En Zhumadian (Henan, China), una ciudad-prefectura con 7 millones de habitantes, las autoridades recompensan con entre 80 y 162 euros, a quien informe, con vídeos o audios, de actividades religiosas «ilegales».
Eso incluye misas, sesiones de catequesis, rezo del Rosario, predicaciones… todo lo que no se haga en espacios controlados y registrados por las autoridades.
Según difunde la agencia misionera AsiaNews, la Administración local de Asuntos Religiosos pide a los delatores que aporten «material audiovisual que pueda probar los hechos denunciados». La norma se ha difundido en un acta fechada el 13 de marzo que se ha divulgado recientemente.
En realidad, la norma no menciona explícitamente las misas ni a la Iglesia Católica clandestina, sólo habla de «actividades religiosas ilícitas».
Pero la realidad es que en toda la región de Henan la Iglesia Católica tiene una importante presencia clandestina, numerosa y bien organizada. Se calcula que 1 de cada 10 católicos chinos viven en esta región.
No es la primera vez que las autoridades municipales y locales ofrecen recompensas a los delatores: se han anunciado premios así antes en Heilongjiang y Shandong en 2021, y en Fujian, Guangxi, Hebei, Liaoning y otra vez en Henan en 2019.
Recientemente, las autoridades provinciales establecieron la obligación de que los creyentes de todos los credos se apunten en un registro si quieren asistir a los servicios religiosos, lo que se aplica tanto a las iglesias y mezquitas como a los templos budistas.
Obispos detenidos y cruces destruidas
AsiaNews recuerda que hace casi dos años que la policía local tiene detenido, sin condena ni acusación alguna, al obispo de Xinxiang, Joseph Zhang Weizhu.
Además, en los últimos años las autoridades de Henan han tratado de invisibilizar la religión cristiana al máximo: han arrancado cruces visibles de las iglesias y edificios cristianos, han tapado los carteles con mensajes religiosos, incluso navideños y hasta han recorrido las casas de familias pobres pagándoles dinero a cambio de que retiren sus imágenes religiosas.
El régimen chino endureció su política contra las religiones -no sólo la cristiana- en 2015. Aunque en 2018 el Vaticano y China firmaron un acuerdo sobre el nombramiento de obispos (renovado en 2020 y 2022), las autoridades han perseverado en su acoso a los católicos clandestinos, y fortaleciendo su control sobre las comunidades no clandestinas.
Batería de normas para asfixiar a las iglesias
El 1 de junio de 2022 entraron en vigor unas «Medidas para la gestión financiera de centros religiosos». Poco antes, en marzo, fue el turno de las «Medidas administrativas para los servicios de información religiosa en Internet»: ya no es posible llevar a cabo actividades religiosas online en China sin obtener previamente la autorización del gobierno.
En febrero del año pasado, la Administración Estatal de Asuntos Religiosos había hecho públicas las “Medidas Administrativas para el Personal Religioso”, un documento sobre la gestión del clero, monjes, sacerdotes, obispos, etc.
En febrero de 2018, el Partido había adoptado en cambio las “Nuevas Regulaciones sobre Actividades Religiosas», según las cuales el personal religioso solo puede desempeñar sus funciones si se afilia a organizaciones ‘oficiales’ y se somete al Partido Comunista Chino.
Un poderoso Estado comunista mueve toda su maquinaria para agobiar con normativas, amenazas, reglamentos, multas y cárcel el crecimiento del cristianismo, católico o protestante, entre los chinos, que se hacen preguntas sobre el sentido de la vida, la muerte, el bien o el amor, que el Partido Comunista Chino no sabe responder.-
