentes en el país expresaron “que a las monjas nicaragüenses que han querido retornar al país, para llenar el espacio de las extranjeras que fueron expulsadas, se les ha negado la entrada”.
“No nos hemos enterado de la cantidad exacta porque la mayoría de las congregaciones han decidido guardar silencio y ofrecer ese martirio por la conversión de los dictadores de Nicaragua y quienes trabajan para ellos”, concluyó.
El último acto represivo del estado contra una congregación de religiosas ocurrió a inicios de julio, cuando la dictadura nicaragüense canceló la personalidad jurídica y confiscó los bienes de las Hermanas de la Fraternidad Pobres de Jesucristo, a cuyo convento la policía ingresó para expulsarlas.
Ese ataque ocurrió un año después de la expulsión de un grupo de Misioneras de la Caridad, la congregación fundada por la Madre Teresa de Calcuta, que luego fueron acogidas en la Diócesis de Tilarán-Liberia, en Costa Rica.-
