Alfredo Infante s.j. , del Centro Arquidiocesano Monseñor Arias Blanco:
Esta semana se lanzó la página web Lupa por la Vida (LPLV), un proyecto de derechos humanos desarrollado en conjunto entre la Fundación Centro Gumilla (FCG) y la ONG Provea, “que monitorea a nivel nacional las violaciones al derecho a la vida, focalizada en las ejecuciones extrajudiciales por parte de los cuerpos de seguridad del Estado. Los hallazgos de este monitoreo tienen como objetivo la construcción de una base de datos que sirva de memoria y apoyo a las víctimas para la exigencia de verdad, justicia y reparación y la construcción de políticas públicas para la no repetición y el restablecimiento del Estado de derecho” [1].
Hay que subrayar que “la ejecución extrajudicial consiste en la privación arbitraria de la vida a una o más personas por parte de agentes del Estado, o bien de particulares bajo su orden, complicidad o aquiescencia, sin un proceso judicial o legal que lo disponga” [2]. Tales ejecuciones, según el papa Francisco, son “homicidios deliberados cometidos por agentes estatales, que a menudo se los hace pasar como resultado de enfrentamientos con presuntos delincuentes o son presentados como consecuencias no deseadas del uso razonable, necesario y proporcional de la fuerza para proteger a los ciudadanos» [3].
Recordemos que la Declaración Universal de los Derechos Humanos,en su artículo 3, reconoce expresamente que “todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona” y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 6, reconoce el derecho a la vida como inherente a la persona y menciona la obligación de los Estados Partes a protegerlo con la ley y a prevenir la privación arbitraria de la vida [4].
De igual modo, cabe señalar que nuestra Carta Magna (CRBV), en su artículo 22, no sólo reconoce el estatus supraconstitucional de los acuerdos y tratados internacionales, sino que amplía su recepción a favor de la persona, cuando afirma: “La enunciación de los derechos y garantías contenidos en esta Constitución y en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona, no figuren expresamente en ellos. La falta de ley reglamentaria de estos derechos no menoscaba el ejercicio de los mismos”.
En este marco, Lupa por la Vida enfatiza -en su presentación web- que, según el artículo 43 de la CRBV, “el derecho a la vida es inviolable” y “ninguna ley podrá establecer la pena de muerte, ni autoridad alguna aplicarla”. Sin embargo, señala que “la violencia institucional policial y militar en Venezuela arroja como saldo el asesinato de 7.180 personas desde enero de 2015 hasta junio de 2021”. Esto implica que, en los últimos seis años, 92 personas murieron a manos de los cuerpos de seguridad del Estado, cada mes.
La plataforma acaba de publicar un informe sobre letalidad policial y militar en el primer semestre de 2021 donde afirma que, entre enero y junio, se registraron “825 presuntas ejecuciones extrajudiciales a manos de los organismos de seguridad del país, de acuerdo al monitoreo de violencia policial y militar que desplegamos entre la ONG Provea y el Centro Gumilla en las 24 entidades”. Aunque el reporte reconoce una reducción de 48,6 % respecto al mismo período de 2020, “cuando se constataron 1.611 presuntas ejecuciones”, advierte que “es sumamente grave” que casi 800 personas hayan sido asesinadas en lo que va de año, porque el hecho representa “la continuidad de una política cuyos hechos pueden constituir crímenes de lesa humanidad”. “Muestra claramente el alto nivel de letalidad policial en el país, el no uso de la fuerza de manera excepcional y bajo los principios de uso diferenciado y progresivo e indica la ausencia de una política de seguridad ciudadana orientada a preservar la vida y causar el menos daño físico posible. Persiste la práctica del disparen a matar”, se lee en el documento.
El informe también registra que la mayoría de las víctimas de estos hechos son “masculinos jóvenes, con edades entre 18 y 30 años que viven en zonas pobres” [5].Esto parece indicar un patrón sistemático de discriminación en las políticas de seguridad de Estado, que vincula juventud, sexo y condición socio-económica de pobreza y, por tanto, criminaliza a este sector de la población para justificar, desde el poder, una política letal de exterminio que atenta contra el derecho a la vida, constituyéndose esta en una de las razones de expulsión de este sector etario, evidenciada tanto en los desplazamientos internos -cada día más crecientes- como en los casos de migración forzada.
Lupa por la Vida recuerda que las ejecuciones extrajudiciales son un fenómeno alimentado por la falta de castigo institucional. “La impunidad ante las violaciones del derecho a la vida favorece la alta letalidad con la cual actúan (los cuerpos de seguridad del Estado)”. Por eso recomienda ejecutar “una política integral frente al delito que implique medidas de carácter preventivo, que ofrezca oportunidades para los jóvenes, uso progresivo y diferenciado de la fuerza, desmilitarización de las labores de seguridad ciudadana, respeto a los derechos humanos e investigación y sanción a los funcionarios responsables de actos contrarios a la ley y la Constitución”.
Desde Signos de los Tiempos agradecemos los esfuerzos que adelantan el Centro Gumilla y Provea con este proyecto de derechos humanos, pues para la Iglesia la vida es un don sagrado que nada ni nadie tiene derecho a arrebatar.
Bien lo expresó el salvadoreño San Arnulfo Romero en su última homilía, antes de ser asesinado mientras oficiaba una misa en marzo de 1980: “Yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército, y en concreto a las bases de la guardia nacional, de la policía, de los cuarteles. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo, matan a sus mismos hermanos campesinos y ante una orden de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la Ley de Dios que dice: NO MATAR… Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la Ley de Dios… Una ley inmoral, nadie tiene que cumplirla… Ya es tiempo de que recuperen su conciencia y que obedezcan antes a su conciencia que a la orden del pecado… La Iglesia, defensora de los derechos de Dios, de la Ley de Dios, de la dignidad humana, de la persona, no puede quedarse callada ante tanta abominación. Queremos que el Gobierno tome en serio que de nada sirven las reformas si van teñidas con tanta sangre… En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios: ¡Cese la represión” [6].
Boletín del Centro Arquidiocesano Monseñor Arias Blanco
16 al 22 de julio de 2021/ N° 112
[1] https://lupaporlavida.org/nosotros[2] https://www.idheas.org.mx/violaciones-graves-a-d-d-h-h/ejecuciones-extrajudiciales/[3] https://www.vozdeamerica.com/noticias-internacional/papa-fustiga-ejecuciones-extrajudiciales-estados[4] https://www.idheas.org.mx/violaciones-graves-a-d-d-h-h/ejecuciones-extrajudiciales/las-ejecucion-extrajudicial-en-el-sistema-de-las-naciones-unidas/[5] https://lupaporlavida.org/alta-letalidad-policial-y-militar-produjo-el-asesinato-de-825-personas-en-primer-semestre-de-2021/
[6] https://cnnespanol.cnn.com/2015/05/22/monsenor-romero-debe-de-prevalecer-la-ley-de-dios-que-dice-no-matar/ *Foto: https://lupaporlavida.org/
