Carlos Canache Mata
Producir y difundir el conocimiento es misión fundamental de la universidad. El pasado 24 de julio, la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV) entregó un comunicado a la nación en el que denuncia “la existencia de un plan dirigido a destruir la sociedad del conocimiento”. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tres días después expresó, en un comunicado de prensa, su preocupación “por el deterioro de la autonomía universitaria en Venezuela y su impacto en la libertad académica”.
El planteamiento que hace FAPUV es categórico: “Como miembros de la comunidad docente no dudamos en calificar la política del Estado contra las universidades como una acción dirigida a destruir la universidad autónoma, libre, plural y democrática, abierta a todas las corrientes del pensamiento universal con el propósito de imponer un modelo educativo politizado y dirigido a adoctrinar más que a educar”. Habrá que recordar que la universidad nace como una comunidad de maestros y escolares dentro del espíritu corporativo o gremial de la Edad Media. Tal vez es poco conocido el hecho de que la universidad medieval era completamente autónoma, en relación al poder estatal de la época, aunque ganada por el dogmatismo de un escolasticismo formalista. Y por eso fue que los grandes descubrimientos de la época y los progresos de la filosofía y las artes ocurrieron fuera del ámbito universitario. La autonomía universitaria, no hay que olvidarlo, fue respetada por la monarquía española, que en el período colonial fundó universidades siguiendo el modelo autonómico de la de Salamanca. Como es sabido, el Seminario de Santa Rosa de Lima se transformó en la Universidad de Caracas, lo que hoy es la Universidad Central de Venezuella, y posteriormente, mediante Real Cédula del 4 de octubre de 1781 se le concede la autonomía, que le permitió elegir el Rector por el Claustro Universitario y darse su propio gobierno interno. Después de la ruptura del nexo colonial, el Libertador Simón Bolívar, presidente de la Gran Colombia, dicta los Estatutos Republicanos, en los que no sólo se mantiene la autonomía, sino que, además, dota a la Universdad de haciendas, para que con sus rentas, tuviera independencia económica. Después, los gobiernos de José Tadeo Monagas y de Antonio Guzmán Blanco, desconocieron el carácter autonómico de la Universidad. En el siglo XX, a partir de la reforma Universitaria de Córdoba (Argentina) de 1918, se afirma inequívocamente que la autonomía es el mejor camino que tiene la Universidad para cumplir sus altas funciones, que no se limitan a formar profesionales, sino que también, como decía Ortega y Gasset, se extienden a la enseñanza y creación de cultura, que es “el sistema de ideas vivas que cada tiempo posee”.
Pero el comunicado público de FAPUV que repudia, con el refuerzo de la CIDH, la agresión contra la autonomía universitaria, hace también otros señalamientos. El régimen autoritario que desde hace 22 años nos oprime, igualmente asfixia económicamente a las universidades. La acusación de los profesores universitarios es terminante: “La asignación de recursos que distan mucho de las necesidades de nuestras universidades, lo que ha afectado de manera sistemática el funcionamiento institucional”. Se ha puesto a un lado, el trato que a este respecto ofrecieron los gobiernos en la etapa democrática 1958-1998, como lo destacó el doctor Allan R. Brewer-Carías, en un discurso vía Internet: “La Universidad contaba con una dotación presupuestaria suficiente que le garantizaba su autonomía, y que permitía que los profesores y empleados pudieran tener salarios dignos”, en tanto que ahora vive “nuestra Universidad, con un régimen que además de otros ataques contra la misma y su autonomía, se ha propuesto ahogarla presupuestariamente”. Y se preguntaba: “¿Cómo puede sobrevivir la Universidad (la UCV) cuando el monto del Presupuesto global que se ha asignado para su funcionamiento en 2021 solo representa el 2% del monto solicitado?”.
También la declaración pública de FAPUV denuncia: “El progresivo deterioro de la planta física de todas las instituciones unversitarias, al no disponer de recursos para su mantenimiento”. Con orgullo, todos los venezolanos recordamos que en diciembre del año 2000, la UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad a la Ciudad Universitaria de Caracas, campus principal de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Aunque abunde en una cita más, no puedo dejar de recoger la opinión autorizada del arquitecto y escritor venezolano Federico Vegas, que en un artículo publicado hace unos días, el pasado 10 de junio, en el portal de Reporte Católico Laico, escribió: “Dos décadas después, este paradigma de arte, urbanismo y arquitectura va camino de convertirse en una ruina, como si aquel extraordinario reconocimiento, hubiera sido una condena en vez de un premio a la excelencia…En la última década ha tomado cuerpo lo inconcebible: una Ciudad Universitaria que comienza a convertirse en una suerte de ruina arqueológica”.
Debería continuar este artículo, refiriéndome al rol político que, a lo largo de la historia, ha cumplido la universidad, en la lucha por la libertad y la democracia. Pero, lo dejaré para próxima ocasión. Mientras tanto, digo: estamos comprometidos en la defensa de la universidad.-
