Las claves del nuevo escenario en Venezuela: EE UU se acerca a Europa pero mantiene la espada en alto

Josep Borrell alinea a Washington en torno a una estrategia gradual, en la que se le ofrezca al régimen chavista la derogación de sanciones a cambio de unas elecciones transparentes. EE UU recogió el guante, aunque mantiene grandes diferencias con Europa.

El tablero venezolano se ha movido. El giro de Estados Unidos y su disposición a rebajar sanciones a cambio de una elecciones transparentes ha sido fundamental. Este cambio se fraguó a partir del primer encuentro en Bruselas entre Josep Borrell, alto representante de Política Exterior de la Unión Europea, y Antony Blinken, secretario de Estado estadounidense. En esa cita, según fuentes europeas, Borrell ya trasladó a Blinken su propuesta de cooperación para buscar una salida a la larga crisis política, económica y humanitaria en el país caribeño. Y ante la premura de tiempo de una reunión en la que era necesario abordar toda la agenda internacional con la nueva administración estadounidense, el español entregó al jefe de la diplomacia estadounidense un primer texto que desencadenó la iniciativa conjunta. En este papel de trabajo, el servicio europeo exterior radiografiaba la situación venezolana, el perfil de los principales protagonistas del régimen de Maduro y de la oposición y los errores que, a juicio de Bruselas, había cometido Estados Unidos.

Blinken recogió el guante lanzado por Borrell. Y desde ese momento, los técnicos de ambos lados del Atlántico comenzaron a elaborar la propuesta política que se plasmó en un comunicado conjunto, firmado junto a Canadá, el pasado viernes. En él, los representantes de la diplomacia europea y norteamericana piden a Caracas un plan de reformas en la cual Maduro se comprometa a celebrar elecciones democráticas, y ofrecen a cambio un levantamiento progresivo de sanciones, una oferta que se ha convertido en la zona medular de la nueva estrategia sobre Venezuela.

Las gestiones para el inicio de las jornadas de negociación entre el Gobierno de Nicolás Maduro y Juan Guaidó, en representación de los partidos de la oposición, con la intermediación de Noruega, comienzan a tomar velocidad. Una delegación de la Unión Europea visitará Caracas para evaluar si es factible que una misión internacional vaya a Venezuela en los próximos comicios regionales de noviembre.

Mientras, el Gobierno de Nicolás Maduro, interesado en salir de la zona de asedio en la escena internacional, ofrece nuevas concesiones, procurando estimular la participación electoral de sus enemigos: recientemente ha oficializado el fin de la vigencia de los “protectores” —figura nombrada en el Poder Ejecutivo para tutelar la gestión de los gobernadores electos de la oposición—; y ha anunciado el regreso de una de las tarjetas electorales de partidos opositores confiscadas por el Poder Electoral en los años recientes. Al mismo tiempo, el nuevo parlamento, controlado por el oficialismo, diseña una nueva Ley de Ciudades Comunales que acrecentarían su control sobre los Estados del país en detrimento de los gobernadores.

Una comisión de dirigentes opositores, encabezada por Gerardo Blyde, Leopoldo López y Julio Borges, visitó recientemente Washington y Bruselas con el objeto de fortalecer las coincidencias actuales y alinear puntos de vista para presentar en la mesa de negociaciones. La oposición propondrá un cronograma de elecciones generales como punto de partida para relegitimar los poderes públicos, desconocidos por buena parte dle mundo occidental desde 2018, bajo la convicción de que una consulta popular honesta será el único parámetro posible para reconstruir el país. Maduro pide que cualquier acuerdo con la oposición comience por reconocer a las autoridades constituidas en su régimen. Es muy probable que Maduro procure orientar cualquier acuerdo en torno a la celebración de unas elecciones presidenciales previstas para 2023.

