A más de 80 personas arrestadas por causas políticas en el país, se les ha privado de recibir atención médica conveniente, aún cuando muchas de ellas padecen de condiciones críticas de salud, así lo denunció este sábado la organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón (JEP).
Luego de que familiares de los detenidos en los centros de reclusión y representantes de la sociedad civil denunciaran de forma urgente la falta de atención médica para sus seres queridos, la organización se pronunció a través de las redes sociales.
Mediante una publicación, la ONG advirtió sobre la inacción de las autoridades a pesar de los recursos legales introducidos por familiares y abogados.
Asimismo, señaló también sobre casos específicos que, a su juicio, evidencian el deterioro progresivo de la salud de los reclusos.
Según la agencia de noticias EFE, uno de los casos es el de Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano, detenida desde febrero de 2024.
La organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), señaló que, “la activista presenta una fractura no atendida desde hace más de siete meses, y que su situación representa una “grave violación a los derechos humanos”, ya que no ha recibido atención médica especializada desde su reclusión, advirtiendo que esta falta de atención pone en riesgo su salud física y emocional, y puede ocasionarle secuelas irreversibles”.
El proceso judicial de Rocío también enfrenta retrasos continuos. De acuerdo con EFE, la audiencia de la coordinadora general de JEP, Martha Tineo, prevista para el 31 de marzo, fue diferida por cuarta vez y reprogramada para el 26 de mayo, por la “falta de traslado” al tribunal.
En paralelo, familiares de personas consideradas presos políticos han intensificado en los últimos meses sus protestas públicas, exigiendo liberaciones, revisión de casos, la instalación de una mesa de diálogo, y atención médica “oportuna y especializada” para los reclusos.
Por su parte, la ONG Foro Penal reportó que actualmente hay 890 personas detenidas por motivos políticos en Venezuela, de las cuales cinco son adolescentes. Tanto JEP como otras organizaciones han reiterado la necesidad urgente de garantizar condiciones mínimas de salud, integridad física y debido proceso a todas las personas privadas de libertad por razones políticas.-
