Ismael Pérez Vigil
Politólogo
El año 2016 transcurrió sin procesos electorales −como ocurrió en 2001, 2002, 2003, 2011 y 2014−; y al igual que este último, 2016 fue un año políticamente muy conflictivo; pero, con la particularidad de que por primera vez desde 1999, la oposición fue la que tomó la iniciativa. Esto habría de cambiar en 2017.
Nuevamente el “abandono”
Como vimos en el artículo anterior (ver https://bit.ly/4iMCwvK), la MUD decidió el 6 de diciembre de 2016 no continuar con el proceso de diálogo que con mediación del Vaticano y UNASUR, se había iniciado el 30 de octubre −y que duró menos de mes y medio−, al considerar la oposición que el gobierno no había cumplido ninguno de los objetivos de esa negociación. En esas circunstancias, la AN2015 −presidida en 2017 por Julio Borges, en virtud del acuerdo de la MUD de rotar anualmente la presidencia de la Asamblea−, comenzó el año reactivando el tema del “abandono del cargo” por parte de Nicolás Maduro y el 9 de enero de 2017, un día antes de cumplirse los cuatro años de su mandato, con votación de 106 diputados, la AN2015 declaró el “abandono del cargo” por parte del Presidente de la República. Solamente tres diputados de Avanzada Progresista −Teodoro Campos (Lara), María Teresa Pérez (Lara), Julio César Reyes (Barinas)− se abstuvieron de aprobar la declaración, alegando que carecía de viabilidad jurídica inmediata, de eficacia práctica y que podía entorpecer posibles negociaciones futuras.
Por supuesto, de inmediato la Sala Constitucional del TSJ anuló esa declaración de la AN2015 mediante la Sentencia Nº 2, publicada el 11 de enero de 2017, en la que argumentó que el “abandono del cargo” solo implica la dejación física o la cesación en el ejercicio de las funciones presidenciales, que Nicolás Maduro se encontraba en pleno e íntegro ejercicio de sus atribuciones constitucionales y recordó y reiteró que −dadas sentencias previas de 2016− la AN2015 se encontraba en estado de “desacato” judicial, por lo que “todos” sus actos, acuerdos, leyes y sesiones celebradas eran nulos y de ineficacia jurídica absoluta. Sin fuerza para hacer cumplir sus decisiones, la oposición consideró cerrada nuevamente esta vía y se desarrollaron de lado y lado, oposición y gobierno, diferentes estrategias. El conflicto de poderes entre la AN2015 y el gobierno se agudizó considerablemente en 2017, tomando rumbos que no se sospecharon hasta ese momento.
La estrategia opositora
La oposición tomó varias vías de acción: una fue la de internacionalizar el conflicto, intentando ante la Organización de Estados Americanos (OEA) que se activara la Carta Democrática Interamericana −debido a la “ruptura del orden constitucional”−, que propició algunas sesiones extraordinarias de la OEA, en marzo y abril de 2017; otra fue, mantener el llamado “desacato” como postura institucional, desafiando al TSJ continuando con sesiones y aprobación de acuerdos; y la tercera, activar la movilización de calle solicitando un calendario electoral, de las elecciones de gobernadores pendientes desde 2016 y la anticipación de las elecciones presidenciales.
Pero, los conflictos internos en la MUD se pusieron de manifiesto:
1) Con la elección del Presidente de la AN2015 en 2016, resultando electo, Ramos Allup, de Acción Democrática, AD, diferente al que había sido acordado, Julio Borges, de Primero Justicia, PJ
2) Con las diferencias en torno al “diálogo” con el gobierno y el rechazo de algunos partidos (Voluntad Popular, VP, y Vente Venezuela, VV) a la suspensión de la movilización de calle y la suspensión del juicio político a Nicolás Maduro; y
3) Con las diferencias entre la llamada a la vía electoral y la promoción de otras acciones, como la abstención electoral y la movilización de calle, que, como veremos, se agudizarían en los procesos electorales de 2017.
