Simplemente desean estar entre su gente para vivir y anunciar el Evangelio con coherencia y libertad y acaban en la cárcel. La oleada de detenciones de sacerdotes no parece detenerse en Nicaragua.
Según informes de la abogada exiliada Martha Patricia Molina y de fuentes de la oposición, en la noche del viernes 29 al sábado 30 de diciembre, la policía detuvo a otros seis sacerdotes, todos ellos pertenecientes a la Archidiócesis de Managua: Se trata de Miguel Mántica, párroco de la Iglesia de San Francisco de Asís, Silvio Fonseca, vicario de la Comisión de Familia, Vida e Infancia de la Arquidiócesis, Mykell Monterrey, párroco de Nuestra Señora de la Candelaria, Ismael Serrano, párroco de San Miguel Arcángel, Gerardo Rodrígues, párroco de la Iglesia de la Purísima Concepción, y Raúl Zamora, párroco de la Iglesia de la Divina Misericordia. Hay especial preocupación por dos de ellos, Serrano y Rodrígues, porque están enfermos y necesitan atención médica.
En días anteriores, otros cinco sacerdotes habían sido detenidos y el Obispo de Siuna, Monseñor Isidoro del Carmen Mora Ortega, puesto bajo arresto tras orar por Monseñor Rolando José Álvarez Lagos, Obispo de Matagalpa y Administrador Apostólico de la Diócesis de Estelí, condenado a 26 años de prisión sin el debido proceso por los delitos de conspiración, difusión de noticias falsas, obstrucción a la justicia y desacato a las autoridades, en prisión desde el pasado mes de febrero tras permanecer bajo arresto domiciliario desde agosto de 2022.
Una situación que ya ha sido denunciada por la Alta Comisionada Adjunta de la ONU para los Derechos Humanos, Nada Al-Nashif, según la cual Nicaragua se aleja «cada vez más» del Estado de Derecho y, en particular, «de las libertades fundamentales, agravando el sufrimiento de la población, alimentando el éxodo de los jóvenes y socavando el futuro de las instituciones democráticas». Las autoridades de Managua», afirmó Al-Nashif, «siguen persiguiendo a quienes pueden aportar una visión alternativa a la esfera pública, como dirigentes políticos e indígenas, miembros de la Iglesia católica, activistas y periodistas», con «repetidos casos de detención arbitraria contra quienes ejercen sus libertades fundamentales».-
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