El director de Provea, Rafael Uzcátegui, aseguró que el Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamientos de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines, promovida por la Asamblea Nacional 2020 busca profundizar el autoritarismo en Venezuela.
A través de un video, difundido en sus redes sociales, Uzcátegui señaló que la posible aprobación de esta ley significa una grave amenaza para todas las organizaciones de derechos humanos que hacen vida en el país.
«Profundización del autoritarismo. La nueva Ley contra las ONG consolidaría el control a la sociedad en Venezuela, callando voces disidentes e intimidando a las víctimas, las más afectadas. La defensa y apoyo en riesgo.», señaló Uzcátegui.
Profundización del autoritarismo.
La nueva Ley contra las ONG consolidaría el control a la sociedad en Venezuela, callando voces disidentes e intimidando a las víctimas, las más afectadas.
La defensa y apoyo en riesgo. #SociedadAmenazada pic.twitter.com/rbjWuuiRVW
— PROVEA (@_Provea) February 2, 2023
Más de 1.300 ONG amenazadas
El sociólogo y profesor universitario Nelson Fréitez, integrante de la Red de Derechos Humanos en el estado Lara, aseguró en una entrevista para El Impulso que no son sólo 62 las organizaciones no gubernamentales las que están amenazadas con ser multadas e ilegalizadas, sino más de 1.300 que existen en Venezuela.
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Fréitez señaló que a las ONG no les ha sorprendido que los diputados oficialistas hayan aprobado en primera discusión esta semana ese proyecto legislativo «porque desde hace diez años, el grupo en el poder ha tenido la intención de aprobar instrumentos legales que restrinjan las acciones de las organizaciones no gubernamentales».
Por su parte, el doctor Manuel Virgüez, coordinador de la organización defensora de los Derechos Humanos Movimiento Vinotinto, indicó que “uno de los artículos como es el 15 preocupa porque dice que no pueden ejercer actividades políticas, cuando toda actividad humana es política”.
“La constitución establece derechos políticos y el Gobierno no tiene la facultad, porque mientras Venezuela sea una república las personas tienen el derecho de expresar opiniones políticas y las organizaciones a ejercer presión y fijar posición”, precisó.