Esos y otros conflictos se fueron agudizando y −desde el punto de vista organizativo− dieron origen a una nueva figura o plataforma organizativa, el llamado Frente Amplio, que se materializó un año más tarde en el Frente Amplio Venezuela Libre, promovido por la propia MUD. Pero no fue esa la única consecuencia; examinaremos otras en un próximo punto; veamos antes qué hizo el gobierno.
La estrategia del gobierno
El gobierno reaccionó también agudizando el conflicto y el enfrentamiento de poderes con la AN2015, a través de una serie de acciones y medidas:
1) Bajo el contexto del llamado “desacato” ratificado por el TSJ con su sentencia del 11 de enero de 2017, Nicolás Maduro rindió su informe anual y presentó la Ley de Presupuesto Nacional, créditos adicionales y contratos de interés nacional, directamente ante la Sala Constitucional del TSJ, el 15 de enero de 2017, dejando de lado al Parlamento. Basados en los mismos criterios, los ministros del gobierno hicieron lo propio con sus “memorias y cuentas” a partir de marzo de 2017.
2) Agudizó la represión y persecución de dirigentes opositores, creando incluso un Comando Antigolpe, encabezado por el entonces vicepresidente Tareck El Aissami.
3) Mediante una medida, que pretendía ser definitiva, de orden judicial, que generó un conflicto de grandes proporciones, con las sentencias 155 y 156 del TSJ, del 28 y 29 de marzo de 2017, respectivamente, al retirar la inmunidad parlamentaria a los diputados (Sentencia 155) y asumir las competencias legislativas de la AN (Sentencia 156).
Efecto de las sentencias
La reacción de rechazo a dichas sentencias fue inmediata y la escalada conflictiva ante ellas fue de grandes proporciones:
– Fueron condenadas por las Academias Nacionales;
– Calificadas incluso por la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, como una “ruptura del orden constitucional” −lo que produjo su rompimiento con el gobierno y más tarde su salida de la Fiscalía−;
– Produjeron también el 1 de abril una “Declaración de los Estados Partes del MERCOSUR sobre la República Bolivariana de Venezuela”, por “intromisión sistemática en las competencias del Parlamento [y] falta de separación de poderes”, declaración que activaría la Cláusula Democrática del MERCOSUR, del Protocolo de Ushuaia, sobre el Compromiso Democrático de 1998, que a la larga −el 5 de agosto de 2017− al unirse al hecho de la elección e instalación de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) produjeron la suspensión política indefinida de Venezuela de ese bloque regional;
– Las sentencias también provocaron que Nicolás Maduro convocara el Consejo de Defensa de la Nación −establecido en el Art. 323 de la Constitución− convertido en “muletilla” por el gobierno cada vez que tiene algún conflicto y que en esa ocasión recomendó la revisión de las sentencias, lo que ocurrió mediante las sentencias 157 y 158, que anularon los puntos más críticos de las sentencias 155 y 156.
Pero ya las sentencias habían generado todos esos efectos y además una serie de movilizaciones y protestas de calle, que continuaron durante varios meses y se agudizaron con la convocatoria a la ANC por parte de Nicolás Maduro. El TSJ, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la “justicia militar” arremetieron contra manifestantes, alcaldes y diputados. Fueron citados a declarar más de una docena de alcaldes, algunos fueron detenidos, incluso condenados a meses de cárcel y varios tuvieron que abandonar el país; igual suerte corrieron algunos diputados y dirigentes de partidos políticos; y las protestas de calle que continuaron por varios meses dejaron un saldo de más de 120 fallecidos. Todo esto, que comenzó con las acciones frustradas de la AN2015 y las protestas por las sentencias 155 y 156, se agudizó con la convocatoria a la elección de la ANC, el 1 de mayo de 2017 mediante el Decreto N° 2.830 de Nicolás Maduro, sin referendo previo o consulta popular al respecto.