Coincidencias sin consenso

La nueva zona de coincidencias de Bruselas y Washington respecto a la crisis venezolana presenta importantes matices. La división dentro de la Administración de Joe Biden respecto a Venezuela, en particular, y América Latina, en general, es cada día más obvia. Menos de cuatro meses después de llegar al poder, la Casa Blanca manifestó en términos contundentes, a través de Juan Sebastián González, asesor para el Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional, y el hombre que susurra al oído del presidente en asuntos latinoamericanos, que un cambio de política respecto a Venezuela (y Cuba) no era “prioritario” en la agenda internacional del mandatario demócrata. Con una guerra comercial abierta con China y dando los primeros pasos para intentar salvar el acuerdo nuclear con Irán, Washington quiere apostar sobre seguro y no abrir ningún otro frente, por lo que sigue manteniendo el unilateralismo y las sanciones de la era Trump.

En la Casa Blanca parece existir la determinación de no levantar sanción alguna a Maduro si no hay un genuino compromiso democrático de su parte. Al mismo tiempo, el Departamento de Estado juega el papel que le corresponde, el de la diplomacia, y opta por el consenso y la negociación, según fuentes diplomáticas europeas en Washington, aunque ese concierto debe de ir siempre canalizado a través de la Unión Europea. Sin embargo, la disposición diplomática de apoyo no impide que Blinken califique a Nicolás Maduro como “un dictador brutal” y asegure que EE UU seguirá reconociendo al líder opositor Juan Guaidó como el presidente de Venezuela.

James Story, embajador estadounidense en Venezuela destacado en Bogotá, considera que “las sanciones sólo son un instrumento para forzar la transición a la democracia”. “Yo pienso que el acuerdo es factible. La política no es estática, siempre estamos revisando las tácticas. Mantenemos la presión de las sanciones, y sobre todo los mismos objetivos”, le dice a EL PAÍS.

En un sector del equipo negociador de la oposición venezolana existe prevención ante el enfoque y los estilos de Josep Borrell, un político al que consideran en general poco comprometido con un genuino restablecimiento de la democracia en el país y más interesado en sacarse de encima un problema de una enorme complejidad y en forjar un consenso parcial en torno a unas elecciones regionales. Temen que sólo consiga comprometer vagamente a Maduro a organizar unas elecciones que igual tendrán lugar en 2023.

Siendo España, por razones históricas y culturales, el interlocutor natural de Europa ante América Latina, los políticos venezolanos creen contar con la comprensión de casi todas las naciones del viejo continente, en particular las de Europa oriental, pero algunos estiman que estas impresiones pasan por el filtro de Borrell, cuya interpretación matiza el juicio de los excesos cometidos por Maduro en estos años en función de una estrategia que necesariamente tiene que ser gradualista y práctica. Esta sería la causa de que los comunicados del Parlamento Europeo sobre el caso Venezuela suelen ser mucho más enérgicos que las declaraciones del propio Borrell.

“En Europa no hay una idea muy fundamentada de las implicaciones y gravedad de la dictadura de Maduro, y si lo saben, no les importa tanto”, comenta un alto funcionario venezolano muy cercano al proceso de negociación que ha preferido el anonimato. “Los Estados Unidos sí lo saben y sí les importa. Esa es la diferencia”.

El tic electoral de la oposición

El enfoque gradualista que lidera Borrell sí encuentra coincidencias con Henrique Capriles Radonski, un líder fundamental de la oposición venezolana que ha cuestionado a Juan Guaidó y su estrategia en los tiempos de Donald Trump, y que encabeza una facción emergente de activistas independientes decididos a explorar caminos distintos, en particular, a los de Leopoldo López. Capriles fue partícipe del acuerdo que ha hecho posible el nombramiento de los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral, gestionado por Maduro. Por voluntad propia, sin embargo, el líder opositor está al margen del equipo negociador opositor actual con con el chavismo.

