Egildo Luján Nava:
En estos días tan críticos, es un deber ciudadano e indispensable estar pendientes y leer con detenimiento la vigente Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y no aceptar violaciones a lo establecido en la misma.
La Constitución no es un papel cualquiera. Al menos, no lo es en los países civilizados en los que el Estado de Derecho es una manifestación de valores, principios, disciplina administrativa desde el punto de vista legal, y una manifestación de seria conducta gubernamental. NO ES NEGOCIABLE. Inclusive, todo Acuerdo o Convenio contrario en relación a los postulados en la misma, es una VIOLACION al derecho constitucional ciudadano y, por consiguiente, expresión de un Acto Ilegítimo.
En el caso venezolano, bastaría con leer lo que transcriben los Artículos 295 y 296 de la Constitución para precisar el alcance de ciertas disposiciones, pero, además, en qué consiste aceptar, reconocer, acatar y qué traduce el hecho de cumplir con la Carta Magna:
«Artículo 295: El Comité de Postulaciones Electorales de candidatos o candidatas a integrantes del Consejo Nacional Electoral estará integrado por los representantes de los diferentes SECTORES DE LA SOCIEDAD, de conformidad con lo que establezca la ley».
«Artículo 296: El Consejo Nacional Electoral estará integrado por cinco personas NO VINCULADAS A ORGANIZACIONES CON FINES POLÍTICOS; tres de ellos o ellas serán postulados por la SOCIEDAD CIVIL, uno o una por las FACULTADES DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS DE LAS UNIVERSIDADES NACIONALES, y uno o una por el PODER CIUDADANO».
¿Fue así como se eligieron los Rectores del Poder Electoral?. ¿0 se violaron los artículos 295 y 296?.
Obviamente, no fue así como se nombraron los integrantes del Poder Electoral. Su elección o nominación fue realizada con base en una negociación entre el régimen y algunos partidos de oposición. Y lo hicieron repartiéndose el número de participantes y, desde luego, violando la Constitución.
Todos los rectores, ilegítimamente nombrados en la actualidad, están vinculados a organizaciones políticas. El régimen nombró a 3 de los 5 rectores. Es su representación. En tanto que una supuesta oposición, nombró a los otros 2. Es importante recordar que, con el voto favorable de tres rectores, se pueden tomar todas las decisiones necesarias que legitimen las decisiones. Siendo así, la pregunta obligada es: ¿Quién controla al Consejo Nacional Electoral?.
Adicionalmente, y con el fin de describir objetivamente lo que tal situación plantea, además de hacer el tema más inadmisible, hay otro hecho que no se puede ignorar. Y se trata de que, para dirimir cualquier reclamo electoral, la instancia legal a la que se debe acudir es a un Tribunal Supremo de Justicia constituido por funcionarios del Estado y que dependen, desde luego, de lo que contempla el alcance numérico de la nómina pública. ¿Y cómo pudiera ser distinto si su funcionamiento está supeditado a las órdenes del régimen?.
Por otra parte, es importante recordar la presencia y desempeño «autónomo» de otra figura de importancia pública, que lo nombra el Poder Ejecutivo en respuesta a una figura de origen desconocido, y que debe funcionar como «Protector» ¿de quién?, ¿de qué?. Su legalidad es asunto de otra materia, aunque lo que sí se sabe es que se trata de administradores de importantes recursos sobre los pírricos triunfadores de la oposición, y que próximamente se desempeñarán en cumplimiento de lo que estaría contemplado en el funcionamiento de un Estado Comunal.
No se sabe cuál sería el basamento legal para que opere dicho Estado. Pero se han propuesto dos justificaciones para que lo haga. Por una parte, que funcionaría a partir del año venidero y, además, que lo haría obedeciendo al hecho de ser un instrumento político partidista, con la tarea de restarle toda vigencia y autoridad a las Alcaldías y a las Gobernaciones.
En otro caso que, respondiendo a una fundamentación legítima, constituye una posibilidad de participación para cualquier ciudadano o político de carrera que, para depender de ascensos y triunfos, además de aspiraciones, deberían acudir como hecho indispensable a unas elecciones. Pero ¿acudir y participar en unas elecciones regionales en las condiciones actuales de ilegitimidad, y a sabiendas de que las pocas victorias que se alcancen serán mediatizadas?.
0bviamente que carece de sentido concurrir a un proceso comicial ilegítimo. De hecho, cuando el gran argumento sobresaliente ha sido la justificación ofrecida por los participantes de la oposición, quienes han alegado que «no hay que abandonar o dejar espacios libres», la justificación luce sin sentido, porque el tema es de fondo: legal, político y moral. Son las actuales condiciones.
Por otra parte, queda sobrentendido y demostrado que en los espacios en los que la oposición ha dominado hasta el presente, tampoco se aprecia ninguna garantía de alcances satisfactorios, cuando hoy, en materia de participación, la oposición se proyecta mucho más dividida.
Por otra parte, es oportuno preguntar: ¿con esos espacios ganados hasta hoy, y en manos de la oposición, se ha podido cambiar o recuperar al país en estos terribles últimos casi 23 años?.
Es importante recordar que, en los últimos cinco años, han migrado del país unos 6 millones de venezolanos. Pero, además, que si bien hoy ha mermado el ritmo de la salida, no se aprecian impedimentos para que se incrementen a diario progresivamente. De hecho, se estima que el desplazamiento, poco a poco, pudiera acercarse a los 30 mil diarios nuevamente. Mientras tanto, el deterioro del país no cesa, a la vez que la ruina del sistema de vida, si acaso, se trata de minimizar o de justificar a partir de análisis económicos y financieros que hasta hablan de supuestas recuperaciones, cuando lo que los venezolanos sin distinción de clases, ideologías o religión, añoran la detención de la destrucción, que es evidente, y se produce en manos de quienes dicen gobernar.
Guste o no admitirlo, pero dicha detención se desea que suceda «PACÍFICAMENTE». Que se traduzca en la posibilidad de que «nos reencontremos», para hacer posible la refundación de la nación en los términos que recomendó la Presidencia de la Conferencia Episcopal de Venezuela. Es decir, como lo expuso la voz de la Iglesia, en su histórico pronunciamiento en la víspera del cumplimiento de los 210 años de la firma del Acta de Independencia de Venezuela, y todos siempre guiados por la palabra de Dios.-