Plebiscito y ANC
La situación de desgaste popular y social −por el conflicto de calle, aunada a la represión estatal y el giro táctico de un sector de la oposición hacia la vía electoral− fue fracturando más la unidad opositora que se pondría de pleno manifiesto meses más tarde; pero, en el momento, tras la convocatoria de la ANC, la oposición respondió unida con la convocatoria a un Plebiscito o Consulta Popular con el que se pretendió enfrentar la convocatoria y elección de la ANC.
El Plebiscito o Consulta Popular, con base en los artículos 70, 333 y 350 de la Constitución, y respaldado unánimemente por todos los partidos de la MUD, se llevó a cabo el 16 de julio de 2017, organizado íntegramente por la MUD y la AN2015, al margen por completo del CNE. Se efectuó en más de 2 mil “Puntos Soberanos” en Venezuela y el exterior, instalados en iglesias, plazas y calles; fue auditado por Rectores de las principales universidades del país (UCAB, UCV, USB, UNIMET y UCAT) y se registró una participación masiva de más de 7,5 millones de votos, que dijeron “Sí”, en más del 98%, a las tres preguntas planteadas:
- 1- ¿Rechaza y desconoce la realización de una Constituyente propuesta por Nicolás Maduro sin la aprobación previa del pueblo venezolano?
- 2-¿Demanda a la Fuerza Armada Nacional y a todo funcionario público obedecer y defender la Constitución del año 1999 y respaldar las decisiones de la Asamblea Nacional?
- 3- ¿Aprueba que se proceda a la renovación de los poderes públicos de acuerdo a lo establecido en la Constitución, y a la realización de elecciones libres y transparentes, así como la conformación de un gobierno de unión nacional para restituir el orden constitucional?
Finalizado el evento, fueron destruidos los “Cuadernos” donde se estamparon las firmas de los que concurrieron a la consulta, para proteger la identidad de los electores, en previsión de represalias similares a las que ocasionó la infausta “lista de Tascón” publicada en febrero de 2004.
A pesar de la masiva participación y movilización social que produjo el Plebiscito y de estimular la desaprobación internacional de la ANC, sus efectos políticos, prácticos e internos, fueron magros; el gobierno, como es obvio, desconoció los resultados y desestimó su validez jurídica, que por supuesto no tenía, y dos semanas después, llevó a cabo la elección de los integrantes de la ANC convocada por Nicolás Maduro.
La elección de la ANC se efectuó el 30 de julio de 2017; para esta elección, que −a diferencia del Plebiscito− contó con el pleno apoyo del CNE y recursos del Estado, el organismo estimó una población de 30,8 millones de habitantes, con un RE de 19,4 millones y dio como resultados oficiales una votación de 8 millones de electores, para una participación del 41,53 % con el Polo Patriótico Bolivariano obteniendo 537 de los 545 diputados; sin embargo, la MUD, que no postuló candidatos a esa Asamblea ni validó ese proceso, estimó que el número de votantes no superó los 3 millones, para una participación del 12% al 15%. La movilización para votar que se observó en todo el país no avalaba las abultadas cifras de votantes que señaló el CNE y nunca fueron publicadas las actas de votación de esta elección, ni los votos que obtuvo individualmente cada uno de los constituyentes electos.
Desarrollo opositor, posterior al Plebiscito
Las derrotas políticas siempre son huérfanas, pero los triunfos son también difíciles de asimilar. La primera reacción opositora frente al resultado del plebiscito fue de intenso júbilo; pero las controversias que he señalado venían avanzando en el seno de la unidad opositora y pronto aflorarían. Como señalé en un punto previo, la disolución de la MUD y su conversión a la larga en el Frente Amplio Venezuela Libre (2018) −y posteriormente la Plataforma Unitaria (2021)− no fue el único efecto de esta situación.