Las ofertas hechas por Maduro para mejorar el cuestionado marco electoral venezolano de estos años están animando a las bases militantes de los partidos que sostienen al propio Guaidó. En los últimos tiempos ha aumentado el número de dirigentes que insisten en participar en los comicios regionales de noviembre. Este ánimo revisionista incluye a Voluntad Popular, —partido fundado por Leopoldo López, al cual pertenece Guaidó—, el que ha evidenciado hasta el momento la actitud más combativa contra la hegemonía chavista.

“El gran temor nuestro es que esa misión de la Unión Europea venga a decir lo que Maduro quiere que se diga”, afirma otro dirigente opositor cercano al equipo de Guaidó. “Sospecho que para ellos es suficiente con unas elecciones regionales medianamente transparentes y dejar ese problema en manos de Maduro otra vez. Sacárselo de encima”.

MOVIMIENTOS EN WASHINGTON Y BRUSELAS

La semana pasada se reunieron en el edificio que tradicionalmente ha funcionado como residencia del embajador de Venezuela en Washington la subsecretaría del Departamento de Estado, Wendy Sherman, y Julio Borges, estrecho colaborador de Guaidó y su hombre para los asuntos de Venezuela relacionados con las Relaciones Exteriores. En un comunicado posterior al encuentro, la diplomacia norteamericana informaba sobre esa reunión y reafirmaba que continuaría coordinando “con sus socios internacionales y venezolanos los esfuerzos para atender las necesidades humanitarias del pueblo venezolano”.

Borges agradeció esa pálida ayuda y “la ratificación de su apoyo a la democracia en Venezuela”. En ese mismo sentido se expresaba Julie Chung, con cargo interino dentro de la agencia dedicada al Hemisferio Occidental, quien declaraba que Estados Unidos se enorgullecía “de asociarse con el pueblo venezolano y con el Gobierno liderado por Guaidó para apoyar el retorno a la democracia en Venezuela”. “Continuaremos trabajando juntos hacia una solución negociada que conduzca a elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas”, concluyó Chung. Pero más allá de prometer una mayor colaboración con los aliados de EE UU y de apoyar la entrega de más ayuda humanitaria a Venezuela, el Gobierno de Biden ha hecho poco para relajar la campaña de “presión máxima” de Trump para derrocar a Maduro.
Sin duda, el comunicado tras la reunión de Sherman y Borges tendía puentes y era un gesto por parte de la diplomacia norteamericana, que sucedía mientras varios líderes opositores visitaban la capital de EE UU, entre los que se encontraban Leopoldo López, Carlos Vecchio, representante diplomático de Guaidó en EE UU, y un enviado de Henrique Capriles. Biden es consciente de que si abandona la mano dura contra el régimen bolivariano se arriesga a una sublevación en Florida, cuna del exilio venezolano.

En el lado europeo, Borrell ya ha dado pasos hacia adelante y, a pesar de las reticencias de una parte de Bruselas, ha decidido enviar a Venezuela la próxima semana una “misión exploratoria” que analizará la situación sobre el terreno y evaluará las posibilidades de enviar una misión de observación electoral a los comicios del próximo otoño. De entrada, el envío de la primera misión no ha provocado el rechazo frontal del Parlamento Europeo, donde el Partido Popular europeo (conservadores) ha sido el único de los grandes grupos que se ha opuesto. En cambio, los liberales de Renew, donde militan los eurodiputados españoles de Ciudadanos, no se han opuesto, una posición que fuentes diplomáticas consideran muy significativa.

Por otra parte, en la Comisión Europea consideran que la administración Biden no se involucrará en profundidad en la resolución de la crisis venezolana hasta que no se cierren las negociaciones con Irán para recuperar el pacto de desnuclearización. Un pacto donde la comunidad internacional sigue, por cierto, el mismo patrón que en la nueva política hacia Venezuela: una petición de ciertas medidas a cambio de retirada de sanciones.

ALONSO MOLEIRO|BERNARDO DE MIGUEL|YOLANDA MONGE Caracas / Bruselas / Washington —El País, España