El director de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, denunció ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que las instituciones del Estado venezolano actúan como «cómplices, encubridores y responsables directos de crímenes de lesa humanidad».
Durante la fase de alegatos del caso relacionado con la ejecución del expiloto Óscar Pérez y otras seis personas ocurrida en 2018, Romero presentó ante el tribunal internacional un compendio de más de 16 videos y un informe técnico para demostrar que las víctimas fueron asesinadas tras haberse rendido, y que el lugar donde se resguardaban fue «pulverizado a través de un lanzacohetes».
«¿Por qué se utilizaron 500 personas para buscar a siete? ¿Por qué se utilizó un lanzacohetes? ¿Por qué no se investigó? ¿Por qué se persiguió a los familiares?», cuestionó el jurista ante el panel de jueces, señalando que el operativo militar y policial tuvo como objetivo de fondo «neutralizar un movimiento» y «aniquilar un pensamiento» de un sector disidente.
El director del Foro Penal recordó que este caso no es un hecho aislado, sino que forma parte de un contexto estructural que comenzó a documentarse con fuerza desde el año 2017, período en el cual la tortura se convirtió en una práctica «sistemática» en el país, lo que posteriormente motivó la apertura de la investigación formal ante la Corte Penal Internacional (CPI) en 2018.
Romero detalló que el caso Óscar Pérez arrastró una cadena de detenciones arbitrarias y torturas contra más de 40 personas vinculadas tangencialmente al hecho, quienes permanecieron presas entre dos y tres años. Asimismo, precisó que desde el año 2014 la organización ha contabilizado más de 19.000 arrestos por motivos políticos.
A las puertas de su retorno a Venezuela, el abogado advirtió a los magistrados que la indefensión jurídica y el «laberinto kafkiano» de incertidumbre persisten en la actualidad. «Al día de hoy no hay derecho a la defensa. Usted va a un tribunal, va a la fiscalía a preguntar por el caso Óscar Pérez y te dicen abiertamente: ‘No estamos autorizados a permitir la defensa privada’», fustigó.
Para ejemplificar la vigencia de estos patrones de persecución, Romero citó los casos actuales de Mirlenis Benítez presa política vinculada al mismo expediente, el del teniente coronel del Ejército, Guillermo Marín Chaparro (detenido desde hace más de siete años y a quien le abrieron una nueva causa en reclusión), y el de Daniel Echegutia, quien permanece tras las rejas pese a contar con boleta de excarcelación.
Al cierre de su intervención, Romero agradeció a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por impulsar el expediente, recordando que los familiares de las víctimas acumulan ocho años de lucha activa en un escenario donde la justicia nacional no ha aportado respuestas objetivas.
«Tenemos la expectativa y la esperanza de que por lo menos estas decisiones que ustedes tomen sean un camino para que en Venezuela se haga justicia», concluyó el defensor de derechos humanos.-
-El Impulso
