Abolir la pena de muerte, respetar las libertades de expresión, asociación y movimiento, garantizar la labor de defensores de derechos humanos y periodistas independientes, ratificar mecanismos internacionales de protección como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o la Convención contra la Tortura fueron algunas de las recomendaciones que realizaron este miércoles varios gobiernos al régimen cubano durante su IV Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, Suiza.
Las intervenciones de varios estados apuntaron a un reconocimiento implícito de que el sistema impuesto por el Partido Comunista de Cuba (PCC) no funciona e invitaron a La Habana a realizar acciones para mejorar la salud pública, la educación y la calidad de vida de los adultos mayores, entre otras cuestiones.
Los países que intervinieron en la sesión de este miércoles en Ginebra reconocieron las deudas del régimen en temas de racismo, discriminación racial, así como la situación con la violencia machista que deja en lo que va de año un subregistro de 76 feminicidios.
Suecia trasladó su preocupación por las condenas de larga duración conectadas con las protestas del 11J y llamó al régimen a respetar las reglas de la ONU sobre tratamiento de los prisioneros y permitir a las organizaciones de derechos humanos independientes acceder a los juicios, las prisiones y centros de detenciones.
Lituania recomendó al Gobierno «reducir el número de delitos castigados con la pena de muerte como primer paso hacia su abolición; garantizar el derecho a la libertad de reunión y asociación pacífica, así como la libertad de opinión y expresión; liberar a todos los presos políticos, incluidos los menores, y prevenir la trata de personas de conformidad con las obligaciones internacionales de Cuba».
También sugirió «considerar el desarrollo de políticas para garantizar el acceso público sin obstáculos a diversas fuentes independientes de información, tanto en línea como fuera de línea, y también a la conexión a internet».
Estados Unidos exigió al régimen el fin de las detenciones de activistas en el ejercicio de derechos fundamentales, la liberación de los más de 1.000 presos políticos encarcelados, adoptar un marco legal que garantice la independencia judicial y poner fin a su sistema de partido único para permitir elecciones genuinamente libres y justas, en las que participen múltiples partidos políticos, que brinden a los ciudadanos opciones reales con respecto a su Gobierno.
EEUU también exhortó al régimen a cumplir con las normas laborales internacionales y dejar de utilizar prácticas coercitivas para manipular y presionar a los trabajadores para que participen en el programa de exportación de mano de obra, incluidas las misiones médicas.
En su intervención inicial, el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, depositó toda la responsabilidad de las violaciones de derechos humanos a factores externos como el embargo de Estados Unidos.
Representantes de organizaciones satélites creadas y promovidas por el régimen, así como funcionarios de varios ministerios se encargaron de responder a algunos de los señalamientos y ensalzar normativas como el Código de las Familias, la Constitución de 2019 y el Código Penal.
En la sesión no faltó el apoyo de gobiernos violadores de los derechos humanos como Venezuela, Nicaragua o Corea del Norte, pero incluso aliados como México se sumaron a los cuestionamientos de países democráticos.
El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador recomendó «establecer una institución nacional independiente de derechos humanos de conformidad con los Principios de París; establecer un mecanismo nacional independiente de protección de defensores de derechos humanos y periodistas; tipificar el feminicidio como delito, y tomar las medidas necesarias para implementar las disposiciones constitucionales y legales para prevenir todas las formas de violencia contra la mujer y la protección de las víctimas».-
