Este 1 de noviembre fue asesinado Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, municipio ubicado en el estado mexicano de Michoacán, hecho que recibió la firme condena de la Iglesia Católica, la cual pidió atacar la raíz de la violencia que golpea diversas regiones del país.
El crimen ocurrió durante la celebración del Día de los Muertos en la plaza principal de la ciudad. Un hombre armado se acercó al edil y le disparó a quemarropa. Manzo murió pocos minutos después. ́En diversas ocasiones había denunciado públicamente la presencia de grupos criminales en la zona y solicitado apoyo a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, para frenar la delincuencia organizada.
En septiembre, entrevistado por el periodista Joaquín López Doriga, Manzo denunció que la violencia es generada no sólo por pandillas, sino principalmente por “grupos criminales, cárteles muy poderosos”.
En aquella ocasión el alcalde mencionó que sentía miedo. “No quiero ser un presidente municipal más de la lista de los ejecutados que les han arrebatado la vida, no quiero que la Policía municipal siga siendo de la estadística, ni los ciudadanos de trabajo honestos y honrados que son víctimas de este cáncer social”, indicó.
El Gabinete de Seguridad, encabezado por Harfuch, informó este 2 de noviembre que el alcalde contaba con protección asignada desde diciembre de 2024, sin embargo, “los agresores aprovecharon la vulnerabilidad de un evento público para organizar el ataque”.
El homicidio de Manzo se suma al de Bernardo Bravo Manríquez, ocurrido el 19 de octubre, quien fue presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán y expuso la presión del crimen organizado sobre los productores agrícolas.
En su mensaje este 2 de noviembre, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) denunció la presencia “de grupos armados, que controlan la vida pública” en distintas comunidades del país.
“Los retenes en carreteras, el despojo de tierras, las amenazas constantes a los productores, comerciantes y gobernantes, reflejan un grave debilitamiento del orden constitucional que los gobiernos, a nivel municipal, estatal y federal están obligados a garantizar”, señalaron.
Los obispos exigieron la “determinación e inteligencia” de las autoridades para detener, no sólo los asesinatos de Bernardo Bravo y Carlos Manzo, sino las amenazas contra la vida “de miles de ciudadanos que día con día ven ultrajadas sus libertades al trasladarse y desarrollar sus actividades comerciales y recreativas”.
Por ello, exhortó a “enfrentar la falta de Estado de derecho” en el país. “Hoy ya no basta aprehender al asesino: hay que combatir con determinación la causa de todos estos asesinatos”, manifestaron.
La CEM también expresó su cercanía con quienes “aun en medio de contextos marcados por la violencia, permanecen fieles a su misión de anunciar el Evangelio”. Su “entrega silenciosa y valiente, —continuó el comunicado— es un signo vivo de la presencia de Cristo en medio de su pueblo, recordándonos que la luz nunca se extingue frente a la oscuridad”.
Finalmente, encomendaron a Santa María de Guadalupe que “guie nuestros corazones e interceda por nosotros para que juntos alcancemos la paz, la libertad y el desarrollo que nuestro México merece”. –
2 de noviembre de 2025
