El gremio manifestó preocupación por las obligaciones impuestas a los prestadores de servicios y plataformas digitales, al advertir que fomentan la remoción preventiva de información legítima
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) solicitó el miércoles la derogación de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, durante su participación en la consulta pública convocada por la Asamblea Nacional en el Palacio Federal Legislativo.
El gremio argumentó que, aunque la propuesta legislativa en discusión elimina las penas privativas de libertad, conserva un esquema de fiscalización y control administrativo sobre los medios de comunicación y las expresiones ciudadanas.
La organización precisó que hasta enero de 2026 documentó 40 casos de periodistas detenidos o sometidos a procesos judiciales. De ese total, 28 expedientes -equivalentes a 70%- estuvieron vinculados con imputaciones basadas en esa legislación, lo que además generó un efecto de autocensura en las redacciones y el silenciamiento de fuentes informativas.
Cuestionamientos al control administrativo y digital
Otro de los señalamientos centrales del SNTP recayó sobre el artículo 24 del proyecto, que otorga al ministerio con competencia en materia de justicia la potestad de sustanciar y decidir los procedimientos administrativos sancionadores. El sindicato alertó sobre los riesgos de parcialidad que implica que un despacho del Poder Ejecutivo investigue y sancione discursos públicos que cuestionen las actuaciones del propio gobierno.
El gremio manifestó preocupación por las obligaciones impuestas a los prestadores de servicios y plataformas digitales, al advertir que fomentan la remoción preventiva de información legítima. Entre los puntos críticos destacó:
● Artículo 13: Permite ordenar la difusión obligatoria de contenidos durante 30 minutos semanales.
● Artículo 15: Exige la retirada inmediata de mensajes en entornos digitales.
● Artículo 23: Habilita la apertura de procedimientos administrativos contra los medios de comunicación.
Marco legal vigente y reparación a las víctimas
El SNTP sostuvo que el ordenamiento jurídico venezolano ya dispone de instrumentos suficientes para sancionar la incitación al odio y la violencia sin requerir una legislación especial restrictiva. Para sustentar su posición, citó el artículo 285 del Código Penal sobre la instigación pública, así como las leyes contra la discriminación racial y la violencia de género. Recordó además que los estándares internacionales, como el Plan de Acción de Rabat de las Naciones Unidas, exigen criterios estrictos para limitar la expresión pública. El gremio periodístico señaló que el proyecto de reforma omite mecanismos para subsanar las consecuencias derivadas de nueve años de vigencia de la ley. Por eso exigió que la derogación de la normativa incluya procedimientos especiales para revisar las causas abiertas, anular antecedentes penales, levantar medidas cautelares y reparar integralmente a los ciudadanos y trabajadores de la prensa afectados por su aplicación.-
El Nacional
