Nicaragua se aleja «cada vez más» del Estado de derecho y, en particular, «de las libertades fundamentales, agravando el sufrimiento de la población, alimentando el éxodo de los jóvenes y socavando el futuro de las instituciones democráticas». Este es el panorama dibujado por la Alta Comisionada Adjunta de la ONU para los Derechos Humanos, Nada Al-Nashif, que puso al día al organismo en Ginebra sobre la situación en el país centroamericano.
Describiéndose a sí misma como ‘desalentada’, Al-Nashif denunció que las autoridades de Managua continúan ‘persiguiendo a quienes pueden aportar una visión alternativa a la esfera pública, como líderes políticos e indígenas, miembros de la Iglesia católica, activistas y periodistas’. En este contexto», subrayó, «continúan las restricciones al espacio cívico, con reiterados casos de detenciones arbitrarias contra quienes ejercen sus libertades fundamentales».
Ayer mismo, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) anunció el fin de su misión humanitaria en Nicaragua «a petición» del gobierno de Managua, según una nota. La oficina en la capital ya ha sido cerrada. En mayo pasado, el Parlamento, controlado por el Frente Sandinista del presidente Daniel Ortega, había aprobado por unanimidad la disolución de la Cruz Roja, activa desde 1931, acusada de violar la neutralidad en manifestaciones antigubernamentales. Sin embargo, la representación regional de la Circ para México y Centroamérica reiteró su «disposición a reanudar el diálogo y la acción humanitaria en Nicaragua».-
L’Osservatore Romano