Se fueron formando diferentes “frentes”, “plataformas” o disidencias de la MUD, como, por ejemplo: “Soy Venezuela” (2017) integrada por Vente Venezuela, Alianza Bravo Pueblo, Convergencia (en su etapa inicial), Gente Emergente, Movimiento Independentista Nacional y personalidades independientes como Diego Arria y Enrique Aristeguieta Gramcko; en años posteriores surgirían otras alianzas, que veremos en su momento. Pero, con respecto al indiscutible triunfo del Plebiscito del 16 de julio de 2017, rápidamente surgió en el sector opositor diferencias en cuanto a la “interpretación” o “ejecución” de la tercera pregunta del Plebiscito (verla más arriba, en Plebiscito y ANC). Merece la pena destacar dos aspectos del desarrollo político opositor después del Plebiscito:
La designación por la AN2015 de un TSJ fue la primera reacción, todavía unitaria de la oposición, después del Plebiscito. En efecto el 21 de julio fueron nombrados 13 magistrados principales y 20 suplentes para anular aquellos “magistrados exprés”, nombrados por la “moribunda” AN2010, fuera de todo lapso legal, en diciembre de 2015. Desde luego eso produjo un enfrentamiento con el TSJ oficial, que inmediatamente declaró nula esa designación, en virtud del ya mencionado “desacato” de la AN2015, acusó a los magistrados nombrados de “traición a la patria” y “usurpación de funciones”, que se tradujo en persecución de dirigentes políticos y magistrados designados, por parte de los órganos represivos del gobierno, que llevó a muchos a la clandestinidad y al exilio, donde algunos todavía permanecen.
Esta situación dio origen a un TSJ en el exilio o TSJ legítimo, que fue reconocido por algunos gobiernos, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea, y realizó sesiones de trabajo presenciales y virtuales en la sede de la OEA, en Washington. Sus decisiones, como por ejemplo la condena de Nicolás Maduro, por el caso Odebrecht (2018), nunca tuvieron eficacia interna en el país, pues obviamente carecían de la fuerza para imponer sus sanciones y decisiones. El segundo aspecto a destacar ya no tuvo ese “espíritu” unitario.
La creación de la Fracción Parlamentaria 16 de julio (Fracción 16J), en la AN2015; creada el 14 de noviembre de 2017 y conformada por trece diputados, afines a “Soy Venezuela” y que tomó su nombre obviamente del Plebiscito del 16 de julio, argumentando que la MUD había desoído el “mandato” ciudadano expresado en la tercera pregunta de la consulta. Surgió, por tanto, como una ruptura con la MUD y un rechazo a la participación en el diálogo con el gobierno de Nicolás Maduro (Negociaciones en República Dominicana septiembre 2017 a febrero 2018) y rechazo a la participación electoral en las elecciones convocadas en 2017 −octubre, regionales y diciembre, municipales−. Igualmente se opusieron a todas las demás negociaciones −Oslo, Barbados y México−; apoyaron las decisiones del TSJ en el exilio o TSJ legítimo; se mantuvieron siempre muy críticos con la fracción de la MUD dominante en la AN2015; también apoyaron la activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y el principio de Responsabilidad de Proteger (R2P).
En su momento criticaron al gobierno interino de Juan Guaidó, 2019, aunque paradójicamente en 2022 cuando la AN2015 decidió eliminar el gobierno interino, la Fracción 16J salvó su voto y rechazó la decisión por considerar que debilitaba a la AN2015 frente al gobierno de Nicolás Maduro. Al final fueron absorbidos en la estructura partidista de Vente Venezuela y el comando por la campaña de González Urrutia.
Conclusión
Habiendo visto el “contexto unitario” de la oposición, la próxima semana regresaré a la evaluación del desempeño de la ANC, que se instaló el 4 de agosto de 2017 en el Palacio Federal Legislativo y fue desplazando a la AN2015 paulatinamente, promoviendo varias leyes, decisiones y realizando otras tareas, excepto aquella para la que fue electa: Redactar y aprobar una nueva Constitución; veremos también el ambiente que generó para realizar las otras dos elecciones del año 2017: las Elecciones Regionales, para elegir gobernadores, pendientes desde 2016, y las Elecciones Municipales.-


